{"id":16865,"date":"2026-01-19T15:34:32","date_gmt":"2026-01-19T14:34:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iisd.org\/itn\/?p=16865"},"modified":"2026-04-21T19:11:41","modified_gmt":"2026-04-21T17:11:41","slug":"definicion-de-la-autodeterminacion-en-medio-de-restricciones-estatales-lecciones-del-caso-lupaka-gold-vs-peru-naimeh-masumy","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iisd.org\/itn\/es\/2026\/01\/19\/definicion-de-la-autodeterminacion-en-medio-de-restricciones-estatales-lecciones-del-caso-lupaka-gold-vs-peru-naimeh-masumy\/","title":{"rendered":"Definici\u00f3n de la autodeterminaci\u00f3n en medio de restricciones estatales: lecciones del caso Lupaka Gold vs. Per\u00fa"},"content":{"rendered":"

El 25 de junio de 2025, el tribunal del caso Lupaka Gold Corp. vs. Per\u00fa<\/a><\/em> emiti\u00f3 una decisi\u00f3n sin precedentes, en la que concedi\u00f3 al inversor una compensaci\u00f3n por da\u00f1os y perjuicios de USD 40 millones. Esta sentencia<\/a> puso de relieve la responsabilidad del Per\u00fa por no haber garantizado \u201cprotecci\u00f3n y seguridad plenas\u201d frente a la interferencia de terceros, as\u00ed como por los actos de una comunidad Ind\u00edgena local, atribuidos al Estado en virtud de los Art\u00edculos 4 y 5 de los Art\u00edculos sobre Responsabilididad del Estado por Hechos Internacionalmente Il\u00edcitos<\/a> (\u201cARSIWA\u201d) de la Comisi\u00f3n de Derecho Internacional. Aunque este caso se encuentra enmarcado como una controversia convencional sobre la protecci\u00f3n plena, la diligencia debida y la atribuci\u00f3n estatal, el laudo revela de manera contundente las severas limitaciones impuestas al derecho a la libre determinaci\u00f3n de las comunidades Ind\u00edgenas. Subraya una estructura de gobernanza firmemente centrada en el Estado, en la que este conserva la autoridad supervisora \u00faltima sobre los reg\u00edmenes de inversi\u00f3n.<\/p>\n

Este art\u00edculo sostiene que los tribunales de inversi\u00f3n suelen adoptar un marco interpretativo excesivamente restrictivo a la hora de evaluar la gobernanza en contextos de autodeterminaci\u00f3n. Este marco divide la gobernanza en categor\u00edas internas y externas, lo que se aleja considerablemente de las definiciones m\u00e1s amplias establecidas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y otros \u00f3rganos jurisdiccionales internacionales. El enfoque actual en la personalidad jur\u00eddica, el reconocimiento constitucional, la estructura institucional y el estatus de derecho p\u00fablico limita la comprensi\u00f3n de la gobernanza en el marco del derecho de los Pueblos Ind\u00edgenas a la autodeterminaci\u00f3n. La formulaci\u00f3n restringida revela un marco de gobernanza dentro del sistema de ISDS<\/span><\/span> que, aunque sea aparentemente cooperativo, en \u00faltima instancia reasigna la responsabilidad y las acciones de las comunidades Ind\u00edgenas al Estado, socavando la expresi\u00f3n aut\u00e9ntica de la autodeterminaci\u00f3n.<\/p>\n

Enfoque del tribunal sobre la gobernanza, la autoridad Ind\u00edgena y la atribuci\u00f3n<\/strong><\/h2>\n

El caso Lupaka Gold vs. Per\u00fa<\/em> pone de relieve las dificultades que encuentran los tribunales de inversi\u00f3n para establecer los limites normativos de la libre determinaci\u00f3n a trav\u00e9s de la noci\u00f3n de gobernanza y agencia estatal. El caso gira en torno a una controvertida explotaci\u00f3n minera en las tierras ancestrales de la Comunidad de Par\u00e1n, que posee un estrecho legado de autogobierno y v\u00ednculos espirituales con su territorio (p\u00e1rrafos 113(b), 257-259, 360-361, 631(iii)). La Comunidad de Par\u00e1n procur\u00f3 hacer valer su autoridad mediante protestas, ocupaciones y bloqueos, acciones que interrumpieron las operaciones mineras, lo que dio lugar a acusaciones de que Per\u00fa viol\u00f3 el Art\u00edculo 805 del TLC<\/span> entre Canad\u00e1 y Per\u00fa al no ejercer la debida diligencia y garantizar protecci\u00f3n y seguridad plenas (PSP) frente la interferencia de terceros.<\/p>\n

En este contexto, la interpretaci\u00f3n del tribunal de Lupaka desvirtu\u00f3 las protestas de la Comunidad de Par\u00e1n, consider\u00e1ndolas no como expresiones v\u00e1lidas de autogobierno Ind\u00edgena, sino como una mera \u201cinterferencia de terceros\u201d. Este planteamiento se convirti\u00f3 en el eje central de las alegaciones de la demandante relativas a la violaci\u00f3n del est\u00e1ndar de PSP. La misma argument\u00f3 que las normas jur\u00eddicas aplicables impon\u00edan al Per\u00fa una obligaci\u00f3n que iba m\u00e1s all\u00e1 de la mera abstenci\u00f3n, ya que exig\u00edan medidas positivas para mitigar las perturbaciones causadas por las comunidades locales. Asimismo, la demandante aleg\u00f3 que la \u201clicencia social\u201d es una responsabilidad clara del Gobierno. Esto significa que el Estado no solo debe reconocer estas condiciones, sino tambi\u00e9n trabajar para protegerlas utilizando sus leyes y facultades de administraci\u00f3n, en lugar de considerarlas simplemente una idea social o pol\u00edtica b\u00e1sica (p\u00e1rrafos 259-263 y 598). Siguiendo esta l\u00ednea de pensamiento, la demandante cit\u00f3 el caso Cengiz vs. Libia<\/em> para ilustrar que la obligaci\u00f3n de cumplir con el est\u00e1ndar de PSP abarca dos componentes cr\u00edticos: una obligaci\u00f3n negativa de abstenerse de perjudicar la inversi\u00f3n y una obligaci\u00f3n positiva de protegerla de la interferencia de la comunidad (memorial de contestaci\u00f3n de la demandada, p\u00e1rrafo 42). Adem\u00e1s, argument\u00f3 que la obligaci\u00f3n de PSP define los l\u00edmites de la gobernanza para Per\u00fa, exigiendo al Estado que gestione activamente los riesgos. Esto significaba que Per\u00fa ten\u00eda la responsabilidad de organizar, coordinar y desplegar sus instituciones de manera que se impidiera a las comunidades Ind\u00edgenas y campesinas bloquear el proyecto minero. En este contexto, la demandante present\u00f3 la gobernanza como una responsabilidad centralizada del Estado, haciendo hincapi\u00e9 en su papel como principal autoridad en el mantenimiento del orden p\u00fablico con respecto a la inversi\u00f3n.<\/p>\n

Por el contrario, Per\u00fa present\u00f3 un punto de vista diferente de la gobernanza en su argumento, que desv\u00eda la responsabilidad del Gobierno central a trav\u00e9s de tres puntos principales:<\/p>\n

    \n
  1. Definici\u00f3n de licencia social:<\/strong> Per\u00fa argument\u00f3 que la \u201clicencia social\u201d es un acuerdo intangible, no escrito y din\u00e1mico entre una empresa y la comunidad local (p\u00e1rrafos 34 y 87). Hizo hincapi\u00e9 en que este concepto no involucra \u201cla obtenci\u00f3n formal de un Permiso ni una responsabilidad del Estado\u201d (p\u00e1rrafo 91). Adem\u00e1s, Per\u00fa afirm\u00f3 que no es necesario obtener un permiso formal, tal y como se entiende en el derecho administrativo tradicional (p\u00e1rrafo 91). En este marco, la licencia social existe fuera del alcance de la autoridad regulatoria del Estado, lo que significa que el Gobierno central no tiene ninguna obligaci\u00f3n de diligencia debida al respecto.<\/li>\n
  2. Responsabilidad empresarial para mantener el orden local:<\/strong> Per\u00fa argument\u00f3 que la empresa es responsable de mantener relaciones pac\u00edficas y armoniosas con la comunidad local dentro de su zona de influencia. Este punto de vista traslada a la empresa la responsabilidad de gestionar las interacciones locales. Se espera que la empresa gestione las expectativas de la comunidad, genere confianza y obtenga el consentimiento t\u00e1cito, mientras que el papel del Estado se limita a facilitar el di\u00e1logo, sin imponer medidas correctivas para proteger la inversi\u00f3n privada (p\u00e1rrafo 105).<\/li>\n
  3. Autodeterminaci\u00f3n de los Pueblos Ind\u00edgenas y la responsabilidad del Estado:<\/strong> Citando el Convenio No. 169 de la OIT<\/span><\/span> y la Declaraci\u00f3n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind\u00edgenas (UNDRIP, por sus siglas en ingl\u00e9s), Per\u00fa aleg\u00f3 que las acciones emprendidas por las comunidades Ind\u00edgenas se basan en su derecho a la libre determinaci\u00f3n. Asimismo, afirm\u00f3 que cuando estas comunidades expresan sus derechos mediante protestas, bloqueos u ocupaciones, el Estado no puede ser considerado responsable de tales acciones (p\u00e1rrafo 197). Dado que el Estado est\u00e1 obligado por obligaciones internacionales a respetar la autonom\u00eda Ind\u00edgena, su capacidad de intervenci\u00f3n es limitada, lo que lo exime de responsabilidad por la resistencia de la comunidad.<\/li>\n<\/ol>\n

    Al abordar la responsabilidad de Per\u00fa, el tribunal adopt\u00f3 un enfoque diferente. Las conclusiones del tribunal delinean un marco claro y significativo para la responsabilidad del Estado con respecto a las comunidades Ind\u00edgenas en virtud del TLC.<\/p>\n

    En primer lugar, el tribunal establece que Per\u00fa tiene la firme obligaci\u00f3n positiva de ejercer diligencia debida en la protecci\u00f3n de la inversi\u00f3n, lo que incluye gestionar y mitigar activamente la resistencia de la comunidad. Concluye que Per\u00fa no cumpli\u00f3 con esta responsabilidad, afirmando que sus intentos de di\u00e1logo fueron \u201cineficaces\u201d y no cumplieron con los par\u00e1metros necesarios seg\u00fan el est\u00e1ndar de PSP (p\u00e1rrafo 360). Se espera que el Estado adopte medidas proactivas para anticipar y neutralizar posibles disturbios, en lugar de limitarse a convocar debates o recurrir a estrategias no coercitivas.<\/p>\n

    Esta compartimentaci\u00f3n se torna evidente en el an\u00e1lisis de atribuci\u00f3n del tribunal seg\u00fan los Art\u00edculos de la CDI sobre Responsabilidad del Estado. Atribuye los bloqueos y ocupaciones por parte de la Comunidad de Par\u00e1n al Per\u00fa, interpretando a dicha comunidad como un \u00f3rgano del Estado en virtud del Art\u00edculo 4 de los ARSIWA (memorial de la demandante, p\u00e1rrafo 237 y ss.; memorial de contestaci\u00f3n de la demandada, p\u00e1rrafo 385). Como comunidad campesina registrada, reconocida constitucionalmente y estructurada como entidad de derecho p\u00fablico, sus acciones se consideran parte integrante del aparato estatal. El tribunal sostiene que las referencias a la autonom\u00eda, al Convenio No. 169 de la OIT y a la UNDRIP no alteran esta clasificaci\u00f3n. Como se\u00f1al\u00f3 el tribunal, \u201cla autonom\u00eda de la Comunidad de Par\u00e1n, as\u00ed como las referencias al Convenio No. 169 de la OIT y a la UNDRIP, no modifican esta caracterizaci\u00f3n. Si bien se reconoce la autonom\u00eda, ello no disminuye el hecho de que la Comunidad, como entidad de derecho p\u00fablico, es parte integrante del aparato estatal del Per\u00fa\u201d (p\u00e1rrafo 239).<\/p>\n

    Al designar a la Comunidad de Par\u00e1n como un \u00f3rgano estatal, el tribunal integra efectivamente la gobernanza Ind\u00edgena en el marco del Estado, presentando a dicha comunidad como una extensi\u00f3n descentralizada del Estado peruano. Esta caracterizaci\u00f3n tiene una consecuencia importante: ignora el hecho de que la autoridad de la Comunidad de Par\u00e1n es anterior al reconocimiento del Estado, ya que se basa en el derecho consuetudinario y la autodeterminaci\u00f3n, y no en una concesi\u00f3n jer\u00e1rquica de poderes. Sin embargo, niega que esta autoridad se extienda al control de los actores externos, la explotaci\u00f3n de los recursos o el destino del proyecto minero. En este sentido, los poderes de gobernanza est\u00e1n claramente divididos: la autoridad interna sobre la vida comunitaria se asigna a la Comunidad de Par\u00e1n, mientras que la autoridad externa sobre la inversi\u00f3n, el desarrollo de los recursos y las relaciones con las empresas se reservan al Estado central. Esta estructura \u201cinterna\/externa\u201d restringe gravemente la capacidad de la comunidad para influir en las decisiones m\u00e1s importantes que afectan a su territorio, lo que limita efectivamente su papel en la gobernanza. Como resultado, las acciones colectivas de la comunidad, incluidas las protestas y los bloqueos, se clasifican como conducta estatal en virtud del Art\u00edculo 4 de los ARSIWA (p\u00e1rrafo 240). Adem\u00e1s, incluso si la Comunidad de Par\u00e1n estuviera decidida a actuar ultra vires<\/em>, el tribunal invoca el Art\u00edculo 7 de los ARSIWA para afirmar que tales acciones siguen siendo atribuibles al Estado, ya que se produjeron a trav\u00e9s de canales institucionales formales. As\u00ed, el razonamiento del tribunal sobre la naturaleza de los \u00f3rganos estatales se basa en criterios formales que abarcan la personalidad jur\u00eddica en virtud del derecho interno, el reconocimiento constitucional, una estructura institucional definida y el estatus de derecho p\u00fablico.<\/p>\n