En una decisión histórica emitida en marzo de 2025, la Comisión Europea dictaminó que el laudo arbitral del CIADI de 101 millones de euros otorgado a Antin Infrastructure por cambios en las subvenciones españolas a las energías renovables constituye una ayuda estatal ilegal según el derecho de la UE. La Comisión concluyó que el laudo, resultante de un arbitraje intracomunitario en virtud del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), vulnera la autonomía del ordenamiento jurídico de la UE y que cualquier ejecución o pago por parte de España infringiría los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE). La sentencia se alinea con sentencias previas del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que rechazan el arbitraje de inversión intracomunitario y marca un avance en la ejecución de laudos intracomunitarios, obligando a España a no abonar ni facilitar la ejecución del laudo y a recuperar cualquier pago ya realizado. Este avance también es notable porque pone de relieve la postura de la Comisión contra el uso del arbitraje entre inversionistas y Estados para defender los subsidios a los combustibles fósiles y podría reforzar reclamos más amplios en favor de la retirada del TCE y la neutralización de la cláusula de extinción del tratado.