{"id":16354,"date":"2025-04-30T14:48:54","date_gmt":"2025-04-30T12:48:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iisd.org\/itn\/?p=16354"},"modified":"2025-04-30T14:49:12","modified_gmt":"2025-04-30T12:49:12","slug":"el-resurgimiento-de-la-isds-basada-en-contratos-y-el-riesgo-de-internacionalizar-las-relaciones-entre-inversionistas-y-estados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iisd.org\/itn\/es\/2025\/04\/30\/el-resurgimiento-de-la-isds-basada-en-contratos-y-el-riesgo-de-internacionalizar-las-relaciones-entre-inversionistas-y-estados\/","title":{"rendered":"El Resurgimiento de la ISDS basada en contratos y el Riesgo de Internacionalizar las Relaciones entre Inversionistas y Estados"},"content":{"rendered":"

Introducci\u00f3n<\/strong><\/h2>\n

Sobrevivir implica adaptarse. Mientras que los tratados de inversi\u00f3n enfrentan una mayor resistencia en todos los frentes, especialmente a la sombra del cambio clim\u00e1tico, la Soluci\u00f3n de Controversias entre Inversionista y Estado (ISDS<\/span><\/span>, por sus siglas en ingl\u00e9s) basada en tratados tambi\u00e9n se ha puesto bajo sospecha. En los \u00faltimos a\u00f1os, la UE<\/span><\/span><\/a> y el RU<\/a> notificaron su retirada del TCE<\/span>, a pesar de la \u201cmodernizaci\u00f3n<\/a>\u201d del tratado. La Corte Constitucional de Ecuador declar\u00f3 inconstitucional<\/a> una disposici\u00f3n de tratado que otorgaba el acceso de los inversores extranjeros al arbitraje en el CIADI<\/span> por incumplir el Art\u00edculo 422 de la constituci\u00f3n ecuatoriana. Los ciudadanos de dicho pa\u00eds tambi\u00e9n votaron abrumadoramente a favor de mantener el Art\u00edculo 422 en su constituci\u00f3n, descartando efectivamente el retorno de la ISDS por ahora<\/a>. Y aunque el Grupo de Trabajo III de la CNUDMI<\/span> sigue debatiendo las posibles reformas, el proceso ha suscitado cr\u00edticas<\/a>, y su eficacia contin\u00faa siendo incierta<\/a>. Estos acontecimientos han renovado el llamado a priorizar los arbitrajes basados en contratos conforme a las cl\u00e1usulas de arbitraje de los acuerdos de inversi\u00f3n negociados entre inversores extranjeros y Estados receptores. Seg\u00fan Alexis Mourre<\/a>, un destacado \u00e1rbitro, \u201cla comunidad arbitral est\u00e1 \u2018perdiendo\u2019 la batalla para garantizar la supervivencia de la ISDS \u2026 y deber\u00eda contemplar, en su lugar, un retorno a la protecci\u00f3n contractual de las inversiones\u201d. Esta sugerencia surge a ra\u00edz del proyecto conjunto sobre contratos internacionales de inversi\u00f3n<\/a> (Proyecto CII) iniciado por UNIDROIT y el Instituto de Derecho Mercantil Mundial de la C\u00e1mara de Comercio Internacional, cuyo objetivo es desarrollar una norma internacional que gu\u00ede la relaci\u00f3n contractual entre los Estados y los inversores privados, incluso proporcionando orientaci\u00f3n sobre aspectos relativos a los est\u00e1ndares de tratado del derecho internacional de las inversiones<\/a>.<\/p>\n

La sugerencia de Mourre no resulta sorprendente. El derecho y el arbitraje internacional hist\u00f3ricamente han desempe\u00f1ado un papel importante para limitar el alcance de los tribunales nacionales y las leyes municipales de los Estados (receptores) sobre las controversias relativas a las inversiones extranjeras, y por lo tanto, para regular los t\u00e9rminos de las relaciones entre los inversores y los Estados. [1]<\/sup><\/a> Por consiguiente, aunque no sea en virtud de un tratado de inversi\u00f3n, someter las controversias de inversi\u00f3n a procedimientos de arbitraje internacional \u2014incluso en virtud del Convenio del CIADI\u2014 podr\u00eda seguir protegiendo a los inversores extranjeros de la jurisdicci\u00f3n de los Estados receptores. Desde este punto de vista, la urgencia de sustituir la ISDS basada en tratados por el arbitraje contractual no es algo totalmente inesperado.<\/p>\n

Dada la eficiencia del arbitraje, esto por s\u00ed mismo no ser\u00eda algo problem\u00e1tico siempre y cuando el consentimiento de todas las partes siga siendo libre \u2014tanto formal como sustancialmente. No obstante, estos procedimientos de arbitraje conllevan ciertos riesgos. Uno de ellos incluye la tentaci\u00f3n de los tribunales internacionales de marginar la legislaci\u00f3n municipal aplicable que rige la relaci\u00f3n contractual entre las partes y elevar la transacci\u00f3n al plano internacional. De este modo, los tribunales internacionales pueden comprobar la adecuaci\u00f3n de la conducta del Estado receptor por referencia no solo a la elecci\u00f3n de las partes de la legislaci\u00f3n municipal, sino tambi\u00e9n a los principios del derecho internacional. Con el resurgimiento anticipado de la ISDS basada en contratos, este aspecto se tornar\u00eda m\u00e1s importante. De hecho, tal como se destaca en el Informe de la Cuarta Sesi\u00f3n (25 al 27 de noviembre de 2024) del Proyecto CII<\/a> en relaci\u00f3n con la elecci\u00f3n de las cl\u00e1usulas legislativas en los CII: \u201cel derecho internacional p\u00fablico no podr\u00eda ni deber\u00eda excluirse de una configuraci\u00f3n contractual como la de los CII ya que es particularmente relevante para articular la protecci\u00f3n de los objetivos de pol\u00edtica\u201d.<\/p>\n

Este riesgo no carece de precedentes. Antony Anghie explica c\u00f3mo se desarroll\u00f3 el \u201cderecho transnacional\u201d en la d\u00e9cada de 1950 sobre la insistencia infundada de que las leyes municipales de los nuevos Estados independientes no se encontraban suficientemente desarrolladas para tratar las controversias transfronterizas, y de que las partes no pod\u00edan haber tenido la intenci\u00f3n de que sus contratos se rigieran por dichas leyes. [2]<\/sup><\/a> En los \u00faltimos a\u00f1os, los principios del derecho internacional consuetudinario (DIC) relativos a la protecci\u00f3n de los extranjeros pueden haber ayudado a llegar a conclusiones similares. Un ejemplo notable es la decisi\u00f3n jurisdiccional del caso Cambodia Power Company vs. El Reino de Cambodia<\/a><\/em>, en la cual un tribunal del CIADI, cuya jurisdicci\u00f3n derivaba de acuerdos contractuales regidos por el Derecho ingl\u00e9s, se consider\u00f3 competente para decidir tambi\u00e9n sobre demandas que alegaban la violaci\u00f3n de las normas del DIC. Explic\u00f3 que \u201cel derecho internacional consuetudinario existe y puede aplicarse independientemente de cualquier elecci\u00f3n de la ley\u201d y que la elecci\u00f3n de las partes del Derecho ingl\u00e9s en realidad ten\u00eda el efecto de incluir al DIC a trav\u00e9s de la doctrina de la incorporaci\u00f3n. [3]<\/sup><\/a> Para el tribunal, la verdadera cuesti\u00f3n era determinar si las partes hab\u00edan excluido la aplicaci\u00f3n de las normas del DIC, y consider\u00f3 que, en este caso, no lo hicieron. [4]<\/sup><\/a> Como demuestra Kate Parlett, estas decisiones no son excepcionales. [5]<\/sup><\/a><\/p>\n

Teniendo en cuenta los legados coloniales del DIC<\/a>, esta tendencia de los tribunales arbitrales internacionales puede criticarse desde la \u00f3ptica de un enfoque hist\u00f3rico del Tercer Mundo al derecho internacional (TWAIL, por sus siglas en ingl\u00e9s) (tal como argument\u00f3 el autor en otra publicaci\u00f3n<\/a>). Sin embargo, incluso desde una perspectiva puramente doctrinal, varios errores de dicho enfoque merecen atenci\u00f3n. Estos conciernen (i) la distinci\u00f3n entre jurisdicci\u00f3n y el derecho aplicable y (ii) la falta de fiabilidad de la doctrina de la incorporaci\u00f3n.<\/p>\n

Distinci\u00f3n entre la Jurisdicci\u00f3n y el Derecho Aplicable<\/strong><\/h2>\n

La afirmaci\u00f3n por defecto de la jurisdicci\u00f3n del DIC en los procedimientos de ISDS basados en contratos, como indic\u00f3 el tribunal de Cambodia Power<\/em>, no es s\u00f3lida ya que socava el principio de consentimiento.<\/p>\n

En primer lugar, la igualdad soberana exige que un foro judicial internacional solo pueda ejercer jurisdicci\u00f3n sobre un Estado con su consentimiento. Los tribunales de ISDS, ya sea que hayan sido constituidos en virtud de un tratado o de un contrato de inversi\u00f3n, no son la excepci\u00f3n a la regla. Esto impone a cada inversor demandante la carga de demostrar, y al tribunal la responsabilidad de determinar, si el Estado receptor ha autorizado al tribunal a evaluar la compatibilidad de su conducta con respecto a las normas invocadas, incluido el DIC.<\/p>\n

Sin embargo, la noci\u00f3n de consentimiento es independiente de la ley que rige la conducta de las partes o su relaci\u00f3n contractual. Esta \u00faltima se refiere a las normas jur\u00eddicas que las partes aceptan cumplir (como someter su contrato al Derecho ingl\u00e9s) o las que generalmente los vinculan por raz\u00f3n de su existencia (como las normas del derecho de sociedades del Estado donde se ha constituido una empresa o las normas jus cogens<\/em>). Sin embargo, la mera existencia de tales normas jur\u00eddicas no implica que las partes tambi\u00e9n hayan autorizado a un tribunal arbitral a aplicarlas para decidir una controversia de inversi\u00f3n. Dicha autorizaci\u00f3n no puede deducirse del car\u00e1cter consuetudinario de las normas invocadas sino que debe rastrearse independientemente hasta la fuente de la jurisdicci\u00f3n del tribunal, como una cl\u00e1usula de arbitraje contenida en un contrato.<\/p>\n

Tal como explic\u00f3 la Corte Internacional de Justicia en el caso Fisheries Jurisdiction<\/a>: \u201c[e]xiste una diferencia fundamental entre la aceptaci\u00f3n, por parte de un Estado, de la jurisdicci\u00f3n de la Corte y la compatibilidad de los actos particulares con el derecho internacional. La primera requiere consentimiento. La segunda solo puede determinarse cuando la Corte se ocupa del fondo, luego de haber establecido su jurisdicci\u00f3n\u201d. [6]<\/sup><\/a><\/p>\n

En consecuencia, al abordar argumentos similares a los del caso Cambodia Power<\/em>, los tribunales internacionales a menudo han declinado su jurisdicci\u00f3n. En el Caso MOX Plant<\/a><\/em>, un tribunal constituido en virtud de la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) tuvo que determinar si pod\u00eda decidir sobre las demandas de Irlanda derivadas de instrumentos distintos de la Convenci\u00f3n. En su apoyo, Irlanda cit\u00f3 el Art\u00edculo 293 de la CONVEMAR<\/a>, titulado Derecho Aplicable, el cual dispone que \u201c[l]a corte o tribunal competente en virtud de esta secci\u00f3n aplicar\u00e1 esta Convenci\u00f3n y las dem\u00e1s normas de derecho internacional que no sean incompatibles con ella\u201d. Sin embargo, el tribunal marc\u00f3 una diferencia entre el derecho aplicable y la competencia \u2014esta \u00faltima abordada en el Art\u00edculo 288 de la CONVEMAR\u2013 y concluy\u00f3 que las demandas adicionales de Irlanda eran inadmisibles por falta de consentimiento. [7]<\/sup><\/a><\/p>\n

En segundo lugar, incluso m\u00e1s all\u00e1 del derecho internacional, el consentimiento sigue siendo el fundamento del arbitraje. Ning\u00fan inversor posee el derecho inherente a acceder a la jurisdicci\u00f3n arbitral y solicitar reparaci\u00f3n por un perjuicio causado por el supuesto incumplimiento de un Estado de una norma jur\u00eddica vinculante. Se trata del goce de un privilegio, sujeto no solo a la existencia sino tambi\u00e9n al alcance del consentimiento de las partes a arbitraje. Las partes de un contrato pueden, despu\u00e9s de todo, otorgar un consentimiento limitado a arbitrar determinadas \u2014pero no todas\u2014 las controversias surgidas de su transacci\u00f3n, lo cual limitar\u00eda el alcance de la consiguiente jurisdicci\u00f3n del tribunal. En pocas palabras, puede no haber jurisdicci\u00f3n arbitral a menos que haya sido creada y est\u00e9 amparada por el consentimiento mutuo de las partes. Esto contradice la decisi\u00f3n del caso Cambodia Power<\/em>, que presupone una jurisdicci\u00f3n por defecto para decidir las demandas relativas al DIC a menos que se encuentre expl\u00edcitamente excluida por las partes.<\/p>\n

Dos decisiones del CIADI, pese a haber sido emitidas en procedimientos relativos a una legislaci\u00f3n y a un tratado de inversi\u00f3n respectivamente, corroboran esta postura.<\/p>\n

En Inceysa vs. El Salvador<\/a><\/em>, las controversias de las partes surgieron del supuesto incumplimiento de un contrato de servicios entre la demandante y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, cuya Cl\u00e1usula 21 exig\u00eda el sometimiento de toda controversia a arbitraje de conformidad con el derecho salvadore\u00f1o. La demandante interpret\u00f3 que esta referencia inclu\u00eda al Art\u00edculo 15 de la Ley de Inversi\u00f3n de El Salvador, que mencionaba el Convenio del CIADI. El Salvador objet\u00f3 la jurisdicci\u00f3n del CIADI para decidir sobre las demandas contractuales de la demandante, se\u00f1alando una disparidad entre la fuente invocada de la jurisdicci\u00f3n del tribunal (es decir, la ley municipal de inversi\u00f3n) y la base jur\u00eddica de las demandas entabladas (es decir, el incumplimiento del contrato). El tribunal se pronunci\u00f3 a favor de El Salvador. Sostuvo que \u201cpara invocar la jurisdicci\u00f3n arbitral prevista en la Ley de Inversi\u00f3n, debe existir un reclamo fundado sustantivamente en dicha ley, situaci\u00f3n que no se presenta en el caso que nos ocupa\u201d. [8]<\/sup><\/a> Esto no significaba que el contrato de las partes ya no fuera vinculante, sino que la legislaci\u00f3n que conten\u00eda el consentimiento del Estado al arbitraje del CIADI no autorizaba al tribunal a decidir sobre demandas que alegaran el incumplimiento del contrato.<\/p>\n

La decisi\u00f3n en el caso Emmis vs. Hungr\u00eda<\/a><\/em> tiene el mismo sentido. La demandante solicit\u00f3 un tribunal del CIADI constituido en virtud del TBI<\/span> entre Hungr\u00eda y los Pa\u00edses Bajos y el TBI entre Hungr\u00eda y Suiza para decidir sobre demandas que alegaban una violaci\u00f3n de las normas del DIC. Hungr\u00eda solicit\u00f3 una desestimaci\u00f3n preliminar de conformidad con la Regla 41(5) del Reglamento de Arbitraje del CIADI por falta de jurisdicci\u00f3n, que seg\u00fan su opini\u00f3n, no pod\u00eda subsanarse remiti\u00e9ndose a la expresi\u00f3n \u201caquellas normas de derecho internacional que pudieren ser aplicables\u201d contenida en el Art\u00edculo 42(1) del Convenio del CIADI que trata el derecho aplicable. El tribunal, en principio, estuvo de acuerdo. Aclar\u00f3 que la cuesti\u00f3n no se trataba de la determinaci\u00f3n del contenido de las normas del DIC sino si hab\u00eda sido autorizado para decidir sobre la \u201ccausa de acci\u00f3n separada adicional\u201d [9]<\/sup><\/a> de la demandante. Se trataba de una cuesti\u00f3n de jurisdicci\u00f3n, no del derecho aplicable, que deb\u00eda responderse remiti\u00e9ndose al alcance del consentimiento otorgado en los tratados invocados. El tribunal finalmente concluy\u00f3 que, si bien el Art\u00edculo 10 del TBI entre Hungr\u00eda y Suiza no conced\u00eda dicha autorizaci\u00f3n, el Art\u00edculo 10 del TBI entre Hungr\u00eda y los Pa\u00edses Bajos era m\u00e1s permisivo. [10]<\/sup><\/a><\/p>\n

No hay ninguna raz\u00f3n convincente para que los tribunales de ISDS basada en contratos adopten un enfoque diferente. Despu\u00e9s de todo, independientemente de la fuente exacta del consentimiento de los Estados receptores al arbitraje, la naturaleza consuetudinaria o vinculante del derecho internacional sigue siendo distinta de la jurisdicci\u00f3n de un tribunal de ISDS para examinar el cumplimiento de ese Estado con dicha obligaci\u00f3n.<\/p>\n

Revisar la Doctrina de la Incorporaci\u00f3n<\/strong><\/h2>\n

Otro obst\u00e1culo a la posible internacionalizaci\u00f3n de los contratos de inversi\u00f3n se relaciona con la doctrina de la incorporaci\u00f3n, a la cual hizo referencia el tribunal de Cambodia Power<\/em>.<\/p>\n

En el Reino Unido, tradicionalmente se entend\u00eda que, en general, la doctrina de la incorporaci\u00f3n implicaba que las normas del DIC autom\u00e1ticamente pasaban a formar parte del Derecho ingl\u00e9s. [11]<\/sup><\/a> Sin embargo, acad\u00e9micos<\/a> y tribunales<\/a> ingleses han comenzado a dudar de esta afirmaci\u00f3n y han objetado los t\u00e9rminos indefinidos en los que se ha establecido esta doctrina. Por ejemplo, en In re McKerr<\/a><\/em>, la C\u00e1mara de los Lores aclar\u00f3 que la incorporaci\u00f3n del derecho internacional tiene poca relevancia cuando una ley promulgada por el Parlamento se ocupa de ese \u00e1mbito. Por consiguiente, rechaz\u00f3 la creaci\u00f3n de una obligaci\u00f3n ineludible de common law, an\u00e1loga al Art\u00edculo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en un \u00e1mbito del derecho sobre el cual el Parlamento ha legislado durante mucho tiempo, ya que esto contradir\u00eda el desarrollo habitual del common law. [12]<\/sup><\/a> El Supremo Tribunal del RU reforz\u00f3 esta posici\u00f3n en el caso Keyu vs. la Secretar\u00eda de Estado<\/a><\/em>, aclarando que \u201cno ser\u00eda apropiado que los tribunales ingleses importen el principio del DIC sugerido\u2026 al derecho interno, ya que el Parlamento se ha anticipado efectivamente en todo lo referente a este \u00e1mbito\u201d. [13]<\/sup><\/a><\/p>\n

Dada esta incertidumbre sobre su estatus y alcance, la doctrina de la incorporaci\u00f3n dif\u00edcilmente proporciona una base fiable para elevar casualmente los contratos regidos por el derecho municipal al plano internacional.<\/p>\n

Incluso en caso contrario, la doctrina de la incorporaci\u00f3n \u2014o como se entendi\u00f3 en Cambodia Power<\/em>\u2014 carece de amplia aceptaci\u00f3n en otras regiones. Los diferentes Estados, incluidos aquellos que adoptan la tradici\u00f3n del common law, abordan la relaci\u00f3n entre el derecho municipal y el internacional de manera distinta. Muchos dan efecto a los principios del derecho internacional \u00fanicamente en la medida en que sean coherentes con los principios constitucionales nacionales, [14]<\/sup><\/a> socavando as\u00ed cualquier posibilidad de incorporaci\u00f3n autom\u00e1tica. En consecuencia, en los contratos que no se rigen por el Derecho ingl\u00e9s, no existe un fundamento razonable para insistir en que, al someter su contrato a una ley municipal en particular, las partes simult\u00e1neamente hayan tenido la intenci\u00f3n de crear una jurisdicci\u00f3n por defecto del DIC a trav\u00e9s de la incorporaci\u00f3n impl\u00edcita de sus normas.<\/p>\n

Por estas razones, los estudiosos del derecho internacional ahora restan importancia a la utilidad de la doctrina de la incorporaci\u00f3n en los casos de ISDS. Christoph Schreuer opina que \u201cno ser\u00eda prudente basarse en la incorporaci\u00f3n del derecho internacional al derecho interno como proposici\u00f3n general. El estatus del derecho internacional bajo las constituciones nacionales var\u00eda enormemente\u201d. [15]<\/sup><\/a> Hege Kjos coincide, observando que \u201clos [e]stados difieren con respecto al grado en que incorporan el derecho internacional; y por lo tanto, deber\u00eda advertirse a los inversores que no deben basarse en la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica del derecho internacional a trav\u00e9s del derecho nacional\u201d. [16]<\/sup><\/a> Asimismo, Malcolm Shaw concluye que \u201cpor consiguiente, es posible que ahora sea necesario aplicar un grado considerable de cautela con respecto a la proposici\u00f3n tradicional expresada abiertamente de que el derecho internacional consuetudinario forma parte del Derecho ingl\u00e9s\u201d. [17]<\/sup><\/a><\/p>\n

Uno espera que los futuros tribunales de ISDS se gu\u00eden por estas observaciones, en contraposici\u00f3n al razonamiento expresado por el tribunal del caso Cambodia Power<\/em>.<\/p>\n

Conclusi\u00f3n<\/strong><\/h2>\n

El resurgimiento anticipado de la ISDS basada en contratos pone de manifiesto el riesgo de que los tribunales arbitrales internacionalicen las relaciones entre inversionistas y Estados que habitualmente se rigen por leyes municipales. Tal como demostr\u00f3 la decisi\u00f3n de Cambodia Power, esto podr\u00eda crear jurisdicci\u00f3n potencialmente infinita en la que, independientemente del alcance del consentimiento de las partes, los tribunales podr\u00edan decidir sobre demandas que alegan una violaci\u00f3n de cualquier norma internacional percibida como consuetudinaria. Considerando los legados imperiales del DIC<\/a> y del derecho internacional de las inversiones<\/a>, este resultado dif\u00edcilmente sea satisfactorio. Por lo tanto, es necesario protegerse contra estos riesgos. Si bien resulta dif\u00edcil predecir el enfoque de los futuros tribunales de ISDS basada en contratos, es preciso garantizar que el descontento con la ISDS basada en tratados no se extienda al \u00e1mbito contractual. De lo contrario, parafraseando a Mourre, la comunidad del arbitraje internacional podr\u00eda correr el riesgo de perder, tambi\u00e9n, esta \u00faltima batalla.<\/p>\n

\n

Autor<\/strong><\/h3>\n

Harshad Pathak<\/strong> es un abogado indio, actualmente candidato doctoral en la Universidad de Ginebra y consultor del equipo de Arbitraje Internacional en Mayer Brown Paris; harshad.pathak@mids.ch<\/a>.<\/p>\n

El autor desea agradecer a los participantes del taller sobre contratos internacionales de inversi\u00f3n en Lillehammer (2024) \u2014especialmente a la Dra. Yuliya Chernykh y a la Dra. Natalia Torres Zuniga\u2014 por sus aportes al borrador inicial. El contenido del presente art\u00edculo pertenece exclusivamente a la opini\u00f3n del autor y no a ninguna de las organizaciones con las pueda estar asociado.<\/p>\n

[1]<\/sup><\/a> Miles, K. (2013). The origins of international investment law: Empire, environment and the safeguarding of capital<\/em>. Cambridge University Press, en 56\u201358, 67\u201368.<\/p>\n

[2]<\/sup><\/a> Anghie, A. (2005). Imperialism, sovereignty and the making of international law<\/em>. Cambridge University Press, en 228.<\/p>\n

[3]<\/sup><\/a> Cambodia Power Company vs. El Reino de Cambodia<\/em>, Caso del CIADI No ARB\/09\/18, Decisi\u00f3n sobre Jurisdicci\u00f3n (22 de marzo, 2011) [332\u2013333].<\/p>\n

[4]<\/sup><\/a> ibid 335.<\/p>\n

[5]<\/sup><\/a> Parlett, K. (2016). Claims under customary international law in ICSID<\/span> arbitration. ICSID Review 31<\/em>(2), 434\u2013456.<\/p>\n

[6]<\/sup><\/a> Fisheries Jurisdiction (Espala vs. Canad\u00e1)<\/em> Jurisdicci\u00f3n de la Corte, Sentencia (4 de diciembre, 1998), Informes de la CIJ 1998, p\u00e1rrafos 432, 456.<\/p>\n

[7]<\/sup><\/a> El Caso MOX Plant (Irlanda vs. el Reino Unido)<\/em> Caso ITLOS No 10, ICGJ 343 (ITLOS 2001), Orden No 3 (24 de junio, 2003) [19].<\/p>\n

[8]<\/sup><\/a> Inceysa Vallisoletana SL vs. Rep\u00fablica de El Salvador<\/em>, Caso del CIADI No ARB\/03\/26, Laudo (2 de agosto, 2006) [333].<\/p>\n

[9]<\/sup><\/a> Emmis International Holding, BV and others vs. Hungr\u00eda<\/em>, Caso del CIADI No ARB\/12\/2, Decisi\u00f3n sobre la Objeci\u00f3n del Demandado en virtud de la Regla de Arbitraje 41(5) del CIADI (11 de marzo, 2013) [79].<\/p>\n

[10]<\/sup><\/a> ibid., 80\u201383.<\/p>\n

[11]<\/sup><\/a> Trendtex Trading Corporation vs. Banco Central de Nigeria<\/em> [1977] QB 529, 554.<\/p>\n

[12]<\/sup><\/a> In re McKerr<\/em> [2004] UKHL 12 [32].<\/p>\n

[13]<\/sup><\/a> Keyu and others vs. Secretar\u00eda de Estado de Asuntos Exteriores y el Commonwealth y otros<\/em> [2015] UKSC 69 [151].<\/p>\n

[14]<\/sup><\/a> Por ejemplo, v\u00e9ase Adigun, M. (2019). The status of customary international law under the Nigerian legal system. Commonwealth Law Bulletin, 45<\/em>(1), en 115; Commissioner of Customs, Bangalore vs. GM Exports<\/em>, Corte Suprema de la India, (2016) 1 SCC<\/span><\/span> 91 (23 de septiembre, 2015).<\/p>\n

[15]<\/sup><\/a> Schreuer, C. H., Malintoppi, L., Reinisch., A., & Sinclair, A. (2009). The ICSID Convention<\/span> – A commentary<\/em> (2nd ed.). Cambridge University Press, en 582. https:\/\/icsid.worldbank.org\/sites\/default\/files\/parties_publications\/C8394\/Claimants%27%20documents\/CL%20-%20Exhibits\/CL-0077.pdf<\/a><\/p>\n

[16]<\/sup><\/a> Kjos, H. E. (2013). Applicable law in investor-state arbitration: The interplay between national and international law<\/em> (1era ed). Oxford University Press. 182\u2013183.<\/p>\n

[17]<\/sup><\/a> Shaw, M. N. (2017). International law<\/em> (8th ed.). Cambridge University Press, en 112.<\/p>\n