{"id":12616,"date":"2020-06-20T08:30:16","date_gmt":"2020-06-20T06:30:16","guid":{"rendered":"http:\/\/172.30.141.17\/2020\/06\/20\/tribunal-del-ciadi-rechaza-objecion-jurisdiccional-intra-ue-y-admite-jurisdiccion-sobre-demanda-colectiva\/"},"modified":"2024-08-16T20:04:56","modified_gmt":"2024-08-16T18:04:56","slug":"tribunal-del-ciadi-rechaza-objecion-jurisdiccional-intra-ue-y-admite-jurisdiccion-sobre-demanda-colectiva","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iisd.org\/itn\/es\/2020\/06\/20\/tribunal-del-ciadi-rechaza-objecion-jurisdiccional-intra-ue-y-admite-jurisdiccion-sobre-demanda-colectiva\/","title":{"rendered":"Tribunal del CIADI rechaza objeci\u00f3n jurisdiccional intra-UE y admite jurisdicci\u00f3n sobre demanda colectiva"},"content":{"rendered":"

Theodoros Adamakopoulos y otros vs. Rep\u00fablica de Chipre, Caso del CIADI<\/span> No. ARB\/15\/49<\/h2>\n

El 7 de febrero del 2020, la mayor\u00eda de un tribunal del CIADI admiti\u00f3 su jurisdicci\u00f3n para atender una serie de demandas colectivas entabladas contra Chipre por 951 personas f\u00edsicas y siete empresas (las demandantes) en virtud del TBI<\/span> entre Chipre y Grecia (1992) y del TBI entre Chipre y el Uni\u00f3n Econ\u00f3mica Belgo-Luxemburguesa (UEBL) (1991).\u00a0 El \u00e1rbitro designado por Chipre para el tribunal emiti\u00f3 una opini\u00f3n disidente, admitiendo una objeci\u00f3n jurisdiccional relacionada con el car\u00e1cter intra-UE<\/span> del caso.<\/p>\n

Antecedentes y demandas<\/h3>\n

Las demandantes, nacionales griegos y una empresa luxemburguesa, ten\u00edan bonos y dep\u00f3sitos en el Banco de Chipre y el Banco Laiki. Como consecuencia de la crisis financiera chipriota en 2012-2013, ambos bancos fueron \u201crescatados\u201d despu\u00e9s de que Chipre llegara a un acuerdo con la Comisi\u00f3n Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional (\u2018TROIKA\u2019) sobre un memorando\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0de entendimiento (\u2018MoU\u2019) para la adopci\u00f3n de un plan de ajuste. El MoU llev\u00f3 a la fusi\u00f3n del Banco Laiki y el Banco de Chipre y a la conversi\u00f3n de los bonos del Banco de Chipre en acciones bancarias y un recorte en los dep\u00f3sitos de m\u00e1s de 100.000 USD en ambos bancos.<\/p>\n

Las demandantes iniciaron el arbitraje en 2015 en virtud de los TBI antes mencionados, argumentando que la conversi\u00f3n de los bonos en acciones bancarias dej\u00f3 sin valor sus inversiones y redujo el valor de sus dep\u00f3sitos, incurriendo en da\u00f1os por 300 USD millones. Chipre impugn\u00f3 la jurisdicci\u00f3n del tribunal para decidir las demandas principalmente debido a su car\u00e1cter intra-UE y al hecho de que se trataba de una demanda colectiva.<\/p>\n

Tribunal rechaza objeci\u00f3n Intra-UE presentada por la Demandada<\/h3>\n

Chipre argument\u00f3 que en miras del Fallo Achme<\/em><\/a>a<\/u><\/em> del TJUE, el tribunal no pose\u00eda jurisdicci\u00f3n para atender la demanda, ya que los TBI intra-UE hab\u00edan sido sustituidos por Tratados de la UE de conformidad con el Art\u00edculo 30 y 59 de la Convenci\u00f3n de Viena sobre el Derecho de los Tratados (VCLT<\/span>, por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n

El tribunal rechaz\u00f3 estos alegatos aclarando que la jurisdicci\u00f3n del tribunal deber\u00e1 basarse en el TBI pertinente y el Art\u00edculo 25 del Convenio del CIADI. Al contrario, el derecho de la UE solamente ser\u00e1 pertinente cuando se trate de temas que requieran un an\u00e1lisis ya sea del derecho interno de la demandante o de otras normas del derecho internacional (p\u00e1rrafos 157-161). En cuanto a las \u00faltimas, el Tribunal no consider\u00f3 vinculante la decisi\u00f3n Achmea <\/em>ya que trataba el tema de la compatibilidad de los TBI intra-UE \u00fanicamente en base al derecho de la UE, mientras que el alcance del tribunal es diferente.<\/p>\n

De esta manera, el tribunal rechaz\u00f3 la demanda de que el derecho de la UE y los TBI tratan el mismo objeto, ya que el derecho de la UE no establece un mecanismo de soluci\u00f3n de controversias alternativo al de los tribunales nacionales, mientras que los TBI s\u00ed lo hacen. Adem\u00e1s, el funcionamiento de los Tratados de la UE no se ve impedido por el funcionamiento de los TBI.\u00a0 En cambio, ambos pueden operar lado a lado ya que ni el funcionamiento de la ISDS<\/span> por fuera del sistema judicial interno de la UE, ni posibles incongruencias menores en el an\u00e1lisis de las medidas de cauci\u00f3n (bail-in measures<\/em>) de la UE entre el TJUE y un tribunal arbitral, podr\u00edan ser consideradas una incompatibilidad en virtud de los Art\u00edculos 30 y 59 de la VCLT. La pr\u00e1ctica de los Estados Miembros de la UE durante la entrada en vigor del TFUE<\/span> y despu\u00e9s del Fallo Achmea <\/em>remarca una vez m\u00e1s que los requisitos del Art\u00edculo 59 de la VCLT no han sido cumplidos (p\u00e1rrafos 163-180).<\/p>\n

Por \u00faltimo, el tribunal aclar\u00f3 que no debe decidir sobre asuntos de derechos y obligaciones conforme al derecho de la UE dado que considerar\u00e1 las medidas relacionadas con la UE como una cuesti\u00f3n de hecho, mientras que no considera fundamental el hecho de que los laudos intra-UE no ser\u00edan f\u00e1cilmente ejecutables dentro de la UE (p\u00e1rrafos 181-186).<\/p>\n

Tribunal admite jurisdicci\u00f3n sobre demandas colectivas<\/h3>\n

El tribunal consider\u00f3 que el uso de algunos t\u00e9rminos en singular en los TBI pertinentes y el convenio del CIADI, tales como \u2018controversia\u2019 e \u2018inversor\u2019, no apoyaba de manera concluyente la impugnaci\u00f3n jurisdiccional de la demandada. Adem\u00e1s, el tribunal rechaz\u00f3 el argumento de Chipre de que las demandas colectivas requieren un consentimiento especial adem\u00e1s del consentimiento estipulado en los TBI. En cambio, el tribunal dictamin\u00f3 que la cuesti\u00f3n fundamental que deb\u00eda determinar era si las demandas en cuesti\u00f3n eran lo suficientemente homog\u00e9neas para constituir una controversia \u00fanica (p\u00e1rrafos 197-201, p\u00e1rrafos 205, 209). A este respecto, el tribunal consider\u00f3 que las demandas alegan la misma violaci\u00f3n de tratado, aunque bajo dos TBI separados, reclaman la misma ilegalidad, y se relacionan con las mismas medidas que involucran a los dos mismos bancos, en el mismo contexto. De esta manera, deber\u00edan ser consideradas como parte de una \u00fanica controversia.<\/p>\n

Alegatos de admisibilidad de la demandada son rechazados<\/h3>\n

El tribunal se enfoc\u00f3 en responder al alegato de la demandada de que la admisi\u00f3n de tales demandas colectivas tornar\u00eda el proceso inmanejable. Al comienzo, el tribunal no estuvo de acuerdo con el tribunal del caso Abaclat<\/em>, el cual decidi\u00f3 que un tribunal posee el poder de adaptar el proceso arbitral y adoptar nuevos procedimientos especiales para evitar una denegaci\u00f3n de justicia a las demandantes, ya que el TBI en cuesti\u00f3n no estipulaba un derecho espec\u00edfico a presentar una demanda colectiva. Por lo tanto, el tribunal tuvo que examinar si las actuales reglas y procedimientos bajo el Convenio del CIADI podr\u00edan procesar las demandas colectivas. (p\u00e1rrafos 242-246).<\/p>\n

Despu\u00e9s de analizar una serie de cuestiones procesales tales como la detecci\u00f3n de documentos, longitud del procedimiento y verificaci\u00f3n de las demandas, el tribunal decidi\u00f3 que la demanda colectiva era manejable bajo el actual marco sin poner en peligro los derechos procesales de las partes (p\u00e1rrafos 247-259). Finalmente, el tribunal consider\u00f3 necesario fijar la cantidad de demandantes a 956, lo cual implica que nadie podr\u00eda retirarse sin el consentimiento de la demandada, ni proponer otra bifurcaci\u00f3n del procedimiento (responsabilidad y da\u00f1os) as\u00ed como solicitar garant\u00edas de cobro de las costas en nombre de la demandada.<\/p>\n

Otras objeciones jurisdiccionales desestimadas<\/h3>\n

El tribunal consider\u00f3 y rechaz\u00f3 las otras impugnaciones a su jurisdicci\u00f3n sobre los alegatos de algunos de los demandantes de que los instrumentos (contratos de seguros de vida, bonos) en cuesti\u00f3n no constituyen una inversi\u00f3n calificada o de que el TBI entre Grecia y Chipre no cubre la propiedad efectiva de las inversiones.<\/p>\n

Finalmente, el tribunal rechaz\u00f3 los alegatos de Chipre de que algunos de los demandantes no cumplieron los requisitos pre-arbitrales, es decir, la notificaci\u00f3n obligatoria y el per\u00edodo de enfriamiento establecido en los TBI pertinentes. El tribunal determin\u00f3 que el requisito de notificaci\u00f3n previa y el per\u00edodo de espera de seis meses fue iniciado y cumplido desde el momento en que un grupo inicial de 21 demandantes procur\u00f3 una soluci\u00f3n de la controversia con la demandada. Chipre no busc\u00f3 una soluci\u00f3n amistosa dentro del plazo de seis meses de la notificaci\u00f3n, y por ende, podr\u00eda considerarse que cualquier otro inversor \u2018involucrado\u2019 haya cumplido con dicho requisito (p\u00e1rrafos 305-319).<\/p>\n

Conclusi\u00f3n<\/h3>\n

El tribunal admiti\u00f3 su jurisdicci\u00f3n sobre las demandas colectivas y las consider\u00f3 admisibles. Invit\u00f3 a las partes que presentaran su opini\u00f3n sobre la otra bifurcaci\u00f3n de la controversia y difiri\u00f3 la decisi\u00f3n sobre los costos a una etapa posterior.<\/p>\n

Opini\u00f3n disidente de Marcelo Kohen<\/h3>\n

En su opini\u00f3n disidente, Marcelo Kohen, designado por Chipre, no coincidi\u00f3 con las conclusiones de la mayor\u00eda. Su disidencia se enfoc\u00f3 principalmente en la aplicaci\u00f3n del Art\u00edculo 30 de la VCLT en el presente caso. Kohen consider\u00f3 que los tratados de la UE y los TBI intra-EU<\/span> cubren el mismo objeto, ya que ambos regulan la protecci\u00f3n sustantiva y el trato a ser otorgado a los inversores y las inversiones, y una mayor cooperaci\u00f3n entre las partes contratantes. De esta manera, el acceso de Chipre a los Tratados de la UE tornan obsoletos los TBI intra-UE de Chipre, ya que son incompatibles con el mercado com\u00fan y las reglas relacionadas. As\u00ed, el \u00e1rbitro declar\u00f3 que el tribunal deber\u00eda haber respetado la interpretaci\u00f3n aut\u00e9ntica de las partes y dar prioridad a los Tratados de la UE sobre los TBI intra-EU.<\/p>\n

Notas<\/em>: El tribunal estuvo compuesto por Donald M. McRae (presidente designado por la Secretar\u00eda General del CIADI, nacional de Canad\u00e1\/Nueva Zelanda), Alejandro Escobar (designado por las demandantes, nacional de Chile) y Marcelo G. Kohen (designado por la demandada, nacional de Argentina). La decisi\u00f3n del 7 de febrero de 2020, incluyendo la disidencia, est\u00e1 disponible en https:\/\/www.italaw.com\/cases\/7939<\/a><\/p>\n

Marios Tokas<\/strong>\u00a0es abogado internacional en Ginebra. Est\u00e1 cursando su Master en derecho internacional en el Graduate Institute of International and Development Studies. Posee un LL.M. en derecho internacional p\u00fablico y un LL.B. de la Universidad de Atenas. Actualmente est\u00e1 realizando una pasant\u00eda en la Oficina de Ginebra del IISD<\/span>.<\/p>\n