La manera en que el régimen de protección de las inversiones enmarca las controversias entre Estados e inversores no contempla que, especialmente cuando están relacionadas con la industria extractiva, se encuentran insertas dentro de relaciones sociales complejas. Este artículo apela a repensar estas controversias y los esfuerzos para resolverlas.
Este artículo examina una controversia en el marco de un contrato, P&ID vs. Nigeria, donde se destacan asuntos de corrupción y falta de transparencia en este tipo de solución de controversias. Concluye que, dados los importantes intereses públicos en juego en el arbitraje entre inversionista y Estado, incluyendo la posibilidad de que un arbitraje pueda facilitar la transferencia corrupta de fondos públicos a actores privados, éstos no deberían ser conducidos en privado.
Este artículo se enfoca en presunciones desacreditadas en torno al equilibrio y proporcionalidad en el arbitraje de inversión internacional como una forma de reconciliar exitosamente los intereses contrapuestos y obligaciones conflictivas de protección que recaen sobre los Estados receptores.
La relación entre el TCE y el derecho de la UE está caracterizada por gran complejidad e incertidumbre jurídica, especialmente en lo que concierne al Artículo 26, con respecto al mecanismo de solución de controversias del TCE y su aplicación en un contexto intra-UE. Este artículo examina la cuestión de si la conclusión de la sentencia Achmea sobre la incompatibilidad del arbitraje de inversión intra-UE en virtud de los TBI afecta al mecanismo de solución de controversias bajo el TCE.
Debido a su estructura, las empresas multinacionales (EMN) pueden recurrir a los AII para proteger a sus filiales. Al mismo tiempo, en virtud de los principios de segregación de las funciones corporativas y de responsabilidad limitada, las EMN pueden sacar ventaja de su estructura y evitar la responsabilidad por los daños ocasionados por sus filiales. Este artículo destaca la necesidad de un enfoque más equilibrado con respecto a los derechos y obligaciones de las EMN bajo los AII.
Una de las tendencias más llamativas de las políticas de inversión durante la última década ha sido el aumento del uso del control de las inversiones como una herramienta de políticas, particularmente en las economías desarrolladas, donde este tema se ha resaltado con el advenimiento de la pandemia por el COVID-19. Este artículo brinda una descripción general de estos desarrollos.
Según la Constitución Colombiana, la Corte Constitucional debe evaluar la constitucionalidad de todos los tratados internacionales luego de la firma y antes de la ratificación de los mismos. En dos sentencias históricas recientemente emitidas, la Corte evaluó la constitucionalidad del TBI firmado con Francia en 2014 y del TLC firmado con Israel en 2013. Este artículo examina estas sentencias, e identifica algunas áreas de interés.
Los defensores del régimen de los tratados de inversión a menudo argumentan que éstos contribuyen a la ‘buena gobernanza’ en los Estados receptores. Este artículo, basado en un estudio empírico sobre las inversiones en minería en los páramos colombianos, argumenta que la concepción de la buena gobernanza promovida por el arbitraje de inversión está incompleta, y no aborda adecuadamente el papel de los tribunales para establecer sistemas de control y equilibrio de poder.
El régimen de tratados de inversión está siendo sometido a un período de reformas, donde muchos Estados están revisando o renegociando sus tratados. Sin embargo, tal como se explica en este artículo, los antiguos tratados que aún están en vigencia pueden menoscabar estos esfuerzos de reforma, permitiendo el tipo de conducta que estas reformas procuran frenar –tales como la elección del foro más conveniente o forum-shopping–.
Recientemente concluyó la sexta ronda de negociaciones del tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos. Este artículo se basa en el paralelismo entre los asuntos planteados durante estas negociaciones y aquellos que han sido el foco de las actuales conversaciones sobre la reforma del arbitraje de inversiones.
Recientemente, se han incluido referencias a la responsabilidad social empresarial en los tratados de inversión como una forma de atender algunas de las críticas dirigidas al régimen de protección de las inversiones. Este artículo brinda una descripción general de estos intentos y las limitaciones de este enfoque. Concluye argumentando que la inclusión de la RSE en los tratados de inversión sirve principalmente para legitimar el régimen.
El 12 de noviembre de 2020, Peter Tomka fue reelecto para ocupar su cargo en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de las Naciones Unidas. Tomka ha sido juez de la CIJ desde 2003 y ahora se desempeñará en la corte por otro período de nueve años. El 17 de agosto de 2020, Tomka fue […]
Este artículo destaca tres áreas clave donde los Miembros de la OMC deberían ser cautelosos sobre las interacciones indeseadas entre el Marco Multilateral sobre Facilitación de las Inversiones (MFIF) y los AII. También trata la efectividad de los intentos propuestos para separar el MFIF desarrollado por la comunidad del comercio del régimen más amplio de AII, cuya reforma está siendo coordinada y liderada dentro de las Naciones Unidas por la UNCTAD y la CNUDMI.
Este artículo brinda una descripción general del enfoque de Ecuador a las políticas de inversión extranjera, el cual se ha caracterizado por una significativa inestabilidad, durante la última década. También revisa los desarrollos constitucionales recientes que podrían permitir a Ecuador desarrollar un enfoque más coherente a los nuevos tratados de inversión y acuerdos de comercio.
Durante los últimos años, el Gobierno de Tanzania ha introducido cambios importantes a la legislación que rige la inversión extranjera en recursos naturales, y a los mecanismos relacionados de solución de controversias, con el objetivo de librar a este sector de los vestigios de las relaciones “coloniales”. Antes de discutir estos cambios, y a fin de entender la lógica de los mismos, este artículo describe el contexto histórico pertinente al arbitraje internacional en África.
La Comisión Europea ha lanzado una iniciativa de consulta pública sobre el actual sistema de protección y facilitación de las inversiones de la UE, motivada por la reciente terminación de TBI entre los Estados miembros. En este artículo, los autores advierten que nuevas formas de protección de la inversión internacional no son necesarias y que podrían socavar la legitimidad de la UE.
Este artículo presenta los resultados de un proyecto de investigación más amplio que procura establecer una base de referencia para medir el grado en que los países están “ganando” (en calidad de Estados de origen de demandantes exitosos) y “perdiendo” (como Estados demandados con laudos y soluciones adversas) en el sistema de ISDS.
En respuesta a la pandemia por el COVID-19, los gobiernos han adoptado una serie de medidas, que, pese a ser fundamentales desde el punto vista sanitario, han golpeado duro a muchas empresas. Según las autoras, Nathalie Bernasconi-Osterwalder, Sarah Brewin y Nyaguthii Maina, esta situación ha creado un riesgo sin precedentes debido a los más de 3.000 tratados de inversión celebrados en el mundo entero. Hacen un llamado a la acción colectiva de los Estados para que suspendan la aplicación del arbitraje entre inversionista y Estado a las medidas relacionadas con el COVID.
Ha habido más de 150 casos de ISDS entablados por demandantes cuyo negocio involucra la extracción, transporte, refinería, venta e incineración de hidrocarburos para generar electricidad. Los autores, Kyla Tienhaara, Lise Johnson y Michael Burger, exploran cómo debería abordarse la valuación y el cálculo de daños en demandas de inversión relativas a los hidrocarburos, teniendo en cuenta consideraciones sobre cambio climático y el disputado valor de los recursos de hidrocarburos.
En el mundo, 74 países poseen leyes nacionales de inversión que mencionan el arbitraje entre inversionista y Estado, y es probable que 42 de estas leyes brinden consentimiento a este respecto. Los autores de este artículo, Tarald Laudal Berge y Taylor St John, concluyen que es mucho más probable que los gobiernos brinden consentimiento a arbitraje en sus leyes nacionales luego de recibir el asesoramiento de un pequeño sector del Banco Mundial denominado Servicio de Asesoría sobre Inversión Extranjera (FIAS). De acuerdo con su análisis, recibir el asesoramiento del FIAS sobre la reforma legislativa interna aumenta la probabilidad de que el país adopte una ley con arbitraje en un 650 por ciento.
En este artículo, la autora analiza el Tratado sobre Inversión Sostenible para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático (“TSI”, por sus siglas en inglés), ganador del premio Stockholm Treaty Lab (Nota de la editora: miembros del equipo que ganó el concurso incluyeron empleados y socios de IISD, la organización que publica ITN). Primero, presenta el TSI como un modelo que los Estados podrían adoptar para fomentar la inversión internacional en la transición de sistemas de generación de energía mediante el uso intensivo de carbono hacia niveles más reducidos de carbono. Segundo, presenta observaciones sobre algunos desafíos para implementar el modelo de TSI y propongo mejoras posibles a este respecto. Tercero, analiza cómo podría utilizarse el TSI para mejorar los actuales y futuros tratados bilaterales de inversión (TBI).
Recientemente, Marruecos ha emprendido la revisión de su programa de tratados, estableciendo un grupo de trabajo en 2015 con el mandato de elaborar un nuevo modelo de TBI, el cual incluye un proceso de consultas con la participación de varias partes interesadas. El modelo fue publicado en diciembre de 2019. Los autores de este artículo, Hamed El-Kady y Yvan Rwananga, analizan algunas disposiciones clave del nuevo modelo de TBI marroquí que probablemente servirán como base para la (re)negociación de TBI y otros acuerdos regionales de inversión de Marruecos. Notablemente, este modelo pone énfasis en el desarrollo sostenible en su preámbulo y en varias disposiciones sustantivas.
Los supuestos de que los Estados corren el riesgo de encontrarse frente a la obligación de pagar daños y perjuicios como consecuencia de un procedimiento judicial o arbitral internacional han aumentado a la par del incremento en la cantidad de tribunales internacionales y de Estados que aceptan la competencia de estos últimos, incluso en el caso de arbitrajes internacionales relativos a inversiones. Tal como argumenta Affef Ben Mansour, entre la gran cantidad de obstáculos que pueden enfrentar los Estados al momento de aplicar los laudos arbitrales de inversión, la inadecuación de los procedimientos presupuestarios internos para proceder al pago de las obligaciones pecuniarias impuestas por un tribunal arbitral constituye uno de los principales impedimentos. Esta dificultad se encuentra hoy atenuada en algunos Estados que han adoptado normas presupuestarias que permiten hacer frente a dichos imprevistos.
La reciente celebración del Tratado de Cooperación y Facilitación de Inversiones (TFCI) entre Brasil e India es un hito importante para la elaboración de tratados de inversión, ya que el nuevo acuerdo combina aspectos de los Acuerdos de Cooperación y Facilitación de Inversiones (AFCI) de Brasil y del modelo de TBI de 2015 de India. Este Artículo de ITN desglosa los diferentes elementos del TFCI, examinando su enfoque, diseño y contenido con respecto al modelo brasilero e indio. El autor, Martin Dietrich Brauch, hace esto emprendiendo un análisis detallado del lenguaje utilizado en el preámbulo del tratado, el ámbito de aplicación, definiciones protección de las inversiones y disposiciones de solución de controversias, gobernanza institucional y excepciones. También resume las principales innovaciones del nuevo tratado, las cuales ayudarán a informar futuros esfuerzos de negociación.
Las deliberaciones de enero del 2020 en el marco de la reforma de la ISDS del Grupo de Trabajo III de la CNUDMI colocaron en primera plana una pregunta importante: ¿cómo podría un nuevo mecanismo de apelación o tribunal de inversiones, si fuera establecido, ejecutar laudos arbitrales? Esta pregunta posee varios componentes principales; cómo se ejecutarán los laudos arbitrales que involucran a Estados que no son parte de dicho mecanismo o tribunal y si este nuevo sistema será compatible con los actuales regímenes de ejecutabilidad en vigencia bajo el Convenio del CIADI y la Convención de Nueva York. En este Artículo de ITN, N Jansen Calamita evalúa los mecanismos de ejecución disponibles bajo estos dos convenios, observando las lecciones que podrían ser aprendidas y las cuestiones de compatibilidad que podrían surgir a medida que avanzan los debates de la CNUDMI sobre ejecutabilidad.
En los últimos 15 años, ha habido un creciente esfuerzo por adoptar medidas para tratar la corrupción y el cohecho, desde instrumentos jurídicos vinculantes como la Convención de la OCDE para Combatir el Cohecho y la Convención de la UA para Prevenir la Corrupción hasta iniciativas y medidas de soft-law de las mismas empresas multinacionales. Este Artículo de ITN por Guy Marcel Nono resume algunos de los principales atributos de las convenciones de la OCDE y de la UA, junto con estas otras iniciativas. El autor después cataloga una serie de casos de ISDS que involucraron sobornos entre inversores de la OCDE y Estados africanos, observando las lecciones que pueden extraerse mientras los Estados africanos analizan los posibles pasos a seguir para abordar la corrupción. Estos casos, decididos por tribunales del CIADI, brindan indicaciones útiles sobre cómo reconfigurar los AII para que puedan superar desafíos como los expuestos en este artículo. El autor también destaca el papel que pueden jugar las organizaciones de la sociedad civil en este contexto.
Muchos se han referido a los Órganos de Apelación de la OMC como un ejemplo de cómo incorporar requisitos de diversidad —incluyendo, en particular, la diversidad en términos de desarrollo— al nombramiento de decisores en el contexto de la ISDS. Sin embargo, estos requisitos han mostrado varias deficiencias en la práctica, dado que la composición del Órgano de Apelación y los paneles de primera instancia en la solución de controversias muestran poca representación de la amplia membresía de la OMC. En este Artículo de ITN, Jane Kesley destaca algunas de las deficiencias del actual mecanismo de solución de controversias de la OMC cuando se trata de cuestiones de diversidad. Hace referencia a un estancamiento en los esfuerzos para la reforma del Entendimiento relativo a la Solución de Controversias (ESC) de esta organización —el texto jurídico que establece las normas sobre el tratamiento de controversias— y el papel de la Secretaría de la OMC en la solución de controversias. Kelsey describe las lecciones que pueden extraerse de esta historia, particularmente a medida que el Grupo de Trabajo III de la CNUDMI considera las posibles reformas de la ISDS que involucran el nombramiento y selección de los decisores.
Hay una serie de esfuerzos desarrollándose en múltiples niveles —nacional, bilateral, regional y multilateral— para reformar el régimen de AII. Estos esfuerzos de reforma se están llevando a cabo paralelamente a los desarrollos en otras áreas de gobernanza internacional en materia de inversiones, algunos de los cuales han avanzado rápidamente durante el año pasado, incluidos los debates estructurados sobre facilitación de las inversiones en la OMC, así como también los esfuerzos en el contexto de la ONU para elaborar un tratado vinculante sobre las empresas y los derechos humanos. La Conferencia de Alto Nivel sobre AII de la UNCTAD evaluó el progreso alcanzado hasta la fecha desde el lanzamiento de las 10 Opciones para la Fase 2 de la Reforma de AII, observando las tendencias a través de múltiples áreas de gobernanza internacional en materia de inversiones, así como a lo largo de todas las regiones del mundo. Este artículo de ITN resume los aportes del evento de 2019 y las consideraciones para la Fase 2.
La decisión de 2016 sobre la reconvención de Argentina en el caso Urbaser fue un recordatorio frustrante: el régimen jurídico internacional tal como luce actualmente no resulta suficiente para hacer responsables a las empresas por violaciones de derechos humanos. Los esfuerzos ya están en marcha en el contexto de la ONU para ayudar a superar este desafío, pero la eficacia del tratado jurídicamente vinculante sobre las empresas y los derechos humanos para reconciliar el régimen del derecho de las inversiones con el derecho de los derechos humanos dependerá en gran medida de su diseño. También dependerá de qué tratamiento le brinden los decisores con respecto a otros tratados, entre otros factores. Este artículo de ITN brinda información actualizada sobre el status de las negociaciones de este tratado vinculante, en base a las conversaciones de octubre de 2019 en Ginebra. Destaca consideraciones importantes para los negociadores, a partir de las lecciones aprendidas del derecho internacional de las inversiones y de otras áreas relacionadas.
La próxima reunión del Grupo de Trabajo III de la CNUDMI en enero de 2020 será una oportunidad valiosa para intensificar la presión para una reforma real de la ISDS. Este artículo de ITN brinda información actualizada sobre los debates de octubre de 2019 en Viena, donde los países establecieron un plan de trabajo para sus próximas conversaciones sobre las soluciones de reforma, donde se describe cuándo se discutirán qué opciones. Las autoras hacen una revisión de las lecciones aprendidas hasta la fecha y anticipan los temas programados para ser debatidos en enero de 2020: un mecanismo de examen independiente o de apelación; un TMI permanente y la selección y nombramiento de árbitros y decisores. Analizando en profundidad cada uno de estos temas, destacan los principales temas a considerar por los negociadores.
Se espera que las negociaciones para modernizar el Tratado sobre la Carta de la Energía, un acuerdo de 1994 que cubre el comercio, la inversión y otros aspectos del sector energético entre sus partes contratantes, comiencen antes del final de 2019. Aunque en una gran cantidad de otros foros se ha reconocido la necesidad de reformar la ISDS y de garantizar que los acuerdos de comercio e inversión
apoyen ambiciosas acciones climáticas ¿Por qué más funcionarios y comentadores no están discutiendo la posibilidad de terminar completamente el TCE, o de reconsiderar su cláusula de supervivencia para aquellas partes que opten por retirarse? Tania Voon explora este tema y describe opciones para seguir avanzando.
Del 14 al 18 de octubre de 2019, negociadores se reunirán en Viena para la próxima sesión del Grupo de Trabajo III de la CNUDMI sobre la reforma de la ISDS, donde procederán a considerar las inquietudes relativas al actual sistema para evaluar posibles soluciones. En este artículo de ITN, Jane Kelsey discute varios ejemplos sobre cómo los países han probado diferentes alternativas a la ISDS, tales como el
arbitraje entre Estados, solución alternativa de controversias, legislación y aplicación nacional y el agotamiento de recursos internos. Para cada alternativa a la ISDS, analiza cuáles son los beneficios y los desafíos surgidos, y cómo las lecciones aprendidas pueden ayudar a informar la próxima fase de deliberaciones de la CNUDMI.
El pasado julio, la presidencia del grupo de trabajo encargado de negociar un tratado internacional sobre empresas y derechos humanos circuló un proyecto actualizado para su consideración durante la quinta ronda de negociaciones, que será celebrada del 14 al 18 de octubre de 2019 en Ginebra. Este documento presenta una serie de innovaciones, incluyendo una extensión del alcance del tratado más allá de las organizaciones transnacionales para incluir a todas las empresas comerciales, junto con la gran necesidad de aportar mayor claridad sobre la manera en que el tratado podría interactuar con la amplia gama de acuerdos de comercio e inversión ya en vigencia. Carlos López describe estas innovaciones en detalle, mostrando sus diferencias con respecto al “borrador cero” y explica cómo estas podrían afectar las negociaciones venideras.
El proceso de actualización de las reglas del CIADI se ha desarrollado paralelamente a las deliberaciones del Grupo de Trabajo III de la CNUDMI sobre la reforma de la ISDS, impulsando una importante conversación sobre cómo estos esfuerzos podrían complementarse mutuamente. En este nuevo artículo, Rafael Ramos Codeço y Henrique Martins Sachetim analizan el proceso de enmienda a las reglas del
CIADI, observando de cerca algunas modificaciones clave bajo consideración y analizando el grado en que estos cambios podrían ayudar a abordar algunas de las inquietudes relacionadas con la ISDS identificadas en la CNUDMI.
La sentencia C-252 de la Corte Constitucional de Colombia , por medio de la cual se realizó el control de constitucionalidad del TBI entre Colombia y Francia , ha suscitado interés por tratarse de la respuesta del juez constitucional a la forma como se incorporan las cláusulas sustanciales de protección a la inversión extranjera en el derecho interno.
El 1 de agosto de 2018, Costa de Marfil adoptó un nuevo código de inversiones[1]. Esta nueva legislación[2] presenta una variedad de innovaciones que van desde la revitalización del marco institucional a la reconfiguración de normas fiscales hasta nuevas obligaciones para los inversores.
La idea de investir a los árbitros designados por las partes con poderes para decidir en controversias entre inversionistas y Estados a través de laudos definitivos y vinculantes, lo cual fue heredado del arbitraje comercial y tradicionalmente aceptado como algo apropiado, actualmente está generando disconformidad entre los críticos.
Este artículo analiza las últimas tendencias en el uso del financiamiento por terceros (FPT) de la ISDS en base a tratados y las implicancias del FPT en la conducta de los inversores, los avances del derecho de las inversiones y la conducta del Estado receptor. El FPT ha sido planteado en dos procesos multilaterales que actualmente están en curso: las conversaciones para enmendar el reglamento de arbitraje del CIADI y la reforma multilateral de la ISDS en la CNUDMI. Dada la naturaleza restringida de los debates sobre FPT en el CIADI, las autoras presentan las justificaciones pertinentes para que los formuladores de políticas consideren la prohibición parcial o total del FPT en el marco de la CNUDMI.
Tratar la corrupción es un paso fundamental para alcanzar las metas establecidas en el ODS 16 sobre “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas” y para lograr los ODS en general. Los tratados de inversión de Canadá podrían jugar un papel muy valioso para abordar la corrupción. Este artículo se basa en ejemplos tales como el programa de Acuerdos de Promoción y Protección de la Inversión Extranjera (FIPA, por sus siglas en inglés) de Canadá y analiza algunas de las asimetrías inherentes del actual régimen de AII. El autor analiza el lenguaje utilizado en los tratados más recientes de Canadá, tales como el AECG y los APPI con Moldova y Kosovo, y las lecciones aprendidas de estos y otros acuerdos.
España ha enfrentado aproximadamente 40 arbitrajes desde que tomó la decisión, en 2010, de rescindir o revisar varias medidas regulatorias destinadas a atraer más inversiones en proyectos de energías renovables. Este artículo examina los laudos de cuatro de estos casos, observando en particular cómo los tribunales han interpretado y aplicado el estándar de TJE. La autora aborda los posibles problemas que surgen cuando los Estados no están seguros de cómo un tribunal podría interpretar el TJE u otros estándares, y presenta algunas posibles soluciones.
Los debates estructurados sobre facilitación de inversiones (FI) entre 70 miembros de la OMC ya cumplieron 18 meses. Los participantes están cerrando su más reciente fase de trabajo: considerando ejemplos de diferentes temas y elementos que podrían formar las bases de un marco multilateral de FI. Las autoras analizan la historia de los debates de inversión en la OMC y revisan cómo la gobernanza internacional en materia de inversiones ha evolucionado en otros foros durante los últimos años. También examinan qué desafíos pueden surgir al elaborar las disciplinas de FI, especialmente si las mismas han de ser vinculantes, y la importancia de considerar qué foros son los más apropiados para conducir los debates relacionados con la FI.
El Gobierno de Kenia ha ordenado que la supervisión parlamentaria y la participación pública sean constitucionalmente obligatorias en el proceso de aprobación de cualquier TBI. Si bien esa misma participación parlamentaria ha sido menor que su potencial deseado, aún podría jugar un papel muy valioso para garantizar que las negociaciones de TBI sean abiertas y transparentes, y que el público tenga conocimiento y se involucre en el proceso de formulación de tratados y lo que ello significa. Este artículo analiza las lecciones aprendidas de la experiencia de Kenia con los TBI y la ISDS hasta la fecha. El autor argumenta que el fallo de la Corte Suprema de Kenia, por medio del cual se declaró que los convenios de doble imposición no requieren la supervisión y aprobación del poder legislativo, no debería ser considerado un ejemplo para el gobierno mientras analiza revisar sus procesos de formulación de tratados de inversión.
Las negociaciones para la modernización del Tratado sobre la Carta de la Energía están programadas para comenzar este año y ya se han anunciado una serie de temas para consideración de las partes. Este artículo examina las posibilidades de actualizar la presente formulación del TJE en el TCE y analiza cómo este estándar ha sido interpretado en arbitrajes pasados que involucran controversias relativas a las energías renovables. La autora se expresa a favor de incluir un requisito de diligencia debida, para ayudar a garantizar que los inversores se anticipen a los posibles riesgos que surgen de cambios en el marco regulatorio de los Estados.
Se espera a menudo que el arbitraje del tratados de inversión se centre en cuestiones técnicas. Sin embargo, en la práctica, las discusiones y los procesos políticos nacionales pueden tener un gran impacto en las disputas sobre inversiones. Los autores describen la variedad de conductas estatales caracterizadas por los tribunales como motivadas o influenciadas políticamente. También examinan las diferentes formas en que los tribunales arbitrales han respondido a la conducta del Estado anfitrión como resultado de consideraciones políticas internas.
Las discusiones de abril de 2019 sobre la reforma multilateral de la ISDS en el Grupo de Trabajo III de la CNUDMI debían abordar una serie de preguntas que surgieron en la Fase 2 del proceso. Este artículo desglosa por qué el alcance de estas discusiones debería ampliarse para incluir las importantes preocupaciones planteadas por los países en desarrollo, y describe tres temas centrales que no deben ignorarse. Estos implican el derecho a la participación de las partes afectadas; el Estado de derecho y la jurisdicción de los tribunales nacionales; y el enfriamiento de la autoridad y la responsabilidad de los Estados soberanos para gobernar.
El arbitraje entre inversor y Estado ha demostrado repetidamente ser poco efectivo para abordar los daños ambientales que sufren los Estados receptores como resultado de las actividades de inversión. Este artículo examina qué lecciones se pueden aprender de las convenciones internacionales de responsabilidad civil, que están diseñadas específicamente para garantizar la indemnización de las víctimas en casos de daños ambientales. Luego, la autora explora qué principios de estas convenciones podrían adaptarse para su uso en tratados de inversión.
Los argumentos presentados por un amicus curiae (un «amigo de la corte») se han vuelto cada vez más comunes en el arbitraje de inversiones. Muchos de estos argumentos se refieren a derechos sociales reconocidos internacionalmente, como el derecho al agua o los alimentos. Este artículo considera las condiciones restrictivas de la admisión de amici curiae, la referencia frecuente a temas de derechos sociales en los informes de amici y los desafíos en la presentación de estos argumentos de derechos sociales. La autora propone posibles acciones que los amici y los Estados pueden tomar para hacer que sus argumentos de derechos sociales sean más efectivos en el contexto de una ley de inversiones.
La CNUDMI confirió al Grupo de Trabajo III un amplio mandato para que considerara la posible reforma de la ISDS. En la Fase 1, los gobiernos identificaron y analizaron las inquietudes en torno a la ISDS. La Fase 2, donde evaluaron si era deseable emprender una reforma a la luz de estas inquietudes, se encuentra muy avanzada. En la próxima reunión, a realizarse en Nueva York en abril de 2019, se espera concluir esta fase y decidir cómo pasar a la fase final, donde los gobiernos desarrollarán soluciones pertinentes para recomendar a la Comisión. Esta nota aborda tres cuestiones centrales relativas la crisis de legitimidad que enfrenta el sistema internacional de inversiones que deberían informar lo que resta de la Fase 2.
El grupo de trabajo III de la CNUDMI ha decidido que una reforma multilateral es deseable para responder a las diversas inquietudes sobre ISDS. En la próxima reunión se identificarán otras inquietudes que pueden haberse omitido y se preparará un plan de trabajo para desarrollar soluciones. Este artículo revisa el proceso de la CNUDMI hasta hoy y ayuda a los gobiernos a prepararse para la próxima sesión.
Algunos académicos y tribunales arbitrales argumentan que los tratados de inversión y el ISDS benefician no sólo a los inversionistas extranjeros, sino también a una gama más amplia de partes interesadas, desde empresas hasta ciudadanos comunes. Su narrativa es que la reparación de los daños mejora la gobernanza a nivel nacional. ¿Pero es esta afirmación apoyada con evidencia empírica?