A finales de marzo de 2023, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dict\u00f3 una sentencia muy esperada sobre el fondo del caso Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Ir\u00e1n vs. Estados Unidos de Am\u00e9rica)<\/em><\/a>. <\/em>La decisi\u00f3n cerr\u00f3 el procedimiento que ha estado en curso en la CIJ desde 2016. Este caso forma parte de una serie de m\u00faltiples procedimientos basados en el mismo tratado \u2014el Tratado de Amistad, Relaciones Econ\u00f3micas y Derechos Consulares de 1955<\/a> (el Tratado de 1955)\u2014 ante el m\u00e1ximo \u00f3rgano judicial de las Naciones Unidas entre dos Estados. Asimismo, es consecuencia de la prolongada y compleja historia de animosidad entre estos dos pa\u00edses[1]<\/sup><\/a>.<\/p>\n Si bien la sentencia, junto con los numerosos dict\u00e1menes individuales que la acompa\u00f1an<\/a>,<\/u> trata diversas cuestiones jur\u00eddicas, que van desde las inmunidades soberanas, sanciones unilaterales, agotamiento de recursos locales, la doctrina de manos limpias y la aplicabilidad de excepciones de seguridad nacional, el caso fue observado con particular inter\u00e9s por la comunidad de abogados especializados en inversi\u00f3n internacional. Debido a las violaciones alegadas por Ir\u00e1n en este caso, result\u00f3 virtualmente inevitable que la CIJ abordara cuestiones de perenne relevancia para esta comunidad: el contenido de est\u00e1ndares fundamentales sobre la protecci\u00f3n de las inversiones, en particular, TJE<\/span>, cl\u00e1usula de no menoscabo, protecci\u00f3n y seguridad plenas (PSP) y expropiaci\u00f3n indirecta (judicial). Dada la importancia de la jurisprudencia de la CIJ sobre el derecho de las inversiones en la pr\u00e1ctica de la ISDS<\/span>, podr\u00eda esperarse que esta sentencia sea citada frecuentemente en futuros laudos. Pese a que habr\u00e1 que esperar para evaluar el impacto de esta decisi\u00f3n, ya podemos valorar lo bien que la CIJ ha aprovechado la oportunidad de aportar algo de claridad a la pr\u00e1ctica incoherente, y a menudo contradictoria, de los tribunales de ISDS. Este art\u00edculo procura brindar un an\u00e1lisis preliminar a este respecto. Tras debatir los antecedentes f\u00e1cticos y procesales del caso, me centrar\u00e9 en el an\u00e1lisis de la Corte sobre cuatro est\u00e1ndares a los que probablemente se har\u00e1 referencia en la futura jurisprudencia en materia de inversiones: TJE, cl\u00e1usula de no menoscabo, PSP y expropiaci\u00f3n.<\/p>\n Las violaciones reclamadas abarcan una serie de medidas legislativas, ejecutivas y judiciales dirigidas a diversas entidades financieras iran\u00edes, incluido el banco central de Ir\u00e1n \u2014el Banco Markazi\u2014 como parte de los esfuerzos de EE.UU. para combatir el terrorismo. Estas medidas var\u00edan desde la privaci\u00f3n de la inmunidad soberana para las empresas calificadas como \u201cPatrocinadores Estatales del Terrorismo\u201d, la congelaci\u00f3n de activos y la ejecuci\u00f3n autom\u00e1tica o embargo con fines de ejecuci\u00f3n de sentencias contra las entidades en cuesti\u00f3n. Las medidas legislativas y ejecutivas fueron impugnadas por las entidades iran\u00edes ante los tribunales de EE.UU., en general sin \u00e9xito o con un \u00e9xito limitado.<\/p>\n A ra\u00edz de estos actos, Ir\u00e1n reclam\u00f3 que sus entidades sufrieron da\u00f1os graves y constantes que infring\u00edan numerosas disposiciones del Tratado de 1955. En particular, Ir\u00e1n reclam\u00f3 que EE.UU. no reconoci\u00f3 el estatus judicial separado de las entidades iran\u00edes (Art. III.1); trat\u00f3 a estas entidades y a su propiedad de manera discriminatoria, perjudicando por consiguiente sus derechos legalmente adquiridos, incluidos los derechos contractuales (Art IV.1); no concedi\u00f3 protecci\u00f3n y seguridad plenas de forma constante (Art IV.1); cometi\u00f3 expropiaci\u00f3n sin compensaci\u00f3n (Art IV.2) y viol\u00f3 otros derechos contemplados en el Tratado de 1955, entre otros, a trav\u00e9s de restricciones a los pagos y transferencias, y la interferencia con respecto a la libertad del comercio.<\/p>\n Dado que en su sentencia de 2019 sobre objeciones preliminares la Corte dictamin\u00f3 que las demandas surgidas del derecho consuetudinario internacional sobre las inmunidades soberanas eran de su jurisdicci\u00f3n (al no estar basadas en el tratado de 1955), Ir\u00e1n debi\u00f3 enmarcar sus demandas como relativas al trato de \u201cempresas\u201d seg\u00fan el sentido de las disposiciones del Tratado de 1955. En dicha sentencia, la Corte sostuvo que, si bien el Banco Markazi no podr\u00eda considerarse una \u201cempresa\u201d seg\u00fan el sentido del tratado y, por consiguiente, los actos relativos a su trato recaen fuera de su jurisdicci\u00f3n, las demandas relacionadas con otras instituciones financieras iran\u00edes s\u00ed entraban dentro de su \u00e1mbito jurisdiccional[2]<\/sup><\/a>. En la siguiente secci\u00f3n, me centro en el an\u00e1lisis de la Corte sobre los est\u00e1ndares de protecci\u00f3n del tratado.<\/p>\n Luego de que la Corte desestimara las objeciones relativas a la jurisdicci\u00f3n y la admisibilidad restantes (en base a la doctrina de manos limpias, abuso de derechos y la falta de agotamiento de los recursos locales) y determinara que no aplicaba la excepci\u00f3n de seguridad nacional del Art XX (p\u00e1rrafo 108), procedi\u00f3 a abordar las demandas de violaci\u00f3n en el marco de los Arts. III y IV.<\/p>\n Dado que el Art. III impon\u00eda una obligaci\u00f3n de reconocer la personer\u00eda jur\u00eddica separada de las empresas de las partes contratantes[3]<\/sup><\/a>, la Corte determin\u00f3 que s\u00f3lo podr\u00eda responder a esta cuesti\u00f3n en el contexto de revisi\u00f3n de las demandas en virtud del Art. IV, que, a su juicio, inclu\u00eda, en su primer p\u00e1rrafo, tres obligaciones diferentes (p\u00e1rrafo 138): la obligaci\u00f3n de brindar TJE, la prohibici\u00f3n de adoptar medidas irrazonables y discriminatorias que perjudiquen sus derechos o intereses (est\u00e1ndar de no menoscabo) y un medio efectivo de ejecuci\u00f3n de los derechos contractuales[4]<\/sup><\/a>.<\/p>\n Los comentaristas en derecho y pol\u00edticas internacionales de las inversiones que siguieron el caso probablemente habr\u00edan esperado lo mejor de la CIJ en cuanto a su pronunciamiento sobre el contenido del est\u00e1ndar TJE, uno de los est\u00e1ndares m\u00e1s controvertidos y omnipresentes en los tratados de inversi\u00f3n<\/a>. Podr\u00eda decirse que la Corte no aport\u00f3 mucha claridad sobre este tema. Tal vez al ser consciente del posible impacto de su decisi\u00f3n m\u00e1s all\u00e1 de este caso, adopt\u00f3 un enfoque muy comedido sobre esta cuesti\u00f3n, pr\u00e1cticamente dej\u00e1ndola de lado. En primer lugar, se\u00f1al\u00f3 que la disposici\u00f3n de TJE contenida en el texto del tratado no hace referencia al derecho consuetudinario internacional en general, ni al nivel m\u00ednimo de trato consuetudinario internacional, en particular, no consider\u00f3 necesario examinar el contenido de este \u00faltimo (p\u00e1rrafo 141). Si bien este enfoque puede justificarse desde la perspectiva de econom\u00eda judicial, el mismo puede tener repercusiones negativas ya que, al momento de interpretar un est\u00e1ndar de TJE no vinculado con el derecho consuetudinario internacional, los tribunales de ISDS podr\u00edan considerar este pronunciamiento como una licencia para aplicar un est\u00e1ndar m\u00e1s exigente que el de nivel m\u00ednimo de trato.<\/p>\n Sin embargo, el segundo paso de an\u00e1lisis de la Corte, aunque podr\u00eda decirse que tambi\u00e9n se encuentra influenciado por la restricci\u00f3n judicial, podr\u00eda insinuar una aplicaci\u00f3n m\u00e1s restrictiva de un est\u00e1ndar de TJE \u201caut\u00f3nomo\u201d. La Corte se refugi\u00f3 en el hecho de que ambas partes de la controversia presentaron argumentos relativos a la demanda de TJE refiri\u00e9ndose a una denegaci\u00f3n de justicia, aunque no estuvieron de acuerdo sobre el contenido de la misma. Esto permiti\u00f3 a la CIJ deshacerse de la demanda de TJE mediante un an\u00e1lisis bastante austero de la doctrina. En efecto, afirm\u00f3 que los derechos de las empresas a comparecer ante la Corte y a realizar presentaciones no fueron cercenados por las medidas impugnadas. El hecho de que ciertos alegatos de defensa jur\u00eddica (por ejemplo, aquellos basados en una personer\u00eda jur\u00eddica separada) no estuvieran disponibles para ellas no \u201cconstituye una falta grave en la administraci\u00f3n de justicia que equivalga a una denegaci\u00f3n de justicia\u201d (p\u00e1rrafo 143). Esto, a efectos pr\u00e1cticos, cerr\u00f3 el an\u00e1lisis la Corte sobre TJE.<\/p>\n A continuaci\u00f3n, la Corte se centr\u00f3 en el eje de su an\u00e1lisis en virtud del Art. IV.1, que se bas\u00f3 en la evaluaci\u00f3n de la demanda relativa a la cl\u00e1usula de no menoscabo. Aunque la Corte reconoci\u00f3 que exist\u00eda una superposici\u00f3n entre la obligaci\u00f3n de TJE y de no menoscabo (p\u00e1rrafo 144) y que el TJE \u201cpuede abarcar [..] medidas irrazonables y discriminatorias\u201d, determin\u00f3 que se trataba de dos est\u00e1ndares diferentes (p\u00e1rrafo 145). En este sentido, es posible que el an\u00e1lisis de la Corte sobre el est\u00e1ndar de no menoscabo tambi\u00e9n influya en la jurisprudencia de ISDS bajo el TJE.<\/p>\n El enfoque de la Corte para determinar la violaci\u00f3n del est\u00e1ndar de no menoscabo se bas\u00f3 en el an\u00e1lisis de \u201crazonabilidad\u201d. Dado que el tratado utiliza la preposici\u00f3n disyuntiva irrazonable o <\/em>discriminatoria, la constataci\u00f3n de cualquiera de las dos era suficiente para determinar la violaci\u00f3n del est\u00e1ndar (p\u00e1rrafo 145). La sentencia comenz\u00f3 con su encantamiento com\u00fan de que lo que es razonable depende de circunstancias particulares, haciendo referencia a su jurisprudencia anterior. Procedi\u00f3 a deducir tres criterios de irrazonabilidad en el sentido del Tratado de 1955.<\/p>\n Si bien estableci\u00f3 estos criterios a los efectos del Tratado de 1955, se bas\u00f3 en su jurisprudencia anterior que aplicaba otros instrumentos (por ej., Controversia relativa a los Derechos de Navegaci\u00f3n y Derechos Conexos (Costa Rica vs. Nicaragua)<\/a>). Sobre el criterio (1.), la CIJ coincidi\u00f3 en que proporcionar recursos efectivos a las demandantes que hab\u00edan sido compensadas por da\u00f1os por ser v\u00edctimas de terrorismo era un fin leg\u00edtimo (p\u00e1rrafo 147). Sobre (2.), tambi\u00e9n determin\u00f3 que el embargo y ejecuci\u00f3n de los bienes de entidades que hab\u00edan sido declaradas culpables, en general, podr\u00eda considerarse una relaci\u00f3n apropiada. Sin embargo, concluy\u00f3 que los efectos adversos de las medidas en las empresas iran\u00edes eran manifiestamente excesivos.<\/p>\n La Corte opin\u00f3 que las medidas impugnadas empleaban t\u00e9rminos muy amplios, como cualquier agencia<\/em>, y propiedad o inter\u00e9s pose\u00eddo directa o indirectamente<\/em>, y prescind\u00edan del requisito de que los activos estuvieran previamente bloqueados. Seg\u00fan la Corte, esto \u201cignoraba claramente la personer\u00eda jur\u00eddica propia de las empresas iran\u00edes, lo que permit\u00eda el menoscabo de sus derechos e intereses legalmente adquiridos; es decir, aquellos relacionados con la propiedad, o participaci\u00f3n, en los activos susceptibles de embargo y ejecuci\u00f3n\u201d (p\u00e1rrafo 150). Recordando el caso Barcelona Traction<\/em>, la Corte se\u00f1al\u00f3 que quitar el velo corporativo \u201cha sido considerado justificado y equitativo en determinadas circunstancias y para ciertos fines\u201d (p\u00e1rrafo 155). Sin embargo, circunstancias como tales no se encuentran presentes en este caso. En el mismo, la personer\u00eda jur\u00eddica de las empresas \u201cfue dejada de lado, bajo las condiciones descriptas anteriormente (v\u00e9ase el p\u00e1rrafo 150), en relaci\u00f3n con las sentencias sobre responsabilidad dictadas en casos donde las empresas no pudieron participar, y en relaci\u00f3n con hechos en los cuales las empresas no parecer haber estado involucradas\u201d (ibid.). La Corte concluy\u00f3 que esto era manifiestamente excesivo y, por ende, irrazonable.<\/p>\n La Corte extendi\u00f3 su conclusi\u00f3n, con respecto a la irrazonabilidad de conformidad con el Art. IV.1, a su an\u00e1lisis de violaci\u00f3n del Art. III.1. Dado que las medidas se declararon irrazonables bajo el Art. IV.1, se determin\u00f3 que el desconocimiento de la personer\u00eda jur\u00eddica separada que implicaban las medidas tambi\u00e9n constitu\u00eda una violaci\u00f3n del Art. III.1[5]<\/sup><\/a>.<\/p>\n Es probable que el an\u00e1lisis de expropiaci\u00f3n de la sentencia influya en futuras controversias de inversi\u00f3n que involucren actos del poder judicial \u2014a lo cual en ocasiones se hace referencia como \u201cexpropiaci\u00f3n judicial\u201d. Esto se debe a que la privaci\u00f3n de los activos de las empresas iran\u00edes fue efectuada a trav\u00e9s de decisiones de tribunales estadounidenses. La Corte enmarc\u00f3 su investigaci\u00f3n en torno a la cuesti\u00f3n de si el embargo y la ejecuci\u00f3n podr\u00eda constituir una confiscaci\u00f3n bajo el Art. IV.2. La Corte determin\u00f3 que estos actos per se no constituyen una confiscaci\u00f3n, ya que se requiere un elemento adicional de ilegalidad, por ejemplo, deben ser el resultado de una denegaci\u00f3n de justicia, o cuando \u201cun \u00f3rgano judicial aplica medidas legislativas o ejecutivas que infringen el derecho internacional y, por consiguiente, ocasionan una privaci\u00f3n de la propiedad\u201d (p\u00e1rrafo 184). Impl\u00edcitamente, esta ilegalidad debe relacionarse con alguna otra norma del derecho internacional distinta de la expropiaci\u00f3n.<\/p>\n Para analizar si este era el caso, la Corte procedi\u00f3 a analizar el alegato de defensa presentado por Estados Unidos en torno a los poderes de polic\u00eda. Comenz\u00f3 reconociendo que la doctrina, que establece que \u201cel ejercicio no discriminatorio bona fide de ciertos poderes regulatorios destinados a la protecci\u00f3n del bienestar p\u00fablico leg\u00edtimo no se considera expropiatorio o sujeto a compensaci\u00f3n [nota: cita a varios laudos arbitrales, incluyendo el caso Saluka vs. La Rep\u00fablica Checa<\/em><\/a>]\u2026. Los poderes gubernamentales a este respecto, sin embargo, no son ilimitados\u201d (p\u00e1rrafo 185).<\/p>\n Pese a que la Corte reconoci\u00f3 la aplicabilidad de la doctrina de los poderes de polic\u00eda, que normalmente se considerar\u00edan como una defensa sustantiva, afirm\u00f3 inmediatamente que la razonabilidad es uno de los l\u00edmites a dichos poderes. Dado que las medidas en base a las cuales los tribunales de EE.UU. se expidieron a favor de las demandantes fueron declaradas irrazonables bajo el Art. IV.1 por parte de la Corte, esto significaba que el alegato de defensa respecto de los poderes de polic\u00eda no pod\u00eda ser admitido. Esta conclusi\u00f3n resulto suficiente para que la Corte concluyera que, en consecuencia, se trataba de una expropiaci\u00f3n contraria al Art. IV.2.<\/p>\n La sentencia efectivamente subsumi\u00f3 su determinaci\u00f3n de irrazonabilidad bajo el Art. IV.1 en su an\u00e1lisis de expropiaci\u00f3n, que habitualmente es considerado un est\u00e1ndar cuyo umbral de violaci\u00f3n es m\u00e1s elevado que el del TJE[6]<\/sup><\/a>. Varios jueces discreparon con el razonamiento de la mayor\u00eda. El Juez Bhandari, por ejemplo, encontr\u00f3 que el an\u00e1lisis carec\u00eda de profundidad y de respaldo de las autoridades. Opin\u00f3 que la mayor\u00eda cometi\u00f3 un error al enmarcar la expropiaci\u00f3n judicial en t\u00e9rminos debatiblemente amplios. Seg\u00fan el<\/a>, el entendimiento que prevalece sobre la expropiaci\u00f3n judicial es que el elemento de ilegalidad internacional debe influir en la decisi\u00f3n judicial propiamente dicha. Asimismo, la Jueza Charlesworth afirm\u00f3, en su opini\u00f3n separada<\/a>,<\/u> que el an\u00e1lisis de razonabilidad no desplaza los elaborados criterios de expropiaci\u00f3n desarrollados en la jurisprudencia. Para ella, \u201cno resulta obvio que la norma aplicable conforme a las dos obligaciones sea id\u00e9ntica, ni que el incumplimiento de una necesariamente implicar\u00e1 el incumplimiento de la otra\u201d. La Jueza ad hoc Barkett<\/a>, designada por Estados Unidos, consider\u00f3 esta cuesti\u00f3n de forma similar, agregando que el dinero se deb\u00eda en virtud de las sentencias de responsabilidad y por ende, creaban una deuda, un hecho que consider\u00f3 indiscutible por parte de Ir\u00e1n. Si las empresas iran\u00edes debieran dinero, ser\u00eda absurdo exigir al Gobierno de EE.UU. que lo devolviese, seg\u00fan su opini\u00f3n.<\/p>\n Otro debate de gran importancia para la pr\u00e1ctica de ISDS es el an\u00e1lisis de la Corte sobre el est\u00e1ndar PSP o, seg\u00fan el Tratado de 1955, la protecci\u00f3n y seguridad m\u00e1s constantes. Un punto contencioso en torno a la interpretaci\u00f3n del est\u00e1ndar PSP en la jurisprudencia y los eruditos en materia arbitral es si este est\u00e1ndar cubre meramente la seguridad f\u00edsica de la inversi\u00f3n, o si tambi\u00e9n se extiende a la seguridad jur\u00eddica de la inversi\u00f3n y al marco jur\u00eddico m\u00e1s ampliamente[7]<\/sup><\/a>.<\/p>\n Con respecto a la PSP, la sentencia aport\u00f3 la claridad necesaria. Afirm\u00f3 casi inequ\u00edvocamente que el est\u00e1ndar solo protege contra el da\u00f1o f\u00edsico, especialmente causado por terceros, contexto en el cual el Estado debe actuar con diligencia debida (p\u00e1rrafo 190)[8]<\/sup><\/a>. Citando el caso ELSI<\/em>, la Corte se\u00f1al\u00f3 que la PSP no puede entenderse como que otorga una garant\u00eda de que la propiedad, nunca y bajo ninguna circunstancia, ser\u00e1 ocupada o perturbada. Dado que Ir\u00e1n no identific\u00f3 hechos que demostraran un da\u00f1o f\u00edsico, la Corte desestim\u00f3 la demanda de PSP.<\/p>\n Es importante se\u00f1alar que la Corte opin\u00f3 que si la PSP tambi\u00e9n cubriera la denominada protecci\u00f3n jur\u00eddica, se superpondr\u00eda significativamente con el TJE, lo cual podr\u00eda no ser la intenci\u00f3n de las partes del tratado. Cabe subrayar, sin embargo, que la Corte no consider\u00f3 problem\u00e1tica la superposici\u00f3n de los est\u00e1ndares en lo que refiere al v\u00ednculo entre los est\u00e1ndares de TJE y de no menoscabo, tal como se discuti\u00f3 anteriormente. De hecho, incluso la Corte aprob\u00f3 una superposici\u00f3n efectiva entre el TJE y la expropiaci\u00f3n, ya que su conclusi\u00f3n sobre la expropiaci\u00f3n se bas\u00f3 en la irrazonabilidad de las medidas legislativas y ejecutivas. En consecuencia, la sentencia padece de una falta de coherencia en aspectos importantes del razonamiento de la Corte.<\/p>\n El tiempo dir\u00e1 qu\u00e9 aspectos tomar\u00e1n los tribunales de inversi\u00f3n de la sentencia de la CIJ en el caso Certain Iranian Assets. <\/em>Pero podr\u00eda decirse que la Corte ayud\u00f3 a aclarar algunas cuestiones del derecho internacional de las inversiones, aunque limitadas, sobre las cuales los tribunales han discordado mucho en el pasado. La declaraci\u00f3n de la Corte de que el est\u00e1ndar PSP protege meramente la seguridad f\u00edsica de la propiedad es quiz\u00e1s la aclaraci\u00f3n m\u00e1s bienvenida. Sin embargo, cuando se trata de otros est\u00e1ndares comunes a los tratados de inversi\u00f3n, la orientaci\u00f3n de la Corte resulta de menor utilidad. En primer lugar, podr\u00eda haber legitimado enfoques que alegan que un est\u00e1ndar de TJE que no se encuentra vinculado textualmente al derecho internacional puede interpretarse de manera aut\u00f3noma como parte del derecho consuetudinario internacional. Al mismo tiempo, no brinda mucha orientaci\u00f3n sobre c\u00f3mo llevar a cabo esta interpretaci\u00f3n aut\u00f3noma. En segundo lugar, su interpretaci\u00f3n de la razonabilidad probablemente sea referida en casos futuros, pero la prueba utilizada por la Corte compuesta por tres criterios no aporta suficiente sustancia para orientar futuras aplicaciones. Por \u00faltimo, el tratamiento de expropiaci\u00f3n judicial en la sentencia es probablemente el elemento m\u00e1s decepcionante de la decisi\u00f3n. La Corte formul\u00f3 un est\u00e1ndar extremadamente amplio, lo que posiblemente allane el camino para futuras determinaciones de la denominada expropiaci\u00f3n judicial. Por \u00faltimo, su razonamiento en este caso es de lo m\u00e1s austero, tal como reconocieron varios jueces disidentes que destacaron puntos d\u00e9biles en el an\u00e1lisis de la mayor\u00eda.<\/p>\n Josef Ost\u0159ansk\u00fd es Asesor de Pol\u00edticas para la Inversi\u00f3n Sostenible del IISD<\/span> y Jefe de Edici\u00f3n de Investment Treaty News.<\/p>\n [1]<\/sup><\/a> Muchos casos posteriores a la revoluci\u00f3n iran\u00ed, incluidos aquellos presentados por particulares y empresas, tambi\u00e9n fueron resueltos por el Tribunal de Reclamaciones Ir\u00e1n-Estados Unidos (iusct.com).<\/a><\/p>\n [2]<\/sup><\/a> Este aspecto de la sentencia sobre el fondo ha atra\u00eddo cr\u00edticas de algunos jueces en particular (Yusuf<\/a>; Sebutinde<\/a>; Salam<\/a>; Robinson<\/a>; Momtaz<\/a>; Bennouna<\/a>) y comentaristas. Los activos del banco central constitu\u00edan una parte significativamente mayor de los activos que se vieron afectados por las medidas (USD 1,8 mil millones). Dado que no discutiremos esta cuesti\u00f3n en mayor detalle en este escrito, los lectores pueden consultar, por ejemplo M. (2023). Certain Iranian (frozen) assets: Der widerspr\u00fcchliche Umgang des IGH mit der iranischen Zentralbank<\/em>. V\u00f6lkerrechtsblog. https:\/\/voelkerrechtsblog.org\/certain-iranian-frozen-assets\/<\/a>; Razipour, K. (2023). After ICJ\u2019s \u201cCertain Iranian Assets\u201d judgment, Iran and United States both claim victory<\/em>. Just Security. https:\/\/www.justsecurity.org\/85982\/after-icjs-certain-iranian-assets-judgment-iran-and-united-states-both-claim-victory\/<\/a>.<\/p>\n [3]<\/sup><\/a> \u201cLas\u00a0 sociedades\u00a0 constituidas\u00a0 conforme\u00a0 a\u00a0 las\u00a0 leyes\u00a0 y\u00a0 reglamentos\u00a0 aplicables\u00a0 de\u00a0 cualquiera\u00a0 de\u00a0 las\u00a0 Altas\u00a0 Partes\u00a0 Contratantes\u00a0 tendr\u00e1n\u00a0 su\u00a0 personer\u00eda jur\u00eddica\u00a0 reconocida\u00a0 en\u00a0 los\u00a0 territorios\u00a0 de\u00a0 la\u00a0 otra\u00a0 Alta\u00a0 Parte\u00a0 Contratante.\u00a0 Se\u00a0 entiende,\u00a0 sin\u00a0 embargo,\u00a0 que\u00a0 el\u00a0 reconocimiento\u00a0 de\u00a0 personalidad\u00a0 jur\u00eddica\u00a0 no\u00a0 confiere\u00a0 por\u00a0 s\u00ed\u00a0 mismo\u00a0 derechos\u00a0 a\u00a0 las\u00a0 empresas\u00a0 para\u00a0 ejercer\u00a0 las\u00a0 actividades\u00a0 para\u00a0 las\u00a0 que\u00a0 fueron\u00a0 organizadas.\u00a0 Tal\u00a0 como\u00a0 se\u00a0 utiliza\u00a0 en\u00a0 el\u00a0 presente\u00a0 Tratado,\u00a0 \u00absociedades\u00bb\u00a0 significa\u00a0 corporaciones,\u00a0 sociedades,\u00a0 compa\u00f1\u00edas\u00a0 y\u00a0 otras asociaciones,\u00a0 sean\u00a0 o\u00a0 no\u00a0 de\u00a0 responsabilidad\u00a0 limitada\u00a0 y\u00a0 tengan\u00a0 o\u00a0 no\u00a0 fines\u00a0 de\u00a0 lucro\u201d.<\/p>\n [4]<\/sup><\/a> \u201cCada\u00a0 Alta\u00a0 Parte\u00a0 Contratante\u00a0 otorgar\u00e1\u00a0 en\u00a0 todo\u00a0 momento\u00a0 un\u00a0 trato\u00a0 justo\u00a0 y\u00a0 equitativo\u00a0 a\u00a0 los\u00a0 nacionales\u00a0 y\u00a0 sociedades\u00a0 de\u00a0 la\u00a0 otra\u00a0 Alta\u00a0 Parte\u00a0 Contratante,\u00a0 ya\u00a0 sus\u00a0 bienes\u00a0 y\u00a0 empresas;\u00a0 se\u00a0 abstendr\u00e1n\u00a0 de\u00a0 aplicar\u00a0 medidas\u00a0 irrazonables\u00a0 o\u00a0 discriminatorias\u00a0 que\u00a0 menoscaben\u00a0 sus\u00a0 derechos\u00a0 e\u00a0 intereses\u00a0 legalmente\u00a0 adquiridos;\u00a0 y\u00a0 se asegurar\u00e1\u00a0 de\u00a0 que\u00a0 sus\u00a0 derechos\u00a0 contractuales\u00a0 leg\u00edtimos\u00a0 cuentan\u00a0 con\u00a0 medios\u00a0 efectivos\u00a0 de\u00a0 ejecuci\u00f3n,\u00a0 de\u00a0 conformidad\u00a0 con\u00a0 las\u00a0 leyes\u00a0 aplicables\u201d.<\/p>\n [5]<\/sup><\/a> Varios jueces disintieron con esta conclusi\u00f3n, argumentando que el alcance de la obligaci\u00f3n de reconocer la personer\u00eda jur\u00eddica separada bajo el Art. III.1 era mucho m\u00e1s restringido (Tomka<\/a>; Abraham<\/a>; Barkett<\/a>; Iwasawa<\/a>; Nolte<\/a>; Sebutinde<\/a>).<\/p>\n [6]<\/sup><\/a> Algunos tribunales de inversi\u00f3n recientemente adoptaron un enfoque similar con respecto a la relaci\u00f3n entre el TJE y la expropiaci\u00f3n, como en Rockhopper vs. Italia, Laudo Final, 23 de agosto de 2022 (jusmundi.com)<\/a>.<\/p>\n [7]<\/sup><\/a> Para consultar los \u00faltimos art\u00edculos de ITN<\/span> que analizan diversos aspectos de la PSP v\u00e9ase Kinda, A. (2022). La cl\u00e1usula de compensaci\u00f3n por p\u00e9rdidas y la cl\u00e1usula de protecci\u00f3n y seguridad plenas: \u00bfDos disposiciones riesgosas olvidadas por la reforma de los tratados de inversi\u00f3n?<\/em> Investment Treaty News. https:\/\/www.IISD<\/span>.org\/itn\/2022\/07\/04\/the-loss-compensation-clause-and-the-protection-and-security-clause-two-risky-provisions-neglected-by-investment-treaty-reform\/<\/a>; y\u00a0 Greenman, K. & Tzouvala, N. (2023). International investment law and repressive state power: Rethinking a relationship<\/em>. Investment Treaty News.<\/p>\n [8]<\/sup><\/a> La jueza Sebutinde no disinti\u00f3 con la mayor\u00eda a este respecto. Opini\u00f3n separada y disidente de la Jueza Sebutinde (icj-cij.org)<\/a><\/p>\nAntecedentes<\/h2>\n
Demandas relativas a los est\u00e1ndares de protecci\u00f3n<\/h2>\n
\u00bfHasta qu\u00e9 punto es aut\u00f3nomo un est\u00e1ndar de trato justo y equitativo?<\/h3>\n
No menoscabo por medidas irrazonables o discriminatorias \u2014una vaga prueba de razonabilidad como el criterio principal<\/h3>\n
\n
An\u00e1lisis sobre expropiaci\u00f3n \u2014\u00bfcombinaci\u00f3n de los est\u00e1ndares aplicables?<\/h3>\n
La protecci\u00f3n y seguridad plenas solo protegen los aspectos f\u00edsicos de la propiedad<\/h3>\n
Conclusi\u00f3n<\/h2>\n
\nAutor<\/h3>\n
\nNotas<\/h3>\n