{"id":13028,"date":"2021-12-20T19:53:15","date_gmt":"2021-12-20T18:53:15","guid":{"rendered":"http:\/\/172.30.141.17\/2021\/12\/20\/eco-oro-y-el-ocaso-del-excepcionalismo-de-politicas\/"},"modified":"2024-08-16T20:02:07","modified_gmt":"2024-08-16T18:02:07","slug":"eco-oro-y-el-ocaso-del-excepcionalismo-de-politicas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iisd.org\/itn\/es\/2021\/12\/20\/eco-oro-y-el-ocaso-del-excepcionalismo-de-politicas\/","title":{"rendered":"Eco Oro y el ocaso del excepcionalismo de pol\u00edticas"},"content":{"rendered":"

En septiembre pasado, el tribunal del caso Eco Oro vs. La Rep\u00fablica de Colombia<\/em> emiti\u00f3 su Decisi\u00f3n sobre Jurisdicci\u00f3n, Responsabilidad y Directivas sobre Quantum, una extensa decisi\u00f3n de m\u00e1s de 400 p\u00e1ginas que produjo dos disidencias y ya ha desencadenado una serie de debates sobre el impacto del derecho de las inversiones en los esfuerzos para proteger el medio ambiente[1]<\/sup><\/a>.<\/p>\n

Entre muchas cuestiones dif\u00edciles que plantea esta decisi\u00f3n, una se destaca como particularmente relevante para los redactores de tratados. En una secci\u00f3n de cuatro p\u00e1ginas, el tribunal de Eco Oro<\/em> dej\u00f3 de lado una excepci\u00f3n ambiental contenida en el Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y Canad\u00e1 (el ALC), declarando que esta disposici\u00f3n era, en efecto, irrelevante para el arbitraje de inversi\u00f3n[2]<\/sup><\/a>.\u00a0 En poco p\u00e1rrafos, el tribunal decidi\u00f3 que una herramienta clave en el prolongado esfuerzo para reequilibrar los asim\u00e9tricos tratados de inversi\u00f3n \u2014una \u201c\u2018red de seguridad\u2019 definitiva para proteger el ejercicio de las facultades regulatorias del Estado\u201d, seg\u00fan lo se\u00f1alado por el Gobierno canadiense\u2014 resulta efectivamente in\u00fatil[3]<\/sup><\/a>.<\/p>\n

Esta parte de la decisi\u00f3n, tal como ya han destacado otros comentadores, es un gran l\u00edo[4]<\/sup><\/a>. Y sea cual fuere el razonamiento que imaginemos que estaba en la mente de los \u00e1rbitros, nada podr\u00eda justificar el resultado. Por lo tanto, no ser\u00eda sorprendente que el eventual laudo en este caso fuera anulado sobre la base de estas cuatro p\u00e1ginas. Tambi\u00e9n podr\u00edamos esperar que las deficiencias de esta decisi\u00f3n hagan que otros tribunales duden en seguir el ejemplo de Eco Oro<\/em>.<\/p>\n

Sin embargo, no debemos tomar al caso de Eco Oro<\/em> como un hecho aislado \u2014una decisi\u00f3n que se ha descarrilado. Los asuntos jur\u00eddicos que est\u00e1n en juego en este caso, junto con los que el tribunal ha logrado evitar, plantean cuestiones cr\u00edticas sobre el futuro de una pr\u00e1ctica a la que mis coautores y yo nos hemos referido como excepcionalismo de pol\u00edticas[5]<\/sup><\/a>. Utilizamos este t\u00e9rmino para referirnos a la pr\u00e1ctica com\u00fan de basarse en excepciones, tales como la excepci\u00f3n ambiental en disputa en este caso, para preservar el espacio regulatorio interno frente a la potencialmente estricta protecci\u00f3n de los inversores.<\/p>\n

La decisi\u00f3n de Eco Oro <\/em>revela muchos de los problemas relacionados con el excepcionalismo de pol\u00edticas. En este sentido, sugiere que los Estados no pueden, al poblar sus tratados de inversi\u00f3n con excepciones y exenciones, evitar simplemente los desaf\u00edos fundamentales a los que se enfrenta el sistema de tratados de inversi\u00f3n. Si se quieren abordar las preocupaciones sobre la democracia y la autonom\u00eda regulatoria que han perseguido durante mucho tiempo al derecho de las inversiones, los Estados tendr\u00e1n que centrarse en los elementos b\u00e1sicos del sistema que han construido, y no limitarse a retocarlo de manera superficial.<\/p>\n

Antecedentes y decisi\u00f3n de Eco Oro <\/em><\/h1>\n

Los hechos que subyacen a la controversia de Eco Oro <\/em>son complejos y s\u00f3lo podemos resumirlos brevemente en este art\u00edculo[6]<\/sup><\/a>. (Nota de la Editora: <\/em>para una descripci\u00f3n m\u00e1s detallada del caso y del razonamiento del tribunal, v\u00e9ase nuestro resumen del laudo<\/a>). La empresa minera canadiense Eco Oro celebr\u00f3 un contrato de concesi\u00f3n con la entidad estatal colombiana que le otorg\u00f3 los derechos de exploraci\u00f3n, y que tambi\u00e9n le extendi\u00f3 un derecho condicional para explotar los dep\u00f3sitos, que se basaba en la capacidad de esta empresa de obtener aprobaciones regulatorias, tales como una licencia ambiental.<\/p>\n

El \u00e1rea de concesi\u00f3n se superpon\u00eda en cierto grado \u2014el grado exacto se encuentra en disputa\u2014con el P\u00e1ramo de Santurb\u00e1n, una regi\u00f3n de humedales de alta monta\u00f1a. Las regiones del p\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00e1ramo desempe\u00f1an un papel fundamental en el ciclo h\u00eddrico y sirven como \u201csumideros\u201d de carbono[7]<\/sup><\/a>.<\/p>\n

Mientras avanzaban las operaciones de Eco Oro<\/em>, las autoridades colombianas estaban inmersas en una lucha pol\u00edtica sobre c\u00f3mo equilibrar las m\u00faltiples necesidades imperativas[8]<\/sup><\/a>. Exist\u00eda una necesidad percibida de fomentar la inversi\u00f3n en el sector minero, lo cual podr\u00eda promover el empleo, apoyar la econom\u00eda local y generar m\u00e1s inversiones en obras de infraestructura. Pero tambi\u00e9n surgieron preocupaciones importantes sobre la protecci\u00f3n ambiental y la preservaci\u00f3n del P\u00e1ramo. Este conflicto involucr\u00f3 a grupos nacionales, incluyendo funcionarios locales y nacionales, defensores de la conservaci\u00f3n, trabajadores mineros y residentes de la ciudad preocupados por la calidad del agua. En el transcurso de la controversia, el debate afect\u00f3 a todas las ramas del Gobierno, incluyendo a diferentes cortes y a m\u00faltiples agencias administrativas.<\/p>\n

En el centro de la controversia se encontraban los esfuerzos continuos por establecer l\u00edmites firmes y acordados alrededor del P\u00e1ramo de Santurb\u00e1n y de otros humedales de Colombia. Una serie de leyes, regulaciones y decisiones judiciales prohib\u00edan que las empresas mineras explotaran minerales dentro de las regiones del P\u00e1ramo. De acuerdo con un estudio de 2007, m\u00e1s de la mitad de la concesi\u00f3n de Eco Oro<\/em> se superpon\u00eda con el P\u00e1ramo, pero inicialmente este estudio no fue considerado definitivo. Eco Oro<\/em> argument\u00f3 que una delimitaci\u00f3n m\u00e1s precisa revelar\u00eda s\u00f3lo una m\u00ednima superposici\u00f3n y permitir\u00eda que el proyecto prosiguiera.<\/p>\n

La delimitaci\u00f3n final del P\u00e1ramo se vio demorada de manera continua, dejando en total incertidumbre los derechos de Eco Oro<\/em> en la regi\u00f3n. En 2014, las autoridades ambientales colombianas emitieron una resoluci\u00f3n donde se adoptaron los l\u00edmites establecidos en el estudio de 2007, confirmando una superposici\u00f3n aproximada de un 55% entre el \u00e1rea de concesi\u00f3n y el P\u00e1ramo. Esto desencaden\u00f3 una serie de acontecimientos que llevaron a Eco Oro<\/em> a iniciar un arbitraje contra Colombia en virtud del ALC en 2016, alegando que dicho pa\u00eds, por sus acciones e inacciones, hab\u00eda incumplido el nivel m\u00ednimo de trato (NMT) y expropiado su inversi\u00f3n.<\/p>\n

Entre tanto, los l\u00edmites de la regi\u00f3n siguen siendo inciertos. Una sentencia de la Corte Constitucional colombiana de 2017 anul\u00f3 la resoluci\u00f3n de 2014, concluyendo que hubo una falta de consulta p\u00fablica al momento de establecer estos l\u00edmites. Hasta la fecha del laudo, las autoridades no hab\u00edan presentado una delimitaci\u00f3n final del P\u00e1ramo de Santurb\u00e1n.<\/p>\n

El procedimiento ante el tribunal arbitral \u2014compuesto por Horacio A. Grigera Na\u00f3n, Philippe Sands y Juliet Blanch como presidente del tribunal\u2014 produjo una opini\u00f3n dividida. Una mayor\u00eda de 2\u20131, compuesta por Blanch y Sands, sostuvo que las acciones de Colombia no constitu\u00edan una expropiaci\u00f3n indirecta, destacando que las medidas estatales no eran discriminatorias, que persegu\u00edan un objetivo genuino de bienestar p\u00fablico, que fueron tomadas de buena fe y que estaban destinadas a proteger el medio ambiente. Pero una mayor\u00eda diferente de 2\u20131, compuesta por Blanch y Grigera Na\u00f3n, determin\u00f3 que Colombia, no obstante, incumpli\u00f3 el NMT. Este aspecto de la decisi\u00f3n subray\u00f3 que Colombia fue incoherente al trasmitir se\u00f1ales contradictorias a Eco Oro<\/em> sobre la viabilidad del proyecto, sin garantizar un ambiente estable de negocios. El tribunal describi\u00f3 la situaci\u00f3n como una \u201cvacilaci\u00f3n arbitraria e inacci\u00f3n\u201d con respecto a la delimitaci\u00f3n del P\u00e1ramo[9]<\/sup><\/a>.<\/p>\n

La decisi\u00f3n aplaz\u00f3 la cuesti\u00f3n de los da\u00f1os a otra etapa del procedimiento, y es incierto el monto de la compensaci\u00f3n, si es que se conceder\u00e1 alguna, a Eco Oro<\/em>.<\/p>\n

Mal manejo de la excepci\u00f3n ambiental<\/h1>\n

A los efectos de determinar si Colombia es responsable frente a Eco Oro<\/em>, el tribunal debi\u00f3 abordar la excepci\u00f3n ambiental contenida en el Art\u00edculo 2201(3) del ALC. Esta excepci\u00f3n dispone, en el cap\u00edtulo de inversi\u00f3n, que \u201cnada en este Acuerdo se interpretar\u00e1 de manera que impida a una Parte adoptar o aplicar medidas necesarias\u201d para proteger el medio ambiente, sujeto al requerimiento de que tales medidas no sean aplicadas de manera que constituya una discriminaci\u00f3n arbitraria o sea una restricci\u00f3n encubierta al comercio internacional o la inversi\u00f3n.<\/p>\n

Esta excepci\u00f3n se encuentra formulada conforme a una disposici\u00f3n similar de \u201cexcepciones generales\u201d contenida en el Art\u00edculo XX del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, y presente en muchos tratados de comercio e inversi\u00f3n alrededor del mundo. Con respecto a esta disposici\u00f3n, los tribunales y grupos de comercio generalmente formulan tres preguntas. Primero \u00bfla medida estatal en cuesti\u00f3n persigue uno de los objetivos listados (en este caso, la protecci\u00f3n ambiental)? Segundo \u00bfla medida es \u201cnecesaria\u201d para alcanzar dichos objetivos? Y, tercero \u00bfla medida estatal, no obstante, constituye una discriminaci\u00f3n arbitraria o una restricci\u00f3n encubierta al comercio internacional?[10]<\/sup><\/a><\/p>\n

En este caso, las respuestas a la primera y la tercera pregunta estaban relativamente claras. El tribunal hab\u00eda acordado que las medidas estatales en cuesti\u00f3n serv\u00edan un prop\u00f3sito de protecci\u00f3n ambiental, no eran discriminatorias y afectaban a las empresas nacionales de igual manera que a los inversores extranjeros[11]<\/sup><\/a>. Entonces podr\u00eda esperarse que la decisi\u00f3n dependiera de si las medidas del Estado \u2014y quiz\u00e1s su \u00abvacilaci\u00f3n e inacci\u00f3n\u00bb\u2014 eran \u00abnecesarias\u00bb para proteger el medio ambiente.<\/p>\n

Pero esto no es lo que sucedi\u00f3. En cambio, el tribunal descart\u00f3 la excepci\u00f3n por completo, decidiendo que, incluso si la excepci\u00f3n se aplica a una medida, \u00abesto no impide que un inversor reclame… que dicha medida le da derecho al pago de compensaci\u00f3n\u201d[12]<\/sup><\/a>. En otras palabras, el tribunal se\u00f1al\u00f3 que, si bien \u201cno puede prohibirse al Estado que adopte o aplique una medida ambiental de acuerdo con el Art\u00edculo 2201(3), [el Tribunal] no puede aceptar\u2026 que en tales circunstancias no se exija el pago de compensaci\u00f3n\u201d[13]<\/sup><\/a>.<\/p>\n

Hay muchos errores en el razonamiento del tribunal, pero basta destacar que el mismo no ha identificado la fuente de esta obligaci\u00f3n de compensaci\u00f3n. Dejando de lado el caso especial de una expropiaci\u00f3n, un Estado es responsable de compensar a un inversor s\u00f3lo si ha incumplido <\/em>una obligaci\u00f3n jur\u00eddica internacional. Las cl\u00e1usulas de excepci\u00f3n como \u00e9sta est\u00e1n dise\u00f1adas espec\u00edficamente para impedir que se constate el incumplimiento \u2014algo que la decisi\u00f3n de Eco Oro<\/em> parece reconocer cuando afirma que la excepci\u00f3n establece que una parte puede adoptar una medida dentro de su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n \u201csin encontrarse en violaci\u00f3n <\/em>del ALC\u201d[14]<\/sup><\/a>. Pero si el Estado no viol\u00f3 el ALC, entonces no deber\u00eda pagar compensaci\u00f3n. El tribunal no explica por qu\u00e9 concluy\u00f3 lo contrario.<\/p>\n

Sea cual fuere la raz\u00f3n del tribunal, el resultado es una disposici\u00f3n de excepciones ineficaz.\u00a0 Wolfgang Alschner y Kun Hui anteriormente describieron las cl\u00e1usulas de excepciones generales como \u201cperdidas en acci\u00f3n\u201d, se\u00f1alando que, en muchos casos, los Estados no plantean la excepci\u00f3n o la defienden de manera incoherente[15]<\/sup><\/a>. En Eco Oro<\/em>, por el contrario, no hab\u00eda duda de que la excepci\u00f3n estuviera en juego. La misma no estaba \u201cperdida en acci\u00f3n\u201d; sino que simplemente fue borrada.<\/p>\n

\u00bfVale la pena recorrer el \u201ccamino no tomado\u201d?<\/h1>\n

Puede ser tentador encogerse de hombros ante las implicancias de Eco Oro<\/em> para la redacci\u00f3n y estructura de los tratados de inversi\u00f3n. Despu\u00e9s de todo, la decisi\u00f3n sobre la excepci\u00f3n ambiental es un error, pero es preciso que no se repita. Sin embargo, el hecho de que el tribunal no considerara la excepci\u00f3n ambiental le permiti\u00f3 pasar por alto varios defectos que, una vez revelados, sugieren que estas disposiciones no constituyen una gran red de seguridad e incluso pueden ser peligrosas. Hay al menos tres razones para ello.<\/p>\n

Primero, tal como mencionamos anteriormente, una aplicaci\u00f3n adecuada de la excepci\u00f3n deber\u00eda haber enfocado la atenci\u00f3n al hecho de que si las medidas estatales eran \u201cnecesarias\u201d para cumplir con el objetivo del Estado de proteger el medio ambiente. La palabra \u201cnecesarias\u201d posee muchos significados posibles, pero este requisito puede implicar una norma mucho m\u00e1s estricta que la que se aplicar\u00eda en un tratado de inversi\u00f3n. Incluso las formulaciones m\u00e1s aventuradas de la norma de trato justo y equitativo, por ejemplo, no suelen exigir que las medidas sean \u201cnecesarias\u201d. Al adoptar esta norma en una excepci\u00f3n, los Estados pueden estar indicando que est\u00e1n dispuestos a aceptar un grado de escrutinio mucho mayor del que ser\u00eda apropiado en otras circunstancias[16]<\/sup><\/a>.<\/p>\n

Segundo, estas excepciones son prestadas del derecho comercial, y pueden estar mal\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0equipadas para tratar la realidad confusa de las controversias de inversi\u00f3n. Las controversias comerciales son entabladas entre Gobiernos y tienden a involucrar medidas de aplicaci\u00f3n general, tales como programas arancelarios o regulatorios. Las controversias de inversi\u00f3n conciernen a un inversor en particular y tienden a surgir en un contexto f\u00e1ctico complejo que involucra una relaci\u00f3n de larga data entre el inversor y las autoridades estatales. A este respecto, las violaciones encontradas en el caso Eco Oro<\/em>, las cuales mezclan acusaciones de acci\u00f3n estatal, inacci\u00f3n, trato incoherente e inestabilidad, son t\u00edpicas.<\/p>\n

En un contexto complejo como este, resulta dif\u00edcil identificar la \u201cmedida\u201d que debe ser \u201cnecesaria\u201d para obtener el beneficio de la excepci\u00f3n. \u00bfLos esfuerzos del Estado est\u00e1n destinados a evitar la miner\u00eda en \u00e1reas ambientalmente sensibles? \u00bfEl proceso en curso, aunque lento e incompleto, sirve para delimitar d\u00f3nde se ubican esos humedales? \u00bfO el Estado debe probar que su \u201cvacilaci\u00f3n arbitraria\u201d hacia el proyecto de Eco Oro<\/em> fue de alguna manera \u201cnecesaria\u201d para la protecci\u00f3n ambiental? Si es esto \u00faltimo, resulta dif\u00edcil observar c\u00f3mo la excepci\u00f3n proporciona alguna seguridad adicional.<\/p>\n

Tercero, los diferentes contextos de reparaci\u00f3n de los reg\u00edmenes de comercio e inversi\u00f3n tambi\u00e9n hacen que las excepciones sean menos adecuadas para este \u00faltimo. En el derecho comercial, los remedios son prospectivos, y se espera que la parte perdedora en una controversia comercial cumpla con sus medidas en el futuro. Tal como destac\u00f3 Rob Howse, esto significa que los Estados, en ocasiones, pueden cumplir endureciendo<\/em> sus reg\u00edmenes regulatorios luego de perder un caso comercial, eliminando, por ejemplo, las lagunas o las excepciones discriminatorias[17]<\/sup><\/a>. En cambio, en el derecho de las inversiones, un laudo adverso es el final de la l\u00ednea: el inversor tiene entonces un derecho incondicional a ser compensado.<\/p>\n

La estructura divergente posee implicancias radicalmente diferentes para una disposici\u00f3n tal como la excepci\u00f3n general. Si Eco Oro<\/em> fuera un caso comercial, Colombia podr\u00eda remediar su vacilaci\u00f3n e inacci\u00f3n finalizando la delimitaci\u00f3n del P\u00e1ramo, aunque los l\u00edmites definitivos dejen sin valor a la concesi\u00f3n minera de Eco Oro<\/em>. Esta acci\u00f3n podr\u00eda ser defendida eficazmente en un procedimiento posterior por ser \u201cnecesaria\u201d para proteger al P\u00e1ramo. En el arbitraje relativo a inversiones, por el contrario, el Estado pierde si no acierta con la medida a la primera, y entonces el inversor tiene todas las de ganar.<\/p>\n

\u00bfEl ocaso del excepcionalismo?<\/h1>\n

\u00a0<\/strong>A medida que el caso Eco Oro<\/em> procede a la siguiente etapa, no est\u00e1 claro si se convertir\u00e1 en un excepcionalismo de pol\u00edticas en el marco de los tratados de inversi\u00f3n. En 2018, Alschner y Hui observaron una creciente tendencia de los Estados a incluir excepciones de pol\u00edticas p\u00fablicas similares a las del GATT<\/span> en sus tratados de inversi\u00f3n[18]<\/sup><\/a>. Esta pr\u00e1ctica estaba respaldada por una serie de estudios que parec\u00edan tratar reflexivamente la excepci\u00f3n como una ventaja para los Estados que buscaban mayor flexibilidad y espacio regulatorio.<\/p>\n

Hoy, el panorama es quiz\u00e1s menos claro. Notablemente, mientras este caso se encontraba pendiente de resoluci\u00f3n, Canad\u00e1 lanz\u00f3 su nuevo modelo de acuerdos de protecci\u00f3n de las inversiones, el cual no se basa en excepciones de pol\u00edticas p\u00fablicas favoreciendo otras herramientas para garantizar la flexibilidad[19]<\/sup><\/a>. Esta iniciativa, aunque parece premonitoria dada la sentencia de Eco Oro<\/em>, puede haber llegado demasiado tarde. A estas instancias, todos los Estados se encuentran expuestos al argumento de que sab\u00edan c\u00f3mo incorporar una flexibilidad adicional para las medidas ambientales, y que decidieron no hacerlo.<\/p>\n

Si los Estados realmente pretenden restablecer el equilibrio entre la protecci\u00f3n de los inversores y las pol\u00edticas importantes, como la gesti\u00f3n del medio ambiente y la salud p\u00fablica, no pueden evitar replantearse la estructura subyacente de los tratados de inversi\u00f3n. Tambi\u00e9n en este punto, Eco Oro <\/em>sugiere un camino a seguir. Se trata de un caso donde todos coincidieron en que las regulaciones en cuesti\u00f3n no eran discriminatorias, que no hubo una confiscaci\u00f3n directa de la inversi\u00f3n y que los tribunales del pa\u00eds siguieron abiertos y, de hecho, participaron activamente para intentar resolver el asunto[20]<\/sup><\/a>.<\/p>\n

\u00bfPor qu\u00e9, en un caso como este que afecta a muchos intereses nacionales y extranjeros, algunos inversores extranjeros deber\u00edan tener un acceso privilegiado a un recurso especial de derecho internacional p\u00fablico? Esta es la cuesti\u00f3n urgente que enfrenta la reforma del derecho de las inversiones. Y es probable que no se resuelva con otra ronda de excepciones, exenciones y aclaraciones cada vez m\u00e1s elaboradas[21]<\/sup><\/a>.<\/p>\n

Autor<\/h1>\n

J. Benton Heath<\/strong> es profesor adjunto de derecho en la Facultad de Derecho Beasley de la Universidad de Temple en Filadelfia.<\/p>\n

Notas<\/h1>\n

[1]<\/sup><\/a> Eco Oro Minerals Corp. vs. La Rep\u00fablica de Colombia<\/em>, Caso del CIADI<\/span> No. ARB\/16\/41, Decisi\u00f3n sobre Jurisdicci\u00f3n, Responsabilidad y Quantum (9 de septiembre, 2021) (\u201cEco Oro vs. Colombia<\/em>\u201d).<\/p>\n

[2]<\/sup><\/a> Id.<\/em> \u00b6\u00b6 826\u2013837.<\/p>\n

[3]<\/sup><\/a> Presentaci\u00f3n de una Parte No Contendiente por Canad\u00e1, \u00b6 20, Eco Oro vs. Colombia<\/em> (27 de febrero, 2020).<\/p>\n

[4]<\/sup><\/a> V\u00e9ase, por ejemplo, Simson, C. (2021). Critics take aim at \u2018dead wrong\u2019 decision in Colombia case. Law360<\/em>. https:\/\/www.law360.com\/articles\/1437954\/critics-take-aim-at-dead-wrong-decision-in-colombia-case<\/a>; Trew, S. (2021). The false hopes and empty promises of investment treaty modernization. The Monitor<\/em>. https:\/\/monitormag.ca\/articles\/the-false-hopes-and-empty-promises-of-investment-treaty-modernization<\/a>.<\/p>\n

[5]<\/sup><\/a> Arato, J., Claussen, K. y Benton Heath, J. (2020). The perils of pandemic exceptionalism. American Journal of International <\/em>Law, 114<\/em>(14), 627\u2013636.<\/p>\n

[6]<\/sup><\/a> V\u00e9ase tambi\u00e9n Bohmer, L. (2021). An\u00e1lisis: \u00c1rbitros en controversia sobre la prohibici\u00f3n ambiental de la miner\u00eda en el caso Eco Oro vs. Colombia se encuentran en desacuerdo sobre los poderes de polic\u00eda y el alcance del nivel m\u00ednimo de trato del ALC entre Canad\u00e1 y Colombia; la mayor\u00eda concluye que hay un incumplimiento del NMT y decide que las excepciones generales no eximen a Colombia de su obligaci\u00f3n de pagar compensaci\u00f3n. Investment Arbitration Reporter.<\/em><\/p>\n

https:\/\/www.iareporter.com\/articles\/analysis-arbitrators-in-eco-oro-v-colombia-environmental-mining-ban-dispute-disagree-on-police-powers-and-scope-of-minimum-standard-of-treatment-in-canada-colombia-FTA<\/span>-majority-finds-mst-breach-an\/<\/em><\/a>.<\/em><\/p>\n

[7]<\/sup><\/a> Eco Oro vs. Colombia<\/em>, \u00b6 648.<\/p>\n

[8]<\/sup><\/a> Cotula, L. (2020). Investment disputes from below: Whose rights matter?<\/em> International Institute For Environmental Development. https:\/\/www.iied.org\/investment-disputes-below-whose-rights-matter<\/a>.<\/p>\n

[9]<\/sup><\/a> Eco Oro vs. Colombia<\/em>, \u00b6 821.<\/p>\n

[10]<\/sup><\/a> V\u00e9ase, por ejemplo<\/em>, Informe del Grupo, Estados Unidos\u2013 Pautas para la Gasolina Reformulada y Convencional<\/em>, en 38, OMC<\/span> Doc. WT\/DS2\/R (29 de enero, 1996).<\/p>\n

[11]<\/sup><\/a> Eco Oro vs. Colombia<\/em>, \u00b6\u00b6 636\u2013640.<\/p>\n

[12]<\/sup><\/a> Id.<\/em> \u00b6 830.<\/p>\n

[13]<\/sup><\/a> Id.<\/em> \u00b6 836.<\/p>\n

[14]<\/sup><\/a> Id.<\/em> \u00b6 830 (la cursiva nos pertenece).<\/p>\n

[15]<\/sup><\/a> Alschner, W. y Hui, K. (2019). Missing in action: General public policy exceptions in investment treaties<\/em>. En L. Sachs, J. Coleman y L. Johnson (Eds.), Yearbook of International Investment Law and Policy 2018,<\/em> https:\/\/papers.ssrn.com\/sol3\/papers.cfm?abstract_id=3237053<\/a><\/p>\n

[16]<\/sup><\/a> V\u00e9ase en general Mitchell, A. D., Munro, J., Voon, T. (2018). Importing WTO<\/span> general exceptions into international investment agreements. En L. Sachs, J. Coleman y L. Johnson (Eds.), Yearbook of International Investment Law And Policy 2017.<\/em><\/p>\n

[17]<\/sup><\/a> Howse, R. (2016). The World Trade Organization 20 years on: Global governance by judiciary. European Journal of International Law<\/em>, 27<\/em>(1), 9\u201377.<\/p>\n

[18]<\/sup><\/a> Alschner y Hui, nota 15 supra<\/em>.<\/p>\n

[19]<\/sup><\/a> V\u00e9ase Modelo de Acuerdo sobre la Protecci\u00f3n de la Inversi\u00f3n Extranjera de 2021, <\/em>https:\/\/www.international.gc.ca\/trade-commerce\/trade-agreements-accords-commerciaux\/agr-acc\/fipa-apie\/2021_model_fipa-2021_modele_apie.aspx?lang=eng<\/em><\/a>.<\/em><\/p>\n

[20]<\/sup><\/a> V\u00e9ase Eco Oro vs. Colombia<\/em>, Disidencia Parcial del Profesor Philippe Sands QC, \u00b6 23.<\/p>\n

[21]<\/sup><\/a> Cf. Tzouvala, N. (2020). Review of the book World trade and investment law reimagined (A. Santos, C. Thomas y D. Trubek, Eds. 2019). European Journal of International Law, 31(3), 1166\u20131170.<\/em><\/p>\n