Consorcio francés inicia demanda en el CIADI contra Chile después de sufrir pérdidas por USD 37 millones debido a la pandemia del COVID-19
El 19 de enero de 2021, los principales accionistas de un consorcio que controlaba una concesión multimillonaria en el aeropuerto internacional de Santiago, Arturo Merino Benítez, informaron al Presidente chileno, Sebastián Piñera, su intención de entablar una demanda ante el CIADI. Los inversores reclamaron que sufrieron pérdidas como consecuencia de las medidas adoptadas en respuesta a la pandemia por el COVID-19.
Groupe ADP y Vinci Airports, de Francia, poseían el 45% y 40%, respectivamente, de las acciones en el consorcio Nuevo Pudahel, el cual ganó una concesión de 20 años para operar el aeropuerto de Santiago en 2015, donde la italiana Astaldi poseía el 15% restante.
La demanda de los concesionarios franceses en virtud del TBI entre Chile y Francia de 1992 reclama compensación por pérdidas netas de USD 37 millones en 2020, junto con la renegociación contractual para evitar la expropiación de su inversión. Los operadores del consorcio reportan que la rentabilidad cayó un 90% en 2020, ya que Chile perdió 19 rutas y 630 frecuencias semanales desde que irrumpió la pandemia, lo cual implicó una caída de alrededor del 70% en el número de pasajeros.
El conflicto escaló luego de que el Ministerio de Obras Públicas de Chile rechazara una solicitud del consorcio de ayuda financiera y la extensión de la concesión para restaurar su viabilidad económica y recuperar la inversión realizada en la nueva terminal actualmente bajo construcción. Nuevo Pudahel argumentó que los ingresos del aeropuerto se verían afectados por la pandemia por al menos un plazo de cinco años para recuperar los anteriores niveles de tráfico de pasajeros.
Según el sitio web Pauta Bloomberg, el Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, alegó que el Estado también ha sufrido pérdidas considerables a través del mecanismo de distribución de ingresos que estipula que el 77% del total de los ingresos sería entregado al Estado chileno. “Por cada peso que ha perdido el concesionario, el Estado ha perdido tres veces», agregó. Asimismo, se alegó que la renegociación no estaba permitida por ley y que exigiría una nueva licitación pública.
En la notificación de controversia, los operadores franceses mencionan la política del Gobierno chileno que exige medidas sanitarias adicionales para evitar la propagación del COVID-19 en el aeropuerto, así como la reiterada denegación por parte del Estado de renegociar el contrato. También hacen referencia las disposiciones del TBI sobre TJE, trato nacional y protección contra la expropiación.
Hablando con Pulso, el CEO de Groupe ADP, Fernando Echegaray, destacó que al rechazar sus solicitudes, la concesión corría el riesgo de dejar de ser viable ya que el contrato no asigna el riesgo de la pandemia al consorcio.
«Los efectos de la pandemia y la negativa del Estado en restablecer el equilibrio económico-financiero de la concesión, sin embargo, han causado estragos inesperados que no solo no permitirán mayores inversiones, sino que ponen en riesgo la operación del aeropuerto. Es nuestro parecer que Chile no ha cumplido con sus obligaciones de protección de la inversión extranjera bajo el convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Francia sobre la promoción y protección recíprocas de inversiones», recalcó Echegaray.
Por el contrario, el Ministro Moreno destacó que el aeropuerto no se encuentra en riesgo ya que el concesionario puede ser reemplazado si Nuevo Pudahuel no puede seguir. «Las empresas tienen que cumplir con lo que se les ha pedido, y no pueden esperar a utilizar otros mecanismos para recibir lo que no corresponde. No está en juego nada de las cosas que se dicen, ni el servicio de los pasajeros, ni el mundo de los vuelos, ellos lo que están buscando es que se les alargue el contrato, que significa miles de millones», afirmó.
Observando la demanda de ISDS bajo el TBI entre Chile y Francia, Rodrigo Yáñez, Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales chileno, subrayó que las diferencias entre el consorcio y el Ministerio de Obras Públicas en el marco del contrato de concesión no implica que el Estado chilero esté incumpliendo sus obligaciones internacionales del acuerdo de protección de las inversiones entre Chile y Francia». Un eventual juicio ante el CIADI tiene esto último por objeto y el reciente laudo que pone término a la demanda de los accionistas de Alsacia y Express en contra del Estado es clarísimo en distinguir las acciones del Estado de naturaleza contractual y aquellas realizadas por el Estado en su calidad soberana», Yañez a La Tercera.
Antes de enfrentarse al Estado chileno ante el CIADI, los controladores franceses del aeropuerto de Santiago habían comenzado un período de negociación amistosa de seis meses exigido por el TBI entre Chile y Francia.