Los supuestos de que los Estados corren el riesgo de encontrarse frente a la obligaci\u00f3n de pagar da\u00f1os y perjuicios como consecuencia de un procedimiento judicial o arbitral internacional han aumentado a la par del incremento en la cantidad de tribunales internacionales y de Estados que aceptan la competencia de estos \u00faltimos, incluso en el caso de arbitrajes internacionales relativos a inversiones.<\/p>\n
En el marco del arbitraje de inversiones en particular, la obligaci\u00f3n de pago de da\u00f1os y perjuicios puede desprenderse de la responsabilidad del Estado respecto de la violaci\u00f3n de un tratado bilateral de inversi\u00f3n (TBI<\/span><\/span>), una ley de inversi\u00f3n o un contrato de inversi\u00f3n. Pese a que la obligaci\u00f3n de restitutio in integrum<\/em> (restituci\u00f3n \u00edntegra) implique \u00abborrar todas las consecuencias del acto il\u00edcito\u00bb[1]<\/a>, en los hechos, suele ser traducida por los Estados como una obligaci\u00f3n de pago[2]<\/a> de montos relativamente elevados[3]<\/a>.<\/p>\n De hecho, el creciente n\u00famero de sentencias arbitrales que implican una obligaci\u00f3n de pago por parte de los Estados que no resultan favorecidos por el laudo y las elevadas sumas asignadas por estos tribunales encabezan la lista de cr\u00edticas respecto del sistema de soluci\u00f3n de controversias entre inversionistas y Estados (ISDS<\/span><\/span>, por sus siglas en ingl\u00e9s) de los \u00faltimos a\u00f1os. Estas cr\u00edticas han llevado al surgimiento de nuevas iniciativas relacionadas con una eventual reforma de dicho sistema, incluidos los debates actuales en el marco del Grupo de Trabajo III de la CNUDMI<\/span>.<\/p>\n Los Estados que reciban un laudo en su contra tienen la obligaci\u00f3n de cumplir con este[4]<\/a>. En caso de negativa por parte del Estado, el Convenio CIADI<\/span> permite que cualquier inversionista recurra a los mecanismos de ejecuci\u00f3n forzosa sobre los bienes del Estado anfitri\u00f3n situados en el territorio de uno de los 163 pa\u00edses signatarios del Convenio CIADI. En el caso de las sentencias dictadas por tribunales ad hoc<\/em> o sobre la base del mecanismo complementario del CIADI, la ejecuci\u00f3n forzosa podr\u00e1 ser solicitada en los 156 pa\u00edses signatarios de la Convenci\u00f3n de Nueva York[5]<\/a>.<\/p>\n Hasta hace algunos a\u00f1os, los observadores se\u00f1alaban que los Estados sol\u00edan cumplir voluntariamente con los laudos arbitrales de inversi\u00f3n[6]<\/a>, fueran dictados en el marco de arbitrajes del CIADI o ad hoc<\/em>. Sin embargo, la tendencia actual se inclina cada vez m\u00e1s hacia la \u00abresistencia\u00bb[7]<\/a>. Este fen\u00f3meno se manifiesta por la multiplicaci\u00f3n de procedimientos de nulidad contra los laudos arbitrales de inversi\u00f3n, as\u00ed como de los procedimientos de ejecuci\u00f3n forzosa contra los bienes de los Estados.<\/p>\n El inter\u00e9s de los comentadores de casos de arbitraje de inversi\u00f3n rara vez se centra sobre las hip\u00f3tesis de que los Estados cumplen voluntariamente con las sentencias arbitrales de inversi\u00f3n. Es por eso que las problem\u00e1ticas jur\u00eddicas que enfrentan los Estados al momento de movilizar los montos a menudo muy elevados concedidos por los tribunales arbitrales a favor de los inversionistas dentro de plazos razonables no suelen ser analizados por la doctrina.<\/p>\n Entre la gran cantidad de obst\u00e1culos que pueden enfrentar los Estados al momento de aplicar los laudos arbitrales de inversi\u00f3n, la inadecuaci\u00f3n de los procedimientos presupuestarios internos para proceder al pago de las obligaciones pecuniarias impuestas por un tribunal arbitral constituye uno de los principales impedimentos (parte 1 infra). Esta dificultad se encuentra hoy atenuada en algunos Estados que han adoptado normas presupuestarias que permiten hacer frente a dichos imprevistos (parte 2 infra).<\/p>\n La aplicaci\u00f3n de una obligaci\u00f3n pecuniaria puede parecer simple a primera vista: por lo general, en la sentencia se fija el importe y la divisa de la suma que el Estado debe pagar, y a veces incluso el plazo de pago. Solo le resta entonces al Estado tomar las medidas necesarias para efectuar la transferencia de la suma de dinero a la cuenta bancaria del inversionista, en el caso de arbitrajes entre un inversionista y un Estado.<\/p>\n Sin embargo, esta aparente simplicidad esconde una realidad m\u00e1s compleja. En efecto, fuera del principio de buena fe y del plazo razonable, ninguna otra norma internacional parece contemplar la etapa que transcurre despu\u00e9s de la sentencia, m\u00e1s all\u00e1 de aquella que establece que el pago se realizar\u00e1 siguiendo los procedimientos internos del Estado respectivo. As\u00ed, independientemente de la fuente de la obligaci\u00f3n internacional, el Estado conserva el control del procedimiento presupuestario de pago interno. Sin embargo, el Estado, y m\u00e1s precisamente el poder ejecutivo, estar\u00e1 sujeto a las normas presupuestarias nacionales para proceder al pago de la suma exigida por la sentencia del tribunal arbitral.<\/p>\n En ese sentido, los desaf\u00edos se ordenan en dos clases.<\/p>\n En primer lugar, la fecha de la sentencia rara vez coincide con el calendario de voto del presupuesto anual del Estado. En otras palabras, el pago esperado de los da\u00f1os y perjuicios no suele estar previsto en el presupuesto anual del Estado. Por lo tanto, e incluso cuando el Estado tiene la intenci\u00f3n de cumplir la sentencia, el poder ejecutivo no suele tener las autorizaciones necesarias para cumplir con el pago de la suma determinada por el tribunal arbitral al momento de ser notificado.<\/p>\n En segundo lugar, y de conformidad con el principio de la separaci\u00f3n de poderes en los Estados democr\u00e1ticos, los gobiernos de los Estados que reciban un laudo en su contra suelen tener la obligaci\u00f3n de obtener una autorizaci\u00f3n parlamentaria antes de poder pagar la deuda dictaminada por un laudo arbitral. Esta t\u00e9cnica conlleva dificultades a la vez pr\u00e1cticas y pol\u00edticas para los \u00f3rganos del Estado responsables de la aplicaci\u00f3n de las obligaciones pecuniarias. En efecto, no existe garant\u00eda alguna de que un parlamento aceptar\u00e1 votar el presupuesto necesario para el pago de una obligaci\u00f3n pecuniaria internacional de dicho Estado y menos a\u00fan de que lo har\u00e1 en un plazo razonable. Esta situaci\u00f3n puede, entonces, provocar una nueva diferencia entre el inversionista y el Estado receptor por incumplimiento del laudo arbitral.<\/p>\n Con el fin de garantizar la aplicaci\u00f3n de los fallos internacionales y los laudos arbitrales en un plazo razonable, algunos Estados han desarrollado, a partir de fines del siglo XX, mecanismos presupuestarios internos que facilitan la aplicaci\u00f3n de sus obligaciones pecuniarias internacionales.<\/p>\n En caso de que fuera necesario, algunos Estados han introducido procedimientos presupuestarios basados en la previsi\u00f3n y la anticipaci\u00f3n para cumplir con el pago voluntario de los da\u00f1os y perjuicios asignados por un laudo arbitral de inversi\u00f3n dentro de un plazo razonable.<\/p>\n En Francia, en materia de indemnizaci\u00f3n pecuniaria debida a un litigio internacional puntual, el Ministerio de Relaciones Exteriores era quien garantizaba el pago a partir de una l\u00ednea de cr\u00e9dito evaluativa contenida en su presupuesto anual. Desde la adopci\u00f3n de la ley relativa a las leyes financieras de 2005, los diferentes \u00f3rganos del Estado franc\u00e9s han asumido la obligaci\u00f3n de establecer un presupuesto estimativo para afrontar las posibles obligaciones pecuniarias del Estado. Esto implica que se incluye en sus presupuestos una partida espec\u00edfica para riesgos y gastos correspondientes al posible acaecimiento de una \u00absalida cierta, o probable, de recursos, sin contrapartida prevista por el Estado\u00bb[8]<\/a>. As\u00ed, cada vez que Francia se ve involucrada en una controversia ante un tribunal internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe prever en el presupuesto del a\u00f1o siguiente una evaluaci\u00f3n del riesgo pecuniario.<\/p>\n En Per\u00fa existe un procedimiento similar. Del mismo modo, la ley general sobre el sistema presupuestario nacional[9]<\/a> prev\u00e9 tambi\u00e9n una reserva presupuestaria ante el Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas para cumplir con obligaciones pecuniarias imprevistas, que por su naturaleza no est\u00e1n incluidas en el presupuesto anual del Estado. De tal forma, el pago de da\u00f1os y perjuicios asignado por un tribunal arbitral podr\u00e1 ser efectuado mediante una autorizaci\u00f3n del Jefe del Estado y del Ministro de Econom\u00eda y Finanzas. Es as\u00ed que, a ra\u00edz del laudo de CIADI en el caso Bear Creek Mining Corporation v.<\/em> Per\u00fa<\/em>[10]<\/a>, el Jefe de Estado autoriz\u00f3, con el acuerdo del Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas[11]<\/a>, la transferencia de una suma complementaria al Ministerio de Energ\u00eda y Minas con el objetivo de proceder al pago de los da\u00f1os y perjuicios asignados a la sociedad Bear Creek Mining Corporation por el tribunal arbitral. El pago se concret\u00f3 un a\u00f1o despu\u00e9s de que el laudo hubiera sido dictado[12]<\/a>.<\/p>\n Las dificultades en la ejecuci\u00f3n de un laudo arbitral tambi\u00e9n pueden surgir debido a la forma federal o al mayor o menor grado de descentralizaci\u00f3n de un Estado[13]<\/a>. A los fines de la anticipaci\u00f3n, Espa\u00f1a \u2014un Estado unitario compuesto por 17 comunidades aut\u00f3nomas\u2014 prev\u00e9 asimismo en su ley de estabilidad presupuestaria[14]<\/a> que las comunidades aut\u00f3nomas, as\u00ed como las empresas p\u00fablicas, deben contemplar dentro de sus presupuestos anuales una partida espec\u00edfica que les permita cumplir con las obligaciones financieras imprevistas. Espa\u00f1a organiza tambi\u00e9n un procedimiento de examen de las responsabilidades internas entre los \u00f3rganos estatales cuyos actos fueron declarados il\u00edcitos por un tribunal internacional o europeo. Resulta pertinente se\u00f1alar que Espa\u00f1a aplica este principio desde mucho antes de la aprobaci\u00f3n de esta ley. En el caso Maffezini v. Espa\u00f1a<\/em>, el tribunal arbitral atribuy\u00f3 los actos de la sociedad SODIGA a Espa\u00f1a. Una vez pronunciado el laudo, Espa\u00f1a remiti\u00f3 la sentencia a SODIGA, que procedi\u00f3 al pago e imput\u00f3 el gasto en su presupuesto anual[15]<\/a>.<\/p>\n Queda de manifiesto que el enfoque basado en la previsi\u00f3n presupuestaria puede facilitar la aplicaci\u00f3n de la sentencia internacional en un plazo razonable. Sin embargo, este abordaje no est\u00e1 exento de dificultades respecto de la irregularidad del calendario de procedimientos arbitrales y en cuanto a la imprevisibilidad de la evaluaci\u00f3n del monto probable de las eventuales indemnizaciones, si la jurisdicci\u00f3n internacional competente determinara la responsabilidad del Estado. Por \u00faltimo, la previsi\u00f3n presupuestaria por s\u00ed sola no basta para permitir la ejecuci\u00f3n del laudo arbitral en un plazo razonable si las sumas asignadas por un tribunal arbitral alcanzan cifras exorbitantes para los presupuestos anuales limitados de los pa\u00edses en desarrollo. Un tribunal arbitral del CIADI orden\u00f3 recientemente a Pakist\u00e1n pagar una suma de 6 mil millones de d\u00f3lares estadounidenses en concepto de da\u00f1os y perjuicios[16]<\/a>, es decir, aproximadamente 1 quincuag\u00e9simo de su PIB anual[17]<\/a>.<\/p>\n Los Estados pueden tambi\u00e9n establecer un procedimiento excepcional que autorice al poder ejecutivo a realizar ciertas modificaciones presupuestarias durante el a\u00f1o sin autorizaci\u00f3n del Parlamento. Precisamente, este marco de excepci\u00f3n permiti\u00f3 a Guatemala y a Bolivia cumplir con sentencias arbitrales de inversi\u00f3n relativas a los casos Railroad Development Corporation v. Guatemala<\/em>[18]<\/a> y Guaracachi v. Bolivia<\/em>[19]<\/a>, respectivamente.<\/p>\n En el caso de Guatemala, la Constituci\u00f3n[20]<\/a> as\u00ed como la ley de presupuestos[21]<\/a> prev\u00e9n la posibilidad de un procedimiento presupuestario excepcional que involucra a diferentes \u00f3rganos de control. Este procedimiento permite al poder ejecutivo aprobar un decreto que autorice a un \u00f3rgano del Estado o a una empresa p\u00fablica a modificar su presupuesto anual a fin de proceder al pago de la suma debida en virtud de un laudo arbitral de inversiones que no est\u00e9 prevista en el presupuesto anual del Estado. Este procedimiento permiti\u00f3 el pago de los da\u00f1os y perjuicios reconocidos por un tribunal CIADI en el plazo de once meses despu\u00e9s del dictamen del \u00faltimo laudo[22]<\/a>.<\/p>\n Aunque este ejemplo no sea recomendable por no comprender ning\u00fan mecanismo de control, en Bolivia ha bastado con un decreto presidencial, a ra\u00edz del laudo arbitral ad hoc<\/em> dictado en el caso Guaracachi v. Bolivia<\/em> para autorizar al Ministro de Hidrocarburos y Energ\u00eda y al presidente de la Compa\u00f1\u00eda Nacional de Electricidad a firmar un acuerdo con el inversionista sobre el pago de la suma de 31,5 millones de d\u00f3lares estadounidenses debida por Bolivia \u2014con algunas concesiones por parte del inversionista[23]<\/a>. As\u00ed, Bolivia, que se notific\u00f3 del laudo arbitral el 31 de enero de 2014, cumpli\u00f3 con su obligaci\u00f3n pecuniaria apenas seis meses m\u00e1s tarde[24]<\/a>. Sin embargo, pocas constituciones del mundo permiten que el poder ejecutivo libere una suma de varios millones de d\u00f3lares estadounidenses en algunos meses sin autorizaci\u00f3n parlamentaria o sin un procedimiento presupuestario excepcional preestablecido.<\/p>\n De no ser por estos mecanismos excepcionales, es probable que la aplicaci\u00f3n voluntaria de los dos laudos arbitrales hubiera llevado m\u00e1s tiempo. Este plazo podr\u00eda haber sido percibido por el inversionista como una negativa del Estado a cumplir con la sentencia y conducirlo a iniciar los procedimientos de ejecuci\u00f3n forzosa sobre los bienes del Estado. El retraso del Estado en la ejecuci\u00f3n del laudo arbitral de inversi\u00f3n podr\u00eda constituir una nueva fuente de litigios[25]<\/a>. Sin embargo, estos procedimientos presupuestarios excepcionales, que escapan al control tradicional del poder legislativo sobre las acciones del poder ejecutivo, deben ser regulados y controlados para limitar el riesgo de abusos y desviaciones.<\/p>\n Affef Ben Mansour<\/strong> (Dra.) es Abogada del Colegio de Abogados de Par\u00eds. Es autora de una tesis doctoral sobre la aplicaci\u00f3n de las sentencias y los laudos de los tribunales internacionales, publicada en franc\u00e9s por ediciones Larcier en 2011 bajo el t\u00edtulo \u00abLa mise en \u0153uvre des arr\u00eats et des sentences des juridictions internationales<\/em>\u00ab.<\/p>\n [1]<\/a> Caso relativo a la f\u00e1brica de Chorzo\u0301w, fondo, pronunciamiento del 13 de septiembre de 1928, Corte Permanente de Justicia Internacional, serie A, n.\u00b0 17, p\u00e1g. 47. Extra\u00eddo de https:\/\/www.icj-cij.org\/files\/permanent-court-of-international-justice\/serie_A\/A_17\/54_Usine_de_Chorzow_Fond_Arret.pdf<\/a><\/p>\n [2]<\/a> Sobre el total de los casos sometidos a un tribunal en virtud del Convenio CIADI o del Mecanismo complementario del CIADI, el 66 por ciento da lugar a un laudo arbitral. De estos, el 48 por ciento llega a un laudo arbitral que cuestiona la responsabilidad del Estado. Disponible en: CIADI. (2019). Carga de casos del CIADI – Estad\u00edsticas<\/em>, edici\u00f3n 2019-2, p\u00e1gs. 26-27. Extra\u00eddo de https:\/\/ICSID<\/span>.worldbank.org\/en\/Documents\/ICSID_Web_Stats_2019-2_(Spanish).pdf<\/a><\/p>\n [3]<\/a> V\u00e9ase la lista de los importes m\u00e1s elevados de da\u00f1os y perjuicios asignados por los tribunales de inversi\u00f3n en Bonnitcha, J. y Brewin, S. (2019, octubre). L\u2019indemnisation en vertu des trait\u00e9s d\u2019investissement<\/em> (S\u00e9rie Bonnes Pratiques). Ginebra: IISD<\/span><\/span><\/span>, p\u00e1gs. 32-34. Extra\u00eddo de: https:\/\/iisd.org\/sites\/default\/files\/publications\/best-practicies-compensation-treaties-fr-V4.pdf<\/a><\/p>\n [4]<\/a> V\u00e9ase el Convenio sobre el arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados, 18 de marzo de 1965, vigente a partir del 14 de octubre de 1966, art. 53(1) ; CNUDMI. (2013). Reglamento de arbitraje de la CNUDMI<\/em>, art. 34(2). Extra\u00eddo de https:\/\/UNCITRAL<\/span>.un.org\/sites\/uncitral.un.org\/files\/media-documents\/uncitral\/es\/uncitral-arbitration-rules-2013-s.pdf<\/a> ; v\u00e9anse asimismo las disposiciones pertinentes de los TBI, las cl\u00e1usulas de arbitraje de los contratos de inversi\u00f3n y las Reglas de arbitraje de las instituciones arbitrales.<\/p>\n [5]<\/a> Convenci\u00f3n sobre el reconocimiento y la ejecuci\u00f3n de las sentencias arbitrales extranjeras, Nueva York, 10 de junio de 1958, 21 U.S.T. 2517, 330 U.N.T.S. 3, Art. III. Extra\u00eddo de https:\/\/treaties.un.org\/doc\/Publication\/UNTS\/Volume%20330\/volume-330-I-4739-French.pdf<\/a><\/p>\n [6]<\/a> V\u00e9ase, en particular, Dugan, C. F. (2008). Investor-state arbitration<\/em>. Nueva York: Oxford University Press, p\u00e1gs. 675-676; Alexandrov, S. A. (2009). Enforcement of ICSID awards: Article 53 and 54 of the ICSID Convention<\/span>. Transnational Dispute Management,<\/em> 1<\/em>, p\u00e1g. 10. Extra\u00eddo de https:\/\/www.transnational-dispute-management.com\/article.asp?key=1345<\/a><\/p>\n [7]<\/a> Van den Berg, A. J. (1989). Recent enforcement problems under the New York and ICSID Convention. Arbitration International<\/em>, 5<\/em>(1), 2\u201320 ; Baldwin, E., Kantor, M., & Nolan, M. (2006). Limits to enforcement of ICSID awards. Journal of International Arbitration<\/em>, 23<\/em>(1), 1\u201324.<\/p>\n [8]<\/a> Rep\u00fablica Francesa. (2005). Ley org\u00e1nica n.\u00ba 2005-779 del 12 de julio de 2005 que modifica la Ley org\u00e1nica n.\u00ba 2001-692 del 1 de agosto de 2001 relativa a las leyes financieras; Norma contable n.\u00b0 12 del Estado<\/em>. Extra\u00eddo de https:\/\/www.legifrance.gouv.fr\/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000451379&fastPos=1&fastReqId=1951626294&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte<\/a><\/p>\n [9]<\/a> Rep\u00fablica del Per\u00fa. (2012). Ley n.\u00ba 28411,Ley general del sistema nacional de presupuesto, aprobada por el Decreto supremo n.\u00ba 304-2012-E<\/em>, Arts. 44 y 45. Extra\u00eddo de http:\/\/transparencia.mtc.gob.pe\/idm_docs\/normas_legales\/1_0_31.pdf<\/a><\/p>\n [10]<\/a> Bear Creek Mining Corporation v. la Rep\u00fablica del Per\u00fa, caso CIADI n.\u00ba ARB\/14\/21, sentencia del 30 de noviembre de 2017. Extra\u00eddo de https:\/\/www.italaw.com\/sites\/default\/files\/case-documents\/italaw9381.pdf<\/a><\/p>\n [11]<\/a> Rep\u00fablica del Per\u00fa. (2018). Decreto Supremo n.\u00ba 246-2018-EF, 30 de octubre de 2018<\/em>. Extra\u00eddo de https:\/\/www.gob.pe\/institucion\/mef\/normas-legales\/213392-246-2018-ef<\/a><\/p>\n [12]<\/a> Correo. (2019). Gobierno pag\u00f3 32 millones de d\u00f3lares a Bear Creek por caso Santa Ana<\/em>. Extra\u00eddo de https:\/\/diariocorreo.pe\/edicion\/puno\/gobierno-pago-32-millones-de-dolares-bear-creek-por-caso-santa-ana-862129<\/a><\/p>\n [13]<\/a> Ben Mansour, A. (2011). La mise en \u0153uvre des arr\u00eats et des sentences des juridictions internationales<\/em>. Par\u00eds: Larcier, p\u00e1gs. 257-259.<\/p>\n [14]<\/a> Reino de Espa\u00f1a. (2013). Ley org\u00e1nica 2\/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, Art\u00edculo 8 (1) ; modificada por la ley org\u00e1nica 9\/2013, del 20 de diciembre de 2013, sobre el control de la deuda comercial en el sector p\u00fablico, Art. 1(13). Extra\u00eddo de https:\/\/www.boe.es\/eli\/es\/lo\/2012\/04\/27\/2\/con<\/a><\/p>\n [15]<\/a> Consello de Contas de Galicia. (2001). Informe de fiscalizaci\u00f3n, Ejercicio 2001, XesGalicia, SXECR, S.A. y Sodiga Galicia, SCR, S.A.<\/em>, p. 48, p\u00e1rr. 4.14. Disponible en: http:\/\/www.consellodecontas.es\/sites\/consello_de_contas\/files\/contents\/documents\/2001\/XESGALICIA_2001_C.pdf<\/a><\/p>\n [16]<\/a> Tethyan Copper Company Pty Limited v. Rep\u00fablica Isl\u00e1mica de Pakist\u00e1n, caso CIADI n.\u00ba ARB\/12\/1, sentencia del 12 de julio de 2019. https:\/\/www.italaw.com\/sites\/default\/files\/case-documents\/italaw10737.pdf<\/p>\n [17]<\/a> V\u00e9anse los datos publicados en el sitio del Banco Mundial: https:\/\/data.worldbank.org\/country\/pakistan<\/p>\n [18]<\/a> Railroad Development Corporation v. Rep\u00fablica de Guatemala, caso CIADI n.\u00ba ARB\/07\/23, sentencia del 29 de junio de 2012. Extra\u00eddo de https:\/\/www.italaw.com\/sites\/default\/files\/case-documents\/ita1051.pdf<\/a><\/p>\n [19]<\/a> Guaracachi America, Inc. v. el Estado plurinacional de Bolivia, CNUDMI, caso CPA<\/span> n.\u00ba 2011-17, sentencia del 31 de enero de 2014. Extra\u00eddo de https:\/\/www.italaw.com\/sites\/default\/files\/case-documents\/italaw3293.pdf<\/a><\/p>\n [20]<\/a> Rep\u00fablica de Guatemala. (1993). Constituci\u00f3n pol\u00edtica de la Rep\u00fablica de Guatemala<\/em>, art. 183. Extra\u00eddo de http:\/\/www2.congreso.gob.pe\/sicr\/cendocbib\/con4_uibd.nsf\/E36A11EC8CBB4D0105257E6C0070698F\/$FILE\/5_pdfsam_ConstitucionPoliticadelaRepublicadeGuatemala.pdf<\/a><\/p>\n [21]<\/a> Rep\u00fablica de Guatemala. (1997). Decreto n\u00b0 101-97 del Congreso de la Rep\u00fablica de Guatemala del 2 de noviembre de 1997 sobre la ley org\u00e1nica del presupuesto<\/em>, arts. 29 y 49. Extra\u00eddo de https:\/\/www.contraloria.gob.gt\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/8-LEY-ORGANICA-DEL-PRESUPUESTO-DECRETO-DEL-CONGRESO-101-97.pdf<\/a><\/p>\n [22]<\/a> Rep\u00fablica de Guatemala, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. (2013, 14 de noviembre). Acuerdo gubernativo n\u00b0 436-2013<\/em>. Extra\u00eddo de https:\/\/www.minfin.gob.gt\/images\/downloads\/leyes_acuerdos\/acuerdogub436_201113.pdf<\/a><\/p>\n [23]<\/a> Estado plurinacional de Bolivia. (2014, 22 de mayo). Decreto supremo n\u00ba 2006<\/em>. Extra\u00eddo de https:\/\/www.lexivox.org\/norms\/BO-DS-N2006.xhtml<\/a><\/p>\n [24]<\/a> Carta conjunta del Estado boliviano y el inversionista al tribunal arbitral, 29 de mayo de 2014. Extra\u00eddo de https:\/\/www.italaw.com\/sites\/default\/files\/case-documents\/italaw3297.pdf<\/a> ; v\u00e9ase tambi\u00e9n el pago de da\u00f1os y perjuicios asignados por el tribunal CIADI en el caso Quiborax S.A. y Non-Metallic Minerals S.A. v. el Estado plurinacional de Bolivia <\/em>(caso CIADI n\u00ba. ARB\/06\/2<\/em>, sentencia del 16 de septiembre de 2015): Estado plurinacional de Bolivia. (2018, 6 de junio). Decreto Supremo N.\u00b0 3582<\/em>. Extra\u00eddo de https:\/\/www.lexivox.org\/norms\/BO-DS-N3582.xhtml<\/a><\/p>\n1. Dificultades relacionadas con los procedimientos presupuestarios tradicionales para el pago de obligaciones pecuniarias internacionales<\/h2>\n
2. Mecanismos presupuestarios espec\u00edficos para el pago expeditivo de da\u00f1os y perjuicios<\/h2>\n
2.1. Proceso presupuestario basado en la anticipaci\u00f3n: los ejemplos de Francia, Per\u00fa y Espa\u00f1a<\/h3>\n
2.2. Un proceso presupuestario excepcional: los ejemplos de Guatemala y Bolivia<\/h3>\n
\nAutora<\/h3>\n
\nNotas<\/h3>\n