La relaci\u00f3n entre el derecho internacional de las inversiones (DII) y el desarrollo sostenible es compleja. Algunos autores alegan que los AII<\/span> no constituyen un impedimento estructural para el desarrollo sostenible, aunque afirman que podr\u00eda hacerse m\u00e1s para promover activamente la sostenibilidad[1]<\/sup><\/a>. Kate Miles incluso sugiere que el surgimiento del desarrollo sostenible conlleva \u201cel potencial de transformar el derecho internacional de las inversiones [DII] de manera fundamental\u201d[2]<\/sup><\/a>. Es en este contexto que varios autores analizan c\u00f3mo los AII han evolucionado para tomar en cuenta este concepto[3]<\/sup><\/a>. Con respecto a la ISDS<\/span> (por sus siglas en ingl\u00e9s), los estudios se centran principalmente en la capacidad de respuesta de los tribunales \u2014o en la falta de ella\u2014 a las cuestiones relacionadas con el desarrollo sostenible. Entre otros esfuerzos[4]<\/sup><\/a>, la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3moicos (OCDE<\/span>) public\u00f3 un estudio de investigaci\u00f3n donde destaca el uso de palabras clave sensibles al desarrollo sostenible por parte de los tribunales[5]<\/sup><\/a>.<\/p>\n En este articulo, cambiamos el enfoque de los tratados y los tribunales para analizar c\u00f3mo los inversores extranjeros se comprometen con las nociones de \u201cdesarrollo sostenible\u201d y \u201csostenibilidad\u201d en sus presentaciones. Gracias a Dupont y Schultz, sabemos que el DII constituye un sistema pol\u00edtico interactivo impulsado por la din\u00e1mica de entrada y salida generada por los diferentes participantes a trav\u00e9s de sus interacciones[6]<\/sup><\/a>. Dupont y Schultz explican que, con respecto a las demandas de los inversores, \u201c[s]u aporte […] gira en torno a las demandas que entablan o que amenazan con entablar, por ejemplo, bajo qu\u00e9 condiciones lo hacen, contra qu\u00e9 Estados, qu\u00e9 normas procesales o instituciones utilizan, qu\u00e9 pretenden obtener al hacerlo, c\u00f3mo enmarcan sus demandas, <\/strong>etc.\u201d[7]<\/sup><\/a>. Por consiguiente, el encuadre de las demandas y el compromiso de los inversores con la cuesti\u00f3n de la sostenibilidad son importantes, especialmente teniendo en cuenta los persistentes llamados para reformar el sistema.<\/p>\n En consecuencia, en el presente estudio, nos preguntamos: \u201c\u00bfC\u00f3mo los demandantes utilizan los conceptos de desarrollo sostenible y sostenibilidad en ISDS?\u201d Una b\u00fasqueda de texto completa del contenido de los documentos relativos a las controversias de inversi\u00f3n revela que los demandantes se han referido ampliamente a estos conceptos. Al usar la base de datos Investor-State LawGuide<\/em>, identificamos 353 documentos sobre controversias con al menos una referencia al \u201cdesarrollo sostenible\u201d y otros 293 refiri\u00e9ndose a la \u201csostenibilidad\u201d. Para los fines de esta publicaci\u00f3n, nos limitamos a analizar los documentos presentados por demandantes. Estos documentos incluyen notificaciones de intenci\u00f3n, notificaciones de arbitraje, memoriales, memoriales de d\u00faplica, memoriales de contestaci\u00f3n, solicitudes de medidas provisionales, comentarios sobre las presentaciones de las partes no contendientes, transcripciones de las audiencias y escritos post-audiencia por parte de los demandantes. Para este an\u00e1lisis se analiz\u00f3 un total de 134 documentos.<\/p>\n Nuestras conclusiones preliminares sugieren que los demandantes principalmente instrumentalizan los conceptos de desarrollo sostenible y sostenibilidad para se\u00f1alar virtudes en los procedimientos jur\u00eddicos y legitimar su decisi\u00f3n de recurrir a la ISDS. M\u00e1s all\u00e1 de algunas alusiones involuntarias a estos conceptos, la enorme mayor\u00eda de las referencias procuran presentar a los demandantes como contribuyentes al desarrollo sostenible a trav\u00e9s de sus actividades econ\u00f3micas. Tambi\u00e9n identificamos pocos ejemplos, aunque existentes, donde se ha hecho referencia al desarrollo sostenible y la sostenibilidad en el contexto del fondo de una demanda, principalmente a los efectos de priorizar la protecci\u00f3n de la inversi\u00f3n.<\/p>\n Un an\u00e1lisis de los documentos presentados por los demandantes demuestra que la consideraci\u00f3n del desarrollo sostenible y la sostenibilidad puede limitarse a alusiones casuales a estos t\u00e9rminos. Por ejemplo, las referencias al desarrollo sostenible y la sostenibilidad en ocasiones se limitan al nombre de la organizaci\u00f3n (por ej., International Institute for Sustainable Development)[8]<\/sup><\/a>, al cargo que ocupa una persona (por ej., Comisario de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible)[9]<\/sup><\/a> o al t\u00edtulo de un documento[10]<\/sup><\/a>. Otros documentos incluyen referencias a la sostenibilidad que no se relacionan con el concepto de desarrollo sostenible de ninguna manera. Los ejemplos de esta practica var\u00edan ampliamente, incluyendo debates sobre la \u201csostenibilidad jur\u00eddica\u201d de una demanda[11]<\/sup><\/a>, la \u201csostenibilidad y rentabilidad de la inversi\u00f3n de los demandantes\u201d[12]<\/sup><\/a>, o la \u201csostenibilidad fiscal\u201d del Estado demandado[13]<\/sup><\/a>. Estos ejemplos no incluyen ninguna forma de compromiso por parte de los demandantes con el significado de estos conceptos, ya que no demuestran un intento real del inversor extranjero de articular cualquier argumento bas\u00e1ndose en el desarrollo sostenible o en la sostenibilidad.<\/p>\n Los inversores extranjeros no son ajenos a las nociones de sostenibilidad y desarrollo sostenible. Sin embargo, tal como muestran nuestras conclusiones preliminares, los inversores predominantemente hacen referencia a los conceptos de sostenibilidad y desarrollo sostenible para poner de manifiesto su condici\u00f3n de buenos ciudadanos corporativos. En este contexto, los inversores intentan demostrar su compromiso y contribuci\u00f3n a la sostenibilidad sin comprometerse directamente con las disposiciones de los tratados. En sus presentaciones, la pr\u00e1ctica de los inversores se centra en una divulgaci\u00f3n selectiva para obtener una ganancia comercial en el contexto del procedimiento jur\u00eddico.<\/p>\n Nuestras conclusiones preliminares muestran que en sus presentaciones de ISDS, los inversores extranjeros adoptan al menos tres enfoques diferentes al momento de encuadrar sus contribuciones al desarrollo sostenible y a la sostenibilidad. El primero se centra en reivindicar la sostenibilidad de un determinado proyecto de inversi\u00f3n en disputa. Algunos inversores subrayan que sus proyectos de inversi\u00f3n contribuyen directamente al desarrollo sostenible en el Estado receptor. Por ejemplo, en el caso AbitibiBowater vs. Canad\u00e1<\/em>, el inversor se\u00f1ala que \u201c[e]sta inversi\u00f3n masiva de AbitibiBowater, que fue meramente el paso inicial de un proceso de inversi\u00f3n en curso [\u2026] fue instrumental para el desarrollo econ\u00f3mico, social y sostenible de la regi\u00f3n<\/strong>\u201d[14]<\/sup><\/a>. En Spence International Investments vs. Costa Rica<\/em>, el inversor adopt\u00f3 una ret\u00f3rica similar en su memorial. Espec\u00edficamente, afirma que \u201c[e]n todo momento, las Demandantes se comprometieron a desarrollar sus tierras no s\u00f3lo de manera sustentable, sino tambi\u00e9n de modo de proteger unas de las visitantes estacionales m\u00e1s famosas de Guanacaste: las tortugas Baula que desovaban all\u00ed\u201d[15]<\/sup><\/a>. Similarmente en Gabriel Resources vs. Rumania<\/em>, el inversor adopta ampliamente este enfoque en al menos siete de sus presentaciones. En el Memorial de la Demandante el inversor alega que, El Proyecto <\/em>reflejaba un plan integrado y bien financiado que habr\u00eda proporcionado rendimientos econ\u00f3micos al Estado, puestos de trabajo para la comunidad local, remediaci\u00f3n de la contaminaci\u00f3n hist\u00f3rica en Ro\u015fia Montan\u0103 (que era la obligaci\u00f3n del Estado en virtud de la Licencia de Ro\u015fia Montan\u0103), preservaci\u00f3n y promoci\u00f3n del patrimonio cultural y arquitect\u00f3nico, y creaci\u00f3n o mejora de la infraestructura de la zona, todo lo cual habr\u00eda sentado las bases para el desarrollo econ\u00f3mico sostenible a largo plazo de Ro\u015fia Montan\u0103<\/strong> y sus alrededores y, por tanto, habr\u00eda dejado a la comunidad mucho mejor que antes[16]<\/sup><\/a>.<\/p>\n Consecuentemente, seg\u00fan el primer enfoque, los inversores hacen referencia a la sostenibilidad en el contexto del proyecto de inversi\u00f3n espec\u00edfico en disputa.<\/p>\n El segundo enfoque comprende referencias m\u00e1s generales a las actividades socialmente responsables que contribuyen a la sostenibilidad en el Estado receptor. Estas actividades, sin embargo, no necesariamente est\u00e1n ligadas a un proyecto de inversi\u00f3n en particular. Por ejemplo, en Odyssey vs. M\u00e9xico<\/em>, el inversor afirma que \u201caplica los principios de cuidado y sostenibilidad ambiental en todo su trabajo<\/strong>\u201d[17]<\/sup><\/a>. Similarmente, en el caso Ballantine vs. la Rep\u00fablica Dominicana<\/em>, el inversor sugiere que, [a]dem\u00e1s de desarrollar Jamaca de Dios [un proyecto de inversi\u00f3n particular], los Inversores han continuado con su trabajo misionero financiando numerosos programas de desarrollo social y sostenibilidad ambiental<\/strong>,<\/em> incluyendo proyectos de filtrado del agua de la comunidad, programas de salud, proyectos de viviendas y programas de reforestaci\u00f3n en la Rep\u00fablica Dominicana[18]<\/sup><\/a>.<\/p>\n Notablemente, la selecci\u00f3n de palabras utilizadas aqu\u00ed por la defensa es muy pobre. Como m\u00ednimo, la frase \u201ctrabajo misionero\u201d usada en el siglo 21 tiene un trasfondo colonialista[19]<\/sup><\/a>. Las referencias no espec\u00edficas del proyecto son evidentes en las presentaciones de los inversores ante el infame tribunal del caso Bear Creek vs. Per\u00fa<\/em>. Seg\u00fan el inversor, Bear Creek ha estado activo en Per\u00fa por m\u00e1s de una d\u00e9cada y siempre ha estado orgulloso de formar parte de su vibrante comunidad minera<\/strong>. Un objetivo importante de la estrategia de responsabilidad social empresarial (\u201cRSE\u201d) y de desarrollo sostenible <\/strong>de la Empresa es forjar relaciones de trabajo positivas con las comunidades cercanas a sus activos proyectos y as\u00ed obtener la \u201clicencia social\u201d para operar[20]<\/sup><\/a>.<\/p>\n En este caso, el inversor lanz\u00f3 un proyecto minero en Per\u00fa que gener\u00f3 gran malestar social. De acuerdo con Phillipe Sands, un arbitro disidente en el caso, los disturbios se materializaron en parte debido a la incapacidad de los inversores para abordar las preocupaciones persistentes planteadas por las comunidades ind\u00edgenas locales[21]<\/sup><\/a>. Como resultado, el Gobierno peruano tuvo que suspender las operaciones de los inversionistas en la zona. Esta decisi\u00f3n del Gobierno impuls\u00f3 al inversor a iniciar una controversia de inversi\u00f3n. La mayor\u00eda del tribunal y la disidencia no estuvieron de acuerdo (entre otras cuestiones) sobre la cuantificaci\u00f3n y la evaluaci\u00f3n de la responsabilidad del inversor causante del malestar social[22]<\/sup><\/a>. Notablemente, pese a la afirmaci\u00f3n del inversor de que hab\u00eda obtenido la licencia social para operar, Sands concluy\u00f3 que el inversor no la hab\u00eda conseguido en el contexto del proyecto de inversi\u00f3n Santa Ana[23]<\/sup><\/a>.<\/p>\n Conforme al tercer enfoque, los inversores alegan que la sostenibilidad es un elemento constitutivo de su modelo de negocios. Por ejemplo, en las audiencias orales del caso Merrill & Ring vs. Canad\u00e1<\/em>, la defensa del inversor realiz\u00f3 la siguiente declaraci\u00f3n: \u201c[n]osotros tenemos una filosof\u00eda que nos gu\u00eda. Como una empresa familiar que ha estado presente por m\u00e1s de 120 a\u00f1os tanto en British Columbia como en el Estado de Washington, la sostenibilidad se encuentra primera en la lista, si se quiere, de nuestra filosof\u00eda rectora<\/strong>\u201d[24]<\/sup><\/a>. En Westmoreland vs. Canad\u00e1<\/em>, el inversor decidi\u00f3 mostrar la mayor\u00eda de sus logros sobre las cuestiones de sostenibilidad haciendo referencia a sus numerosas designaciones, tales como, la designaci\u00f3n \u201cPAR (Relaciones Abor\u00edgenes Progresivas) Nivel Plata\u201d[25]<\/sup><\/a>. En William Ralph Clayton y otros vs. Canad\u00e1, <\/em>los inversores se\u00f1alan que \u201c[las] Empresas Clayton han sido reconocidas como ciudadanos empresarios destacados, por su liderazgo en la responsabilidad social empresarial\u201d[26]<\/sup><\/a>. Estas declaraciones ejemplifican que algunos inversores enmarcan sus presentaciones ante los tribunales de ISDS destacando su compromiso con la sostenibilidad.<\/p>\n M\u00e1s all\u00e1 de estos tres enfoques para demostrar la contribuci\u00f3n de los demandantes al desarrollo sostenible, vale destacar el hecho de que se incluyan varias referencias en las notificaciones de intenci\u00f3n o en las notificaciones de arbitraje. Hasta cierto punto, sugiere que los demandantes buscan legitimar su decisi\u00f3n de recurrir a la ISDS. En algunas controversias, las \u00fanicas referencias al desarrollo sostenible entre todos los documentos presentados por un demandante a lo largo de la controversia se hallan en dichas notificaciones[27]<\/sup><\/a>. Por lo tanto, parece haber un intento de adelantarse a la oposici\u00f3n de la demanda de inversi\u00f3n desde un principio \u2014es decir, sin comprometerse en mayor medida con el concepto.<\/p>\n Adem\u00e1s de las alusiones involuntarias a los conceptos y a los intentos de demostrar su contribuci\u00f3n a la sostenibilidad, nuestro an\u00e1lisis destaca algunos ejemplos donde los demandantes se han basado en el desarrollo sostenible y la sostenibilidad en el contexto del fondo de la demanda. Estas referencias siguen siendo relativamente escasas, pero son pertinentes para demostrar c\u00f3mo los inversores extranjeros se involucran con estos conceptos e intentan quitarles sentido para resolver las controversias.<\/p>\n Algunos demandantes se han referido al desarrollo sostenible con la intenci\u00f3n de subrayar que los esfuerzos de los Estados demandados para promover la sostenibilidad no deber\u00edan afectar la protecci\u00f3n de la inversi\u00f3n extranjera. Por ejemplo, en su Memorial de R\u00e9plica en el caso Mobil y Murphy vs. Canad\u00e1<\/em>, los demandantes presentaron una r\u00e9plica al tratamiento de determinados hechos por parte del demandado y finalmente argumentaron que eran \u201cirrelevantes para la decisi\u00f3n del Tribunal, pero que no obstante deb\u00edan ser corregidos\u201d[28]<\/sup><\/a>. Seg\u00fan los demandantes:<\/p>\n El hecho es, sin embargo, que las consideraciones de pol\u00edtica tales como el \u2018desarrollo sostenible<\/strong>\u2019 de la Provincia no son determinantes para las cuestiones en disputa en este caso<\/strong>, ni siquiera se invoca acertadamente el concepto de \u2018desarrollo sostenible\u2019. El concepto de desarrollo sostenible refleja la \u2018necesidad de conciliar el desarrollo econ\u00f3mico con la protecci\u00f3n del medio ambiente\u2019. Las Directrices, a primera vista y en la pr\u00e1ctica, no tienen nada que ver con la protecci\u00f3n del medio ambiente. Por el contrario, est\u00e1n dirigidas exclusivamente a promover el desarrollo econ\u00f3mico. La doctrina del desarrollo sostenible, por tanto, no est\u00e1 debidamente comprometida[29]<\/sup><\/a>.<\/p>\n En otras palabras, los demandantes trataron de impedir que se recurriera al concepto de desarrollo sostenible, argumentando que la promoci\u00f3n del desarrollo econ\u00f3mico era el objetivo principal de las medidas en juego.<\/p>\n La priorizaci\u00f3n del desarrollo econ\u00f3mico sobre la protecci\u00f3n ambiental es a\u00fan m\u00e1s v\u00edvida en el caso Spence International Investment y otros vs. Costa Rica<\/em>. En el Escrito Post-Audiencia del Demandante, \u00e9ste se basa en la referencia al desarrollo sostenible en el pre\u00e1mbulo del Tratado de Libre Comercio entre la Rep\u00fablica Dominicana y Centroam\u00e9rica (CAFTA) aplicable:<\/p>\n A diferencia de la interpretaci\u00f3n propuesta por las Partes de los Art\u00edculos 17.1 y 17.2, el Art\u00edculo 17.9 es consistente con el texto del pre\u00e1mbulo del CAFTA (viz. <\/em>\u201c[para] ASEGURAR un marco comercial previsible para la planificaci\u00f3n de las actividades de negocios y de inversi\u00f3n\u201d). Se\u00f1ala el entendimiento e intenci\u00f3n original de las Partes, que la promoci\u00f3n y protecci\u00f3n de las inversiones podr\u00edan alcanzarse de manera coherente con la protecci\u00f3n del medio ambiente y el desarrollo sostenible<\/strong>. Las Demandantes no han impugnado el derecho de Costa Rica de proteger su ambiente natural como lo considere oportuno, siempre y cuando, al hacerlo, tambi\u00e9n cumpla con las obligaciones asumidas expl\u00edcitamente en el Cap\u00edtulo 10 del CAFTA, para atraer y mantener las inversiones extranjeras<\/strong>, y que debe en virtud del derecho consuetudinario internacional, en cualquier caso[30]<\/sup><\/a>.<\/p>\n En concreto, esta referencia al desarrollo sostenible limita considerablemente su relevancia en el contexto de la resoluci\u00f3n de una controversia de inversi\u00f3n. En lugar de comprometerse con el significado del concepto, lo evacua r\u00e1pidamente y, de hecho, prioriza la protecci\u00f3n de las inversiones sobre la promoci\u00f3n del desarrollo sostenible y la sostenibilidad.<\/p>\n Como muestran nuestras conclusiones, los demandantes no evitan mencionar los conceptos de desarrollo sostenible y sostenibilidad en sus presentaciones. Dejando a un lado los casos en los que los documentos relativos a las controversias incluyen referencias involuntarias a estos conceptos, est\u00e1 claro que los demandantes han adoptado y se han basado ampliamente en el desarrollo sostenible y la sostenibilidad. Sin embargo, si se observan con m\u00e1s detenimiento, estas referencias muestran que los demandantes se avocan en gran medida a se\u00f1alar las virtudes. Cuando los inversores extranjeros utilizan estos conceptos de forma sustantiva, es para limitar a\u00fan m\u00e1s su relevancia en la resoluci\u00f3n de las demandas. En consecuencia, los demandantes buscan principalmente demostrar su contribuci\u00f3n positiva al desarrollo sostenible de la comunidad en la que operan. En otras palabras, las referencias al desarrollo sostenible y a la sostenibilidad constituyen esfuerzos para legitimar el uso del arbitraje para resolver las controversias relativas a inversiones.<\/p>\n Tenemos la intenci\u00f3n de seguir examinando los t\u00e9rminos en que los inversores se comprometen con los conceptos de desarrollo sostenible y sostenibilidad. No obstante, estas conclusiones preliminares son importantes, especialmente en el contexto de la (re)negociaci\u00f3n de los AII. Habiendo tratados que incluyen cada vez m\u00e1s referencias al desarrollo sostenible, cabe preguntarse si la inclusi\u00f3n de este concepto supondr\u00e1 un cambio significativo en la pr\u00e1ctica de los demandantes. De hecho, varios documentos analizados anteriormente forman parte de controversias relacionadas con AII que no mencionan el desarrollo sostenible ni la sostenibilidad. Sin embargo, esto no ha impedido que los inversores traten de legitimar sus demandas poniendo en primer plano su propia contribuci\u00f3n al desarrollo sostenible y la sostenibilidad. Esto proporciona un argumento s\u00f3lido para esperar que los tribunales se comprometan efectivamente y demuestren su capacidad de respuesta a las cuestiones de desarrollo sostenible, incluso si los Estados no han incluido expresamente el concepto en el AII aplicable.<\/p>\n Adem\u00e1s, a la luz del caracter asim\u00e9trico del r\u00e9gimen de ISDS, los esfuerzos de los inversores extranjeros para reclamar una contribuci\u00f3n a la sostenibilidad de la comunidad en la que operan deber\u00edan tomarse en consideraci\u00f3n para equilibrar los derechos y las obligaciones de los Estados y los inversores extranjeros. Cuando un demandante argumenta que aporta una contribuci\u00f3n positiva a la comunidad, esto debe ser analizado por el tribunal para evaluar la demanda en general y tener en cuenta la (mala) conducta del inversor extranjero. Es preciso evaluar a la luz de este argumento si una medida adoptada por el Estado demandado para limitar el impacto negativo de una inversi\u00f3n en la comunidad realmente incumple las obligaciones internacionales en materia de inversi\u00f3n.<\/p>\n Ksenia Polonskaya, Profesor Adjunto, Departamento de Derecho y Estudios Legales, Universidad de Carleton.\u00a0Jean-Michel Marcoux, Profesor Adjunto, Departamento de Derecho y Estudios Legales, Universidad de Carleton.<\/p>\n [1]<\/sup><\/a> V\u00e9ase, por ejemplo, Newcombe, A. (2007). Sustainable development and investment treaty law. The Journal of World Investment & Trade<\/em>, 8<\/em>(3), 357\u2013407.<\/p>\n [2]<\/sup><\/a> V\u00e9ase Miles, K. (2013). The origins of international investment law: Empire, environment, and the safeguarding of capital<\/em>. Cambridge University Press, en 370.<\/p>\n [3]<\/sup><\/a> V\u00e9ase, por ejemplo, Gehring, M. W. & Kent, A. (2012). International investment agreements and sustainable development: Future pathways. En E. J. Techera (Ed.), Routledge handbook of international environmental law.<\/em> Routledge, en 561; Gehring, M. W. & Kent, A. (2013). Sustainable development and IIAs: From objective to practice. En A. de Mestral & C. L\u00e9vesque (Eds.), Improving international investment agreements<\/em>. Routledge, en 284;\u00a0 Mayeda, G., VanDuzer, J. A., & Simons, P. (2013). Integrating sustainable development into international investment agreements: A guide por developing country negotiators<\/em>. Secretar\u00eda del Commonwealth.<\/p>\n [4]<\/sup><\/a> V\u00e9ase, por ejemplo, Brown, C. (2011). Bringing sustainable development issues before investment treaty tribunals. En M.-C. Cordonier Segger, M. W. Gehring, & A. Newcombe (Eds.), Sustainable development in world investment law<\/em>. Kluwers Law International, 175; Henckels, C. (2014). Balancing investment protection and sustainable development in investor-state arbitration: The role of deference. En A. K. Bjorklund (Ed.), Yearbook on international investment law & policy 2012-2013.<\/em> Oxford University Press, 305; Berner, K. (2016). Reconciling investment protection and sustainable development. En S. Hindelang & M. Krajewski (Eds.), Shifting paradigms in international investment law: More balanced, less isolated, increasingly diversified<\/em>. Oxford University Press, 178; Acconci, P. (2018). Sustainable development and investment: Trends in law-making and arbitration. En A. Gattini, A. Tanzi, & F. Fontanelli (Eds.), General principles of law and international investment arbitration<\/em>. Brill, 290.<\/p>\n [5]<\/sup><\/a> V\u00e9ase Gordon, K., Pohl, J., & Bouchard, M. (2014). Investment treaty law, sustainable development and responsible business conduct: A fact-finding survey <\/em>(Documentos de trabajo de la OCDE sobre la inversi\u00f3n internacional 2014\/01).<\/p>\n [6]<\/sup><\/a> Dupont, C. & Schultz, T. (2016). Towards a new heuristic model: Investment arbitration as a political system. Journal of International Dispute Settlement<\/em>, 7<\/em>(1), en 5.<\/p>\n [7]<\/sup><\/a> Ibid en 7 [la negrita nos pertenece].<\/p>\n [8]<\/sup><\/a> V\u00e9ase, por ejemplo, Amec Foster Wheeler USA Corporation (USA) y otros vs. La Rep\u00fablica de Colombia<\/em>, Caso del CIADI<\/span> No. ARB\/19\/34, R\u00e9plica sobre Objeciones Preliminares (13 de diciembre de 2021), p\u00e1rrafo 294; Canfor Corporation y otros vs. Los Estados Unidos de Am\u00e9rica<\/em>, CNUDMI<\/span>, Presentaci\u00f3n Posterior a la Audiencia de Canfor Corporation y Terminal Forest Products Ltd. (22 de julio de 2005), fn 18; William Ralph Clayton y otros vs. el Gobierno de Canad\u00e1<\/em>, Caso de la CPA<\/span> No. 2009-04, Memorial de R\u00e9plica de los Inversores (21 de diciembre de 2011), p\u00e1rrafo 125; Methanex Corporation vs. Los Estados Unidos de Am\u00e9rica<\/em>, CNUDMI, Presentaciones de la Demandante con respecto a la Petici\u00f3n del International Institute of Sustainable Development (31 de agosto de 2000), p\u00e1rrafo 1.<\/p>\n [9]<\/sup><\/a> V\u00e9ase, por ejemplo, BSG Resources Limited vs. La Rep\u00fablica of Guinea, Caso del CIADI No. ARB\/14\/22, D\u00faplica de la Demandante a la Solicitud de la Rep\u00fablica of Guinea bajo el Art\u00edculo 28(1) y 39(1) del Reglamento de Arbitraje del CIADI (19 de junio de 2015), p\u00e1rrafo 76; Chemtura Corporation vs. el Gobierno de Canad\u00e1<\/em>, CNUDMI, R\u00e9plica de la Demandante\/Inversor (28 de junio de 2008), p\u00e1rrafo 63.<\/p>\n [10]<\/sup><\/a> V\u00e9ase, por ejemplo, Bear Creek Mining Corporation vs. La Rep\u00fablica de Per\u00fa<\/em>, Caso del CIADI No. ARB\/14\/21, D\u00faplica de la Demandante sobre Jurisdicci\u00f3n (26 de mayo de 2016), p\u00e1rrafo 163; Legacy Vulcan LLC vs. Estados Unidos Mexicanos<\/em>, Caso del CIADI No. ARB\/19\/1, R\u00e9plica de la Demandante Posterior a la Audiencia (16 de diciembre de 2021), p\u00e1rrafo 10; Lone Pine Resources Inc vs. Gobierno de Canad\u00e1<\/em>, CNUDMI, Comentario de la Demandante sobre una Solicitud de Autorizaci\u00f3n p\u00e1rrafo Presentar Amicus Curiae (30 de agosto de 2017), p\u00e1rrafo 21.<\/p>\n [11]<\/sup><\/a> V\u00e9ase, por ejemplo, \u00a0Amec Foster Wheeler USA Corporation (USA) y otros vs. Rep\u00fablica of Colombia<\/em>, Caso del CIADI No. ARB\/19\/34, Memorial sobre Objeciones Preliminares (1 de julio de 2021), fn 351.<\/p>\n [12]<\/sup><\/a> V\u00e9ase, por ejemplo, \u00a0B-Mex LLC y otros vs. Estados Unidos Mexicanos<\/em>, Caso del CIADI No. ARB(AF)\/16\/3, R\u00e9plica sobre el Fondo (6 de diciembre de 2021), p\u00e1rrafo 554.<\/p>\n [13]<\/sup><\/a> V\u00e9ase, por ejemplo, \u00a0Gramercy Funds Management LLC y Gramercy Per\u00fa Holdings Inc vs. La Rep\u00fablica de Per\u00fa<\/em>, Caso del CIADI No. UNCT\/18\/2, Escrito Post-Audiencia de las Demandantes sobre la Jurisdicci\u00f3n (31 de agosto de 2020), p\u00e1rrafo 62; Gramercy Funds Management LLC y Gramercy Per\u00fa Holdings Inc vs, La Rep\u00fablica de Per\u00fa,<\/em> Caso del CIADI No. UNCT\/18\/2, Escrito Post-Audiencia de las Demandantes sobre el Fondo y los Remedios (1 de julio de 2020), p\u00e1rrafo 67.<\/p>\n [14]<\/sup><\/a> AbitibiBowater Inc vs. El Gobierno de Canad\u00e1<\/em>, Caso del CIADI No. UNCT\/10\/1, Notificaci\u00f3n de Intenci\u00f3n de Presentar una Demanda a Arbitraje (23 de abril de 2009), p\u00e1rrafo 21 [la negrita nos pertenece].<\/p>\n [15]<\/sup><\/a> Spence International Investments LLC y otros vs. Costa Rica<\/em>, Caso del CIADI No. UNCT\/13\/2, Memorial sobre el Fondo de la Demandante (26 de abril de 2014), p\u00e1rrafo 3.<\/p>\n [16]<\/sup><\/a> Gabriel Resources Ltd y Gabriel Resources (Jersey) Ltd vs. Rumania<\/em>, Caso del CIADI NO. ARB\/15\/31,\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Memorial de las Demandantes (30 de junio de 2017), p\u00e1rrafo 11 [la negrita nos pertenece].<\/p>\n [17]<\/sup><\/a> Odyssey Marine Exploration Inc vs. Los Estados Unidos de Am\u00e9rica<\/em>, Caso del CIADI No. UNCT\/20\/1, Notificaci\u00f3n de Intenci\u00f3n de Presentar una Demanda a Arbitraje (4 de enero de 2019), p\u00e1rrafo 21 [la negrita nos pertenece].<\/p>\n [18]<\/sup><\/a> Michael Ballantine y otros vs. Rep\u00fablica Dominicana<\/em>, Caso de la CPA No. 2016-17, Notificaci\u00f3n de Intenci\u00f3n de Presentar una Demanda a Arbitraje (12 de junio de 2014), p\u00e1rrafo 19 [la negrita nos pertenece].<\/p>\n [19]<\/sup><\/a> Davidson, C. (2022). An evangelical occupation: The racial and imperial politics of US protestant missions in the Dominican Republic. En T. Wenger & S. A. Johnson (Eds.), Religion and US empire: Critical new histories.<\/em> NYU Press.<\/p>\n [20]<\/sup><\/a> Bear Creek Mining Corporation vs. la Rep\u00fablica de Per\u00fa<\/em>, Caso del CIADI No. ARB\/14\/21, Memorial sobre el Fondo de la Demandante (29 de mayo de 2015), p\u00e1rrafo 57 [la negrita nos pertenece].<\/p>\n [21]<\/sup><\/a> Paine, J. (2018). Comentario del Caso: Bear Creek Mining Corporation vs. La Rep\u00fablica de Per\u00fa<\/em>: Judging the social license of foreign investments and applying new style investment treaties. CIADI Review<\/em>, 33(12), en 341.<\/p>\n [22]<\/sup><\/a> Bear Creek Mining Corporation vs. La Rep\u00fablica de Per\u00fa<\/em>, Caso del CIADI No. ARB\/14\/21, Disidencia Parcial del Profesor Phillip Sands (12 de septiembre de 2017), p\u00e1rrafos 3, 37; Bear Creek Mining Corporation vs. La Rep\u00fablica de Per\u00fa<\/em>, Caso del CIADI No. ARB\/14\/21, Laudo (30 de noviembre de 2017), p\u00e1rrafo 412.<\/p>\n [23]<\/sup><\/a> Bear Creek vs. Per\u00fa<\/em>, Disidencia Parcial, nota 23 supra, p\u00e1rrafo 3.<\/p>\n [24]<\/sup><\/a> Merrill & Ring Forestry LP\u00a0 vs. El Gobierno de Canad\u00e1<\/em>, CNUDMI, Audiencia sobre la Jurisdicci\u00f3n y el Fondo (18 de mayo de 2009) en 92 [la negrita nos pertenece].<\/p>\n [25]<\/sup><\/a> Westmoreland Coal Company vs. El Gobierno de Canad\u00e1<\/em>, Caso del CIADI No. UNCT\/20\/3, Notificaci\u00f3n de Arbitraje y Declaraci\u00f3n de la Demanda (19 de noviembre de 2018) en 5.<\/p>\n [26]<\/sup><\/a> William Ralph Clayton y otros vs. El Gobierno de Canad\u00e1<\/em>, Caso de la CPA No. 2009-04, Memorial de los Inversores (25 de junio de 2011), p\u00e1rrafo 33.<\/p>\n [27]<\/sup><\/a> V\u00e9ase, por ejemplo, Peter A. Allard vs. El Gobierno de Barbados<\/em>, Caso de la CPA No. 2021-06, Notificaci\u00f3n de Controversia (8 de septiembre de 2009), p\u00e1rrafo 6; Michael Ballantine y otros vs. Rep\u00fablica Dominicana<\/em>, nota 18 supra, p\u00e1rrafo 19; Freeport-McMoRan Inc vs. La Rep\u00fablica de Per\u00fa<\/em>, Caso del CIADI No. ARB\/20\/8, Notificaci\u00f3n de Intenci\u00f3n de Presentar Deamandas a Arbitraje (26 de noviembre de 2019), p\u00e1rrafo 32; Freeport-McMoRan Inc vs. La Rep\u00fablica de Per\u00fa, Caso del CIADI No. ARB\/20\/8, Notificaci\u00f3n de Arbitraje de la Demandante (28 de febrero de 2020), p\u00e1rrafo 27; Infinito Gold Ltd vs. La Rep\u00fablica de Costa Rica<\/em>, Caso del CIADI No. ARB\/14\/5, Notificaci\u00f3n de Incumplimiento del Acuerdo (4 de abril de 2013) en 1.<\/p>\n [28]<\/sup><\/a> Mobil Investments Canad\u00e1 Inc y Murphy Oil Corporation vs. el Gobierno de Canad\u00e1<\/em>, Caso del CIADI No. ARB(AF)\/07\/04, Memorial de R\u00e9plica de las Demandantes, Anexo A, p\u00e1rrafo 2.<\/p>\n [29]<\/sup><\/a> Ibid, p\u00e1rrafos 3 y 4 [la negrita nos pertenece].<\/p>\n1. Alusiones involuntarias al desarrollo sostenible<\/h2>\n
2. Reivindicar una contribuci\u00f3n al desarrollo sostenible<\/h3>\n
Dar una imagen de la inversi\u00f3n como si contribuyera al desarrollo sostenible<\/h3>\n
Dar una imagen del inversor como si contribuyera al desarrollo sostenible<\/h3>\n
Desarrollo sostenible como parte del modelo de negocios del inversor<\/h3>\n
3. Limitar la pertinencia de los conceptos<\/h2>\n
Conclusi\u00f3n<\/h2>\n
\nAutores<\/h3>\n
\nNotas<\/h3>\n