{"id":13121,"date":"2022-03-30T08:56:23","date_gmt":"2022-03-30T06:56:23","guid":{"rendered":"http:\/\/172.30.141.17\/2022\/03\/30\/sobre-la-importancia-de-definir-las-demandas-infundadas-en-la-isds\/"},"modified":"2024-08-16T20:01:28","modified_gmt":"2024-08-16T18:01:28","slug":"sobre-la-importancia-de-definir-las-demandas-infundadas-en-la-isds","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iisd.org\/itn\/es\/2022\/03\/30\/sobre-la-importancia-de-definir-las-demandas-infundadas-en-la-isds\/","title":{"rendered":"Sobre la importancia de definir las demandas \u201cinfundadas\u201d en la ISDS"},"content":{"rendered":"

Uno de los temas elegidos por el Grupo de Trabajo III de la CNUDMI<\/span> sobre la reforma de la ISDS<\/span><\/span> (WGIII, por sus siglas en ingl\u00e9s) es el problema de las demandas infundadas. Para mayor claridad, el diccionario de la Real Academia Espa\u00f1ola especifica que el t\u00e9rmino \u201cinfundado\/a\u201d significa \u201cque carece de fundamento real o racional\u201d y \u201cde poco peso o importancia\u201d[1]<\/a>. Durante las deliberaciones, los Gobiernos destacaron que las demandas infundadas pueden dar como resultado \u201ccostos excesivos\u201d para los Estados demandados y menoscabar la legitimidad de la s oluci\u00f3n de controversias entre inversionistas y estados (ISDS, por sus siglas en ingl\u00e9s) como un mecanismo para la soluci\u00f3n de diferencias[2]<\/a>. Si los Gobiernos se ven involucrados en un prolongado y costoso proceso de arbitraje para defenderse de una demanda infundada, esto puede generar mayor falta de confianza en el sistema de soluci\u00f3n de controversias, y eventualmente, es posible que los Gobiernos se encuentren a\u00fan menos dispuestos a ser parte del mismo. Entre otras inquietudes, algunos Gobiernos hicieron hincapi\u00e9 en la posibilidad de que las demandas infundadas da\u00f1en la reputaci\u00f3n de los Estados anfitriones y generen par\u00e1lisis normativa[3]<\/a>.<\/p>\n

La presente contribuci\u00f3n se enfocar\u00e1 en el significado del t\u00e9rmino \u201cinfundado\/a\u201d tal como lo entienden los Gobiernos que participan en el WGIII. Adem\u00e1s, procura demostrar que, hasta el momento, los Estados participantes se han enfocado en los aspectos procesales de este problema, al identificar diferentes maneras para reducir las demandas infundadas sin emprender la labor sustantiva de definir este tipo de demandas[4]<\/a>. Aqu\u00ed el t\u00e9rmino procesal se refiere a la cuesti\u00f3n de \u201cc\u00f3mo\u201d abordar este tema y el t\u00e9rmino \u201csustantivo\u201d refleja la pregunta sobre a \u201cqu\u00e9\u201d se refiere el contenido del asunto en cuesti\u00f3n. Sin embargo, \u201cqu\u00e9\u201d no resulta menos importante desde una perspectiva normativa. Si los Gobiernos establecen mecanismos para la desestimaci\u00f3n de las demandas infundadas sin determinar los criterios para identificarlas, implica que los tribunales tendr\u00e1n plena discreci\u00f3n para identifica el tipo de demandas que se pueden desestimar como infundadas.<\/p>\n

Si los Estados optan por dise\u00f1ar mecanismos para su desestimaci\u00f3n sin establecer criterios ex ante<\/em> para identificar las demandas infundadas, los \u00e1rbitros seguir\u00e1n desempe\u00f1ando una funci\u00f3n de guardianes al decidir cu\u00e1les demandas pueden proseguir y cu\u00e1les deben ser desestimadas. Por el contrario, si el WGIII decide responder a la pregunta \u201cqu\u00e9\u201d, pueden establecerse criterios ex ante<\/em> por medio de la contestaci\u00f3n pol\u00edtica. Si los Gobiernos desean tener mayor control sobre el proceso de ISDS, la primera opci\u00f3n es preferible[5]<\/a>.<\/p>\n

Este art\u00edculo alienta a los Gobiernos participantes a enfocarse no s\u00f3lo en la cuesti\u00f3n de \u201cc\u00f3mo\u201d sino tambi\u00e9n en el \u201cqu\u00e9\u201d al momento de abordar el problema de las demandas infundadas. Esta recomendaci\u00f3n corresponde a la propuesta de la Secretar\u00eda de la CNUDMI de manera que el WGIII considere \u201c[l]os tipo(s) de demandas interpuestas, incluidas aquellas que podr\u00edan prolongar la duraci\u00f3n y aumentar el costo del proceso de ISDS, por ejemplo, las demandas presentadas por empresas ficticias, las demandas exageradas o basadas en hechos no demostrados\u201d[6]<\/a>. La Secretar\u00eda tambi\u00e9n sugiere (correctamente, a mi parecer) que los Gobiernos deber\u00edan llegar a un acuerdo sobre el lenguaje que har\u00e1 referencia al t\u00e9rmino \u201cinfundadas\u201d, es decir, por ejemplo, que los Gobiernos deben determinar \u201cla terminolog\u00eda a ser usada, por ejemplo, en demandas \u201cinfundadas\u201d, demandas respecto de las que no puede dictarse un laudo, o aquellas que \u201ccarecen manifiestamente de fundamento jur\u00eddico\u201d[7]<\/a>. La determinaci\u00f3n lingu\u00edstica resulta fundamental porque, sobre esta base, los tribunales (si conservan esta funci\u00f3n) podr\u00e1n establecer un umbral espec\u00edfico para su desestimaci\u00f3n.<\/p>\n

Este art\u00edculo se estructura de la siguiente manera: Primero, muestra que el problema de las demandas infundadas no es algo nuevo para el WGIII y demuestra que los Gobiernos ya han hecho hincapi\u00e9 en la necesidad de implantar mecanismos para la desestimaci\u00f3n de las demandas infundadas en lugar de establecer criterios para identificarlas. Segundo, expone que los Gobiernos no necesariamente comparten una opini\u00f3n uniforme sobre lo que consideran una demanda infundada. Tercero, discute por qu\u00e9 los tribunales no necesariamente se encuentran bien equipados para ejercer plena discreci\u00f3n al identificar las demandas infundadas. Por \u00faltimo, argumenta que si los Gobiernos realmente desean abordar este problema, deber\u00edan adoptar criterios que sirvan de gu\u00eda para los tribunales a la hora de definir y desestimar este tipo de demandas.<\/p>\n

Anteriores esfuerzos institucionales para abordar las demandas infundadas<\/h2>\n

La preocupaci\u00f3n en torno a las demandas infundadas tampoco es algo nuevo en el contexto de la ISDS. Por ejemplo, durante las negociaciones del Convenio del CIADI<\/span>, algunos Gobiernos advirtieron sobre la posibilidad de que surjan este tipo de demandas. El representante de Guinea argument\u00f3 que el Convenio deber\u00eda hacer una distinci\u00f3n entre las demandas \u00abinfundadas\u00bb y las \u00abirresponsables\u00bb, mientras que los representantes de El Salvador y Camer\u00fan debatieron si la mejor manera de abordar estas demandas ser\u00eda a trav\u00e9s de la asignaci\u00f3n de los costos[8]<\/a>. Andreas Lowenfeld, miembro de la delegaci\u00f3n de los Estados Unidos para las negociaciones en el CIADI, estuvo de acuerdo con el principio que la parte perdedora debe pagar los costos del procedimiento s\u00f3lo si \u00abpuede demostrarse que la demanda era infundada\u00bb[9]<\/a>. Durante las negociaciones, el Secretariado sugiri\u00f3 que la Secretaria General del CIADI podr\u00eda cumplir una funci\u00f3n de \u201cdisuadir\u201d a los demandantes de presentar una demanda infundada[10]<\/a>. Notablemente, los Gobiernos y el Secretariado se enfocaron en la manera de limitar este tipo de demandas sin identificar claramente qu\u00e9 demandas pueden ser consideradas infundadas. Finalmente, ni el Convenio ni el Reglamento del CIADI adoptaron el t\u00e9rmino \u00abinfundadas\u00bb.<\/p>\n

Sin embargo, las inquietudes sobre este tipo de demandas no desaparecieron por completo. En 2004, en su revisi\u00f3n del reglamento de arbitraje, el CIADI tuvo que abordar las inquietudes de los Gobiernos con respecto a que los inversores pudieran presentar demandas carentes de m\u00e9rito y, por lo tanto, imponer a los Gobiernos costos adicionales para su defensa[11]<\/a>. En respuesta, el CIADI enmend\u00f3 el reglamento introduciendo la Regla 41(5) que otorga a los tribunales la facultad de desestimar las demandas que carecen manifiestamente de m\u00e9rito jur\u00eddico en una etapa temprana del proceso[12]<\/a>. Para el 2018, los principales reglamentos de arbitraje adoptar\u00edan un modelo similar[13]<\/a>. Paralelamente al proceso de revisi\u00f3n del reglamento del CIADI, Estados Unidos (impulsado por la demanda Methanex<\/em>) incorpor\u00f3 una disposici\u00f3n en su Modelo de TBI<\/span><\/span> sobre la desestimaci\u00f3n de aquellas demandas respecto de las que no se pueda dictar un laudo favorable para el demandante[14]<\/a>. Actualmente estas disposiciones se encuentran contenidas tanto en los tratados de los Estados Unidos como en otros que no involucran a este pa\u00eds[15]<\/a>. Por ejemplo, el Acuerdo Econ\u00f3mico y Comercial Global (AECG<\/span><\/span>) entre Canad\u00e1 y la Uni\u00f3n Europea contiene ambas disposiciones[16]<\/a>. Tal como se\u00f1al\u00e9 en otras ocasiones, el AECG brinda un marco \u00fanico para tratar este tipo de demandas porque, adem\u00e1s de incorporar dos disposiciones para su desestimaci\u00f3n, cambia estructuralmente el mecanismo de ISDS, al establecer un tribunal permanente[17]<\/a>. Sin embargo, incluso el AECG no establece ning\u00fan criterio espec\u00edfico para identificar estas demandas, aunque indica que las mismas deben carecer manifiestamente de valor jur\u00eddico y\/o ser injustificadas[18]<\/a>.<\/p>\n

Esto es infundado o qu\u00e9: Sobre las demandas \u201cPie Grande\u201d<\/h2>\n

Durante la d\u00e9cada de 1990, los juicios infundados eran el fantasma del despilfarro que pon\u00eda de manifiesto los problemas existentes en el sistema jur\u00eddico de los Estados Unidos, lo cual decant\u00f3 en ineficiencias en la utilizaci\u00f3n de los litigios[19]<\/a>. En Canad\u00e1, la preocupaci\u00f3n por las demandas infundadas tambi\u00e9n se encuentra vigente. Por ejemplo, recientemente, un tribunal canadiense desestim\u00f3 sumariamente una demanda que pretend\u00eda una declaraci\u00f3n por parte del tribunal para establecer la existencia del m\u00edtico Sasquatch<\/em>, \u201ctambi\u00e9n conocido como Pie Grande\u201d[20]<\/a>. El demandado solicit\u00f3 la desestimaci\u00f3n sumaria por considerar que la demanda era infundada y no revelaba ninguna causa razonable de acci\u00f3n[21]<\/a>. El tribunal acept\u00f3 la solicitud dado que la demanda no ten\u00eda \u201cninguna perspectiva razonable de \u00e9xito\u201d[22]<\/a>. El caso es curioso ya que identifica la categor\u00eda de las \u201cdemandas Pie Grande\u201d, que se refiere a demandas que no tienen ninguna posibilidad de \u00e9xito debido a que no tienen una base s\u00f3lida en la realidad de los hechos.<\/p>\n

Presumiblemente, los participantes del WGIII no tienen en mente estas \u201cdemandas Pie Grande\u201d cuando expresan sus inquietudes sobre las demandas infundadas en la ISDS. Sin embargo, cuando los Gobiernos y los tribunales argumentan que una demanda jur\u00eddica es \u201cinfundada\u201d, \u00bfposeen una visi\u00f3n universal sobre el significado del t\u00e9rmino \u201cinfundada\u201d?<\/p>\n

El registro de las negociaciones de los tratados y la pr\u00e1ctica arbitral puede ayudar a entender a qu\u00e9 se refieren los Gobiernos cuando hablan de demandas \u201cinfundadas\u201d. Por ejemplo, durante las negociaciones del Convenio del CIADI, los Gobiernos presentaron argumentos en favor de hacer una distinci\u00f3n entre las demandas infundadas y las demandas de mala fe[23]<\/a>. Aquellas presentadas de mala fe pueden tener fundamento y ser jur\u00eddicamente s\u00f3lidas aunque los demandantes las interpongan con la intenci\u00f3n de manipular el sistema o tomar una ventaja injusta de las reglas de arbitraje. Un ejemplo cl\u00e1sico podr\u00eda ser la presentaci\u00f3n de un demandante que infrinja el principio de manos limpias[24]<\/a>. La pr\u00e1ctica arbitral muestra coherencia con respecto a este enfoque. En el caso Trans-Global Petroleum vs. Jordania<\/em>, por ejemplo, el tribunal hizo una distinci\u00f3n entre las demandas \u201cinfundadas\u201d, \u201cvejatorias\u201d, \u201cimprecisas\u201d, y aquellas \u201crealizadas de mala fe\u201d[25]<\/a>. Adem\u00e1s, en la reuni\u00f3n intersesional organizada por el Gobierno de Corea, algunos Gobiernos estuvieron de acuerdo con que era necesario hacer una distinci\u00f3n entre el concepto conocido como abuso del proceso y el de demandas infundadas[26]<\/a>.<\/p>\n

Los reglamentos de arbitraje y los tratados de inversi\u00f3n no emplean el t\u00e9rmino \u00abinfundadas\u00bb. En cambio, la terminolog\u00eda utilizada en estos instrumentos se refiere a \u201cdemandas con una falta manifiesta de m\u00e9rito jur\u00eddico\u201d y \u201cdemandas respecto de las cuales no se pueda dictar un laudo favorable para el demandante\u201d[27]<\/a>. Generalmente, estos tratados y reglamentos no contienen ninguna definici\u00f3n o criterios para la evaluaci\u00f3n de dichas demandas, as\u00ed que los tribunales tienen el control para identificarlas en cada caso espec\u00edfico.<\/p>\n

Seg\u00fan los mecanismos existentes para la desestimaci\u00f3n de estas demandas que siguen el ejemplo de la Regla 41(5) del Reglamento de Arbitraje del CIADI, s\u00f3lo se podr\u00e1 oponer una excepci\u00f3n a demandas que presenten una manifiesta falta de m\u00e9rito jur\u00eddico. Seg\u00fan el tribunal del caso RSM Production Corporation vs. Granada<\/em>, la objeci\u00f3n de que una demanda carece manifiestamente de m\u00e9rito jur\u00eddico \u201cpuede proceder a la etapa de la jurisdicci\u00f3n o a la de fondo\u201d, \u201cdebe plantear un impedimento jur\u00eddico, no f\u00e1ctico, a una demanda\u201d, y \u201cdebe establecerse de forma clara y evidente, con relativa facilidad y rapidez\u201d[28]<\/a>. La falta de atenci\u00f3n a la cuesti\u00f3n de \u201cqu\u00e9\u201d es a\u00fan m\u00e1s sorprendente dado que los tribunales \u201chan establecido un umbral bastante alto para dar por cumplido prima facie<\/em> el requisito de que una resoluci\u00f3n carece manifiestamente de m\u00e9rito jur\u00eddico\u201d[29]<\/a>. Tal como argument\u00e9 en otros art\u00edculos, estructuralmente hablando, los tribunales poseen poco incentivo para no establecer un umbral alto, ya que los mismos son remunerados por hora y los inversores extranjeros (en calidad de demandantes) generan la demanda en los nombramientos arbitrales[30]<\/a>. Adem\u00e1s de esta falta de incentivo estructural, el car\u00e1cter evaluativo de las normas de inversi\u00f3n hace que una amplia variedad de demandas sean cuestionables[31]<\/a>.<\/p>\n

El mecanismo para la desestimaci\u00f3n de aquellas demandas respecto de las cuales no se pueda dictar un laudo favorable para el demandante discutiblemente permite un umbral m\u00e1s bajo y, por ende, hace posible que se desestimen m\u00e1s tipos de demandas[32]<\/a>. Sin embargo, los tribunales (hasta el momento) no han explicado exactamente qu\u00e9 norma aplican para dicha desestimaci\u00f3n[33]<\/a>. Por ejemplo, en Renco vs. Per\u00fa<\/em>, el tribunal describi\u00f3 la objeci\u00f3n en torno al \u201csustento jur\u00eddico\u201d de la demanda y al mismo tiempo indic\u00f3 que bajo esta disposici\u00f3n debe determinarse \u201csi la demanda carece de fundamento jur\u00eddico\u201d[34]<\/a>. Sin embargo, el tribunal no brind\u00f3 ninguna explicaci\u00f3n sobre c\u00f3mo deben interpretarse estas normas. Discutiblemente, el an\u00e1lisis del \u201csustento jur\u00eddico\u201d y la \u00abfalta de fundamento jur\u00eddico de la demanda\u00bb ya establece dos umbrales diferentes para evaluarlas.<\/p>\n

Asimismo, los debates en la CNUDMI demuestran que no todos los Gobiernos conciben las demandas infundadas simplemente como aquellas que carecen manifiestamente de m\u00e9rito jur\u00eddico o aquellas respecto de las cuales no pueda dictarse un laudo favorable para el demandante. Por ejemplo, seg\u00fan la presentaci\u00f3n de Indonesia, el Gobierno considera infundadas las demandas \u201cen las que reclaman indemnizaciones desmedidas\u00bb[35]<\/a>. Por su parte, el Gobierno de Sud\u00e1frica sugiere que puede ser necesario exigir la publicaci\u00f3n de informaci\u00f3n para encontrar \u201cdefectos\u201d en las demandas que \u201cjustificar\u00e1n una desestimaci\u00f3n temprana\u201d[36]<\/a>. Conforme a esta comunicaci\u00f3n, el suministro de informaci\u00f3n exigido deber\u00eda incluir \u00ab[i]nformaci\u00f3n esencial acerca de la nacionalidad del inversionista; la existencia de una inversi\u00f3n que re\u00fana determinadas caracter\u00edsticas y la naturaleza y el alcance de los da\u00f1os y perjuicios reclamados\u201d[37]<\/a>. Discutiblemente, este requisito de suministro de informaci\u00f3n refleja la visi\u00f3n del Gobierno con respecto a qu\u00e9 demandas podr\u00edan considerarse infundadas, y que las mismas no se limitan simplemente a una falta de m\u00e9rito. En cambio, es posible que incluyan demandas donde se reclame una indemnizaci\u00f3n indebidamente elevada, aquellas entabladas por empresas ficticias o cuando la inversi\u00f3n en cuesti\u00f3n no cumpla con requisitos espec\u00edficos. Las futuras negociaciones en la CNUDMI pueden revelar m\u00e1s detalles acerca de la percepci\u00f3n de los Gobiernos en torno al significado y los tipos de demandas infundadas.<\/p>\n

\u00bfM\u00e1s o menos control?<\/h2>\n

Es evidente que la determinaci\u00f3n de qu\u00e9 constituye una falta de fundamento jur\u00eddico se trata de un ejercicio discrecional. La cuesti\u00f3n es qui\u00e9n deber\u00eda estar a cargo de establecer los criterios que guiar\u00e1n esta determinaci\u00f3n. En los sistemas jur\u00eddicos nacionales, son los decisores quienes determinan el equilibrio al identificar qu\u00e9 demandas no tienen perspectivas de \u00e9xito[38]<\/a>. Sin embargo, los jueces se gu\u00edan por consideraciones sist\u00e9micas de una administraci\u00f3n debida de justicia, una limitaci\u00f3n que no necesariamente se ve posibilitada de manera estructural en el arbitraje ad hoc<\/em>[39]<\/a>. <\/em>No obstante, si el sistema jur\u00eddico contiene principalmente normas evaluativas, tal como es el caso de la ISDS, los decisores pueden tener el mayor margen de discreci\u00f3n posible para determinar el significado de la obligaci\u00f3n jur\u00eddica y, por ende, en teor\u00eda, pueden optar por considerar cualquier reclamaci\u00f3n como una demanda plausible bajo incertidumbre[40]<\/a>. Desde esta perspectiva, determinar qu\u00e9 demanda puede ser definida como infundada siempre se encuentra ligado a la naturaleza y el alcance de las normas jur\u00eddicas aplicables. En el contexto de las normas evaluativas, la visi\u00f3n de los tribunales no necesariamente se correlaciona con las expectativas de los Estados. Por ejemplo, seg\u00fan las normas que actualmente rigen la desestimaci\u00f3n, resulta dif\u00edcil imaginar c\u00f3mo los tribunales podr\u00edan desestimar la demanda de un inversor por una falta manifiesta de m\u00e9rito o fundamento jur\u00eddico, si el monto de compensaci\u00f3n reclamado es desmedido, tal como propuso Indonesia.<\/p>\n

En el contexto de la ISDS, la incertidumbre e incoherencia se ven particularmente exacerbadas por la ausencia de mecanismos correctivos que puedan limitar la discreci\u00f3n arbitral. Wolfgang Alschner examina tres mecanismos correctivos en este contexto; a saber, las declaraciones interpretativas de los Estados, jurisprudence constante<\/em> y el procedimiento de anulaci\u00f3n bajo el Convenio del CIADI. Concluye que \u00ab[p]rincipios jur\u00eddicos poco claros en lugar de normas jur\u00eddicas expl\u00edcitas [\u2026] gobiernan las consecuencias de los tres mecanismos correctivos y otorgan amplia discreci\u00f3n a los posteriores int\u00e9rpretes\u201d[41]<\/a>. Alschner adem\u00e1s explica que las \u00abdecisiones consideradas incorrectas por un n\u00famero significativo de tribunales han \u2018sobrevivido\u2019 a esta evaluaci\u00f3n colectiva y contin\u00faan siendo citadas en casos futuros\u00bb[42]<\/a>.<\/p>\n

La cuesti\u00f3n de las demandas infundadas en el derecho internacional de las inversiones es tanto procesal como sustantiva[43]<\/a>. Por consiguiente, sugiero que la pregunta \u00abqu\u00e9\u00bb deber\u00eda hacerse antes que \u00abc\u00f3mo\u00bb en el contexto de la ISDS debido a la persistente incertidumbre sobre las normas jur\u00eddicas aplicables y a la tendencia de los tribunales a interpretar los tratados recientemente negociados a la luz de casos antiguos, es decir, de forma amplia[44]<\/a>. En otras palabras, dada la manera en que los mecanismos correctivos manejan la incertidumbre, los tribunales (sin ninguna gu\u00eda) no necesariamente est\u00e1n bien equipados para cumplir la funci\u00f3n de identificar las demandas infundadas. Si los Gobiernos optan por establecer criterios ex ante <\/em>para identificar estas demandas, deber\u00edan tener en mente las prioridades contrapuestas para no desalentar demandas que posiblemente no tengan \u00e9xito pero que aun as\u00ed sean plausibles y puedan alterar el derecho existente, y, potencialmente, aportar un cambio positivo al sistema jur\u00eddico[45]<\/a>.<\/p>\n

Conclusi\u00f3n<\/h2>\n

Los Gobiernos deber\u00edan comenzar por formular la pregunta \u201cqu\u00e9\u201d para determinar qu\u00e9 consideran demandas \u201cinfundadas\u201d en el derecho de las inversiones, y s\u00f3lo despu\u00e9s de esta determinaci\u00f3n deber\u00edan proceder a plantearse \u201cc\u00f3mo\u201d, revisando posibles formas para desalentar este tipo de demandas. Ser\u00eda un error que los Gobiernos reduzcan el asunto de las demandas infundadas a una cuesti\u00f3n de procedimiento como si simplemente se tratara de un tema de determinaci\u00f3n mec\u00e1nica que no merezca una consideraci\u00f3n pol\u00edtica. Un enfoque como tal puede crear una situaci\u00f3n donde las expectativas de algunos Gobiernos y tribunales pueden no coincidir a la hora de definir el significado de las demandas infundadas en el contexto de la ISDS. Tal como alegamos anteriormente, los Gobiernos deber\u00edan justificar el espectro de las demandas que consideran infundadas. Este enfoque no subsanar\u00eda todos los problemas del mecanismo de ISDS pero puede contribuir a una mayor claridad y previsibilidad del derecho internacional de las inversiones.<\/p>\n

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Autora<\/strong><\/p>\n

Ksenia Polonskaya<\/strong> es profesora adjunta del Departamento de Derecho y Estudios Legales de la Universidad de Carleton.<\/p>\n

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Notas<\/h3>\n

[1]<\/a> Diccionario de la Real Academia Espa\u00f1ola. (s.f.). infundado. https:\/\/dle.rae.es\/infundado<\/p>\n

[2]<\/a> Asamblea General de la ONU. (2020, 15 de enero). Posible reforma del sistema de soluci\u00f3n de controversias entre inversionistas y estados (SICE) garant\u00edas de cobro de las costas y demandas infundadas<\/em>. A\/CN.9\/WG.III\/WP.192, p\u00e1rrafo 19.<\/p>\n

[3]<\/a> Ibid.<\/p>\n

[4]<\/a> Asamblea General de la ONU. (2019, 11 de julio). Comunicaci\u00f3n del Gobierno de Turqu\u00eda A\/CN.9\/WG.III\/WP.174 en 3. Asamblea General de la ONU. (2019, 4 de marzo). Comunicaci\u00f3n presentada por el Gobierno de Marruecos, A\/CN.9\/WG.III\/WP.161, P\u00e1rrafo 9. Asamblea General de las ONU. (2019, 31 de julio), Comunicaci\u00f3n del Gobierno de Costa Rica, A\/CN.9\/WG.III\/WP.178 en 5.<\/p>\n

[5]<\/a> Kulick, A. (2016). Reassertion of control over the investment treaty regime.<\/em> Cambridge University Press.<\/p>\n

[6]<\/a> WGIII nota 2 supra<\/em>, en p\u00e1rrafo 28.<\/p>\n

[7]<\/a> Ibid.<\/p>\n

[8]<\/a> History of the ICSID<\/span> Convention<\/span><\/em>, Vol II\u20131 en 276.<\/p>\n

[9]<\/a> Ibid., en 352.<\/p>\n

[10]<\/a> Ibid., en 258.<\/p>\n

[11]<\/a> Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones. (2004). Possible improvements of the framework for ICSID arbitration<\/em>. https:\/\/icsid.worldbank.org\/sites\/default\/files\/publications\/Possible%20Improvements%20of%20the%20Framework%20of%20ICSID%20Arbitration.pdf<\/a>. Polonskaya, K. (2017). Frivolous claims in the international investment regime: How CETA<\/span> expands the range of frivolous claims that may be curtailed in an expedient fashion. Asper Review of International Business and Trade Law<\/em>, 17<\/em>(1) en 20.<\/p>\n

[12]<\/a> Reglas de Procedimiento de los Procedimientos de Arbitraje, Regla 41(5).<\/p>\n

[13]<\/a> Reglas de Arbitraje del SIAC, Regla 29.<\/p>\n

[14]<\/a> Methanex vs. EE.UU.<\/em>, Laudo Final del Tribunal sobre Jurisdicci\u00f3n y Fondo (2005) en p\u00e1rrafo 3. Vandevelde, K. (2009). U.S. international investment agreements.<\/em> Oxford University Press, en 71 (\u201cLos funcionarios de los Estados Unidos consideraron que la demanda Methanex era un ejemplo especialmente flagrante de una demanda infundada\u201d).<\/p>\n

[15]<\/a> Polonskaya, K. (2020). Frivolous and abuse of process claims in investor\u2013state arbitration: Can rules on cost allocation become solution? Journal of International Dispute Settlement<\/em>, 11<\/em> 589, en 594.<\/p>\n

[16]<\/a> Acuerdo Econ\u00f3mico y Comercial Global entre Canad\u00e1 y la Uni\u00f3n Europea<\/em> en los Art\u00edculos 8.32 y 8.33.<\/p>\n

[17]<\/a> Polonskaya nota 11 supra<\/em>, en 32-33.<\/p>\n

[18]<\/a> AECG, nota 14 supra<\/em>, en los Art\u00edculos 8.32 y 8.33.<\/p>\n

[19]<\/a> Alexandra Lahav, In Praise of Litigation Couverture<\/em> (Oxford University Press, 2017).<\/p>\n

[20]<\/a> Standing vs. British Columbia (Ministro de Bosques, Tierras y Recursos Naturales<\/em>), 2018 BCSC 1499 en p\u00e1rrafo 1.<\/p>\n

[21]<\/a> Ibid. p\u00e1rrafo 2-3.<\/p>\n

[22]<\/a> Ibid. p\u00e1rrafo 30.<\/p>\n

[23]<\/a> ICSID History, nota 8 supra<\/em>, en 278.<\/p>\n

[24]<\/a> Sornarajah, M. (2015). Good faith, corporate nationality and denial of benefits. En A. Mitchell, M. Sornarajah y T. Voon, Good faith and international economic law<\/em>. Oxford University Press, en 117.<\/p>\n

[25]<\/a> Trans-Global Petroleum, Inc. vs. El Reino Hachemita de Jordania, Caso del CIADI No. ARB\/07\/25<\/em>, (2008, 12 de mayo), en p\u00e1rrafo 105.<\/p>\n

[26]<\/a> Asamblea General de la ONU. (2021, 12 de enero). Resumen de la reuni\u00f3n intersesional sobre la reforma de la soluci\u00f3n de controversias entre inversionistas y Estados (SICE) presentado por el Gobierno de la Rep\u00fablica de Corea. A\/CN.9\/WG.III\/WP.214, p\u00e1rrafo 19.<\/p>\n

[27]<\/a> Por ej., el Acuerdo de Protecci\u00f3n de las Inversiones entre la Uni\u00f3n Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Rep\u00fablica Socialista de Vietnam, por otra (2019) en el art\u00edculo 3.44.<\/p>\n

[28]<\/a> RSM Production Corporation vs. Granada (2010), Laudo Caso del CIADI No. ARB\/10\/6<\/em> en p\u00e1rrafo 6.1.1.<\/p>\n

[29]<\/a> WGIII nota 2 supra<\/em>, p\u00e1rrafo 24. [La cursiva nos pertenece]\n

[30]<\/a> Polonskaya nota 11 supra<\/em>, en 26-31.<\/p>\n

[31]<\/a> Reisman, M. (2015). Canute Confronts the Tide: States versus Tribunals and the Evolution of the Minimum Standard in Customary International Law. ICSID Review<\/em>, 30<\/em>(3), en 617.<\/p>\n

[32]<\/a> Polonskaya nota 15 supra<\/em>, en 595<\/p>\n

[33]<\/a> Ibid.<\/p>\n

[34]<\/a> Renco Group vs. Per\u00fa<\/em>, Decisi\u00f3n Sobre el Alcance de las Objeciones Preliminares del Demandado bajo el Art\u00edculo 10.20.4 (2014), p\u00e1rrafos 205\u2013206.<\/p>\n

[35]<\/a> Indonesia. (2019). Posible reforma del sistema de soluci\u00f3n de controversias entre inversionistas y Estados (SCIE) <\/em><\/p>\n

Observaciones del Gobierno de Indonesia<\/em>, A\/CN.9\/WG.III\/WP.156, p\u00e1rrafo 8.<\/p>\n

[36]<\/a> Asamblea General de la ONU. Posible reforma del sistema de soluci\u00f3n de controversias entre inversionistas y Estados (SCIE) Comunicaci\u00f3n del Gobierno de Sud\u00e1frica<\/em>, A\/CN.9\/WG.III\/WP.176, p\u00e1rrafo 71.<\/p>\n

[37]<\/a> Ibid.<\/p>\n

[38]<\/a> Kennedy, G. J. (2020). The Alberta Court of Appeal\u2019s vexatious litigant order trilogy: Respecting legislative supremacy, preserving access to the courts, and hopefully not to a fault case comments. Alberta Law Review<\/em>, 58<\/em>(3), en p\u00e1g. 739.<\/p>\n

[39]<\/a> Ibid.<\/p>\n

[40]<\/a> Polonskaya, nota 11 supra<\/em>, en 23.<\/p>\n

[41]<\/a> Alschner, W. (2019). Correctness of investment awards: Why wrong decisions don’t die. The Law and Practice of International Courts and Tribunals<\/em>, 18<\/em>(3), p\u00e1g. 345.<\/p>\n

[42]<\/a> Ibid.<\/p>\n

[43]<\/a> Polonskaya, K. (2020). Metanarratives as a trap: Critique of investor\u2013state arbitration reform. Journal of International Economic Law, 23<\/em>(4), 949.<\/p>\n

[44]<\/a> Alschner, nota supra<\/em> 41.<\/p>\n

[45]<\/a> Lahav, A. D. (2017). In praise of litigation<\/em>. Oxford University Press.<\/p>\n