El 30 de enero de 2026, la Comisión Europea inició procedimientos de infracción contra 16 Estados miembros de la UE que siguen siendo partes del TCE: Bélgica, Bulgaria, Chequia, Estonia, Irlanda, Grecia, Croacia, Chipre, Letonia, Hungría, Malta, Austria, Rumanía, Eslovaquia, Finlandia y Suecia. La Comisión sostiene que, tras la retirada coordinada de la UE del TCE, la inversión extranjera directa es una competencia exclusiva de la UE en virtud del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), lo que significa que los Estados miembros ya no pueden seguir siendo partes del TCE sin la autorización de la Unión. Los Estados afectados tienen dos meses para responder; de no hacerlo, el asunto podría remitirse al Tribunal de Justicia de la UE. Esta medida enérgica tiene por objeto impedir que los inversores invoquen la cláusula de supervivencia de 20 años del TCE para impugnar las medidas europeas contra el cambio climático. Supone una estrategia de «ruptura limpia» con el TCE dentro de la UE, que obliga a los Estados miembros a elegir entre posibles sanciones legales de la UE y los riesgos de litigios a largo plazo que conlleva permanecer en el tratado. El procedimiento podría sentar un precedente histórico sobre los límites de la competencia exclusiva de la UE en materia de política de inversiones.