{"id":17436,"date":"2026-09-09T17:08:17","date_gmt":"2026-09-09T15:08:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iisd.org\/itn\/?p=17436"},"modified":"2026-09-09T17:08:17","modified_gmt":"2026-09-09T15:08:17","slug":"el-tribunal-de-apelacion-de-la-haya-anula-ex-officio-laudos-de-tbi-intra-ue-y-prohibe-a-inversores-entablar-nuevas-demandas-de-arbitraje-en-virtud-del-tratado-beichen-ding","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iisd.org\/itn\/es\/2026\/09\/09\/el-tribunal-de-apelacion-de-la-haya-anula-ex-officio-laudos-de-tbi-intra-ue-y-prohibe-a-inversores-entablar-nuevas-demandas-de-arbitraje-en-virtud-del-tratado-beichen-ding\/","title":{"rendered":"El tribunal de Apelaci\u00f3n de la Haya Anula Ex Officio Laudos de TBI Intra-UE y Proh\u00edbe a Inversores Entablar Nuevas Demandas de Arbitraje en virtud del Tratado"},"content":{"rendered":"

WCV Capital Ventures Cyprus Limited and Channel Crossings Limited vs. La Rep\u00fablica Checa<\/em> (Caso de la CPA<\/span> No 2016-12; Tribunal de Apelaci\u00f3n de la Haya, Sentencia del 24 de marzo de 2026)<\/strong><\/h2>\n

Descripci\u00f3n general de la decisi\u00f3n<\/strong><\/h3>\n

El 24 de marzo de 2026, el Tribunal de Apelaci\u00f3n de la Haya anul\u00f3 los tres laudos arbitrales dictados en el caso WCV vs. La Rep\u00fablica Checa<\/a><\/em> (p\u00e1rrafo 5.25)[1]<\/sup><\/a> y prohibi\u00f3 de forma permanente a las demandantes iniciar cualquier nuevo arbitraje contra la Rep\u00fablica Checa en virtud del TBI<\/span> celebrado entre la Rep\u00fablica Checa y la Rep\u00fablica de Chipre en 2001. El arbitraje subyacente concierne la participaci\u00f3n accionaria de las demandantes en SYNOT, una empresa checa de apuestas, y la presunta cancelaci\u00f3n de sus licencias para operar terminales de videoloter\u00eda; las demandantes presentaron demandas por incumplimiento de TJE<\/span>, denegaci\u00f3n de justicia y protecci\u00f3n y seguridad plenas.<\/p>\n

La caracter\u00edstica m\u00e1s destacada de este caso es la inversi\u00f3n: el inversor perdedor<\/em> (WCV) solicit\u00f3 la anulaci\u00f3n, y el Estado ganador<\/em> present\u00f3 una reconvenci\u00f3n para solicitar una medida cautelar m\u00e1s amplia que prohibiera a WCV y otros iniciar un arbitraje (que no tuviera sede en la UE<\/span>) contra la Rep\u00fablica Checa en virtud del TBI. La Rep\u00fablica Checa, cuyas objeciones jurisdiccionales e intra-UE fueron rechazadas por el tribunal, a su vez solicit\u00f3 la anulaci\u00f3n del laudo arbitral provisional sobre la jurisdicci\u00f3n con fecha del 25 de abril de 2018<\/a>, y del segundo laudo provisional sobre la objeci\u00f3n intra-UE del 29 de septiembre de 2020<\/a> (p\u00e1rrafo 4.3). Las razones presentadas por cada parte fueron diferentes. WCV y otros solicit\u00f3 la anulaci\u00f3n, no para reivindicar un principio procesal sino para reabrir la controversia sustantiva. Al haber perdido en cuanto al fondo, la anulaci\u00f3n era la \u00fanica v\u00eda disponible para un segundo intento de recuperaci\u00f3n, ya sea ante un tribunal reconstituido o ante un tribunal con sede fuera de la UE. La Rep\u00fablica Checa, por su parte, no estaba dispuesta a dejar que una victoria en un arbitraje dejara intacto el riesgo estructural de ser sometida a nuevos procedimientos contrarios a lo establecido en el derecho de la UE que, de prevalecer el inversor, podr\u00edan exponerla a procedimientos de incumplimiento de las medidas de ayuda estatal de la UE en virtud del razonamiento que figura en la Decisi\u00f3n de la Comisi\u00f3n 2025\/1235 del 24 de marzo de 2025<\/a> relativa a la medida de Ayuda Estatal SA.54155 (2021\/NN) ejecutada por Espa\u00f1a, laudo arbitral de Antin (p\u00e1rrafos 5.21 y 5.24).<\/p>\n

El tribunal resolvi\u00f3 la inversi\u00f3n anulando los laudos sobre la base de una cuesti\u00f3n que ninguna de las partes hab\u00eda alegado, invocando ex officio<\/em>, la incompatibilidad de la cl\u00e1usula de arbitraje del TBI con el Derecho vinculante de la UE en virtud de la jurisprudencia relativa al caso Achmea<\/em> del TJUE (p\u00e1rrafo 5.8). Invocando su autoridad como tribunal ex officio<\/em> de la Uni\u00f3n Europea con arreglo al Art\u00edculo 19(1), y conforme al deber de los Estados miembros de cooperaci\u00f3n leal en virtud del Art\u00edculo 4(3) del TUE<\/a>, y como lo confirm\u00f3 recientemente la Gran Sala del TJUE en su sentencia del 1 de agosto de 2025 en el caso RFC Seraing vs. FIFA<\/a><\/em>, el tribunal dictamin\u00f3 que una mera declaraci\u00f3n de incompatibilidad resultaba insuficiente: la tutela judicial efectiva exig\u00eda ir m\u00e1s all\u00e1 y prohibir futuros arbitrajes en virtud del TBI bajo pena de EUR 100.000 diarios (p\u00e1rrafo 5.21).<\/p>\n

La sentencia, por lo tanto, impulsa el marco de aplicaci\u00f3n posterior al caso Achmea <\/em>en tres aspectos interrelacionados que merecen especial atenci\u00f3n: (1) la invocaci\u00f3n ex officio<\/em> del orden p\u00fablico de la UE como motivo de anulaci\u00f3n; (2) la extensi\u00f3n de dicha l\u00f3gica a laudos jurisdiccionales anteriores; (3) la aplicaci\u00f3n de medida cautelares con car\u00e1cter prospectivo y el alcance geogr\u00e1fico de Achmea<\/em>. En conjunto, estas medidas transforman a los tribunales nacionales, pasando de ser revisores pasivos de laudos arbitrales a ejecutores activos del ordenamiento jur\u00eddico de la UE.<\/p>\n

Invocaci\u00f3n Ex Officio<\/em> del orden p\u00fablico de la UE<\/strong><\/h3>\n

La primera medida, y las m\u00e1s estructural, es la decisi\u00f3n del tribunal de plantear la incompatibilidad del caso Achmea<\/em> enteramente por iniciativa propia. WCV y otros basaron su solicitud de anulaci\u00f3n en tres fundamentos estatutarios previstos en el Art\u00edculo 1065(1) del C\u00f3digo de Procedimiento Civil holand\u00e9s: falta de cumplimiento del mandato del tribunal, insuficiente razonamiento y conflicto con el orden p\u00fablico (p\u00e1rrafo 4.2). Sin embargo, esencialmente, su argumento con respecto al orden p\u00fablico estuvo dirigido al fondo del laudo definitivo, no a la cl\u00e1usula de arbitraje del TBI. Fue el propio tribunal el que identific\u00f3 la incompatibilidad fundamental con el Derecho (vinculante) de la UE y la consider\u00f3 un motivo aut\u00f3nomo de anulaci\u00f3n (p\u00e1rrafos 5.4, 5.8, 5.11).<\/p>\n

El fundamento jur\u00eddico de esta facultad ex officio<\/em> se basa en dos pilares interconectados del Derecho holand\u00e9s y el de la UE. En lo que respecta al derecho procesal holand\u00e9s, el tribunal record\u00f3 que, en virtud del apartado (e) del Art\u00edculo 1065(1) del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el orden p\u00fablico puede plantearse en cualquier fase del procedimiento y el tribunal puede hacerlo por iniciativa propia, dado que su aplicaci\u00f3n concierne a normas vinculantes de car\u00e1cter tan fundamental que no puede permitirse que las restricciones procesales impidan su cumplimiento (p\u00e1rrafo 5.4). En lo que respecta al Derecho de la UE, el tribunal invoc\u00f3 la obligaci\u00f3n de los tribunales nacionales que act\u00faan como tribunales de la Uni\u00f3n, de conformidad con el Art\u00edculo 19(1) del TUE, respaldada por la jurisprudencia del TJUE en los casos Eco Swiss<\/a> y Mostaza Claro<\/a>, que exige una revisi\u00f3n de cumplimiento ex officio<\/em> del Derecho vinculante de la UE, lo cual es obligatorio para todas las autoridades de los Estados miembros, incluidos los tribunales, en virtud del deber de cooperaci\u00f3n leal previsto en el Art\u00edculo 4(3) del TUE.<\/p>\n

El contenido sustantivo del incumplimiento del orden p\u00fablico es igualmente importante. El tribunal se\u00f1al\u00f3 que el mero riesgo de que se eludiera el procedimiento prejudicial del Art\u00edculo 267 del TFUE<\/span> era suficiente. Resultaba irrelevante si el Derecho de la UE hab\u00eda sido realmente objeto del arbitraje o si se hab\u00eda solicitado al tribunal arbitral su aplicaci\u00f3n (p\u00e1rrafo 5.9). Esta es la l\u00f3gica estructural de la sentencia Achmea<\/em>: una cl\u00e1usula de arbitraje contenida en un TBI intra-UE es incompatible con el Derecho de la UE no debido a que necesariamente genera resultados err\u00f3neos, sino porque excluye estructuralmente las controversias de un sistema dise\u00f1ado para garantizar una interpretaci\u00f3n coherente y uniforme del Derecho de la UE. Esta conclusi\u00f3n posee implicancias inmediatas m\u00e1s all\u00e1 del presente caso. Cualquier laudo de un TBI intra-UE presentado ante un tribunal holand\u00e9s, ya sea para su anulaci\u00f3n o ejecuci\u00f3n, ahora es susceptible de anulaci\u00f3n ex officio<\/em> o de denegaci\u00f3n de ejecuci\u00f3n por motivos de pol\u00edtica p\u00fablica, independientemente de si las partes hayan planteado esta cuesti\u00f3n y del contenido sustantivo del laudo.<\/p>\n

Extensi\u00f3n a laudos jurisdiccionales anteriores<\/strong><\/h3>\n

La segunda medida ampl\u00eda la l\u00f3gica de anulaci\u00f3n de los dos laudos jurisdiccionales provisionales de abril de 2018 y de septiembre de 2020. Si el laudo definitivo se anula en base a la sentencia Achmea<\/em>, \u00bfse aplica necesariamente esta misma l\u00f3gica a los laudos anteriores que establecieron la jurisdicci\u00f3n del tribunal arbitral?<\/p>\n

El tribunal respondi\u00f3 de manera afirmativa. La fuerza jur\u00eddica de los laudos jurisdiccionales se deriva de la misma cl\u00e1usula de arbitraje contenida en el Art\u00edculo 8 del TBI, que ofrece al inversor la opci\u00f3n de elegir entre los tribunales nacionales, el CIADI<\/span>, el arbitraje ad hoc en la CNUDMI<\/span> y la C\u00e1mara de Comercio de Estocolmo, y que el tribunal declar\u00f3 incompatible con el Derecho de la UE. Si la cl\u00e1usula no puede servir de fundamento para el laudo definitivo, tampoco puede hacerlo con respecto a las decisiones procesales que hicieron posible dicho laudo. Anular el laudo final dejando intactos los laudos jurisdiccionales constituir\u00eda un absurdo jur\u00eddico: un laudo formalmente anulado basado en conclusiones vigentes de consentimiento v\u00e1lido al arbitraje, que un demandante ingenioso podr\u00eda invocar como base para iniciar nuevos procedimientos en otras jurisdicciones (p\u00e1rrafos 5.16-5.17, 5.23).<\/p>\n

El tribunal tambi\u00e9n destac\u00f3 que la propia demandante, WCV y otros, hab\u00eda reconocido este punto en la audiencia oral, admitiendo que los laudos jurisdiccionales deben quedar sin efecto como el laudo definitivo. Dicho reconocimiento, registrado en el p\u00e1rrafo 5.16, confirma la propia evaluaci\u00f3n de las demandantes con respecto al panorama jur\u00eddico y descarta cualquier argumento de que los laudos jurisdiccionales podr\u00edan sobrevivir de manera independiente.<\/p>\n

Medidas cautelares de car\u00e1cter prospectivo y el alcance geogr\u00e1fico de Achmea<\/em><\/strong><\/h3>\n

La tercera medida, y de mayores consecuencias, es la admisi\u00f3n de la reconvenci\u00f3n condicional presentada por la Rep\u00fablica Checa: una prohibici\u00f3n permanente de que WCV y otros inicien cualquier nuevo arbitraje contra la Rep\u00fablica Checa en virtud del TBI, con sede dentro o fuera de la UE, respaldada por una multa de EUR 100.000 diarios hasta un m\u00e1ximo de EUR 133 millones (p\u00e1rrafos 5.18\u20135.24). La inclusi\u00f3n expresa del arbitraje con sede fuera de la UE aborda directamente el vac\u00edo estructural que forma parte del n\u00facleo del marco de aplicaci\u00f3n posterior al caso Achmea<\/em>. La sentencia Achmea<\/em> es vinculante para los tribunales de los Estados miembros e impide el arbitraje intra-UE con sede en la UE, pero no se pronuncia sobre los procedimientos ante tribunales de otras jurisdicciones que no est\u00e1n sujetos a la jurisprudencia del TJUE y cuyos laudos pueden ser ejecutados ante tribunales que tampoco se encuentran circunscriptos al Derecho de la UE. Este es precisamente el escenario identificado por el tribunal: la solicitud de anulaci\u00f3n, por parte de WCV y otros, de un laudo que hab\u00eda desestimado sus propias demandas revel\u00f3 una intenci\u00f3n de encontrar una nueva v\u00eda jur\u00eddica fuera de la UE en lugar de aceptar el resultado (p\u00e1rrafo 5.24).<\/p>\n

El tribunal reforz\u00f3 la medida cautelar con una consideraci\u00f3n estructural que se extiende m\u00e1s all\u00e1 de la controversia bilateral. Haciendo referencia directa a la Decisi\u00f3n 2025\/1235 de la Comisi\u00f3n sobre el laudo de Antin<\/a> (p\u00e1rrafo 5.21), destac\u00f3 que el cumplimiento de cualquier laudo futuro que sea favorable a los inversores correr\u00eda el riesgo de constituir una ayuda estatal il\u00edcita bajo el Derecho de la UE, exponiendo a la Rep\u00fablica Checa a procedimientos en materia de Ayuda Estatal bajo el Art\u00edculo 108 del TFUE, incluida la orden de recuperaci\u00f3n como la que fue dirigida a Espa\u00f1a en dicha decisi\u00f3n.<\/p>\n

Aqu\u00ed se observa un reflejo notable de la disidencia del Profesor Marcelo G. Kohen, quien se uni\u00f3 al tribunal como \u00e1rbitro designado de la demandada en lugar de Mark A. Clodfelter. En la Opini\u00f3n disidente del profesor Kohen<\/a> al Segundo Laudo Provisional de septiembre de 2020, hab\u00eda advertido que el trato conferido por la mayor\u00eda al Derecho de la UE y al derecho de las inversiones como \u201csub-sistemas\u201d, que funcionaban independientemente y sin una jerarqu\u00eda entre s\u00ed, corr\u00eda el riesgo de generar precisamente el mismo tipo de incoherencia jur\u00eddica que el Tribunal de Apelaci\u00f3n ahora se hab\u00eda propuesto evitar (Opini\u00f3n Disidente, p\u00e1rrafos 1, 12\u201313). Mientras que Kohen argument\u00f3, partiendo del derecho de tratados, que la cl\u00e1usula de arbitraje del TBI era inaplicable desde el momento de adhesi\u00f3n a la UE, el tribunal lleg\u00f3 a la misma conclusi\u00f3n a trav\u00e9s de la v\u00eda del orden p\u00fablico. Sin embargo, el alcance geogr\u00e1fico de la medida cautelar refleja la misma preocupaci\u00f3n subyacente de que, en ausencia de una respuesta estructural, la incompatibilidad con el Derecho de la UE simplemente migrar\u00eda a un foro diferente y persistir\u00eda indefinidamente.<\/p>\n

Conclusi\u00f3n<\/strong><\/h3>\n

El caso WCV vs. La Rep\u00fablica Checa<\/em> revela la l\u00f3gica institucional que sigue el ordenamiento posterior a la sentencia Achmea<\/em>. El Tribunal de Apelaci\u00f3n de la Haya ha reposicionado al tribunal nacional como un ejecutor constitucional activo del ordenamiento jur\u00eddico de la UE. Al hacerlo, tambi\u00e9n ha expuesto la paradoja fundamental del marco establecido por la sentencia Achmea<\/em> actualmente: por un lado, un inversor que pierde en un arbitraje y solicita la anulaci\u00f3n para intentarlo de nuevo; por el otro, un Estado que gana una reconvenci\u00f3n de anulaci\u00f3n para librarse del riesgo estructural; y un tribunal que admite ambas demandas, mientras que no otorga a ninguna de las partes lo que inicialmente solicitaron. Hasta julio de 2026, aparentemente no se ha presentado ning\u00fan recurso de apelaci\u00f3n ante el Tribunal Supremo de los Pa\u00edses Bajos (Hoge Raad), y a\u00fan est\u00e1 por verse si el Tribunal Supremo, en caso de ser consultado, adherir\u00e1 al alcance pleno de este razonamiento, particularmente la extensi\u00f3n de la medida cautelar a sedes de tribunales fuera de la UE. Lo que s\u00ed est\u00e1 claro es que los tribunales nacionales en toda la UE ahora disponen de un modelo para hacer mucho m\u00e1s que simplemente anular laudos. Pueden evitar la pr\u00e1ctica de elecci\u00f3n del foro m\u00e1s favorable (forum shopping<\/em>, en ingl\u00e9s) que el caso Achmea<\/em> nunca podr\u00eda evitar por s\u00ed solo.<\/p>\n

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Autor<\/em><\/h3>\n

Beichen Ding<\/strong> es Candidata a un Doctorado en Derecho del World Trade Institute, Universidad de Bern.<\/p>\n

[1]<\/sup><\/a> La sentencia original se encuentra en holand\u00e9s. Todas las traducciones al espa\u00f1ol nos pertenecen.<\/p>\n