{"id":13211,"date":"2022-12-26T08:36:50","date_gmt":"2022-12-26T07:36:50","guid":{"rendered":"http:\/\/172.30.141.17\/2022\/12\/26\/tribunal-decide-quien-puede-representar-adecuadamente-a-venezuela-en-arbitraje\/"},"modified":"2024-08-16T20:00:51","modified_gmt":"2024-08-16T18:00:51","slug":"tribunal-decide-quien-puede-representar-adecuadamente-a-venezuela-en-arbitraje","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iisd.org\/itn\/es\/2022\/12\/26\/tribunal-decide-quien-puede-representar-adecuadamente-a-venezuela-en-arbitraje\/","title":{"rendered":"Tribunal decide qui\u00e9n puede representar adecuadamente a Venezuela en arbitraje"},"content":{"rendered":"

Venezuela Holdings, B.V., et al (caso anteriormente conocido como Mobil Corporation, Venezuela Holdings, B.V., et al.) c. Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, Caso CIADI<\/span> No. ARB\/07\/27<\/h2>\n

Resumen<\/h2>\n

Venezuela Holdings, B.V, Mobil Cerro Negro Holding, LLC y Mobil Cerro Negro, Ltd. (conjuntamente, las \u201cdemandantes\u201d) volvieron a presentar su demanda por expropiaci\u00f3n contra la Rep\u00fablica de Venezuela (\u201cVenezuela\u201d) en virtud del Reglamento del CIADI. Durante el procedimiento de nueva sumisi\u00f3n, surgi\u00f3 una diferencia en cuanto a la representaci\u00f3n de Venezuela.<\/p>\n

El tribunal concluy\u00f3<\/a> que la cuesti\u00f3n de determinar la representaci\u00f3n adecuada del Estado a los fines del arbitraje constitu\u00eda una cuesti\u00f3n procesal y aplic\u00f3 el principio de status quo<\/em> para resolver este asunto.<\/p>\n

Hechos<\/h2>\n

Reinaldo Enrique Mu\u00f1oz Pedroza, abogado designado por el Gobierno de Maduro, fue la autoridad notificada por el CIADI sobre el registro de este caso. Sin embargo, Jos\u00e9 Ignacio Hern\u00e1ndez G., el designado del Gobierno de Guaid\u00f3, posteriormente se comunic\u00f3 con el CIADI afirmando que, de hecho, el era la \u00fanica persona autorizada para representar a Venezuela.<\/p>\n

Luego de la constituci\u00f3n del tribunal, las demandantes solicitaron que la cuesti\u00f3n de la representaci\u00f3n de Venezuela en este arbitraje (la \u201ccuesti\u00f3n de la representaci\u00f3n\u201d) fuera determinada antes del procedimiento. Pese a que el abogado representante del Gobierno de Maduro (el \u201cabogado de Maduro\u201d) objet\u00f3 esta solicitud, el tribunal no estuvo de acuerdo. Luego de identificar a la persona representante del Gobierno de Guaid\u00f3 como Enrique S\u00e1nchez Falc\u00f3n \u2014el sucesor de Hern\u00e1ndez\u2014 el tribunal decidi\u00f3 resolver, como una cuesti\u00f3n preliminar, la cuesti\u00f3n de la representaci\u00f3n.<\/p>\n

Antecedentes procesales<\/h2>\n

Esta decisi\u00f3n proviene del procedimiento de arbitraje iniciado ante el CIADI en 2017 contra Venezuela en virtud del TBI<\/span><\/span> entre los Pa\u00edses Bajos y Venezuela de 1991<\/a> (el \u201cTBI\u201d). El arbitraje original se inici\u00f3 en respuesta a las medidas adoptadas por el Gobierno de Venezuela que seg\u00fan las demandantes expropi\u00f3 efectivamente, inter alia,<\/em> sus inversiones para la explotaci\u00f3n de petr\u00f3leo crudo pesado en dicho pa\u00eds. En 2014, Venezuela fue ordenada<\/a> a pagar m\u00e1s de USD 1,4 mil millones en da\u00f1os por las expropiaciones. En 2017, la parte del laudo sobre el quantum fue anulada<\/a>. En octubre de 2018, en respuesta a esta anulaci\u00f3n, las demandantes presentaron una solicitud de nueva sumisi\u00f3n de la controversia.<\/p>\n

Conclusiones del tribunal<\/h2>\n

1. La cuesti\u00f3n de la representaci\u00f3n se encuentra correctamente presentada ante el tribunal.<\/h3>\n

La defensa de Maduro argument\u00f3 que ninguna cuesti\u00f3n sobre la representaci\u00f3n fue presentada ante el tribunal por ning\u00fan tercero y que, por lo tanto, el tribunal no pose\u00eda competencia para decidir sobre esta cuesti\u00f3n. El mismo rechaz\u00f3 este argumento en base a la carta remitida por Hern\u00e1ndez al tribunal, la cual fue interpretada como la representaci\u00f3n correcta de Venezuela ante los tribunales del CIADI.<\/p>\n

2. La cuesti\u00f3n de la representaci\u00f3n tiene una naturaleza procesal.<\/h3>\n

El abogado del Gobierno de Guaid\u00f3 (el \u201cabogado de Guaid\u00f3\u201d) objet\u00f3 la jurisdicci\u00f3n del tribunal en base a dos argumentos; (1) que era una cuesti\u00f3n pol\u00edtica, y (2) que se encontraba fuera de la jurisdicci\u00f3n del tribunal.<\/p>\n

El tribunal rechaz\u00f3 esta caracterizaci\u00f3n como una cuesti\u00f3n pol\u00edtica. Citando la orden sobre la representaci\u00f3n de Venezuela por el tribunal del caso Kimberly-Clark Dutch Holdings, B.C. et al. vs. la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela<\/em><\/a>,<\/em> el tribunal consider\u00f3 que se trata de una cuesti\u00f3n procesal debido a que \u201ces una cuesti\u00f3n que se refiere a la correcta conducci\u00f3n de este arbitraje\u201d. Posteriormente sostuvo que el TBI no planteaba ning\u00fan obst\u00e1culo jurisdiccional ya que sus disposiciones sobre la jurisdicci\u00f3n deb\u00edan ser interpretadas en conjunto con el Convenio del CIADI, el cual autoriza que los tribunales aborden las cuestiones procesales que puedan surgir durante un arbitraje.<\/p>\n

El tribunal subray\u00f3 que su determinaci\u00f3n sobre la cuesti\u00f3n de la representaci\u00f3n no era una decisi\u00f3n sobre la legitimidad del Gobierno de Venezuela. En cambio, describi\u00f3 su determinaci\u00f3n como una decisi\u00f3n tomada para asegurar \u201cla correcta conducci\u00f3n del procedimiento y la protecci\u00f3n de los derechos de defensa de las partes\u201d en el procedimiento de nueva sumisi\u00f3n de la controversia.<\/p>\n

3. La cuesti\u00f3n de la representaci\u00f3n debe decidirse a nivel de los representantes gubernamentales.<\/h3>\n

El tribunal explic\u00f3 que la cuesti\u00f3n de la representaci\u00f3n deb\u00eda decidirse a nivel del abogado de Maduro y el abogado de Guiad\u00f3. Es decir, debe decidirse a nivel de Gobierno (es decir, entre los Gobiernos de Maduro y de Guaid\u00f3), por un lado, ya que la misma s\u00f3lo concierne a \u201cla cuesti\u00f3n procesal espec\u00edfica de la representaci\u00f3n de la Demandada ante el Tribunal.\u201d No debe decidirse a nivel de la defensa legal, porque son \u201clos [representantes gubernamentales] quienes deben nombrar al abogado y no a la inversa\u201d.<\/p>\n

4. Conforme al principio de status quo, el representante adecuado del Gobierno de Venezuela es Reinaldo Enrique Mu\u00f1oz Pedroza. Ninguna otra consideraci\u00f3n cambia este resultado.<\/h3>\n

Siguiendo las decisiones de otros tribunales que debieron determinar la cuesti\u00f3n de la representaci\u00f3n de Venezuela en procedimientos anteriores del CIADI, el tribunal aplic\u00f3 el principio de status quo,<\/em> el cual requiere el \u201cmantenimiento del status quo<\/em>, haciendo recaer la carga de la prueba sobre la persona o el organismo que pretenda cambiar la representaci\u00f3n existente\u201d. Dado que Pedroza hab\u00eda sido el representante registrado de Venezuela al momento de la iniciaci\u00f3n del procedimiento de nueva sumisi\u00f3n y debido a que \u00e9l (o su predecesor en el cargo) hab\u00eda representado a Venezuela en las etapas anteriores del arbitraje, el mismo fue identificado como el representante adecuado.<\/p>\n

A pesar de esto, el tribunal analiz\u00f3 otras consideraciones, que tambi\u00e9n apuntaban a Pedroza.<\/p>\n

    \n
  • Derecho venezolano y la gobernanza efectiva<\/strong>: El tribunal destac\u00f3 que la legislaci\u00f3n interna en la cual se bas\u00f3 el nombramiento de los representantes del Gobierno de Guaid\u00f3 hab\u00eda sido anulada por la Corte Constitucional de Venezuela. Asimismo, el tribunal subray\u00f3 que no hab\u00eda pruebas de que Falc\u00f3n fuera el representante efectivo (por oposici\u00f3n a leg\u00edtimo) de Venezuela porque el Gobierno de Guaid\u00f3 no controlaba el territorio venezolano ni el aparato estatal.<\/li>\n
  • Derecho Internacional y reconocimiento<\/strong>: Citando el Art\u00edculo 41(2) de los Art\u00edculos sobre la Responsabilidad de los Estados por Hechos Internacionalmente Il\u00edcitos, el tribunal explic\u00f3 en primer lugar que, dado que no hab\u00eda habido violaciones de jus cogens<\/em> en la designaci\u00f3n de Pedroza, su nombramiento bajo el derecho venezolano tambi\u00e9n era v\u00e1lido bajo el derecho internacional. Luego procedi\u00f3 a analizar los argumentos de la defensa de Guaid\u00f3 sobre la pertinencia del reconocimiento internacional del Gobierno de Guiad\u00f3. Primero, el tribunal explic\u00f3 que no exist\u00eda un reconocimiento internacional uniforme de dicho Gobierno y que, incluso entre los Estados que s\u00ed reconoc\u00edan este Gobierno, no estaba claro si se trataba de un reconocimiento como el Gobierno efectivo de Venezuela. Segundo, en cuanto al reconocimiento del Gobierno de Guaid\u00f3 por los Pa\u00edses Bajos (como el Estado de origen de las demandantes) y por los Estados Unidos (como el Estado de origen de la empresa matriz de las demandantes), el tribunal destac\u00f3 que esto era irrelevante dado que los intereses jur\u00eddicos de los Estados de origen en las demandas de inversi\u00f3n de sus nacionales les imped\u00eda decidir la representaci\u00f3n del Estado demandado en el procedimiento de arbitraje subsiguiente. Tercero, en cuanto al reconocimiento a nivel institucional por parte del Banco Mundial, el tribunal se\u00f1al\u00f3 que, dado que Venezuela no era un Estado contratante del Convenio del CIADI y, por lo tanto, no era un miembro del Consejo Administrativo del CIADI, Venezuela no ten\u00eda reconocimiento a nivel pertinente del Banco Mundial.<\/li>\n
  • Principios generales del derecho procesal y equidad<\/strong>: Observando las consideraciones de eficiencia procesal y el derecho a la defensa de Venezuela, el tribunal destac\u00f3 que Pedroza era la mejor opci\u00f3n. Si bien el tribunal se\u00f1al\u00f3 que una defensa conjunta por parte de Pedroza y Falc\u00f3n ser\u00eda bienvenida, en ausencia de un acuerdo entre los letrados, la representaci\u00f3n de Pedroza garantizar\u00eda que el procedimiento continuase, asegurando as\u00ed la eficiencia procesal, y que el derecho a la defensa de Venezuela no se viera comprometido.<\/li>\n<\/ul>\n

    Comentarios<\/h2>\n

    1. La compleja divisi\u00f3n procesal\/pol\u00edtica<\/h3>\n

    El tribunal califica la cuesti\u00f3n de la representaci\u00f3n como un asunto procesal ya que estima que el efecto de su decisi\u00f3n se limita a \u201cdetermin[ar] qui\u00e9n debe asumir la tarea de representar a Venezuela ante el Tribunal en este procedimiento\u201d. Si esto fuera as\u00ed, no habr\u00eda habido ninguna raz\u00f3n para que Pedroza y Falc\u00f3n disputasen su derecho a representar a Venezuela en el procedimiento. En realidad, sin embargo, la \u201ctarea de presentar la defensa de Venezuela\u201d presupone la autoridad pol\u00edtica para hablar en nombre de Venezuela. Al reconocer el derecho de Pedroza a hablar por Venezuela, el tribunal est\u00e1 \u201creconoc [iendo] a un Gobierno\u201d que, seg\u00fan se\u00f1ala el tribunal, \u201cno posee la capacidad de [hacerlo]\u201d.<\/p>\n

    2. La ambig\u00fcedad del principio de status quo<\/h3>\n

    El peso legal de la prueba de status quo<\/em> no est\u00e1 claro. El tribunal afirma, en p\u00e1rrafos posteriores, que dicho principio es una base suficiente para \u201cdecidir\u201d la cuesti\u00f3n de la representaci\u00f3n y tambi\u00e9n que \u00e9ste s\u00f3lo crea una presunci\u00f3n refutable. Si, y en la medida en que otras consideraciones (es decir, la gobernanza efectiva, el derecho internacional, etc.) juegan un papel importante, no est\u00e1 claro c\u00f3mo el tribunal habr\u00eda sopesado estas consideraciones frente al principio de status quo<\/em> si una o m\u00e1s de ellas favorecieran, en cambio, a Falc\u00f3n.<\/p>\n

    3. Eficiencia procesal ilusoria<\/h3>\n

    El tribunal subraya al final de su decisi\u00f3n que su determinaci\u00f3n de la representaci\u00f3n de Venezuela podr\u00eda ser revisada \u201ca la luz de nuevos hechos\u201d. El Gobierno de Guaid\u00f3 podr\u00eda, por lo tanto, impugnar la legitimidad de Pedroza en la representation de Venezuela, y el tribunal deber\u00eda considerar esta impugnaci\u00f3n. No est\u00e1 claro c\u00f3mo se alinear\u00eda esto con el objetivo declarado del tribunal de garantizar la eficiencia procesal en el procedimiento.<\/p>\n

    4. Credibilidad de la defensa<\/h3>\n

    El abogado de Guaid\u00f3 actu\u00f3 como abogado de Maduro (antes de ser reemplazado) en las primeras etapas de este procedimiento de nueva sumisi\u00f3n. Resulta interesante notar que el tribunal no emiti\u00f3 comentario alguno sobre la credibilidad del abogado de Guaid\u00f3 dado este cambio de postura de 180\u00b0.<\/p>\n

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    Nota<\/h3>\n

    El tribunal estuvo compuesto por Stephen Drymer (designado por las demandantes), el Profesor Andrea Giardina (nombrado por Venezuela) y el Profesor Nicolas Angelet (el presidente).<\/p>\n

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    Autora<\/strong><\/h3>\n

    Aishwarya Suresh Nair es Becaria en el programa de Finanzas Internacionales y Desarrollo del IISD<\/span> recibida de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.<\/p>\n