{"id":13439,"date":"2023-09-30T17:36:56","date_gmt":"2023-09-30T15:36:56","guid":{"rendered":"http:\/\/172.30.141.17\/2023\/09\/30\/el-tribunal-supremo-ingles-da-luz-verde-a-la-ejecucion-de-laudo-de-arbitraje-del-ciadi-emitido-en-procedimiento-bajo-tratado-de-inversion-intra-ue\/"},"modified":"2024-08-16T19:59:11","modified_gmt":"2024-08-16T17:59:11","slug":"el-tribunal-supremo-ingles-da-luz-verde-a-la-ejecucion-de-laudo-de-arbitraje-del-ciadi-emitido-en-procedimiento-bajo-tratado-de-inversion-intra-ue","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iisd.org\/itn\/es\/2023\/09\/30\/el-tribunal-supremo-ingles-da-luz-verde-a-la-ejecucion-de-laudo-de-arbitraje-del-ciadi-emitido-en-procedimiento-bajo-tratado-de-inversion-intra-ue\/","title":{"rendered":"El Tribunal Supremo Ingl\u00e9s Da Luz Verde a la Ejecuci\u00f3n de Laudo de Arbitraje del CIADI Emitido en Procedimiento bajo Tratado de Inversi\u00f3n Intra-UE"},"content":{"rendered":"

Recientemente, se ha producido un importante avance en la saga de arbitrajes de tratados de inversi\u00f3n intra-UE<\/span><\/span> en los tribunales ingleses. En el caso Infrastructure Services Luxembourg and Energia Termosolar vs. Espa\u00f1a<\/em><\/a> (Antin vs. Espa\u00f1a<\/em><\/strong>), el Tribunal Supremo se pronunci\u00f3 a favor del reconocimiento y ejecuci\u00f3n de los laudos intra-UE dictados en virtud del Convenio del CIADI<\/span>. Antin vs. Espa\u00f1a <\/em>sigue el precedente establecido por el Tribunal Supremo brit\u00e1nico en Micula vs. Rumania<\/em><\/a>, que sostuvo que los tratados de la UE no sustitu\u00edan las obligaciones del Reino Unido bajo el Convenio del CIADI.<\/p>\n

Antecedentes<\/h2>\n

La decisi\u00f3n del Tribunal Supremo en el caso Antin vs. Espa\u00f1a<\/em> se refiere a un laudo de arbitraje del CIADI dictado en un procedimiento iniciado por inversores luxemburgueses contra Espa\u00f1a en el marco del TCE<\/span><\/span>. El laudo fue dictado en junio de 2018, poco despu\u00e9s de que el TJUE declarara, en Rep\u00fablica Eslovaca vs. Achmea BV<\/em><\/a>,<\/u> <\/em>que la cl\u00e1usula que establec\u00eda el arbitraje entre inversionista y Estado en un tratado bilateral de inversi\u00f3n celebrado entre dos Estados miembros de la UE era incompatible con el derecho de la UE. En 2021, el TJUE extendi\u00f3 el efecto de la sentencia Achmea<\/em> al caso Rep\u00fablica de Moldova vs. Komstroy LLC<\/em><\/a> al impedir el arbitraje de tratados de inversi\u00f3n intra-UE en virtud del TCE.<\/p>\n

A pesar de la decisi\u00f3n Achmea <\/em>y la objeci\u00f3n jurisdiccional intra-UE presentada por Espa\u00f1a, el tribunal arbitral admiti\u00f3 su jurisdicci\u00f3n con respecto a las demandas de Antin. Asimismo, concluy\u00f3 que Espa\u00f1a viol\u00f3 el est\u00e1ndar TJE<\/span><\/span> en el TCE y otorg\u00f3 compensaci\u00f3n por da\u00f1os a los inversores.<\/p>\n

En junio de 2021, los titulares del laudo obtuvieron una orden ex parte<\/em> registrando el laudo en Inglaterra (la \u201cOrden de Registro\u201d<\/strong>) conforme al Art\u00edculo 1 de la Ley de Arbitraje (Controversias Internacionales de Inversi\u00f3n) de 1966 (\u201cLey de 1966<\/strong>\u201d), la cual aplica la obligaci\u00f3n del Reino Unido de reconocer y ejecutar los laudos del CIADI en virtud del Art\u00edculo 54 del Convenio del CIADI. El registro es un prerrequisito para la ejecuci\u00f3n ya que, a los fines de la misma, las obligaciones pecuniarias impuestas bajo un laudo registrado tienen, conforme al Art\u00edculo 2 de la Ley de 1966, la misma fuerza y efecto que una sentencia nacional del Tribunal Supremo.<\/p>\n

Espa\u00f1a solicit\u00f3 la anulaci\u00f3n de la Orden de Registro, planteando, entre otras, una objeci\u00f3n de inmunidad soberana. Esta objeci\u00f3n se bas\u00f3 en la jurisprudencia del TJUE en l\u00ednea con la sentencia Achmea<\/em> y se refer\u00eda a la supuesta falta de jurisdicci\u00f3n (i) del tribunal del CIADI en el procedimiento de arbitraje y (ii) del Tribunal Supremo en el procedimiento de registro ingl\u00e9s. El presente art\u00edculo examina sucesivamente estas dos facetas.<\/p>\n

Jurisprudencia Achmea y Jurisdicci\u00f3n del Tribunal<\/h2>\n

En la primera faceta de su objeci\u00f3n jurisdiccional, Espa\u00f1a plante\u00f3 que el tribunal del CIADI carec\u00eda de jurisdicci\u00f3n a los efectos de las decisiones del TJUE en los casos Achmea <\/em>y Komstroy<\/em>. El Juez Fraser debi\u00f3 considerar si los tratados de la UE, tal como los interpreta el TJUE, prevalec\u00edan sobre la obligaci\u00f3n del Reino Unido de reconocer y ejecutar los laudos del CIADI en virtud del Convenio del CIADI, tal como lo estipulaba la Ley de 1966.<\/p>\n

Esta no fue la primera vez que los tribunales brit\u00e1nicos tuvieron que sopesar el derecho de la UE frente a las obligaciones del Reino Unido bajo el Convenio del CIADI. En 2020, el Tribunal Supremo examin\u00f3 detenidamente esta cuesti\u00f3n en el ya mencionado caso Micula vs. Rumania<\/em>. En dicha ocasi\u00f3n, el tribunal debi\u00f3 determinar si el deber de cooperaci\u00f3n leal bajo el derecho de la UE exig\u00eda la suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de un laudo del CIADI en circunstancias bajo las cuales el laudo era objeto de investigaci\u00f3n por el incumplimiento de las normas de ayuda estatal por parte de la Comisi\u00f3n de la UE y de un procedimiento ante el TJUE.<\/p>\n

El Tribunal Supremo levant\u00f3 la suspensi\u00f3n, concluyendo que, seg\u00fan el Art\u00edculo 351 del TFUE<\/span><\/span>, el derecho de la UE no pod\u00eda prevalecer sobre las obligaciones del Reino Unido bajo el Convenio del CIADI, surgidas con anterioridad a la fecha de adhesi\u00f3n del Reino Unido a la UE (p\u00e1rrafo 111). Con respecto a las obligaciones del Reino Unido en virtud del Convenio del CIADI, el tribunal subray\u00f3 que dicho Convenio es \u201caut\u00f3nomo y no permite ninguna revisi\u00f3n externa\u201d de los laudos del CIADI, incluso en la \u201cetapa de reconocimiento y ejecuci\u00f3n\u201d. Pertinentemente, el tribunal procedi\u00f3 a explicar que un tribunal nacional que considere una solicitud de reconocimiento y ejecuci\u00f3n de un laudo del CIADI \u201cno puede reexaminar la jurisdicci\u00f3n del tribunal del CIADI\u201d. M\u00e1s bien, la competencia de los tribunales nacionales \u201cse limita a determinar la autenticidad del laudo\u201d (p\u00e1rrafo 68). Por \u00faltimo, el tribunal subray\u00f3 que la interpretaci\u00f3n del Convenio del CIADI se rige por los principios del derecho internacional y no puede verse afectada por el derecho de la UE (p\u00e1rrafo 87).<\/p>\n

El Tribunal Supremo consider\u00f3 que el razonamiento del caso Micula<\/em> era directamente aplicable al de Antin<\/em>. Dado que la objeci\u00f3n jurisdiccional de Espa\u00f1a basada en Achmea<\/em> fue \u201cplanteada antes y considerada (y rechazada) por el tribunal arbitral del CIADI y el Comit\u00e9 del CIADI\u201d, esta no podr\u00eda ser reexaminada en la etapa de ejecuci\u00f3n en Inglaterra (Antin vs. Espa\u00f1a, <\/em>p\u00e1rrafo 90). Fundamentalmente, el tribunal destac\u00f3 que la cuesti\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n del tribunal es \u201cexclusivamente asignada en virtud del Convenio del CIADI al propio CIADI\u201d (p\u00e1rrafo 79). Por lo tanto, el Reino Unido ten\u00eda la obligaci\u00f3n internacional de ejecutar el laudo contra Espa\u00f1a en virtud del Convenio del CIADI (tal como se aplic\u00f3 en la legislaci\u00f3n nacional a trav\u00e9s de la Ley de 1966).<\/p>\n

El Juez Fraser tambi\u00e9n subray\u00f3 que las obligaciones propias del Reino Unido en virtud de tratados internacionales multilaterales, debidas a todos los signatarios del Convenio del CIADI, no se ve\u00edan afectadas por las sentencias del TJUE en los casos Achmea<\/em> y Komstroy<\/em>, ya que el TJUE no pod\u00eda ser considerado el \u201c\u00e1rbitro \u00faltimo bajo el Convenio del CIADI ni del TCE\u201d (p\u00e1rrafo 80).<\/p>\n

Alternativamente, el Juez Fraser explic\u00f3 que, incluso si la obligaci\u00f3n internacional del Reino Unido de aplicar el laudo hubiera sido afectada por el TFUE, tal como lo interpretaron las sentencias del TJUE en Achmea<\/em> y Komstroy<\/em>, su obligaci\u00f3n de ejecutar el laudo en virtud del Convenio del CIADI deber\u00eda seguir teniendo prioridad bajo las reglas de la CVDT<\/span><\/span><\/a> aplicables a \u201clos tratados sucesivos concernientes a la misma materia\u201d (Art 30(1)). La CVDT estipula que \u201ccuando las partes en el tratado anterior no sean todas ellas partes en el tratado posterior: [\u2026] en las relaciones entre un Estado que sea parte en ambos tratados y un Estado que s\u00f3lo lo sea en uno de ellos, los derechos y obligaciones rec\u00edprocos se regir\u00e1n por el tratado en el que los dos son partes\u201d (Art. 30(4)(b)).<\/p>\n

El Juez Fraser concluy\u00f3 que, en cuanto a los hechos, dado que: (i) muchos Estados partes del Convenio del CIADI no son partes del TFUE; (ii) el Convenio del CIADI es anterior al TFUE; (iii) tanto Espa\u00f1a como el Reino Unido son partes del Convenio del CIADI, y (iv) el Reino Unido ya no es parte del TFUE, el Convenio del CIADI rige los derechos y obligaciones rec\u00edprocos del Reino Unido y Espa\u00f1a. Por consiguiente, el Juez Fraser sostuvo que la ejecuci\u00f3n de los laudos intra-UE en el marco del CIADI en el Reino Unido se reg\u00eda por el Convenio del CIADI en lugar de hacerlo por disposiciones conflictivas del TFUE.<\/p>\n

Inmunidad Estatal<\/h2>\n

En Micula<\/em>, el Tribunal Supremo dej\u00f3 abierta la posibilidad de que se pudiera invocar la excepci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n en el marco de la legislaci\u00f3n nacional, pero solamente en \u201cdeterminadas circunstancias excepcionales o extraordinarias\u201d (Micula vs. Rumania, <\/em>p\u00e1rrafo 78), sin especificar lo que pueden implicar tales circunstancias. En virtud de esta posible excepci\u00f3n, el Juez Fraser analiz\u00f3 la segunda faceta de la objeci\u00f3n jurisdiccional de Espa\u00f1a, basada en la inmunidad estatal. Espa\u00f1a argument\u00f3 que, seg\u00fan la Secci\u00f3n 1(1) de la Ley de Inmunidad Estatal de 1978<\/a> (\u201cSIA 1978<\/strong>\u201d), gozaba de inmunidad respecto de la jurisdicci\u00f3n de los tribunales brit\u00e1nicos en el procedimiento de registro. En consecuencia, Espa\u00f1a afirm\u00f3 que el Tribunal Supremo brit\u00e1nico no pose\u00eda jurisdicci\u00f3n para dictar la Orden de Registro en primer lugar.<\/p>\n

Las demandantes alegaron que Espa\u00f1a hab\u00eda renunciado a su inmunidad por dos motivos distintos. En primer lugar, en virtud de la Secci\u00f3n 2(2) de la ley SIA 1978, Espa\u00f1a hab\u00eda celebrado un \u201cacuerdo previo por escrito\u201d para someterse a la jurisdicci\u00f3n de los tribunales ingleses. El Tribunal Supremo estuvo de acuerdo con el hecho de que Espa\u00f1a hab\u00eda celebrado acuerdos previos por escrito para someterse a la jurisdicci\u00f3n de los tribunales ingleses al aceptar (i) el Art\u00edculo 54 del Convenio del CIADI, conforme al cual los Estados partes se comprometen a reconocer y ejecutar los laudos del CIADI; y (ii) el Art\u00edculo 26 del TCE, el cual establece la base jurisdiccional para el laudo de las demandantes contra Espa\u00f1a. En segundo lugar, las demandantes alegaron que, en virtud de la Secci\u00f3n 9(1) de la ley SIA 1978, Espa\u00f1a hab\u00eda \u201caceptado por escrito someter una controversia [\u2026] a arbitraje. Nuevamente, el Tribunal Supremo determin\u00f3 que tanto el Convenio del CIADI como el Art\u00edculo 26 del TCE constitu\u00edan acuerdos por escrito de Espa\u00f1a para someter a arbitraje internacional las controversias surgidas con inversores de otros Estados\u201d (Antin vs. Espa\u00f1a, <\/em>p\u00e1rrafos 95 y 102).<\/p>\n

Comentario<\/h2>\n

La sentencia del Juez Fraser dio prioridad al Convenio del CIADI sobre el Derecho de la UE, posiblemente atrayendo una ola de procedimientos de ejecuci\u00f3n con respecto a los laudos intra-UE en el marco del CIADI. De hecho, el 27 de marzo de 2023, el Tribunal Supremo concedi\u00f3 a los inversores dos \u00f3rdenes provisionales de cobro y una orden provisional de terceros<\/a> relativas a la ejecuci\u00f3n de otro laudo intra-UE del CIADI \u2014Blasket Renewable Investments vs. Espa\u00f1a<\/em>. El tribunal fij\u00f3 la fecha de una nueva audiencia para el 2 de mayo de 2023 para decidir si las \u00f3rdenes deben proseguir o ser anuladas. Probablemente, la sentencia resultante se dicte en 2023 y posiblemente contenga observaciones sobre la interacci\u00f3n entre el derecho de la UE y el Convenio del CIADI.<\/p>\n

El razonamiento del Juez Fraser, sin embargo, se aplicaba expresamente solo al Convenio del CIADI en lugar de a los laudos emitidos en virtud de la Convenci\u00f3n de Nueva York<\/a>. De hecho, se\u00f1al\u00f3 que \u201cel efecto de los [Art\u00edculos 53 y 54 del Convenio del CIADI] es situar los laudos del CIADI fuera del r\u00e9gimen normal para la ejecuci\u00f3n de laudos arbitrales, incluido el r\u00e9gimen de la Convenci\u00f3n de Nueva York, que permite que los tribunales nacionales denieguen el reconocimiento por motivos espec\u00edficos\u201d (Antin vs. Espa\u00f1a, p\u00e1rrafo 78). Uno de estos motivos contenidos en el Art\u00edculo V(1)(a) se basa en la invalidez del arbitraje \u201cen virtud de la ley que es aplicable o que dicho acuerdo no es v\u00e1lido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley del pa\u00eds en que se haya dictado la sentencia\u201d (Convenci\u00f3n de Nueva York, Art. V(1)(a)).<\/p>\n

Curiosamente, en un futuro no muy lejano podremos conocer la postura de los tribunales brit\u00e1nicos sobre la cuesti\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de laudos intra-UE bajo la Convenci\u00f3n de Nueva York. Recientemente, Polonia procur\u00f3 obtener una orden del Tribunal de \u00c1msterdam exigiendo a un inversor holand\u00e9s que cesara un procedimiento de arbitraje en el marco de los tratados de inversi\u00f3n intra-UE, que ten\u00eda sede en Londres. Sin embargo, el Tribunal de \u00c1msterdam deneg\u00f3 la emisi\u00f3n de la orden<\/a>, destacando que correspond\u00eda al tribunal decidir su jurisdicci\u00f3n en virtud de la Secci\u00f3n 30 de la Ley de Arbitraje de 1996 inglesa y que los tribunales no estaban vinculados por el derecho de la UE. En caso de que el tribunal falle a favor de los inversores, probablemente Espa\u00f1a solicitar\u00e1 a los tribunales brit\u00e1nicos que anulen el laudo resultante, ya que est\u00e1 obligada a hacerlo conforme al Art\u00edculo 7(b) del Acuerdo para la Terminaci\u00f3n de los Tratados Bilaterales de Inversi\u00f3n Entre los Estados Miembros de la Uni\u00f3n Europea 2020<\/a>.<\/p>\n

En particular, las conclusiones del Tribunal Supremo sobre la inmunidad estatal coinciden con la posici\u00f3n adoptada por los tribunales australianos en el procedimiento paralelo de reconocimiento y ejecuci\u00f3n del caso Antin vs. Espa\u00f1a<\/em><\/a>. En dicha sentencia, la Corte Suprema de Australia afirm\u00f3 que el acuerdo de Espa\u00f1a con el Art\u00edculo 54 del Convenio del CIADI constitu\u00eda una renuncia a la inmunidad estatal frente a la jurisdicci\u00f3n de los tribunales australianos, conforme a la legislaci\u00f3n australiana equivalente a la SIA 1978, a los efectos del reconocimiento y ejecuci\u00f3n del laudo.<\/p>\n

Sin embargo, los procedimientos de ejecuci\u00f3n del CIADI contra Espa\u00f1a en Estados Unidos han producido fallos contradictorios. El 15 de febrero, 2023, el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia rechaz\u00f3<\/a> las objeciones jurisdiccionales presentadas por Espa\u00f1a en base a las sentencias del TJUE en el contexto de los procedimientos entablados por los inversores para impedir que Espa\u00f1a solicitara medidas cautelares ante los tribunales de Holanda y de Luxemburgo. Sin embargo, el\u00a0 de marzo de 2023, el mismo tribunal admiti\u00f3 que, a la luz de los casos <\/a>Achmea<\/em><\/a> y<\/a> Komstroy<\/em><\/a>, Espa\u00f1a carec\u00eda de capacidad jur\u00eddica para acordar arbitrar<\/a> controversias con inversores en virtud del TCE. Est\u00e1 previsto que estos fallos contradictorios se resuelvan en una apelaci\u00f3n ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.<\/p>\n

Por \u00faltimo, las objeciones jurisdiccionales basadas en Achmea<\/em> y Komstroy<\/em> han sido admitidas en procedimientos de ejecuci\u00f3n y anulaci\u00f3n iniciados ante los tribunales de la UE. Achmea <\/em>fue el primer laudo no relativo al CIADI en ser anulado. El Tribunal Federal de Justicia de Alemania<\/a> lo anul\u00f3 debido a la falta de un acuerdo de arbitraje v\u00e1lido en el TBI<\/span><\/span> entre la Rep\u00fablica Eslovaca y los Pa\u00edses Bajos. Un enfoque similar fue adoptado por el Tribunal de Apelaci\u00f3n de Par\u00eds<\/a>, el cual anul\u00f3 un laudo dictado en virtud del TBI entre Austria y Polonia. Tras el caso Komstroy<\/em>, el Tribunal de Apelaci\u00f3n de Suecia anul\u00f3<\/a> un laudo intra-UE en Novenergia II vs. Espa\u00f1a <\/em>emitido bajo el TCE. Igualmente, tras una nueva ampliaci\u00f3n de la doctrina Achmea <\/em>por parte del TJUE en el caso <\/a>PL Holdings vs. Polonia <\/em><\/a>, el Tribunal Supremo de Suecia anul\u00f3<\/a> un laudo intra-UE a pesar de que la jurisdicci\u00f3n posiblemente se bas\u00f3 en un acuerdo de arbitraje ad hoc<\/em> para el arbitraje entre inversionista y Estado intra-UE. Adem\u00e1s, al parecer, la ejecuci\u00f3n de los laudos intra-UE en el marco del CIADI enfrentar\u00e1 gran resistencia en la UE. De hecho, el Tribunal Supremo de Luxemburgo rechaz\u00f3 la ejecuci\u00f3n del laudo del CIADI en el caso <\/a>Micula<\/em><\/a> \u00a0en julio de 2022, concluyendo que el acuerdo de arbitraje entre Suecia y Rumania basado en el TBI se torn\u00f3 incompatible con el derecho de la UE cuando Rumania se uni\u00f3 a la UE en 2007, a pesar de que la propia demanda del CIADI fue entablada m\u00e1s de un a\u00f1o antes del acceso de Rumania.<\/p>\n

A medida que m\u00e1s arbitrajes intra-UE llegan a la etapa de procedimiento de ejecuci\u00f3n y anulaci\u00f3n, es probable que veamos una gran cantidad de decisiones nuevas de tribunales nacionales lidiando con el efecto de Achmea y Komstroy<\/em> sobre la validez y la ejecutoriedad de los laudos.<\/p>\n

 <\/p>\n

Para evitar dudas, las declaraciones expresadas en el presente art\u00edculo solo revisten car\u00e1cter descriptivo y no expresan ninguna opini\u00f3n sobre la correcci\u00f3n o incorrecci\u00f3n de ninguna de las decisiones o argumentos aqu\u00ed descriptos. Las opiniones expresadas pertenecen exclusivamente a los autores y no necesariamente reflejan las opiniones o posiciones de ningunas de las entidades a las que representan.<\/em><\/p>\n

\n

\u00a0<\/em><\/p>\n

Autores<\/h3>\n

Karolina Latasz es Asociada Senior del departamento de Soluci\u00f3n de Controversias Internacionales de Squire Patton Boggs. Tambi\u00e9n es cofundadora del Young Investment Treaty Forum establecido bajo los auspicios del British Institute of International and Comparative Law. <\/em><\/p>\n

Ruggero Chicco es Asociado del departamento de Litigios de Squire Patton Boggs.<\/em><\/p>\n