Igor Makarov, un multimillonario con nacionalidad moldava y chipriota, ha presentado una demanda ante el CIADI por valor de 350 millones de dólares contra Canadá en virtud del TBI entre Canadá y Moldavia. La demanda impugna la congelación de sus activos en virtud del Reglamento de Medidas Económicas Especiales (Rusia) de Canadá, alegando expropiación ilegal e incumplimiento del trato justo y equitativo. Se trata de uno de los primeros grandes recursos ISDS contra los marcos de sanciones modernos. Obliga a los tribunales a decidir si las determinaciones en materia de seguridad nacional y política exterior deben prevalecer sobre los derechos de propiedad protegidos por los tratados. Una sentencia favorable al inversor podría aumentar significativamente el riesgo de litigios para los Estados que alinean sus políticas de sanciones con las de sus aliados internacionales, lo que disuadiría del uso de medidas de congelación de activos como instrumento de seguridad colectiva. El caso se cruza con cuestiones analizadas en el documento del IISD sobre sanciones y tratados de inversión, que advirtío que los TBI celebrados antes de la invasión de Rusia en 2022 crean un riesgo latente de litigios para los Estados alineados con las sanciones.