{"id":13562,"date":"2024-04-02T14:54:33","date_gmt":"2024-04-02T12:54:33","guid":{"rendered":"http:\/\/172.30.141.17\/2024\/04\/02\/la-decision-del-tribunal-del-ciadi-en-el-caso-bsg-resources-vs-guinea-concluye-que-las-licencias-mineras-se-obtuvieron-mediante-actos-de-corrupcion\/"},"modified":"2024-08-16T19:58:19","modified_gmt":"2024-08-16T17:58:19","slug":"la-decision-del-tribunal-del-ciadi-en-el-caso-bsg-resources-vs-guinea-concluye-que-las-licencias-mineras-se-obtuvieron-mediante-actos-de-corrupcion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iisd.org\/itn\/es\/2024\/04\/02\/la-decision-del-tribunal-del-ciadi-en-el-caso-bsg-resources-vs-guinea-concluye-que-las-licencias-mineras-se-obtuvieron-mediante-actos-de-corrupcion\/","title":{"rendered":"La decisi\u00f3n del tribunal del CIADI en el caso BSG Resources vs Guinea concluye que las licencias mineras se obtuvieron mediante actos de corrupci\u00f3n"},"content":{"rendered":"

BSG Resources Limited (en administraci\u00f3n), BSG Resources (Guinea) Limited y BSG Resources (Guinea) S\u00c0RL vs. La Rep\u00fablica de Guinea (I),<\/span><\/i> Caso del CIADI<\/span> Case No. ARB\/14\/22<\/span><\/h2>\n

 <\/p>\n

Resumen<\/h3>\n

BSG Resources Limited (en administraci\u00f3n), BSG Resources (Guinea) Limited y BSG Resources (Guinea) S\u00c0RL (juntas \u201c<\/span>BSG<\/b>\u201d o las \u201c<\/span>demandantes<\/b>\u201d) iniciaron dos procedimientos de arbitraje, posteriormente consolidados, contra la Rep\u00fablica de Guinea (\u201c<\/span>Guinea<\/b>\u201d o la \u201c<\/span>demandada<\/b>\u201d) (juntas las \u201c<\/span>partes<\/b>\u201d) de conformidad con la legislaci\u00f3n nacional sobre inversi\u00f3n de Guinea y en virtud de los Art\u00edculos 25 y 36 del Convenio del CIADI. Los procedimientos se presentaron tras la (supuesta) expropiaci\u00f3n il\u00edcita de la inversi\u00f3n de las demandantes en relaci\u00f3n con la revocaci\u00f3n de licencias mineras concedidas en Guinea.<\/span><\/p>\n

Sin embargo, <\/span>el <\/span>Tribunal del caso BSG<\/span><\/a>, tras determinar que las licencias mineras se obtuvieron mediante actos de corrupci\u00f3n, dictamin\u00f3 que las demandas, as\u00ed como las reconvenciones presentadas por Guinea, eran inadmisibles. Asimismo, despu\u00e9s de las alegaciones de las partes sobre las costas, el tribunal orden\u00f3 que las demandantes deber\u00edan asumir el 80% del total de los costos del procedimiento y los gastos de las respectivas partes, incluida la tasa de \u00e9xito de la defensa de Guinea.<\/span><\/p>\n

Antecedentes<\/h3>\n

Las controversias surgieron en relaci\u00f3n con las zonas de extracci\u00f3n de mineral de hierro en Simandou y Zogota al sudeste de Guinea, para las cuales BSG hab\u00eda obtenido licencias mineras. En 2011, y con el objetivo de luchar contra la corrupci\u00f3n, Guinea adopt\u00f3 un nuevo c\u00f3digo minero, e inici\u00f3 un proceso de revisi\u00f3n de los derechos y proyectos mineros existentes en Guinea.\u00a0<\/span><\/p>\n

El proceso de revisi\u00f3n expuso la participaci\u00f3n de BSG en actos de corrupci\u00f3n, llevando a la rescisi\u00f3n y revocaci\u00f3n de sus concesiones mineras en abril de 2014. BSG impugn\u00f3 estas acusaciones e interpuso demandas contra Guinea por expropiaci\u00f3n il\u00edcita y discriminaci\u00f3n ante el CIADI.<\/span><\/p>\n

La inadmisibilidad de las demandas de BSG<\/h3>\n

La demandada argument\u00f3 que las acusaciones de corrupci\u00f3n no afectaban la jurisdicci\u00f3n del tribunal sobre la controversia (p\u00e1rrafo 269)<\/span>. De hecho, Guinea sostuvo que la cuesti\u00f3n de corrupci\u00f3n era un tema central en la controversia, lo cual influ\u00eda en la admisibilidad o, alternativamente, en el fondo de la controversia. Por consiguiente, Guinea no present\u00f3 objeciones jurisdiccionales basadas en los actos de corrupci\u00f3n de las demandantes. En cambio, plante\u00f3 objeciones jurisdiccionales basadas en <\/span>rationae personae<\/span><\/i> y <\/span>rationae materiae <\/span><\/i>\u2014las cuales fueron desestimadas por el tribunal. Como resultado, el tribunal confirm\u00f3 su\u00a0 jurisdicci\u00f3n sobre la demanda principal.\u00a0<\/span><\/p>\n

Al abordar el fondo de la controversia, el tribunal estableci\u00f3 de forma preliminar que la prohibici\u00f3n de corrupci\u00f3n es una cuesti\u00f3n de pol\u00edtica p\u00fablica internacional.<\/span><\/p>\n

Bas\u00e1ndose en el caso <\/span>World Duty Free<\/span><\/i><\/a>, el tribunal afirm\u00f3 que el soborno es contrario a la pol\u00edtica p\u00fablica internacional de la mayor\u00eda, sino de todos, los Estados o, alternativamente, a la pol\u00edtica p\u00fablica transnacional (p\u00e1rrafo 472).<\/span>\u00a0 <\/span>Si bien ambas partes estuvieron de acuerdo con este enfoque, las demandantes se mostraron perplejas por el hecho de si el soborno en virtud del derecho internacional abarcaba el tr\u00e1fico activo de influencias para asegurarse una concesi\u00f3n p\u00fablica (p\u00e1rrafo 474).<\/span> Tras revisar las convenciones internacionales aplicables<\/span>, el tribunal afirm\u00f3 que la pol\u00edtica p\u00fablica internacional contra la corrupci\u00f3n proh\u00edbe \u201ctanto las formas pasivas como activas del tr\u00e1fico de influencias, en la medida en que este \u00faltimo se ejerza para obtener directa o indirectamente un beneficio indebido de un funcionario p\u00fablico\u201d (p\u00e1rrafo 485).\u00a0<\/span><\/p>\n

Luego el tribunal procedi\u00f3 a evaluar el est\u00e1ndar aplicable para probar la corrupci\u00f3n conforme al derecho internacional. Tras reconocer la ausencia de un est\u00e1ndar uniforme en el marco del derecho internacional, el tribunal se rehus\u00f3 a aplicar un est\u00e1ndar de prueba alto tal como lo solicitaron las demandantes (p\u00e1rrafo 493). La decisi\u00f3n se bas\u00f3 en el reconocimiento de que la corrupci\u00f3n es, por naturaleza, dif\u00edcil de probar y que el est\u00e1ndar del derecho penal que se extiende m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable no encuentra aplicaci\u00f3n en el arbitraje internacional (p\u00e1rrafo 493). Por consiguiente, el tribunal opt\u00f3 por adoptar un est\u00e1ndar m\u00e1s flexible de certeza razonable o <\/span>intime conviction du juge<\/span><\/i>, determinado tras considerar todas las pruebas de corrupci\u00f3n potencial indicada por las se\u00f1ales de alerta en el expediente. Estas se\u00f1ales de alerta son \u201chechos que \u2026 indican una conducta potencialmente preocupante\u201d y la acumulaci\u00f3n de la cual \u201cpuede constituir una prueba de corrupci\u00f3n (p\u00e1rrafo 496)\u201d.<\/span><\/p>\n

Despu\u00e9s de evaluar las pruebas en el expediente, el tribunal identific\u00f3 varias se\u00f1ales de alerta, incluyendo (i) el pago por parte de BSG a un intermediario vinculado con el Gobierno, quien carec\u00eda de calificaciones espec\u00edficas y que no brind\u00f3 ning\u00fan servicio tangible a las demandantes m\u00e1s que garantizar los derechos mineros a trav\u00e9s de su influencia il\u00edcita; (ii) los intentos por parte de BSG de destruir o manipular las pruebas que demostraban su participaci\u00f3n en este esquema, y por \u00faltimo, (iii) la falta de BSG de llevar a cabo una diligencia debida significativa (p\u00e1rrafo 1000). Considerando la importancia acumulativa de estas se\u00f1ales de alerta, el tribunal tuvo la certeza razonable de que los principales derechos mineros objeto de la demanda de BSG se obtuvieron mediante pr\u00e1cticas corruptas. En consecuencia, declar\u00f3 inadmisibles las demandas de BSG ya que los tribunales arbitrales no pueden dar efecto a contratos que contravengan el derecho de Guinea ni la pol\u00edtica p\u00fablica internacional (p\u00e1rrafo 1085).\u00a0<\/span><\/p>\n

El tribunal tambi\u00e9n declar\u00f3 inadmisibles las reconvenciones de Guinea. Sin embargo, dicha inadmisibilidad no constitu\u00eda una consecuencia autom\u00e1tica de la inadmisibilidad de las demandas principales, tal como especific\u00f3 el tribunal (p\u00e1rrafo 1104). En cambio, la inadmisibilidad de las reconvenciones de Guinea se bas\u00f3 en el hecho de que los da\u00f1os alegados surgieron directamente de una conducta contraria al derecho guineano y al derecho internacional por parte de funcionarios de su propio Gobierno en aquel momento (p\u00e1rrafo 1110).<\/span><\/p>\n

Decisi\u00f3n sobre los costos<\/h3>\n

En su presentaci\u00f3n sobre los costos, las demandantes solicitaron que Guinea cubriese sus honorarios y gastos legales por aproximadamente USD 7,2 millones y las costas del CIADI, por un importe total de alrededor de USD 9,9 millones. Por su parte, Guinea solicit\u00f3 que BSG asumiera la totalidad de las costas del arbitraje y de los honorarios y gastos legales incurridos por Guinea, incluida la tasa de \u00e9xito que ascienden a unos USD 1,3 millones, por un importe total de USD 7,6 millones aproximadamente<\/span>.\u00a0<\/span><\/p>\n

BSG calific\u00f3 irrazonable la inclusi\u00f3n de los honorarios de defensa de Guinea en su c\u00e1lculo de las costas legales y gastos. Espec\u00edficamente, BSG argument\u00f3 que Guinea asumi\u00f3 a sabiendas el riesgo asociado con las tasas de \u00e9xito y que dicho riesgo no deber\u00eda transferirse a las demandantes (p\u00e1rrafo 1113). Por el contrario, la postura de Guinea fue que la compensaci\u00f3n de su defensa bajo el acuerdo de honorarios alternativos (es decir, las tasas de \u00e9xito) no era irrazonable, argumentando que (i) las tasas de \u00e9xito son recuperables para contabilizar un acuerdo de honorarios de contingencia y que (ii) la tasa establecida del 25% no es irrazonable en el contexto de la controversia (p\u00e1rrafo 1114).\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

Al abordar la presentaci\u00f3n de las partes sobre los costos, el tribunal preliminarmente estableci\u00f3 facultades discrecionales en la asignaci\u00f3n de los costos, incluidas las costas del CIADI y los honorarios y gastos legales incurridos por las partes, conforme al Art\u00edculo 61(2) del Convenio del CIADI. Tal como destac\u00f3 el tribunal haciendo referencia al caso<\/span> Orascom vs. Algeria<\/span><\/i><\/a>, la discreci\u00f3n para asignar los costos del procedimiento se ha ejercido por tribunales arbitrales siguiendo dos m\u00e9todos: dividi\u00e9ndolos en partes iguales entre las partes o adoptando el principio de que los \u201ccostos siguen al hecho\u201d (p\u00e1rrafo 1119). Este \u00faltimo podr\u00eda aplicarse ya sea para asignar totalmente los costos, incluidos aquellos incurridos por la otra parte sobre la parte perdedora, o bien asignar los costos a las partes de manera proporcional a su \u00e9xito o fracaso (p\u00e1rrafo 1119).\u00a0<\/span><\/p>\n

En este caso, y tal como se detall\u00f3 anteriormente, el tribunal subray\u00f3 que las objeciones jurisdiccionales y las reconvenciones de BSG obtuvieron un \u00e9xito parcial, mientras que sus demandas fueron consideradas inadmisibles debido a los actos de corrupci\u00f3n incurridos para asegurarse las concesiones mineras. Por consiguiente, el tribunal desestim\u00f3 el argumento de BSG con contra de la inclusi\u00f3n de tasas de \u00e9xito, explicando que estas tasas (i) eran parte de un acuerdo alternativo con su defensa en lugar de ser una recompensa y que (ii) eran razonables, particularmente considerando los gastos generales casi id\u00e9nticos de sendas partes al momento de incluir las tasas de \u00e9xito (p\u00e1rrafo 1123). Por lo tanto, al aplicar el principio de que los \u201ccostos\u00a0 siguen al hecho\u201d, el tribunal dictamin\u00f3 que el 80% de las costas del CIADI,\u00a0 as\u00ed como el 80% de los costos incurridos por Guinea, deb\u00edan ser asumidos por BSG.<\/span><\/p>\n

Conclusi\u00f3n<\/h3>\n

El laudo del caso BSG se alinea con la jurisprudencia existente, la cual sugiere que las demandas basadas en inversiones manchadas por actos de corrupci\u00f3n pueden considerarse inadmisibles bajo el derecho internacional. Este laudo tambi\u00e9n confirma la tendencia de los tribunales arbitrales de asignar proporcionalmente los costos de procedimiento basados en el \u00e9xito o fracaso de las partes respecto de las cuestiones planteadas.<\/span><\/p>\n

Nota<\/h3>\n

Gabrielle Kaufmann-Kohler (nacional suiza) – presidenta; Albert Jan van den Berg (nacional holand\u00e9s) – \u00e1rbitro designado por la demandante; Pierre Mayer (nacional franc\u00e9s) – \u00e1rbitro designado por la demandada.<\/p>\n

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Autores<\/h3>\n

Letizia Ceccarelli<\/b>, asociada de Squire Patton Boggs (Reino Unido) LLP; <\/span>Hoda Ghassabian<\/b> y <\/span>Lorenzo Poggi<\/b>, abogados pasantes en Squire Patton Boggs (Reino Unido) LLP.<\/span><\/p>\n

Para evitar dudas, las declaraciones presentes en este art\u00edculo son de naturaleza puramente descriptiva y no expresan opini\u00f3n alguna sobre la correcci\u00f3n o incorrecci\u00f3n de ninguna de las decisiones o argumentos aqu\u00ed descriptos. Las opiniones expresadas pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan las opiniones o posiciones de ninguna de las entidades que ellos representan.<\/span><\/p>\n