La mayor operación de ejecución de laudos en la historia del ISDS entró en 2026 en una fase final impugnada. El 25 de noviembre de 2025, un juez federal estadounidense en Delaware aprobó la oferta de USD 5.900 millones de Amber Energy, filial de Elliott Investment Management, por PDV Holding, la matriz de Citgo Petroleum, en la subasta organizada por el tribunal para satisfacer a los acreedores arbitrales y judiciales de Venezuela; la oferta fue elegida frente a una propuesta rival nominalmente mayor respaldada por el acreedor judicial Gold Reserve, por su mayor certeza de cierre. Conforme al orden de prelación fijado por el tribunal, Crystallex (unos USD 1.000 millones), Tidewater (unos USD 80 millones), ConocoPhillips (unos USD 1.300 millones) y O-I Glass (unos USD 700 millones) ocupan los primeros lugares, convirtiendo laudos por expropiación que se remontan a la era de Chávez en ingresos procedentes de la séptima refinadora más grande de Estados Unidos. A mediados de enero de 2026, PDVSA y el Gobierno venezolano apelaron ante el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito, y la autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos seguía pendiente en abril de 2026, en medio de un rápido cambio en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Casi una década después de que Crystallex levantara por primera vez el velo corporativo, la saga ilustra tanto la ejecutabilidad última de los laudos contra activos comerciales soberanos como el tiempo, el costo y la contingencia geopolítica extraordinarios que ello implica.