El Tribunal Comercial de Irlanda, presidido por la Jueza Eileen Roberts, se negó a ejecutar una sentencia de un tribunal estadounidense que ordenaba a Argentina pagar aproximadamente 17.500 millones de dólares (incluidos los intereses) por la expropiación en 2012 de una empresa argentina, YPF SA. El Tribunal determinó que la ejecución en Irlanda no traería ningún beneficio práctico, ya que Argentina no tiene activos embargables en Irlanda y los demandantes ya tienen acceso a otras vías de ejecución. El tribunal irlandés sostuvo además que el caso no tenía una conexión sustancial con Irlanda y que permitir la notificación y la ejecución impondría una carga irrazonable sobre los recursos judiciales irlandeses. Esta decisión indica que los tribunales irlandeses, y potencialmente otras jurisdicciones extranjeras, pueden resistirse a la ejecución de sentencias extranjeras contra estados soberanos cuando no hay nexo con la jurisdicción de ejecución y la ejecución local parece especulativa.