Comisión Europea propone directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia climática y de derechos humanos

Este artículo fue publicado por primera vez en the SDG Knowledge Hub y fue reimpreso con el permiso correspondiente.

La Comisión Europea ha adoptado una propuesta para exigir que las empresas de la UE conduzcan procesos de “diligencia debida” en relación con su impacto en el medio ambiente y los derechos humanos. También se exigiría que las estrategias de negocios de algunas empresas se encuentren alineadas con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5°C. La directiva también se extiende a las subsidiarias de las empresas y a las cadenas de valor.

Tras haber sido adoptada el 23 de febrero de 2022, la propuesta será presentada ante el Parlamento de la UE y el Consejo Europeo para su aprobación. Una vez aprobada, cada Estado miembro de la UE tendrá 2 años para adoptar nueva legislación nacional para incorporar la directiva.

Esta directiva cubriría a grandes empresas de todos los sectores, y a las medianas y grandes empresas de la UE pertenecientes a sectores de alto impacto, tales como el sector textil, agrícola y extractivo. De esta manera, se exigiría a las empresas que identifiquen, cesen, eviten, mitiguen y sean responsables por los impactos negativos en los derechos humanos y el medio ambiente de sus propias operaciones, así como las de sus subsidiarias y las de sus cadenas de valor. Además, se requerirá que algunas grandes empresas cuenten con un plan para garantizar que sus estrategias de negocios sean compatibles con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5°C, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de París sobre cambio climático.

Otros procesos recientes o en curso también imponen la obligación de diligencia debida a las empresas en relación con el desarrollo sostenible. Estos incluyen: las negociaciones en curso bajo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas; el trabajo de la OCDE para remodelar los tratados de inversión con el fin de superar los actuales desafíos que incluyen los ODS y la crisis climática; y una ley que recientemente ha entrado en vigor en Suiza donde se establecen nuevos requisitos para la presentación de información sobre medio ambiente, responsabilidad social y derechos humanos al igual que requisitos específicos de diligencia debida y de presentación de información en las áreas de trabajo infantil y extracción de minerales y metales procedentes de zonas de conflicto (“minerales de zonas de conflicto”).

Según la Comisión Europea, el nuevo reglamento garantizará que las empresas aborden los impactos negativos de sus acciones tanto dentro como fuera de Europa. [comunicado de prensa de la Comisión Europea]