A pesar de un arbitraje contractual pendiente, Shell y ExxonMobil han iniciado un arbitraje ante el CIADI (casos ARB/26/2 y ARB/24/44) contra los Países Bajos en virtud del TCE. La demanda de Shell (presentada el 23 de diciembre de 2025) y la demanda paralela de ExxonMobil (presentada a través de su filial belga) solicitan una indemnización total tras la decisión del Gobierno de acelerar el cierre del yacimiento de gas de Groninga para mitigar los extensos daños sísmicos sufridos por miles de viviendas. Aunque los Países Bajos se retiraron del TCE en 2025, la cláusula de supervivencia de 20 años del tratado permite ambas demandas. Grupos de la sociedad civil, entre ellos SOMO, han condenado estas demandas. Estos casos demuestran cómo las empresas de combustibles fósiles utilizan el sistema ISDS para trasladar los costes de la reparación medioambiental y las medidas de transición climática a los contribuyentes. Los procedimientos corren el riesgo de crear un efecto disuasorio en materia de regulación, lo que podría desalentar a otros Estados a adoptar medidas urgentes similares en materia de seguridad o clima. También ponen de manifiesto que la cláusula de supervivencia del TCE supone una restricción persistente para la política climática democrática, incluso tras la retirada formal. Para obtener información detallada, véase el análisis de ITN, que examina cómo interactúan las reclamaciones contractuales y las basadas en tratados.