Un nuevo informe de la sociedad civil destaca que el aumento de demandas de resolución de disputas entre inversionistas y Estados (ISDS) relacionadas con sanciones se ha acelerado drásticamente. Al menos 28 casos han sido iniciados o amenazados por oligarcas o empresas rusas sancionadas, que reclaman daños y perjuicios por un total aproximado de 62 000 millones de dólares. Más de la mitad de las demandas que impugnan las sanciones se presentaron tan solo en 2025. Cabe destacar que Ucrania sigue enfrentándose a demandas de ISDS presentadas por entidades rusas o vinculadas a Rusia, con siete casos presentados en virtud de TBI con Estados miembros de la UE y dos casos adicionales en virtud del tratado de inversión entre Ucrania y el Reino Unido.