El 6 de marzo de 2026, el presidente Nasry Asfura firmó el Convenio del CIADI en nombre de Honduras, revirtiendo así la retirada del país decidida en 2024 por el Gobierno anterior. El Gobierno presenta la readhesión como una medida para restablecer la «seguridad jurídica» y atraer inversiones para proyectos de infraestructura y energía. Sin embargo, la sociedad civil y las organizaciones indígenas y de derechos humanos se oponen a la medida, advirtiendo que el sistema da prioridad al capital transnacional frente a los derechos colectivos y la soberanía territorial. Los críticos señalan la exposición actual de Honduras a importantes litigios ISDS, entre los que destaca la disputa de 10 800 millones de dólares de la ZEDE Próspera por la derogación de la legislación sobre ciudades chárter. La reincorporación ilustra el dilema al que se enfrentan los Estados con elevada deuda y bajos ingresos: la presión política para parecer «favorables a los inversores» a menudo entra en conflicto con la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Al reincorporarse al sistema del CIADI, Honduras aumenta su exposición a reclamaciones masivas, lo que plantea cuestiones fundamentales sobre si los beneficios percibidos de la pertenencia al CIADI compensan los costes financieros y normativos.