La manera en que el régimen de protección de las inversiones enmarca las controversias entre Estados e inversores no contempla que, especialmente cuando están relacionadas con la industria extractiva, se encuentran insertas dentro de relaciones sociales complejas. Este artículo apela a repensar estas controversias y los esfuerzos para resolverlas.
Este artículo examina una controversia en el marco de un contrato, P&ID vs. Nigeria, donde se destacan asuntos de corrupción y falta de transparencia en este tipo de solución de controversias. Concluye que, dados los importantes intereses públicos en juego en el arbitraje entre inversionista y Estado, incluyendo la posibilidad de que un arbitraje pueda facilitar la transferencia corrupta de fondos públicos a actores privados, éstos no deberían ser conducidos en privado.
Este artículo se enfoca en presunciones desacreditadas en torno al equilibrio y proporcionalidad en el arbitraje de inversión internacional como una forma de reconciliar exitosamente los intereses contrapuestos y obligaciones conflictivas de protección que recaen sobre los Estados receptores.
El 19 de enero de 2021, los principales accionistas de un consorcio que controlaba una concesión multimillonaria en el aeropuerto internacional de Santiago, Arturo Merino Benítez, informaron al Presidente chileno, Sebastián Piñera, su intención de entablar una demanda ante el CIADI. Los inversores reclamaron que sufrieron pérdidas como consecuencia de las medidas adoptadas en respuesta a la pandemia por el COVID-19.
Debido a su estructura, las empresas multinacionales (EMN) pueden recurrir a los AII para proteger a sus filiales. Al mismo tiempo, en virtud de los principios de segregación de las funciones corporativas y de responsabilidad limitada, las EMN pueden sacar ventaja de su estructura y evitar la responsabilidad por los daños ocasionados por sus filiales. Este artículo destaca la necesidad de un enfoque más equilibrado con respecto a los derechos y obligaciones de las EMN bajo los AII.
Los defensores del régimen de los tratados de inversión a menudo argumentan que éstos contribuyen a la ‘buena gobernanza’ en los Estados receptores. Este artículo, basado en un estudio empírico sobre las inversiones en minería en los páramos colombianos, argumenta que la concepción de la buena gobernanza promovida por el arbitraje de inversión está incompleta, y no aborda adecuadamente el papel de los tribunales para establecer sistemas de control y equilibrio de poder.
El 9 de noviembre de 2020, la Academia Asiática de Derecho Internacional celebró un evento virtual sobre el uso de la mediación en las controversias entre inversionistas y Estados. Este evento es uno de los varios que están siendo organizados por la CNUDMI paralelamente a las reuniones formales del Grupo de Trabajo III sobre la reforma de la solución de controversias entre inversionistas y Estados.
La sentencia C-252 de la Corte Constitucional de Colombia , por medio de la cual se realizó el control de constitucionalidad del TBI entre Colombia y Francia , ha suscitado interés por tratarse de la respuesta del juez constitucional a la forma como se incorporan las cláusulas sustanciales de protección a la inversión extranjera en el derecho interno.
El 1 de agosto de 2018, Costa de Marfil adoptó un nuevo código de inversiones[1]. Esta nueva legislación[2] presenta una variedad de innovaciones que van desde la revitalización del marco institucional a la reconfiguración de normas fiscales hasta nuevas obligaciones para los inversores.
La idea de investir a los árbitros designados por las partes con poderes para decidir en controversias entre inversionistas y Estados a través de laudos definitivos y vinculantes, lo cual fue heredado del arbitraje comercial y tradicionalmente aceptado como algo apropiado, actualmente está generando disconformidad entre los críticos.
Delegados del Grupo de Trabajo III de la CNUDMI en el marco del proceso de reforma multilateral de la ISDS se reunirán nuevamente en Viena durante la semana del 14 al 18 de octubre de 2019.
El Secretariado del CIADI ha publicado en agosto de 2016 el tercer documento de trabajo con enmiendas a su reglamento, basado en insumos de Estados miembros y el público.
El Consejo Europeo ha aprobado las directrices de negociación para la participación de la UE en las conversaciones para modernizar el TCE, confirmando su decisión en una reunión el 2 de julio de 2019.