Los defensores que buscan reequilibrar la \u201cgran asimetr\u00eda\u201d[1]<\/a> del derecho internacional de las inversiones han intentado, con mayor o menor \u00e9xito, estructurar los AII<\/span> y presentar argumentos en las controversias de inversi\u00f3n internacional de manera que los \u00e1rbitros se vean obligados a considerar las dimensiones de derechos humanos del conflicto que se les plantea. Los tribunales arbitrales internacionales han demostrado su reticencia a reconocer la pertinencia del derecho internacional de los derechos humanos (DIDH) para resolver las controversias relativas a inversiones cuando el AII en cuesti\u00f3n no incluye de manera expl\u00edcita una disposici\u00f3n como tal. Cuando se determina que el DIDH es aplicable, a menudo se utiliza una versi\u00f3n del DIDH con un \u201calcance\u201d insuficiente para tener un impacto sustancial en el arbitraje \u2014es posible que los \u00e1rbitros concluyan que las empresas no poseen obligaciones de derechos humanos bajo el derecho internacional; o, alternativamente, que s\u00f3lo tienen obligaciones frente a derechos civiles y pol\u00edticos m\u00e1s tradicionales; o que aquellas obligaciones s\u00f3lo involucran la obligaci\u00f3n negativa de no violar los derechos humanos. Estas delimitaciones del \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n y alcance de las protecciones de derechos humanos a menudo van en contra de la legislaci\u00f3n nacional de derechos humanos del Estado donde surgi\u00f3 la controversia de inversi\u00f3n. Esta publicaci\u00f3n explora un m\u00e9todo alternativo que podr\u00edan utilizar los Estados africanos para obligar a los \u00e1rbitros a considerar el tipo de protecciones s\u00f3lidas y de alto alcance de derechos humanos que est\u00e1n presentes en su legislaci\u00f3n nacional: disposiciones aut\u00f3nomas \u201cde conformidad con el derecho interno\u201d (en adelante, \u201cdisposiciones de conformidad\u201d). Partiendo de las lecciones aprendidas del caso Urbaser vs. Argentina,<\/em> argumento que los Estados africanos deber\u00edan utilizar estas disposiciones de manera proactiva e intencional para entablar reconvenciones contra inversores que violan la legislaci\u00f3n nacional promulgada para proteger los derechos humanos. Las disposiciones de conformidad aut\u00f3nomas pueden permitir que los Estados establezcan sus propias normas de responsabilidad empresarial aun cuando el DIDH, y los \u00e1rbitros que lo interpretan, se queden atr\u00e1s.<\/p>\n A trav\u00e9s de la aplicaci\u00f3n del Art\u00edculo 31(3)(c) de la Convenci\u00f3n de Viena sobre el Derecho de los Tratados indirectamente se ha intentado incorporar obligaciones de derechos humanos de los inversores en el derecho internacional de las inversiones (DII). Este art\u00edculo establece que a los efectos de la interpretaci\u00f3n de un tratado debe tenerse en cuenta \u201ctoda norma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes\u201d[2]<\/a>. Al utilizar esta disposici\u00f3n, las medidas regulatorias aplicadas por un Estado en respuesta a una conducta vejatoria de los derechos humanos por parte de un inversor pueden ser defendidas a trav\u00e9s de una reconvenci\u00f3n[3]<\/a>.<\/p>\n Este m\u00e9todo para confirmar la pertinencia del DIDH para el DII, sin embargo, ha sido criticado por acad\u00e9micos que alegan que el derecho internacional, hasta ahora, no ha impuesto obligaciones vinculantes de derechos humanos a los inversores[4]<\/a>. El Art\u00edculo 31(3)(c) por lo general no ha abordado la renuencia de los \u00e1rbitros a mirar m\u00e1s all\u00e1 de los AII para resolver las controversias[5]<\/a>. En los pocos casos recientes donde los tribunales de inversi\u00f3n han estado dispuestos a utilizar el Art\u00edculo 31(3)(c) para aplicar el DIDH, se ha concluido, no obstante, que las empresas poseen una obligaci\u00f3n menor en virtud del DIDH: Se proh\u00edbe a las empresas realizar actos que violan los derechos humanos, pero no se les indica que realicen actos que cumplan con los derechos humanos[6]<\/a>.<\/p>\n Al subrayar que \u201cuna mera referencia general al derecho internacional dentro de la cl\u00e1usula de un AII sobre el derecho aplicable, puede no resultar suficiente para que un tribunal arbitral incorpore el derecho internacional de los derechos humanos a una controversia entre inversionista y Estado\u201d[7]<\/a>, Nedumpara y Laddha argumentan que, en cambio, los Estados pueden justificar las reconvenciones de derechos humanos haciendo uso de otros tres medios para imponer obligaciones de derechos humanos a los inversores:<\/p>\n Sin negar la importancia de las dos primeras propuestas, el presente art\u00edculo se ocupa de la tercera, las disposiciones de conformidad, porque permiten a los Estados aplicar la legislaci\u00f3n nacional sobre derechos humanos en un \u00e1mbito internacional[9]<\/a>. Al comentar sobre esta tercera v\u00eda para imponer obligaciones de derechos humanos a los Estados, Bjorkland se\u00f1ala que:<\/p>\n \u201cLa obligaci\u00f3n general de los inversores de cumplir con la legislaci\u00f3n nacional se eleva, as\u00ed, a nivel de los tratados internacionales. Esto, a su vez, los coloca en igualdad de condiciones que las obligaciones del Estado receptor, y por lo tanto, otorga jurisdicci\u00f3n a un tribunal de inversi\u00f3n constituido en virtud del tratado en cuesti\u00f3n para tratar posibles reconvenciones\u201d[10]<\/a>.<\/p>\n Las disposiciones de conformidad son especialmente \u00fatiles para los Estados africanos, ya que la legislaci\u00f3n nacional y regional de derechos humanos de dichos Estados, a menudo reconoce una mayor variedad de derechos e impone obligaciones de alto alcance a los actores empresariales que el DIDH. Si bien, discutiblemente, hoy las empresas no poseen obligaciones de derechos humanos seg\u00fan el derecho internacional[11]<\/a>, en muchas jurisdicciones nacionales s\u00ed las tienen, e incluso, en ocasiones, la obligaci\u00f3n positiva de cumplir con los derechos humanos[12]<\/a>. Si bien algunos derechos, tales como los socio-econ\u00f3micos, pueden no ser aplicables en el derecho internacional, se encuentran reconocidos en algunos Estados africanos[13]<\/a>. Por estas razones, los Estados africanos tienen una gran oportunidad para utilizar las disposiciones de conformidad para ir m\u00e1s all\u00e1 de las limitaciones del DIDH, incorporando, as\u00ed, concepciones alternativas de deber y justicia al DII.<\/p>\n Las disposiciones de conformidad son cl\u00e1usulas en los AII que exigen a los inversores y las inversiones que cumplan con las leyes del Estado anfitri\u00f3n. Se presentan en dos formas: Lo m\u00e1s habitual es que la definici\u00f3n de \u201cinversi\u00f3n\u201d en un AII se circunscriba a incluir s\u00f3lo aquellas inversiones realizadas de acuerdo con la legislaci\u00f3n del Estado anfitri\u00f3n[14]<\/a>. Dado que un incumplimiento deber\u00eda negar la existencia de una \u201cinversi\u00f3n\u201d a los efectos del AII, privando as\u00ed a un tribunal de jurisdicci\u00f3n, las disposiciones definitorias de conformidad pueden tener una inmensa importancia[15]<\/a>. Sin embargo, este tipo de disposiciones definitorias casi siempre se encuentran limitadas temporalmente, de manera que la legalidad de una inversi\u00f3n s\u00f3lo resulta pertinente al momento de invertir[16]<\/a>. Adem\u00e1s, \u201c[l]a aplicaci\u00f3n del requisito de legalidad es menos certera si la actividad comercial en s\u00ed es una operaci\u00f3n leg\u00edtima y la supuesta ilegalidad simplemente constituye un comportamiento o un aspecto relacionado con la inversi\u00f3n que de otra manera ser\u00eda legal\u201d[17]<\/a>. Por \u00faltimo, si bien las disposiciones definitorias de conformidad generalmente no especifican qu\u00e9 leyes deben ser respetadas (ya que solo mencionan \u201cla legislaci\u00f3n del Estado anfitri\u00f3n\u201d), los tribunales inexplicablemente las han interpretado de manera reducida, haciendo referencia solamente a los \u201cprincipios jur\u00eddicos fundamentales del Estado anfitri\u00f3n\u201d[18]<\/a>.<\/p>\n La segunda, menos habitual, se trata de una disposici\u00f3n de conformidad aut\u00f3noma. Estas disposiciones generalmente no ven limitada su aplicaci\u00f3n a la iniciaci\u00f3n de una inversi\u00f3n y obligan al inversor y a las inversiones a que cumplan con la legislaci\u00f3n nacional a lo largo de todo el ciclo de vida de la inversi\u00f3n. La violaci\u00f3n de una disposici\u00f3n de conformidad aut\u00f3noma puede ser tratada en la fase de fondo de un arbitraje y puede dar lugar a la desestimaci\u00f3n de la demanda en base al fondo, a una reducci\u00f3n de los da\u00f1os concedidos o a una reconvenci\u00f3n exitosa[19]<\/a>.<\/p>\n Posiblemente, m\u00e1s que en cualquier otra regi\u00f3n, los Estados africanos han adoptado oportunamente disposiciones de conformidad aut\u00f3nomas. Un estudio sobre todos los acuerdos regionales de inversi\u00f3n muestra que los cinco primeros que incluyeron estas disposiciones fueron acuerdos intra-africanos o, en el caso de uno de ellos, estaba conformado por un n\u00famero significativo de Estados africanos[20]<\/a>. Estas disposiciones tambi\u00e9n pueden encontrarse en la legislaci\u00f3n nacional en materia de inversi\u00f3n de este continente \u2014como en T\u00fanez[21]<\/a>, Angola[22]<\/a>, Costa de Marfil[23]<\/a> y Namibia[24]<\/a>\u2014 y en modelos de tratados, tales como el Modelo de TBI<\/span> de la Comunidad de Desarrollo de \u00c1frica Austral[25]<\/a> y el Modelo de Tratado de la Comunidad del \u00c1frica Oriental[26]<\/a>.<\/p>\n El Acuerdo de Inversi\u00f3n (2007) del Mercado Com\u00fan del \u00c1frica Oriental y Austral (COMESA<\/span>), aunque a\u00fan no se encuentra en vigor, es particularmente innovador a este respecto. El mismo contiene una disposici\u00f3n de conformidad aut\u00f3noma que establece la posibilidad de presentar reconvenciones en caso de que el inversor no cumpla con la legislaci\u00f3n nacional:<\/p>\n Los inversores de COMESA y sus inversiones deber\u00e1n cumplir con todas las medidas nacionales aplicables del Estado Miembro donde se realice la inversi\u00f3n. <\/em><\/p>\n Un Estado Miembro contra el cual una demanda es entablada por un inversor de COMESA en virtud del presente Art\u00edculo puede afirmar como defensa, contrademandareconvenci\u00f3n, derecho a compensaci\u00f3n u otra demanda similar, que el inversor COMESA que interpone la demanda no ha cumplido con sus obligaciones en virtud del presente Acuerdo, incluidas las obligaciones de cumplir con todas las medidas nacionales aplicables, o que no ha tomado todas las medidas razonables para mitigar posibles da\u00f1os.<\/em><\/p>\n Interpretadas en conjunto, estas disposiciones claramente requieren que el inversor cumpla con la legislaci\u00f3n nacional en todas sus operaciones, no s\u00f3lo en el establecimiento de la inversi\u00f3n[27]<\/a>.<\/p>\n La importancia otorgada a las disposiciones de conformidad aut\u00f3nomas en los AII africanos puede interpretarse como un reconocimiento por parte de dichos Estados de que, en lugar de esperar que los tribunales reconozcan determinados derechos y obligaciones existentes en el DIDH, resulta m\u00e1s eficaz obligarlos a reconocer estos derechos y obligaciones en el derecho interno. A medida que los Estados africanos replantean las obligaciones de derechos humanos a nivel nacional, pueden utilizar las disposiciones de conformidad para aplicarlas en el \u00e1mbito del DII.<\/p>\n En Urbaser<\/em>, ahora un caso famoso de arbitraje internacional que versa sobre el derecho al agua en Argentina, dicho pa\u00eds fue sometido a arbitraje por interferir con la concesi\u00f3n de Urbaser para la provisi\u00f3n del servicio de agua. Present\u00f3 una reconvenci\u00f3n basada en la alegada violaci\u00f3n del derecho al agua de los argentinos por parte de Urbaser \u00bfTen\u00eda el inversor una obligaci\u00f3n en relaci\u00f3n con el derecho al agua? Argentina no pudo convencer al tribunal de que la ten\u00eda, por dos razones:<\/p>\n Primero, Argentina aleg\u00f3 que \u201clas demandantes asumieron obligaciones para invertir en el servicio de agua y saneamiento conforme al contrato de concesi\u00f3n y al marco regulatorio aplicable\u201d y que nunca lo hicieron[28]<\/a>. Esta es una violaci\u00f3n del derecho interno. En Argentina, toda persona debe recibir al menos 50 litros de agua por d\u00eda, pueda pagar o no, y todo prestador del servicio de agua, ya sea una empresa estatal o privada, se encuentra legalmente obligado a proveer este servicio[29]<\/a>. Las empresas privadas con contratos de concesi\u00f3n para proveer agua \u201cest\u00e1n obligadas a cumplir con las obligaciones establecidas no s\u00f3lo en el contrato de concesi\u00f3n, sino tambi\u00e9n en los marcos regulatorios\u201d[30]<\/a>.<\/p>\n Sin embargo, el TBI entre Argentina y Espa\u00f1a que conform\u00f3 la base de este arbitraje s\u00f3lo conten\u00eda una disposici\u00f3n definitoria de conformidad[31]<\/a>. De esta manera el tribunal concluy\u00f3 que[32]<\/a>:<\/p>\n La exigencia de que las inversiones sean adquiridas o efectuadas de acuerdo con la legislaci\u00f3n del pa\u00eds receptor, contenida en el Art\u00edculo I (2) del TBI, constituye una definici\u00f3n de inversiones, a los efectos de determinar el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del TBI. En s\u00ed misma, no impone al inversor la obligaci\u00f3n de cumplir con la legislaci\u00f3n del Estado receptor al desarrollar su inversi\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n Dado que Argentina no podr\u00eda basar su reconvenci\u00f3n en la violaci\u00f3n del derecho interno, recurri\u00f3 en segundo lugar al Art\u00edculo 31 (3)(c) de la Convenci\u00f3n of Viena para alegar que el DIDH deb\u00eda ser considerado[33]<\/a>, y que, en virtud de acuerdos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales de 1966, Urbaser ten\u00eda la obligaci\u00f3n de proteger el derecho al agua[34]<\/a>. El tribunal acept\u00f3 la aplicabilidad del DIDH, pero se\u00f1al\u00f3 que el mismo s\u00f3lo impone la obligaci\u00f3n de \u201cabstenerse\u201d de realizar actividades que violen los derechos humanos[35]<\/a>. La obligaci\u00f3n de \u201crealizar\u201d ciertos actos que cumplan con los derechos humanos \u201cse transfiere a los inversores a trav\u00e9s de un marco contractual sujeto al derecho nacional, pero no al internacional<\/strong>\u201d[36]<\/a>.<\/p>\n El derecho interno no fue aplicado, y el DIDH no impuso a Urbaser ninguna obligaci\u00f3n positiva en materia de derechos humanos. Si Argentina hubiera tenido una disposici\u00f3n de conformidad aut\u00f3noma que exigiera que todos los inversores y las inversiones cumplieran con la legislaci\u00f3n nacional a lo largo de todo el ciclo de vida de la inversi\u00f3n, el tribunal habr\u00eda estado obligado a reconocer que la falta de inversi\u00f3n de Urbaser constitu\u00eda una violaci\u00f3n del derecho interno, y por lo tanto, una violaci\u00f3n del TBI entre Espa\u00f1a y Argentina.<\/p>\n La incorporaci\u00f3n de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos en los AII, aunque es importante, siempre estar\u00e1 supeditada a la lentitud con la que se desarrolla el DIDH. Existe gran incertidumbre con respecto a si las empresas poseen obligaciones de derechos humanos en virtud del derecho internacional y sobre el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de dichas obligaciones. En contraste, el derecho interno de muchos Estados africanos es claro sobre estas cuestiones. Mientras promueven la transformaci\u00f3n del DIDH, l os Estados africanos deben seguir avanzando a nivel nacional introduciendo legislaci\u00f3n s\u00f3lida sobre derechos humanos que imponga obligaciones positivas a las empresas. De esta manera, los Estados deben continuar garantizando que sus AII incluyan disposiciones de conformidad con el derecho interno, y deben basarse en las protecciones de los derechos humanos para responsabilizar a los inversores por sus violaciones. Si surgiera un caso como el de Urbaser<\/em>, en lugar de esforzarse por convencer al tribunal de que los inversores poseen una obligaci\u00f3n positiva de proveer agua en virtud del DIDH, los Estados africanos simplemente podr\u00edan utilizar la obligaci\u00f3n interna como fundamento de su reconvenci\u00f3n.<\/p>\n Nicola Soekoe<\/strong> trabaja en la intersecci\u00f3n entre el derecho econ\u00f3mico internacional y los derechos socio-econ\u00f3micos y actualmente es abogada practicante (pupil barrister<\/em>) de la Asociaci\u00f3n Panafricana de Abogados de Sud\u00e1frica<\/a>.<\/p>\n [1]<\/a> Arcuri, A. (2018). The great asymmetry and the rule of law in international investment arbitration. SSRN. https:\/\/papers.ssrn.com\/sol3\/papers.cfm?abstract_id=3152808<\/a><\/p>\n [2]<\/a> Abel, P. (2018). Counterclaims based on international human rights obligations of investors in international investment arbitration: Fallacies and potentials of the 2016 ICSID<\/span> Urbaser v. Argentina <\/em>Award. 1 Brill Open Law<\/em> 61\u201390, 64. https:\/\/brill.com\/view\/journals\/bol\/1\/1\/article-p61_61.xml?language=en<\/a><\/p>\n [3]<\/a> Shao, X. (2021). Environmental and Human Rights Counterclaims in International Investment Arbitration: at the Crossroads of Domestic and International Law\u2019 24 Journal of International Economic Law, 24<\/em>(1), 157\u201379, en 158.<\/p>\n [4]<\/a> Abel, nota 2 supra<\/em> en 83. Shao, nota 3 supra<\/em> en 162.<\/p>\n [5]<\/a> V\u00e9ase, por ejemplo, Bear Creek Mining Corporation vs. La Rep\u00fablica de Per\u00fa<\/em>, Caso del CIADI<\/span> No. ARB\/14\/2.<\/p>\n [6]<\/a> V\u00e9ase, por ejemplo, Urbaser S.A. y Consorcio de Aguas Bilbao Biskaia, Bilbao Biskaia Ur Partzuergoa vs. La Rep\u00fablica Argentina <\/em><\/p>\n (Caso del CIADI No. ARB\/07\/26) p\u00e1rrafo 1210.<\/p>\n [7]<\/a> Nedumpara, J. y Laddha, A. (2020). Human rights and environmental counterclaims in investment treaty arbitration<\/em>. https:\/\/www.researchgate.net\/publication\/344781529_Human_Rights_and_Environmental_Counterclaims_in_Investment_Treaty_Arbitration<\/a><\/p>\n [8]<\/a> Ibid.<\/em><\/p>\n [9]<\/a> Centro de Pol\u00edticas de Inversi\u00f3n de la UNCTAD<\/span>. (n.d.). Investment policy framework<\/em>. https:\/\/investmentpolicy.UNCTAD<\/span>.org\/investment-policy-framework<\/a><\/p>\n [10]<\/a> Bjorklund, A. K. (2013). The role of counterclaims in rebalancing investment law. 17 Lewis Clark Law Review <\/em>461\u2013480. https:\/\/law.lclark.edu\/live\/files\/14086-lcb172art4bjorklundpdf<\/a><\/p>\n [11]<\/a> Shao, nota 3 supra<\/em>, en 161. Abel, nota 1 supra<\/em>, en 68.<\/p>\n [12]<\/a> Por ejemplo, Ghana y Sud\u00e1frica.<\/p>\n [13]<\/a> Por ejemplo, Ben\u00edn y Sud\u00e1frica.<\/p>\n [14]<\/a> Obersteiner, T. (2021). \u201cIn accordance with domestic law\u201d clauses: How international investment tribunals deal with allegations of unlawful conduct of investors. 15 Journal of International Arbitration<\/em>.<\/p>\n [15]<\/a> Ibid. <\/em>268-71.<\/p>\n [16]<\/a> Ibid.<\/em> 268; 277-8 (citando a Vannessa Ventures Ltd. vs. La Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela<\/em>, Caso del CIADI No. ARB(AF)04\/6, Laudo de 2013).<\/p>\n [17]<\/a> Ibid.<\/em> 267.<\/p>\n [18]<\/a> Ibid.<\/em> 276 (citando a Tokios Tokel\u00e9s vs. Ucrania<\/em>, Caso del CIADI No. ARB\/02\/18, Decisi\u00f3n sobre Jurisdicci\u00f3n de 2004; Teinver S.A., Transportes de Cercan\u00edas S.A. & Autobuses Urbanos del Sur S.A. vs. La Rep\u00fablica Argentina<\/em>, Caso del CIADI No. ARB\/09\/1, Decisi\u00f3n sobre Jurisdicci\u00f3n de 2012; Saba Fakes vs. La Rep\u00fablica de Turqu\u00eda<\/em>, Caso del CIADI No. ARB\/07\/20, Laudo de 2010).<\/p>\n [19]<\/a> Ibid.<\/em><\/p>\n [20]<\/a> Acuerdo de Inversi\u00f3n (1981) de la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n Isl\u00e1mica (OIC), C\u00f3digo de Inversi\u00f3n (1982) de la Comunidad Econ\u00f3mica de los Pa\u00edses de los Grandes Lagos (GCLC), Protocolo de Inversi\u00f3n (2006) de la Comunidad de Desarrollo de \u00c1frica Austral (SADC<\/span>), el Acuerdo de Inversi\u00f3n (2007) del Mercado Com\u00fan del \u00c1frica Oriental y Austral (COMESA), Ley complementaria de inversiones (2008) de la Comunidad Econ\u00f3mica de los Estados de \u00c1frica Occidental (ECOWAS<\/span>).<\/p>\n [21]<\/a> Ley de Inversi\u00f3n 2016, Ley No. 2016\u201371, Art. 7 (30 de septiembre, 2016).<\/p>\n [22]<\/a> Ley de Inversi\u00f3n Privada, Ley No. 10\/18, Art. 18 (26 de junio, 2018).<\/p>\n [23]<\/a> Ordenanza N\u00b0 2018\u2013646 del 1ero de agosto de 2018 sobre el C\u00f3digo de Inversiones, Art. 33 (1 de agosto, 2018).<\/p>\n [24]<\/a> Ley de Promoci\u00f3n de las Inversiones, Ley No. 199 de 2016, Gaceta Oficial No. 6110, P\u00e1rrafo del Pre\u00e1mbulo, s. 18 (31 de agosto, 2016).<\/p>\n [25]<\/a> Comunidad de Desarrollo de \u00c1frica Austral, Plantilla del Modelo de Tratado Bilateral de Inversiones de la SADC, Art. 11 (julio de 2012).<\/p>\n [26]<\/a> Comunidad del \u00c1frica Oriental, Modelo de Tratado Bilateral de Inversiones, Art. 10 (febrero de 2016).<\/p>\n [27]<\/a> Bjorklund, nota 10 supra<\/em>.<\/p>\n [28]<\/a>Abel, nota 1 supra<\/em> en 67. Urbaser s.a. y Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Bilbao Biskaia Ur Partzuergoa vs. Argentina<\/em>, Caso del CIADI No. arb\/07\/26, Decisi\u00f3n sobre Jurisdicci\u00f3n de 2012, p\u00e1rrafos 251\u20134.<\/p>\n [29]<\/a>Ibid.<\/em> Quevedo, Miguel Angel y Otros c\/ Aguas Cordobesas S.A. Amparo, C\u00f3rdoba, Juez Sustituto de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N 51, 8 de abril de 2001. c.f. Ibid.<\/em><\/p>\n [30]<\/a>Ibid.<\/em> 341. V\u00e9ase tambi\u00e9n el Informe Final del Relator Especial sobre la relaci\u00f3n entre el disfrute de los derechos econ\u00f3micos, sociales y culturales y la promoci\u00f3n del ejercicio del derecho a disponer de agua potable y servicios de saneamiento, E\/CN.4\/Sub.2\/2004\/20, 14 de julio de 2004.<\/p>\n [31]<\/a> TBI entre Argentina y Espa\u00f1a (1991) Art. I(2).<\/p>\n [32]<\/a> Urbaser S.A. y Consorcio de Aguas Bilbao Biskaia, Bilbao Biskaia Ur Partzuergoa vs. La Rep\u00fablica Argentina <\/em>(Caso del CIADI No. ARB\/07\/26) p\u00e1rrafo 1185, la negrita nos pertenece.<\/p>\n [33]<\/a> Ibid.<\/em> p\u00e1rrafo 1200.<\/p>\n [34]<\/a> Ibid<\/em>. p\u00e1rrafo 1197. Abel, nota 1 supra<\/em> en 67. Gleason, T. (2020). Examining host-state counterclaims for environmental damage in investor-state dispute settlement from human rights and transnational public policy perspectives. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, 21.<\/em> https:\/\/doi.org\/10.1007\/s10784-020-09519-y<\/a><\/p>\nFundamentaci\u00f3n de las reconvenciones en materia de derechos humanos<\/h2>\n
\n
Disposiciones de conformidad en el DII africano<\/h2>\n
ART\u00cdCULO 13\u2014Obligaci\u00f3n del Inversor<\/h3>\n
ART\u00cdCULO 28\u2014Controversias entre Inversionistas y Estados<\/h3>\n
Urbaser vs. Argentina\u2014Una oportunidad perdida para la responsabilidad empresarial<\/h2>\n
Conclusi\u00f3n<\/h2>\n
\nAutor<\/h3>\n
\nNotas<\/h3>\n