{"id":16899,"date":"2026-01-19T15:35:42","date_gmt":"2026-01-19T14:35:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iisd.org\/itn\/?p=16899"},"modified":"2026-04-21T19:06:48","modified_gmt":"2026-04-21T17:06:48","slug":"replicas-en-groningen-casos-de-arbitraje-de-shell-y-exxonmobil-contra-los-paises-bajos-bart-jaap-verbeek","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iisd.org\/itn\/es\/2026\/01\/19\/replicas-en-groningen-casos-de-arbitraje-de-shell-y-exxonmobil-contra-los-paises-bajos-bart-jaap-verbeek\/","title":{"rendered":"R\u00e9plicas en Groningen: Casos de arbitraje de Shell y ExxonMobil contra los Pa\u00edses Bajos"},"content":{"rendered":"

Cuando los Pa\u00edses Bajos decidieron abandonar gradualmente la extracci\u00f3n de gas del yacimiento de Groningen, se puso fin a uno de los proyectos de combustibles f\u00f3siles m\u00e1s rentables de Europa y se inici\u00f3 una de las batallas jur\u00eddicas m\u00e1s complejas. El Estado neerland\u00e9s se enfrenta ahora a m\u00faltiples casos de arbitraje<\/a> presentados por Shell y ExxonMobil, las dos grandes petroleras que explotaron el yacimiento durante m\u00e1s de seis d\u00e9cadas.<\/p>\n

La controversia de Groningen pone de manifiesto c\u00f3mo las cl\u00e1usulas de arbitraje \u2014ya sea en contratos o en tratados\u2014 pueden erosionar la responsabilidad democr\u00e1tica, amplificar el poder empresarial y limitar la capacidad de los Gobiernos para actuar en aras del inter\u00e9s p\u00fablico.<\/p>\n

El yacimiento de gas de Groningen: de ser el orgullo nacional a un trauma nacional<\/strong><\/h2>\n

Descubierto en 1959, el yacimiento de Groningen transform\u00f3 a los Pa\u00edses Bajos en una potencia energ\u00e9tica. Su explotaci\u00f3n estaba a cargo de Nederlandse Aardolie Maatschappij<\/em> (NAM, Compa\u00f1\u00eda Neerlandesa de Petr\u00f3leo), una empresa conjunta entre Shell y ExxonMobil, en colaboraci\u00f3n con el Estado. Entre 1963 y 2022, el yacimiento produjo m\u00e1s de 2.200 millones de metros c\u00fabicos de gas \u2014lo que deveng\u00f3 en EUR 364.000 millones para el Estado y EUR 65.000 millones para las empresas. Durante d\u00e9cadas, el denominado \u201cDutch Gasgebouw<\/em>\u201d fue aclamado como un ejemplo exitoso de colaboraci\u00f3n p\u00fablico-privada, que financiaba el bienestar neerland\u00e9s y abastec\u00eda gran parte del suministro energ\u00e9tico de Europa occidental.<\/p>\n

Sin embargo, d\u00e9cadas de extracci\u00f3n provocaron m\u00e1s de 1.600 terremotos, que da\u00f1aron miles de viviendas y edificios p\u00fablicos. Los residentes viv\u00edan con miedo a los temblores y soportaron a\u00f1os de retrasos burocr\u00e1ticos para conseguir las reparaciones. Una Investigaci\u00f3n de la Universidad de Groningen<\/a> encontr\u00f3 una clara relaci\u00f3n entre los da\u00f1os reiterados, la incertidumbre sobre la seguridad y el deterioro de la salud f\u00edsica y mental de la poblaci\u00f3n. Se estima que cada a\u00f1o mueren prematuramente 16 personas<\/a> debido al estr\u00e9s relacionado con los terremotos y sus consecuencias.<\/p>\n

Una investigaci\u00f3n parlamentaria de 2023<\/a> concluy\u00f3 que tanto el Gobierno como las empresas ten\u00edan \u201cuna deuda de honor\u201d con la poblaci\u00f3n de Groningen, citando la negligencia sist\u00e9mica y la priorizaci\u00f3n de los ingresos y la seguridad energ\u00e9tica por encima de la seguridad p\u00fablica. Cuando el Parlamento aprob\u00f3 el cierre definitivo del yacimiento en 2024, la confianza de la poblaci\u00f3n en el Estado ya se hab\u00eda derrumbado.<\/p>\n

Reducci\u00f3n de la extracci\u00f3n de gas: un camino pol\u00e9mico<\/strong><\/h2>\n

El terremoto de 2012 cerca del pueblo de Huizinge \u2014el m\u00e1s fuerte en la historia de Groningen\u2014 marc\u00f3 un punto de inflexi\u00f3n. Los informes de da\u00f1os aumentaron de cientos a miles al a\u00f1o, lo que oblig\u00f3 al Gobierno a reconocer los riesgos. La extracci\u00f3n de gas se redujo gradualmente tras la presi\u00f3n del organismo regulador oficial (Supervisi\u00f3n Estatal de Minas), pero las decisiones siguieron siendo graduales y pol\u00edticamente tensas, debido a la presi\u00f3n de Shell y ExxonMobil para proteger la rentabilidad del proyecto.<\/p>\n

Las controversias revelaron una falla en el acuerdo de asociaci\u00f3n de 1963<\/a>: no exist\u00eda una previsi\u00f3n para una reducci\u00f3n responsable de la producci\u00f3n. A medida que la producci\u00f3n disminu\u00eda, surgieron desacuerdos sobre las reservas restantes, y ExxonMobil lleg\u00f3 incluso a plantear<\/a> la posibilidad de reclamar el gas no extra\u00eddo (valorado en alrededor de EUR 70.000 millones en ese momento), adem\u00e1s de controversias sobre el reparto de los costos de compensaci\u00f3n por los terremotos y a ra\u00edz de la finalizaci\u00f3n del programa de refuerzo de edificios. La ausencia de una estrategia de salida hizo que las responsabilidades financieras se tornaran ambiguas, lo que provoc\u00f3 retrasos, disputas y m\u00e1s da\u00f1os a los residentes.<\/p>\n

En 2018, el Gobierno firm\u00f3 un Acuerdo Preliminar<\/a> con Shell y ExxonMobil con el objetivo de gestionar la eliminaci\u00f3n gradual de la extracci\u00f3n para 2030. El acuerdo otorgaba al Estado el control total sobre los niveles de producci\u00f3n, una exigencia de Shell y ExxonMobil para evitar la responsabilidad penal relacionada con los da\u00f1os causados por la extracci\u00f3n durante el per\u00edodo de reducci\u00f3n gradual. Las empresas renunciaron formalmente a sus demandas sobre las reservas restantes a cambio de una mayor participaci\u00f3n en los ingresos. Cabe destacar que el acuerdo inclu\u00eda una cl\u00e1usula de arbitraje, una trampa jur\u00eddica que m\u00e1s tarde permitir\u00eda resolver la controversia a puertas cerradas.<\/p>\n

En 2019, cuando el Gobierno aceler\u00f3 el cierre debido a crecientes preocupaciones de seguridad, Shell y ExxonMobil exigieron una compensaci\u00f3n por los beneficios perdidos, argumentando que la aceleraci\u00f3n del cierre hab\u00eda sido una decisi\u00f3n unilateral. El Gobierno no estuvo de acuerdo y se\u00f1al\u00f3 que la base del Acuerdo Preliminar era una hip\u00f3tesis, no un compromiso vinculante, y que la seguridad p\u00fablica hac\u00eda necesaria la reducci\u00f3n. Las negociaciones sobre un acuerdo integral definitivo para completar el cierre fracasaron. Shell y ExxonMobil reclamaron hasta EUR 3.000 millones, incluidos EUR 1.800 millones por supuestos ingresos perdidos debido a la aceleraci\u00f3n del calendario. El Gobierno rechaz\u00f3 la demanda y ofreci\u00f3 alrededor de EUR 300 millones. Los funcionarios describieron<\/a> la demanda de las empresas como \u201cmuy por encima de cualquier situaci\u00f3n de p\u00e9rdidas potenciales\u201d y \u201ccuyo objetivo principal era llevar el asunto a arbitraje\u201d.<\/p>\n

Controversia sobre el alcance de la responsabilidad empresarial<\/strong><\/h2>\n

En 2018, el Gobierno asumi\u00f3 la responsabilidad de gestionar las demandas por da\u00f1os y perjuicios y los refuerzos de las viviendas que estaban a cargo de NAM. Esta decisi\u00f3n se tom\u00f3 tras a\u00f1os de lucha de los residentes para obtener una compensaci\u00f3n justa, mientras que NAM \u2014causante de los da\u00f1os y entidad encargada de evaluarlos\u2014 controlaba el proceso. Sin embargo, desde el punto de vista jur\u00eddico, NAM segu\u00eda siendo responsable financieramente de los da\u00f1os causados por sus operaciones, por lo que el Gobierno traslad\u00f3 estos costos a NAM mediante grav\u00e1menes. En virtud del Art\u00edculo 52g de la Ley de Miner\u00eda neerlandesa<\/a>, esta responsabilidad se extiende a la fase posterior a la extracci\u00f3n, lo que obliga a NAM a prevenir y mitigar los da\u00f1os y riesgos para las personas y el medio ambiente incluso despu\u00e9s de que haya finalizado la producci\u00f3n. Los marcos internacionales, como las Directrices de la OCDE<\/span><\/span> para Empresas Multinacionales y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, tambi\u00e9n exigen a las empresas que se retiren de forma responsable<\/a>. Sin embargo, NAM sigue eludiendo sus responsabilidades.<\/p>\n

NAM a\u00fan debe<\/a> EUR 550 millones por los costos de refuerzo de las viviendas y ha dejado de contribuir a un fondo de desarrollo regional de EUR 500 millones. Mientras tanto, ha distribuido<\/a> EUR 3.000 millones en dividendos a sus accionistas, Shell y ExxonMobil, y solo ha reservado EUR 1.900 millones para la reparaci\u00f3n de da\u00f1os, muy por debajo de la estimaci\u00f3n del Gobierno, que calcula un costo de EUR 4.400 millones para 2025. Hasta la fecha, Shell y ExxonMobil tampoco han proporcionado<\/a> garant\u00edas financieras adecuadas para cumplir con las futuras obligaciones de limpieza de NAM.<\/p>\n

En lugar de contribuir a las reparaciones, las empresas han optado por la confrontaci\u00f3n para disminuir o dilatar sus responsabilidades financieras. En la actualidad hay veinte controversias<\/a> activas entre las empresas y el Estado neerland\u00e9s, entre los que se incluyen recursos administrativos, causas judiciales y m\u00faltiples arbitrajes.<\/p>\n

Tribunales privados en medio de una crisis p\u00fablica<\/strong><\/h2>\n

Actualmente hay al menos cuatro casos de arbitraje pendientes, en los que se impugnan elementos clave de la gesti\u00f3n del Gobierno neerland\u00e9s en relaci\u00f3n con la eliminaci\u00f3n gradual de la extracci\u00f3n de gas de Groningen y los planes de compensaci\u00f3n.<\/p>\n