Este número especial de Investment Treaty News examina la evolución del panorama de los acuerdos de inversión internacional (AII) y el papel cada vez más importante de los datos sobre tratados a la hora de fundamentar decisiones políticas basadas en evidencia. El número ha sido coeditado con Dafina Atanasova y se basa en dos importantes publicaciones de datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en 2025: la nueva base de datos de la UNCTAD sobre facilitación de los AII, que recopila el contenido relacionado con la facilitación de más de 400 tratados de inversión celebrados desde 2010; y la mayor actualización de la base de datos de la UNCTAD sobre el contenido de los AII desde 2017, que abarca más de 200 AII adicionales, incluidos todos los acuerdos económicos generales con contenido sustantivo en materia de protección, y que actualiza el conjunto de datos para el período 2017-2024. Ambas actualizaciones de los conjuntos de datos se analizan en un informe reciente de la UNCTAD sobre el estado actual de la reforma de los AII. En conjunto, estos recursos ofrecen una visión útil y detallada de cómo han evolucionado los AII en los últimos años. Complementados por el Navegador de la UNCTAD para la solución de controversias en materia de inversión, también proporcionan una base para el tipo de análisis empírico que se viene reclamando desde hace tiempo en un ámbito en el que la negociación de tratados suele avanzar más rápido que la generación de evidencia sistemática sobre qué funciona. Las contribuciones de este número abordan la relación entre los datos de los tratados, su diseño y la práctica desde perspectivas complementarias.

La contribución de Joshua Paine examina la tendencia creciente a incluir comités conjuntos en los AII, es decir, órganos institucionales encargados de facilitar la cooperación continua entre las partes del tratado. Basándose en los datos de mapeo de la UNCTAD, Paine observa que el 60 % de los AII celebrados entre 2020 y 2024 incluyen un comité, lo que supone un notable aumento con respecto a períodos anteriores. Su artículo esboza una agenda de investigación en torno a las diversas funciones conferidas a estos comités y destaca un reto clave: seguimos sabiendo muy poco sobre si estos órganos funcionan en la práctica y de qué manera, y si favorecen una cooperación significativa y duradera. Como sostiene Paine, cerrar esta brecha de conocimiento es esencial para la formulación de políticas basadas en evidencia sobre el diseño institucional de los AII.

Escribiendo a título personal, Mariana Pinto Schmidt ofrece la perspectiva de una negociadora basándose en su experiencia en Chile, un país que ha participado activamente en el cambiante panorama de los tratados de inversión. Su artículo ilustra cómo un Estado puede buscar un diseño coherente de los tratados —aclarando las normas de protección, gestionando redes de tratados superpuestas e incorporando compromisos de facilitación y desarrollo sostenible— al tiempo que trabaja dentro de las limitaciones constitucionales y normativas. La contribución de Pinto Schmidt también destaca la relevancia práctica de los datos comparativos y las herramientas de mapeo de la UNCTAD para fundamentar la estrategia de negociación y mantener la coherencia en toda una red de tratados. Subraya que los datos sobre tratados son herramientas clave para respaldar e informar la formulación de políticas gubernamentales, más que para dirigirla.

La contribución de Lise Johnson examina la importancia del acceso público a la información sobre los tratados y el el arbitraje inversionista-Estado (ISDS) para diagnosticar problemas sistémicos e informar los procesos la reforma. Basándose en ejemplos concretos —desde el uso en las negociaciones hasta los costos de defender reclamaciones de ISDS, pasando por la práctica de «double hatting» hasta los debates sobre la divulgación de la financiación por terceros en la CNUDMI—, Johnson muestra cómo los datos de acceso público han sido indispensables para identificar preocupaciones y evaluar las soluciones propuestas tanto en la elaboración de tratados como en la reforma del ISDS. Su artículo también analiza los límites de la transparencia actual, señalando que el acceso parcial a la información puede distorsionar por sí mismo los debates sobre la reforma, especialmente cuando las pruebas necesarias para justificar la regulación no pueden recopilarse sin exigir primero la divulgación. Johnson sostiene que, a medida que el número de tratados y laudos continúa aumentando, la transparencia y la accesibilidad —a través de bases de datos consultables y de libre acceso— deben crecer de forma proporcional.

Un hilo conductor común a todas las contribuciones es el reconocimiento de que el régimen internacional de inversiones se encuentra en un periodo de transformación significativa, aunque desigual. Los tratados de inversión ya no se consideran principalmente desde la perspectiva de la protección de los inversores y la solución de controversias; la cooperación institucional, la coherencia normativa y los nuevos enfoques de facilitación están configurando cada vez más el diseño de los tratados. Sin embargo, como dejan claro estas contribuciones, una reforma significativa depende de la disponibilidad y el uso de datos fiables: sobre el contenido de los tratados, sobre la práctica institucional y sobre el funcionamiento en la vida real de los compromisos que los Estados han asumido.

Esperamos que este número contribuya a ese esfuerzo y fomente una mayor participación por parte de investigadores, profesionales y responsables de políticas públicas por igual.

Las opiniones y puntos de vista expresados en este artículo son exclusivamente de los autores.