La filial de CK Hutchison, Panama Ports Company (PPC), ha iniciado un arbitraje ante la CCI en el que reclama 2000 millones de dólares después de que la Corte Suprema de Panamá declarara inconstitucionales sus concesiones portuarias en las terminales de Balboa y Cristóbal. Posteriormente, el Estado panameño tomó el control físico de las terminales, lo que llevó al inversor a alegar incumplimientos del derecho internacional y de las protecciones a los inversores. La controversia se desarrolla en medio de tensiones geopolíticas intensificadas en torno a la infraestructura del Canal de Panamá, tras la presión pública de funcionarios estadounidenses para reducir la influencia china en los puertos panameños. El caso pone de relieve la fragilidad de los derechos de concesión a largo plazo en sectores estratégicos donde se cruzan el derecho constitucional nacional y la geopolítica global. Plantea cuestiones fundamentales sobre el grado de deferencia que los tribunales internacionales deben otorgar al tribunal supremo de un Estado cuando sus resoluciones afectan a las inversiones extranjeras. Para los inversores, subraya la prima de riesgo político inherente a los activos de infraestructura situados en la encrucijada de la competencia entre grandes potencias.