Este caso concierne una controversia entre Cavalum SGPS, S.A (la demandante), una empresa constituida en Portugal, y el Reino de Espa\u00f1a (el demandado), sobre los cambios introducidos por el demandado a su r\u00e9gimen regulatorio y econ\u00f3mico para los proyectos de energ\u00edas renovables.<\/p>\n
Inicialmente, el Tribunal del CIADI<\/span>, en su decisi\u00f3n del 31 de agosto de 2020 (Decisi\u00f3n de 2020), confirm\u00f3 su jurisdicci\u00f3n sobre la controversia, pese a que la misma surgi\u00f3 entre un inversor de la Uni\u00f3n Europea (UE<\/span>) y un Estado Miembro de la UE en virtud del Tratado sobre la Carta de la Energ\u00eda (TCE<\/span>).<\/p>\n No obstante, no pas\u00f3 mucho tiempo hasta que Espa\u00f1a solicitara al Tribunal que reconsidere su decisi\u00f3n, y present\u00f3 una objeci\u00f3n a su jurisdicci\u00f3n. En la primera solicitud, Espa\u00f1a bas\u00f3 su argumento en el nuevo pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea (TJUE) en el caso Rep\u00fablica de Moldavia vs. Komstroy, Caso LLC C-741-19<\/em> (Komstroy<\/em>). Mientras que, en la segunda petici\u00f3n, Espa\u00f1a se bas\u00f3 en el reciente laudo del Tribunal de la C\u00e1mara de Comercio de Estocolmo (CCE) en el caso Green Power K\/S y SCE Solar Don Benito vs. El Reino de Espa\u00f1a, CCE-2016\/135 (Laudo Green Power)<\/em>.<\/p>\n Este caso se relaciona con una inversi\u00f3n realizada por la demandante en Espa\u00f1a, bajo un r\u00e9gimen favorable, garantizado por el RD 661\/2007 y el RD 1578\/2008, que otorgaban un incentivo tarifario espec\u00edfico. Sin embargo, la alteraci\u00f3n progresiva y la posterior sustituci\u00f3n de dichos RD por un Nuevo R\u00e9gimen Regulatorio provoc\u00f3 p\u00e9rdidas y da\u00f1os a la inversi\u00f3n de la demandante. Como resultado, el 27 de julio de 2015, la demandante present\u00f3 un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), reclamando la violaci\u00f3n del trato justo y equitativo (TJE<\/span>) as\u00ed como la expropiaci\u00f3n de su inversi\u00f3n, conforme a los Art\u00edculos 10(1) y 13(1) del TCE, respectivamente.<\/p>\n Espa\u00f1a objet\u00f3 la jurisdicci\u00f3n del Tribunal, basando su argumento en la inaplicabilidad de las disposiciones sobre la protecci\u00f3n de las inversiones y la soluci\u00f3n de controversias del TCE a las relaciones entre los Estados Miembros de la UE. Seg\u00fan su opini\u00f3n, el derecho de la UE proh\u00edbe la existencia de un mecanismo de soluci\u00f3n de controversias que no sea el establecido por los Tratados de UE y, en caso de un conflicto de normas, el derecho de la UE debe prevalecer sobre las disposiciones del TCE. Adem\u00e1s, Espa\u00f1a hizo referencia a la sentencia del TJUE en el caso Slowakische Republik (Rep\u00fablica Eslovaca) vs. Achmea BV<\/em> (Sentencia Achmea<\/em>), en la cual el TJUE dictamin\u00f3 la incompatibilidad de las cl\u00e1usulas de arbitraje entre inversionista y Estado de los tratados bilaterales de inversi\u00f3n (TBI<\/span>), celebrados entre los Estados Miembros de la UE, con el Derecho de la UE, ya que los mismo afectan de manera adversa la autonom\u00eda y primac\u00eda del derecho de la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n A este respecto, la demandante argument\u00f3 que la Sentencia Achmea<\/em> no puede producir ning\u00fan efecto en el procedimiento, porque un Tribunal del CIADI debe aplicar el derecho internacional y no el derecho de la UE. Asimismo, el alcance de la Sentencia Achmea<\/em> se limita a los TBI, y no se extiende a los acuerdos multilaterales, tales como el TCE. La demandante tambi\u00e9n destac\u00f3 que tanto Portugal como Espa\u00f1a son Partes Contratantes del Convenio del CIADI y del TCE, y dado que Espa\u00f1a ha dado su consentimiento incondicional respecto de la presentaci\u00f3n de la controversia a arbitraje ante el CIADI en virtud del Art\u00edculo 26(3) del TCE, el Tribunal del CIADI posee jurisdicci\u00f3n para decidir este caso.<\/p>\n En su decisi\u00f3n de 2020, el Tribunal del CIADI admiti\u00f3 su jurisdicci\u00f3n sobre la controversia, basando su razonamiento en el Art\u00edculo 25(1) del Convenio del CIADI y el Art\u00edculo 26 (1)(2)(3) del TCE, ya que el inversor es nacional de una Parte Contratante del TCE y del Convenio del CIADI, y Espa\u00f1a tambi\u00e9n. Adem\u00e1s, el Art\u00edculo 42(1) del Convenio del CIADI y el Art\u00edculo 26(6) del TCE disponen que el Tribunal del CIADI aplicar\u00e1 el TCE y las normas y principios de derecho internacional que pudieren ser aplicables. Por consiguiente, concluy\u00f3 que la Sentencia Achmea<\/em> no afectaba la jurisdicci\u00f3n del Tribunal, y el hecho de que el Tribunal no pudiera referirse al TJUE como un mecanismo de derecho internacional no imped\u00eda su jurisdicci\u00f3n en virtud del derecho internacional.<\/p>\n No satisfecho con el resultado de la Decisi\u00f3n de 2020, el 4 de octubre de 2021, Espa\u00f1a solicit\u00f3 al Tribunal que reabriera el procedimiento y reconsiderase su decisi\u00f3n sobre la jurisdicci\u00f3n en el arbitraje de inversi\u00f3n intra-UE, de conformidad con la sentencia reciente del TJUE en el caso Komstroy<\/em>.<\/p>\n En dicha sentencia, el TJUE concluy\u00f3 que el TCE, al ser un tratado internacional del cual la UE es parte, forma parte del ordenamiento jur\u00eddico de la UE. Por ende, un Tribunal arbitral constituido en virtud del Art\u00edculo 26 del TCE deber\u00e1 interpretar y aplicar el derecho de la UE, incluso si el Tribunal arbitral no fuera parte del sistema judicial de un Estado Miembro de la UE, poniendo en un riesgo significativo la autonom\u00eda del derecho de la UE. Por lo tanto, concluy\u00f3 que la cl\u00e1usula de arbitraje entre inversionista y Estado del Art\u00edculo 26(2)(c) del TCE no es aplicable a las controversias intra-UE.<\/p>\n Espa\u00f1a utiliz\u00f3 esta sentencia para apoyar su solicitud de reapertura del procedimiento, pidiendo al Tribunal que denegara su jurisdicci\u00f3n sobre la controversia. Sin embargo, la demandante subray\u00f3 que Espa\u00f1a no pudo demostrar la existencia de circunstancias excepcionales que justifican la solicitud de revisi\u00f3n de la determinaci\u00f3n jurisdiccional, que posee efecto res judicata<\/em>. Adem\u00e1s, afirm\u00f3 que la Sentencia Komstroy<\/em> no era vinculante respecto del Tribunal del CIADI porque se trataba de una decisi\u00f3n de un tribunal perteneciente a un ordenamiento jur\u00eddico regional, mientras que el Tribunal del CIADI no se constituy\u00f3 en virtud del derecho de la UE. Por lo tanto, la interpretaci\u00f3n del TJUE no modifica ni invalida el TCE ni altera el consentimiento incondicional concedido libremente por Espa\u00f1a. De hecho, el Tribunal del CIADI se encuentra obligado, por la Convenci\u00f3n de Viena sobre el Derecho de los Tratados (CVDT<\/span>) y las normas del derecho consuetudinario internacional, a aplicar los t\u00e9rminos del Art\u00edculo 26 del TCE.<\/p>\n Por \u00faltimo, la demandante argument\u00f3 que Espa\u00f1a no aplic\u00f3 el mecanismo espec\u00edfico para enmendar el TCE.<\/p>\n Seg\u00fan la opini\u00f3n del Tribunal, la Solicitud de reabrir el procedimiento puede ocurrir \u00fanicamente en circunstancias excepcionales, como el descubrimiento de autoridades jur\u00eddicas controladoras ya existentes antes de la decisi\u00f3n, que fueron pasadas por alto por las partes y por el Tribunal. \u00danicamente en dicho caso, el Tribunal tendr\u00eda jurisdicci\u00f3n inherente para revisar su decisi\u00f3n a fin de resolver una injustica obvia. Pero en el caso objeto de an\u00e1lisis, el Tribunal concluy\u00f3 que la presentaci\u00f3n del caso Komstroy<\/em> como una autoridad jur\u00eddica posterior no era suficiente para justificar esta reconsideraci\u00f3n. Adem\u00e1s, el razonamiento de dicho caso ya hab\u00eda sido presentado por las partes y llev\u00f3 a la Decisi\u00f3n de 2020. Por ende, afirm\u00f3 que Komstroy <\/em>no altera su decisi\u00f3n sobre jurisdicci\u00f3n de 2020.<\/p>\n No satisfecho con el resultado de su solicitud, el 28 de junio de 2022, Espa\u00f1a present\u00f3 una segunda petici\u00f3n al Tribunal para que revisara su Decisi\u00f3n de 2020 y la Decisi\u00f3n sobre la solicitud de reconsideraci\u00f3n presentada por Espa\u00f1a el 10 de enero de 2022, pero en esta ocasi\u00f3n con referencia al Laudo Green Power<\/em>. Este laudo se relaciona con una demanda del TCE entablada por empresas danesas contra Espa\u00f1a en un arbitraje administrado por la CCE, en la cual el Tribunal de la CCE confirm\u00f3 su falta de jurisdicci\u00f3n sobre una controversia intra-UE bajo el TCE.<\/p>\n Aqu\u00ed, el Tribunal evalu\u00f3 el consentimiento a arbitrar una controversia intra-UE en virtud del TCE, verificando si el Art\u00edculo 26 del TCE podr\u00eda aplicarse con referencia a otras disposiciones del TCE y a los Art\u00edculos 31, 32 y 33 de la CVDT, y concluy\u00f3 que una oferta de arbitraje como tal es inv\u00e1lida en virtud de la primac\u00eda del ordenamiento jur\u00eddico de la UE.<\/p>\n La posici\u00f3n de Espa\u00f1a era que el Laudo Green Power<\/em> justificaba la reapertura del procedimiento, ya que constitu\u00eda un factor decisivo y, por lo tanto, cumpl\u00eda con el umbral establecido en la Regla 38(2) del Reglamento de Arbitraje del CIADI. Seg\u00fan la opini\u00f3n de Espa\u00f1a, el razonamiento del Tribunal de la CCE habr\u00eda sido aplicado por otros Tribunales de la CCE. De hecho, pese a que se trataba del laudo de un arbitraje administrado por la CCE, Espa\u00f1a afirm\u00f3 que la sentencia no s\u00f3lo fue el resultado de la aplicaci\u00f3n del derecho sueco en calidad de lex arbitri<\/em>.<\/p>\n Por otro lado, la demandante argument\u00f3 que, en el marco del arbitraje internacional, la norma de sentar un precedente vinculante (stare decisis<\/em>) no existe, y en todo caso, el Laudo de Green Power no cumpli\u00f3 con el umbral establecido en la Regla 38(2) del Reglamento de Arbitraje del CIADI. Asimismo, destac\u00f3 que el Tribunal de Green Power<\/em> ten\u00eda su sede en la UE, y, por ende, el derecho de la UE era aplicable para determinar su jurisdicci\u00f3n, mientras que el procedimiento objeto de an\u00e1lisis es un arbitraje del CIADI, sin sede. Por consiguiente, el razonamiento del Tribunal de la CCE en el caso Green Power<\/em> no pod\u00eda ser aplicable.<\/p>\n Al pronunciarse sobre este tema altamente debatido, en primer lugar, el Tribunal del caso Cavalum<\/em> se\u00f1al\u00f3 que el Laudo Green Power<\/em> no podr\u00eda afectar su Decisi\u00f3n sobre Jurisdicci\u00f3n, porque solo se trata de una decisi\u00f3n arbitral internacional dictada en un caso diferente, y, por lo tanto, no constituye evidencia, e incluso si lo fuera, no ser\u00eda decisiva.<\/p>\n A continuaci\u00f3n, el Tribunal Cavalum<\/em> destac\u00f3 las diferencias significativas existentes entre el presente procedimiento y el de Green Power<\/em>, elemento que tambi\u00e9n fue subrayado por el Tribunal Green Power<\/em>. En opini\u00f3n del Tribunal Cavalum<\/em>, los dos procedimientos difieren porque el caso objeto de an\u00e1lisis es un procedimiento CIADI, es decir, sin sede jur\u00eddica de arbitraje y, como tal, no puede verse afectado por el derecho aplicable surgido por la elecci\u00f3n de la sede en un Estado miembro de la UE. Mientras que este \u00faltimo se dict\u00f3 en un arbitraje con sede en Suecia, siendo el derecho sueco la legislaci\u00f3n aplicable a la jurisdicci\u00f3n. Por lo tanto, es s\u00f3lo a la luz de la elecci\u00f3n de Suecia como sede del arbitraje, que el Tribunal de la CCE podr\u00eda utilizar el derecho de la UE para determinar la jurisdicci\u00f3n. En consecuencia, la incompatibilidad de la oferta de arbitraje incluida en el art\u00edculo 26 del TCE con el principio de primac\u00eda del derecho de la UE s\u00f3lo se plantea en aquellos arbitrajes que tienen su sede arbitral en un Estado miembro de la UE. Considerando lo anterior, el Tribunal determin\u00f3 que el laudo Green Power<\/em> no afecta su Decisi\u00f3n de 2020 y su Decisi\u00f3n sobre la solicitud de reconsideraci\u00f3n presentada por Espa\u00f1a del 10 de enero de 2022.<\/p>\n El Tribunal estuvo compuesto por Lord Collins de Mapesbury, LLD, FBA, nacional del Reino Unido, que actu\u00f3 como Presidente, el Sr. David R. Haigh K.C., nacional de Canad\u00e1, designado por el inversor y por Sir Daniel Bethlehem K.C., nacional del Reino Unido, designado por Espa\u00f1a.<\/em><\/p>\n La opini\u00f3n disidente del Sr. David R. Haigh K.C. se encuentra disponible <\/em>aqu\u00ed<\/em><\/a>.<\/p>\n Terf\u00e8 Gerotto<\/strong>\u00a0es Mag\u00edster en Derecho Internacional del Graduate Institute of International and Development Studies, y posee un Juris Doctor en Derecho de la Universidad de Bologna.<\/p>\nAntecedentes y demandas<\/h3>\n
Objeciones a la jurisdicci\u00f3n en base a la Sentencia Achmea<\/h3>\n
El Tribunal admite jurisdicci\u00f3n sobre una controversia intra-UE en virtud del TCE<\/h3>\n
Solicitud de Espa\u00f1a de Reabrir el Procedimiento en virtud del caso Komstroy<\/h3>\n
El Tribunal concluye que el caso Komstroy no altera su Decisi\u00f3n de 2020<\/h3>\n
Segundo intento de Espa\u00f1a de Reabrir el Procedimiento en referencia al caso Green Power<\/h3>\n
El Tribunal se pronuncia sobre la aplicabilidad del razonamiento Green Power en un arbitraje del CIADI<\/h3>\n
\nAutora<\/h3>\n