La “reforma de la Organización Mundial del Comercio” es el tema principal de la 14ª Conferencia Ministerial, pero ¿qué significa y qué es lo que probablemente veremos?

Detrás del lema de la reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se esconde una compleja serie de debates sobre la manera en que la organización toma sus decisiones, cómo sus normas configuran la competencia entre las economías y en qué medida contribuyen a las prioridades de desarrollo. Mientras los miembros se preparan para la 14ª Conferencia Ministerial (CM14), las expectativas son modestas, pero las decisiones que se tomen ahora podrían determinar el futuro de la OMC en los próximos años. 

El debate sobre la reforma de la OMC suele referirse a dos cosas: la reforma de la OMC como organización (es decir, sus principios, procedimientos y prácticas) y la reforma del conjunto de tratados multilaterales administrados por la OMC (por ejemplo, los relacionados con la agricultura, el comercio de servicios, los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, etc.), que rigen gran parte del comercio mundial, incluido el equilibrio de las obligaciones entre los países más ricos y los más pobres en el marco de dichos tratados. 

Los Gobiernos llevan tiempo señalando todas estas cuestiones, y las presiones acumuladas, combinadas con la agitación económica y política del último año, han obligado a sacar el debate a la luz pública. En los últimos meses, un proceso de debate liderado por un facilitador designado, el Embajador de Noruega ante la OMC, Petter Ølberg, ha logrado agrupar la amplia gama de inquietudes y quejas bajo tres categorías: 

• Adopción de decisiones
• Cómo las normas deben establecer la igualdad de condiciones entre las economías
• Cómo las normas deben proteger, promover y avanzar en las prioridades de desarrollo 

Estas categorías reflejan las cuestiones en las que hay mayor convergencia, pero algunos miembros siguen sintiéndose incómodos con algunos elementos de cada categoría, y otros desearían que se debatieran temas adicionales. 

La Adopción de Decisiones (o la falta de ella) y el Consenso en la OMC 

En la práctica, las decisiones en la OMC se toman por consenso, y esto significa la ausencia de objeciones a una decisión, no la unanimidad a favor de esta. Sin embargo, en los últimos años, las objeciones se han vuelto cada vez más comunes, lo que ha obstaculizado tanto los avances procedimentales como los sustantivos. Por ejemplo, los miembros que han propuesto negociar normas sobre temas nuevos (por ejemplo, el comercio electrónico y la facilitación de las inversiones) han seguido adelante y lo han hecho, y ahora han acordado textos “plurilaterales” de tratados sobre ambos temas, cuyas obligaciones solo se aplican a los participantes. Asimismo, han solicitado el acuerdo de todos los demás miembros para incorporar los tratados al marco jurídico de la OMC, lo que no ha sido posible debido a la oposición de varios miembros (es decir, a la falta de consenso). 

Dentro de la categoría sobre la “adopción de decisiones”, existen dos retos relacionados: la preocupación de que la práctica del consenso se utilice para impedir que algunos miembros avancen en cuestiones que son prioritarias para ellos, y el riesgo de que permitir el avance de subgrupos de miembros deje de lado cuestiones que son importantes para otros y conduzca a un conjunto de normas globales más fragmentado. También existe la preocupación de que los miembros bloqueen incluso las decisiones procedimentales por razones tácticas. Entre las opciones creativas que se han planteado como posibles vías de avance se incluyen dar a los miembros la posibilidad de “optar por participar” u “optar por no participar” en determinadas decisiones, o desarrollar diferentes normas de procedimiento para diferentes tipos de decisiones. 

¿Cómo deberían cambiar las normas de la OMC para establecer la “igualdad de condiciones” entre las economías? 

Dentro de la categoría de “igualdad de condiciones” se encuentran las inquietudes sobre las normas a las que deben estar sujetos los Gobiernos, más que sobre cómo se acuerdan. 

El actual sistema normativo limita las intervenciones gubernamentales que distorsionan el mercado mundial de bienes y servicios. Sin embargo, las presiones sobre estas normas han ido en aumento. Algunas han sido repentinas. En 2020, la pandemia de COVID-19 dejó claro que, de la noche a la mañana, gran parte del mercado mundial podía simplemente paralizarse, por lo que los Gobiernos intervinieron de forma contundente —a veces de manera contraria a las normas de la OMC— para mantener a flote las economías y los medios de subsistencia. Sin embargo, el sistema parece haber superado esa prueba, ya que los miembros reconocieron el carácter sin precedentes y excepcional de la crisis. En el último año ha surgido un reto mucho mayor, con la imposición por parte de Estados Unidos de aranceles a otros miembros de la OMC que contravienen el principio fundamental de la OMC de no discriminación entre los miembros, así como los compromisos de Estados Unidos con los niveles arancelarios acordados. Esto ha hecho que otros Gobiernos sientan que están librando una guerra comercial con una mano atada a la espalda y consideran que, para tomar represalias de manera eficaz, deben aumentar los niveles arancelarios por encima de los límites acordados en 1994. 

A estas presiones se han ido sumando otras durante décadas. La magnitud de las inversiones del Gobierno chino en educación e infraestructura, así como su participación directa en el sector privado, ha llevado a muchos Gobiernos de países desarrollados y en desarrollo a proteger sus propias empresas para evitar depender totalmente de un gigante industrial en el que no confían plenamente. Los que tienen dinero compiten con subvenciones. Los que no lo tienen compiten mediante requisitos de contenido local y restricciones a la importación o a la exportación, en un esfuerzo por desarrollar la capacidad local. 

Otras presiones importantes a largo plazo son la tecnología y el cambio climático. La adaptación y mitigación del cambio climático requieren cambios en las economías que los Gobiernos deben liderar. Al hacerlo, los Gobiernos también pretenden que sus propias empresas se beneficien del crecimiento de la nueva economía baja en carbono. Al mismo tiempo, los datos se están convirtiendo en un recurso clave, y la capacidad de procesamiento determina la capacidad de un país para añadir valor, tanto a los servicios como a los bienes físicos. Cuando los datos describen el comportamiento de las personas o de sistemas nacionales críticos, los Gobiernos pueden y deben determinar cómo se puede utilizar esa información. 

Por último, desde los inicios de la OMC, muchos países en desarrollo y menos adelantados han ejercido presión a nivel interno para destacar los desequilibrios que favorecen a los países desarrollados en varios acuerdos (por ejemplo, el acuerdo sobre la agricultura, el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, etc.) negociados durante la Ronda de Uruguay. Estos países han exigido que se corrijan estos desequilibrios para que las normas respalden relaciones comerciales que verdaderamente sean de mutuo beneficio entre todos los miembros de la OMC, tanto desarrollados como en desarrollo y menos adelantados. 

Muchos Gobiernos consideran que las normas de la OMC que regulan cómo responder a estas presiones son demasiado restrictivas o, simplemente, obsoletas y poco claras. Algunos opinan que son demasiado indulgentes. Casi todos quieren que se actualicen y sean “más justas”. El problema es que la justicia depende del punto de vista de cada uno. La intervención de un país para apoyar a una empresa en dificultades y garantizar el suministro nacional de maquinaria importante es, para otro país, una distorsión del comercio que le cuesta cuota de mercado a sus empresas y puestos de trabajo a sus economías locales. Las normas de la OMC se establecieron en 1994 para equilibrar consideraciones similares. La cuestión es cómo los Gobiernos pueden reequilibrar las normas para responder a las nuevas presiones políticas. Las ideas para avanzar en este sentido incluyen, por ejemplo, cambios en las normas sobre subvenciones e inversiones estatales, y/o en las medidas correctivas que los gobiernos pueden utilizar cuando consideran que las políticas de otros perjudican sus intereses. 

¿Qué lugar ocupa el desarrollo en la reforma de la OMC? 

Ese reequilibrio no puede pretender que todas las economías partan del mismo punto. Aquí es donde la tercera “categoría” del debate sobre la reforma cobra suma importancia: ¿cómo deben configurarse la labor actual de la OMC y —cualquier norma nueva— para proteger y promover los intereses de los países en desarrollo? 

El debate se ha centrado en el concepto de “trato especial y diferenciado” (TED), es decir, el trato diferenciado que reciben los países en desarrollo miembros de la OMC en virtud de los tratados de esta organización. Este trato incluye plazos más largos para la aplicación de nuevos compromisos, asistencia técnica para ayudar en las tareas de reforma y, en ocasiones, un nivel de compromiso diferente al de los países desarrollados miembros. 

Las inquietudes sobre esta categoría se refieren tanto al funcionamiento actual del TED como a la forma en que debería configurarse el trato diferenciado en las normas futuras. Algunos Gobiernos sostienen que el TED es demasiado amplio, ya que abarca a algunos países en desarrollo muy grandes y competitivos, y que debería basarse en las necesidades específicas de un grupo más reducido de miembros. Otros sostienen que el trato especial es un derecho inherente vinculado al estatus (autodeterminado) de un miembro como país en desarrollo, y consideran que la solidaridad derivada de que los grandes países en desarrollo gocen de un TED es fundamental para la continuidad de los miembros más pequeños. Entre las opciones creativas para avanzar, se incluye la idea de un trato diferenciado más focalizado, basado en retos políticos concretos o en miembros específicos. China, por ejemplo, ya ha señalado que renunciará a utilizar el trato especial y diferenciado en futuros acuerdos. 

También existen muchos vínculos entre el debate sobre el desarrollo y la igualdad de condiciones: algunos Gobiernos en desarrollo consideran que las normas actuales son demasiado restrictivas y desean disponer de más margen para apoyar la industrialización como parte de sus planes de desarrollo, por ejemplo. Otros consideran que las normas son demasiado restrictivas y que no permiten disciplinar las numerosas y sofisticadas formas en que los Gobiernos distorsionan los mercados para apoyar a sus propias empresas. Subyacente a todas estas cuestiones está la cuestión de la confianza: muchos miembros consideran que el actual sistema de normas favorece a los países más poderosos. Dado que estos países utilizan cada vez más la política comercial para alcanzar fines económicos y políticos, las condiciones de competencia parecen inclinarse aún más en contra de los jugadores más pequeños. 

En vísperas de la CM14, las delegaciones de la OMC se reúnen continuamente para elaborar un programa de trabajo de dos años sobre estas cuestiones que los ministros puedan respaldar. Estas semanas son importantes. Si los miembros siguen empeñados en dominar el programa de trabajo y excluir las prioridades de los demás, se perderá la oportunidad de construir la confianza necesaria para iniciar este diálogo. Por otro lado, si logran elaborar un programa de trabajo equilibrado en el que todas las cuestiones prioritarias de los miembros estén reflejadas y que sus ministros puedan respaldar, será un éxito. 

No se debería esperar que la CM14 proporcione soluciones a los complejos retos que plantean el funcionamiento actual y los acuerdos de la OMC. Sin embargo, sí se puede y debe acordar un programa de trabajo equilibrado para abordar estos retos y sentar las bases de un diálogo honesto y constructivo entre los miembros de la OMC sobre un nuevo conjunto de normas que deben respetarse. 

Este articulo está basado en un documento más extenso publicado en octubre de 2025: What You Need to Know About WTO Reform.