El COVID-19 ha sumido al mundo en una enorme crisis sanitaria y econ\u00f3mica. Los gobiernos respondieron r\u00e1pidamente para frenar la propagaci\u00f3n del virus a trav\u00e9s de intervenciones y medidas de emergencia tales como cuarentenas, confinamiento estricto y prohibiciones para viajar. Ahora, algunas de estas medidas est\u00e1n siendo flexibilizadas o levantadas a diferentes ritmos, mientras que otras siguen en vigor. Los gobiernos tambi\u00e9n han tomado medidas para garantizar alimentos esenciales, equipo m\u00e9dico y servicios de salud. Si bien son cruciales desde el punto de vista sanitario, muchas de estas medidas est\u00e1n afectando gravemente a las empresas. Las que se encuentren bajo mayor presi\u00f3n se ver\u00e1n tentadas a recurrir a una serie de herramientas jur\u00eddicas para recuperar sus p\u00e9rdidas, lo cual crear\u00e1 un riesgo sin precedentes de arbitrajes de inversi\u00f3n disponibles para empresas extranjeras en virtud de los casi 3.000 tratados de inversi\u00f3n celebrados en el mundo entero.<\/p>\n
Analizando la historia reciente, sabemos que las medidas de inter\u00e9s p\u00fablico de los Estados en tiempos de crisis severas pueden ser impugnadas por los inversores utilizando el arbitraje entre inversionista y Estado en base a tratados. Tal vez el ejemplo m\u00e1s notable sea el de Argentina. En 2001, este pa\u00eds enfrent\u00f3 un colapso econ\u00f3mico casi total, marcado por una \u201c una ca\u00edda del PIB per c\u00e1pita de 50 por ciento, una tasa de desempleo de m\u00e1s del 20 por ciento, una tasa de pobreza de 50 por ciento, huelgas, manifestaciones, enfrentamientos violentos con la polic\u00eda, decenas de v\u00edctimas civiles y una sucesi\u00f3n de cinco presidentes en 10 d\u00edas\u201d[1]<\/a>. Durante este per\u00edodo, el gobierno adopt\u00f3 una serie de medidas de emergencia, tales como el congelamiento de las tarifas de servicios p\u00fablicos, la nacionalizaci\u00f3n de activos, el abandono del sistema de tipo de cambio fijo y la reestructuraci\u00f3n de los bonos soberanos. A finales de 2014, Argentina era parte demandada en m\u00e1s de 50 casos de soluci\u00f3n de controversias entre inversionista y Estado (ISDS<\/span>, por sus siglas en ingl\u00e9s), la mayor\u00eda de los cuales derivaba de medidas adoptadas durante la crisis[2]<\/a>. Las sentencias finales contra Argentina ascendieron a m\u00e1s de USD 2 mil millones[3]<\/a>, y varias demandas fueron resueltas por cientos de millones de d\u00f3lares[4]<\/a>.<\/p>\n A la agitaci\u00f3n social y pol\u00edtica de la Primavera \u00c1rabe en 2011\u20132012 le sigui\u00f3 un aumento de demandas de ISDS contra los Gobiernos de \u00c1frica del Norte y Medio Oriente[5]<\/a>, algunas de las cuales se derivaron de las medidas estatales adoptadas para hacer frente a los efectos de la crisis. En Egipto, los niveles de violencia y malestar social sin precedentes dieron lugar a una disminuci\u00f3n en el suministro de gas, que el Estado consider\u00f3 \u201cuna amenaza para el funcionamiento b\u00e1sico de la sociedad y el mantenimiento de la estabilidad interna\u201d[6]<\/a>. La decisi\u00f3n del gobierno de suspender la venta de gas a una planta de propiedad espa\u00f1ola para priorizar el suministro de gas natural para los mercados nacionales de electricidad dio lugar a una demanda de ISDS en la que el inversor recibi\u00f3 m\u00e1s de USD 2 mil millones[7]<\/a>.<\/p>\n Los Estados pueden disponer de alegatos de defensa jur\u00eddica, tales como el alegato de un estado de necesidad, en casos de ISDS iniciados por inversores extranjeros para impugnar las medidas adoptadas durante y despu\u00e9s de la pandemia de la COVID-19 y la crisis econ\u00f3mica mundial que ha sobrevenido. Sin embargo, los casos pasados muestran que estos alegatos pueden ser dif\u00edciles de utilizar por parte de los gobiernos para evitar que un tribunal dictamine que hubo una violaci\u00f3n de tratado y que deben pagar compensaci\u00f3n \u2013inclusive en tiempos de crisis. Esto se debe a que el umbral en t\u00e9rminos jur\u00eddicos a este respecto es muy alto, y a su incongruente aplicaci\u00f3n por tribunales de inversi\u00f3n que consideran circunstancias f\u00e1cticas id\u00e9nticas o muy similares.<\/p>\n En un momento en que los estados enfrentan desaf\u00edos econ\u00f3micos y de salud p\u00fablica a una escala sin precedentes, la necesidad de evitar las demandas de ISDS nunca ha sido mayor. A menos que este tema sea abordado de manera proactiva, la amenaza del arbitraje entre inversionista y Estado para los gobiernos ser\u00e1 inminente durante los pr\u00f3ximos a\u00f1os. Varios inversores extranjeros podr\u00e1n entablar demandas sobre la base de hechos materiales id\u00e9nticos, impugnando la misma medida, con resultados impredecibles. Esto se debe tanto a las amplias \u2014y vagamente formuladas\u2014 obligaciones que figuran en cerca de 3.000 tratados de inversi\u00f3n, as\u00ed como al hecho de que cada caso llevado a arbitraje es resuelto por un tribunal diferente. La jurisprudencia ha dado lugar a una interpretaci\u00f3n incongruente de los est\u00e1ndares de tratado en s\u00ed mismos y del derecho consuetudinario internacional que rige a todos los tratados. Las diferentes conclusiones alcanzadas por distintos tribunales que han considerado el mismo o un conjunto similar de medidas gubernamentales en los casos de Argentina, as\u00ed como en una serie de arbitrajes sobre energ\u00edas renovables recientemente entablados contra Espa\u00f1a, proporcionan ejemplos clave de lo antedicho[8]<\/a>.<\/p>\n La falta de claridad sobre c\u00f3mo se aplicar\u00e1n los est\u00e1ndares vagamente redactados a las medidas relativas al COVID-19, y el hecho de que ning\u00fan tribunal est\u00e9 obligado por una decisi\u00f3n anterior, puede incentivar la presentaci\u00f3n de m\u00faltiples demandas para impugnar medidas similares en todo el mundo. El hecho de que los demandantes puedan recurrir a financiadores de controversias que tengan una participaci\u00f3n significativa en la decisi\u00f3n del caso podr\u00eda generar a\u00fan m\u00e1s demandas especulativas o marginales en tiempos de crisis[9]<\/a>. Los boletines sobre arbitraje y los estudios jur\u00eddicos ya est\u00e1n presagiando arbitrajes entre inversionistas y Estados relacionados con el COVID-19, explicando c\u00f3mo podr\u00edan formularse las medidas gubernamentales para ser consideradas violaciones de tratado[10]<\/a>, y los inversores ya han comenzado a iniciar juicios o amenazar con hacerlo para impugnar estas medidas en virtud del derecho interno[11]<\/a>.<\/p>\n Si se determinara una violaci\u00f3n, se podr\u00eda ordenar a los Estados demandados que paguen grandes sumas en compensaci\u00f3n a demandantes extranjeros. Anteriormente, los tribunales han otorgado compensaci\u00f3n por m\u00e1s de USD 100 millones, hasta la fecha, en al menos 46 casos conocidos entre inversionistas y Estados basados en tratados, entre los cuales hubo un laudo de USD 40 mil millones[12]<\/a>. Los \u2018mega-laudos\u2019 plantean problemas especialmente graves para los pa\u00edses en desarrollo y su capacidad para financiar sus programas de salud p\u00fablica y recuperaci\u00f3n econ\u00f3mica. En el caso gas de Uni\u00f3n Fenosa mencionado anteriormente, Egipto debi\u00f3 pagar USD 2 mil millones m\u00e1s intereses[13]<\/a>. Esta cifra represent\u00f3 el 12 por ciento del presupuesto nacional de Egipto combinado para salud y educaci\u00f3n en 2018\/19, que fue de USD 15,82 mil millones[14]<\/a>. Adem\u00e1s, defenderse en una demanda de ISDS requiere mucho tiempo y recursos[15]<\/a>.<\/p>\n Muchos gobiernos est\u00e1n solicitando y recibiendo apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) o del Banco Mundial para superar esta crisis. Los pasivos resultantes de los arbitrajes entre inversionistas y Estados podr\u00edan menoscabar este apoyo. En 2019, un tribunal de inversiones otorg\u00f3 a empresas mineras extranjeras una compensaci\u00f3n de USD 6 mil millones contra Pakist\u00e1n[16]<\/a>. Apenas dos meses antes, el FMI hab\u00eda acordado con Pakist\u00e1n un rescate para salvar su econom\u00eda del colapso \u2014tambi\u00e9n por USD 6 mil millones[17]<\/a>. Las controversias entre inversionistas y Estados relacionadas con el COVID-19 podr\u00edan dejar sin valor alguno los rescates a futuro, tal como ocurri\u00f3 en el caso de Pakist\u00e1n.<\/p>\n En un momento de crisis sanitaria y gran presi\u00f3n econ\u00f3mica, los gobiernos necesitan contar con un espacio de pol\u00edticas que les permita tomar todas las acciones necesarias, y el espacio fiscal adecuado para emitir paquetes de apoyo econ\u00f3mico sin el riesgo de ser sometidos a una ola avasalladora de casos de arbitraje de inversi\u00f3n. Para evitar esto, los gobiernos deber\u00e1n tomar acciones para prohibir la aplicaci\u00f3n del arbitraje entre inversionista y Estado basado en tratados a todas las medidas relativas al COVID-19.<\/p>\n Considerando los riesgos antes mencionados, los Estados deber\u00edan unirse para atender una oleada potencialmente abrumadora de arbitrajes de inversi\u00f3n contra gobiernos con escasa liquidez. Los Estados pueden responder a este riesgo a nivel mundial, regional o bilateral para fomentar la solidaridad y proteger a los gobiernos anfitriones en el peor de los escenarios. Una opci\u00f3n posible ser\u00eda que los gobiernos suspendieran conjuntamente la utilizaci\u00f3n de la ISDS en base a tratados en torno a las medidas relacionadas con el COVID. A tal fin, el IISD<\/span> ha desarrollado lenguaje<\/a> que podr\u00eda ser empleado para un acuerdo de suspensi\u00f3n bilateral, regional o multilateral, y ha realizado consultas para obtener la opini\u00f3n de partes interesadas sobre dicho lenguaje.<\/p>\n Podr\u00eda coordinarse una respuesta multilateral por conducto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD<\/span>), que cuenta con amplios conocimientos especializados en materia de tratados de inversi\u00f3n y reformas conexas. Otra plataforma es la Comisi\u00f3n de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI<\/span>), en particular su Grupo de Trabajo III, que ya se encuentra establecido para ocuparse de la reforma de la ISDS. Alternativamente, tambi\u00e9n se podr\u00edan conformar bloques de pa\u00edses para acordar una suspensi\u00f3n conjunta de la utilizaci\u00f3n de las disposiciones de ISDS entre ellos, o los pa\u00edses podr\u00edan contactar a sus socios de tratado y acordar dicha suspensi\u00f3n de manera bilateral.<\/p>\n Nathalie Bernasconi-Osterwalder<\/strong> dirige el Programa de Derecho y Po\u00edticas Econ\u00f3micas del IISD y es Directora Ejecutiva del IISD Europa en Ginebra. Sarah Brewin <\/strong>es asesora en agricultura e inversi\u00f3n para el Programa de Derecho y Pol\u00edticas Econ\u00f3micas del IISD. Nyaguthii Maina <\/strong>es asesora en agricultura e inversi\u00f3n para el Programa de Derecho y Pol\u00edticas Econ\u00f3micas del IISD.<\/p>\n [1]<\/a> Lavopa, F. (2020). Crisis, emergency measures and the failure of the ISDS system: The case of Argentina <\/em>(Investment Policy Brief #2). South Centre. https:\/\/www.southcentre.int\/wp-content\/uploads\/2015\/07\/IPB2_Crisis-Emergency-Measures-and-the-Failure-of-the-ISDS-System-The-Case-of-Argentina.pdf<\/a><\/p>\n [2]<\/a> Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. (2015). Recent trends in IIAs and ISDS. <\/em>https:\/\/UNCTAD<\/span>.org\/en\/PublicationsLibrary\/webdiaepcb2015d1_en.pdf<\/a><\/p>\n [3]<\/a> UNCTAD. (n.d.). Investment policy hub: Argentina<\/em>. https:\/\/investmentpolicy.unctad.org\/investment-dispute-settlement\/country\/8\/argentina\/<\/a><\/p>\n [4]<\/a> V\u00e9ase, por ejemplo, El Gobierno pag\u00f3 USD 677 millones por juicios perdidos ante el CIADI<\/span>, 19 de octubre de 2013. La Naci\u00f3n<\/em>. https:\/\/www.lanacion.com.ar\/1630428-el-gobierno-pago-us-677-millones-por-juicios-perdidos-ante-el-ciadi<\/a><\/p>\n [5]<\/a> Foty, C. (2019). <\/a>Impact of the Arab Spring on the international arbitration landscape<\/em><\/a>. Kluwer Arbitration Blog. http:\/\/arbitrationblog.kluwerarbitration.com\/2019\/07\/26\/impact-of-the-arab-spring-on-the-international-arbitration-landscape\/<\/a><\/p>\n [6]<\/a> Koroteeva, K. (2018). Egypt found liable for the shut-down of an electricity plant during the 2011 uprising. Investment Treaty News<\/em>. https:\/\/www.IISD<\/span>.org\/ITN<\/span>\/2018\/12\/21\/egypt-found-liable-for-the-shut-down-of-an-electricity-plant-during-the-2011-uprising-ksenia-koroteeva\/<\/a><\/p>\n [7]<\/a> Uni\u00f3n Fenosa vs. Egipto<\/em>. (2014). Investment Policy Hub. [8]<\/a> Reynoso, I. (2019). Saga sobre Energ\u00edas Renovables en Espa\u00f1a: Lecciones para el derecho internacional de las inversiones y el desarrollo sostenible Investment Treaty News<\/em>. [9]<\/a> Algunos consideran que la estructura asim\u00e9trica del r\u00e9gimen de tratados de inversi\u00f3n, la falta de un sistema de precedentes en la ISDS y la consiguiente incoherencia e imprevisibilidad de los resultados arbitrales se prestan a la financiaci\u00f3n de terceros en demandas especulativas o marginales. V\u00e9ase, por ejemplo, Garc\u00eda, F. (30 de julio de 2018). Argumentos Contra el Financiamiento por Terceros en el Arbitraje de Inversi\u00f3n IISD Investment Treaty News<\/em>; International Council for Commercial Arbitration & Queen Mary Task Force. (17 de octubre de 2017). Third-party funding in investor-state dispute settlement<\/em>. Draft report for public discussion. Round Table Discussion of the ICCA-Queen Mary Task Force on Third Party Funding in International Arbitration.<\/p>\n [10]<\/a> Benedetteli, M. (2020). Could COVID-19 emergency measures give rise to investment claims? First reflections from Italy. Global Arbitration Review.<\/em> https:\/\/globalarbitrationreview.com\/article\/1222354\/could-covid-19-emergency-measures-give-rise-to-investment-claims-first-reflections-from-italy<\/a>; Aceris Law LLC<\/a> (2020), The COVID-19 pandemic and investment arbitration. Aceris Law.<\/em> https:\/\/www.acerislaw.com\/the-covid-19-pandemic-and-investment-arbitration\/<\/a><\/p>\n [11]<\/a> Por ejemplo, la automotriz estadounidense Tesla entabl\u00f3, y poco despu\u00e9s retir\u00f3, una demanda ante el Tribunal de Distrito contra el Condado de Alameda por su orden de cierre de la f\u00e1brica. V\u00e9ase Wong, J. (2020). Elon Musk reopens California Tesla factory in defiance of lockdown order. The Guardian. <\/em>https:\/\/www.theguardian.com\/technology\/2020\/may\/11\/tesla-factory-reopening-elon-musk-california-lockdown<\/em><\/a>. <\/em>En Sud\u00e1frica, comerciantes minoristas de bebidas alcoh\u00f3licas, comida caliente y fabricantes de tabaco amenazaron con iniciar acciones legales contra las medidas de cierre del gobierno. V\u00e9ase Ngobeni, T. (2020). State Responsibility for COVID-19 Regulatory Measures under International Economic Law. Afronomics Law. <\/em>https:\/\/www.afronomicslaw.org\/2020\/05\/09\/state-responsibility-for-covid-19-regulatory-measures-under-international-economic-law<\/em><\/a>\/. <\/em><\/p>\n [12]<\/a> Hulley Enterprises Ltd. vs. Federaci\u00f3n Rusa (Caso de la CPA<\/span> No. 2005-03\/AA226).<\/p>\n [13]<\/a> Charlotin, D. (2018). Arbitrators hold Egypt liable for more than $2 billion as a result of unfair treatment of gas plant investors. Investment Arbitration Reporter<\/em>. https:\/\/www.iareporter.com\/articles\/arbitrators-hold-egypt-liable-for-more-than-2-billion-as-a-result-of-unfair-treatment-of-gas-plant-investors\/<\/a><\/p>\n [14]<\/a> Seg\u00fan el tipo de cambio de EGP a USD a octubre de 2019.<\/p>\n [15]<\/a> El promedio de los costos de un arbitraje alcanza la suma de USD 8 millones por caso, v\u00e9ase Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3micos. (2012) Investor-state dispute settlement. Consulta P\u00fablica: 16 de mayo al 23 de julio de 2012, p. 19.Las Filipinas gast\u00f3 USD 58 millones para defenderse en dos casos iniciados por un inversor alem\u00e1n. V\u00e9ase, Olivet, C. y Eberhardt, P. (2012). Profiting from injustice: How law firms, arbitrators and financiers are fuelling an investment arbitration boom.<\/em> Transnational Institute; y Australia gast\u00f3 USD 28 millones defendi\u00e9ndose en un caso con Philip Morris por el etiquetado de tabaco, seg\u00fan el tipo de cambio de d\u00f3lares australianos a USD a julio de 2018. Hutchens, G. y Knaus, C. (2018, 1 de julio). Revealed: $39m cost of defending Australia\u2019s tobacco plain packaging laws. The Guardian Australia<\/em>. https:\/\/www.theguardian.com\/business\/2018\/jul\/02\/revealed-39m-cost-of-defending-australias-tobacco-plain-packaging-laws<\/a><\/p>\n [16]<\/a> Tethyan Copper Company Pty Limited vs. La Rep\u00fablica Isl\u00e1mica de Pakist\u00e1n, Caso del CIADI No. ARB\/12\/1.<\/p>\n [17]<\/a> Masood, S. (2019, 12 de mayo,). Pakistan to accept $6 billion bailout from I.M.F. New York Times<\/em>. https:\/\/www.nytimes.com\/2019\/05\/12\/world\/asia\/pakistan-imf-bailout.html<\/a><\/p>\nLa Necesidad de Evitar las Demandas entre Inversionistas y Estados Nunca Ha sido Mayor<\/h2>\n
La Necesidad de una Acci\u00f3n Colectiva para Evitar una Oleada de Arbitrajes entre Inversionista y Estado<\/h2>\n
\nAutoras<\/h3>\n
\nNotas<\/h3>\n
\nhttps:\/\/investmentpolicy.unctad.org\/investment-dispute-settlement\/cases\/567\/uni-n-fenosa-v-egypt<\/a><\/p>\n
\nhttps:\/\/cf.IISD<\/span>.net\/itn\/es\/2019\/06\/27\/spains-renewable-energy-saga-lessons-for-international-investment-law-and-sustainable-development-isabella-reynoso\/<\/a><\/p>\n