{"id":12610,"date":"2020-06-20T08:26:35","date_gmt":"2020-06-20T06:26:35","guid":{"rendered":"http:\/\/172.30.141.17\/2020\/06\/20\/demandas-rechazadas-en-su-totalidad-sobre-cuestiones-de-fondo-en-caso-lidercon-contra-peru-cambios-en-marco-regulatorio-y-decisiones-judiciales-no-infringen-estandar-tje\/"},"modified":"2024-08-16T20:04:58","modified_gmt":"2024-08-16T18:04:58","slug":"demandas-rechazadas-en-su-totalidad-sobre-cuestiones-de-fondo-en-caso-lidercon-contra-peru-cambios-en-marco-regulatorio-y-decisiones-judiciales-no-infringen-estandar-tje","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iisd.org\/itn\/es\/2020\/06\/20\/demandas-rechazadas-en-su-totalidad-sobre-cuestiones-de-fondo-en-caso-lidercon-contra-peru-cambios-en-marco-regulatorio-y-decisiones-judiciales-no-infringen-estandar-tje\/","title":{"rendered":"Demandas rechazadas en su totalidad sobre cuestiones de fondo en caso Liderc\u00f3n contra Per\u00fa: cambios en marco regulatorio y decisiones judiciales no infringen est\u00e1ndar TJE"},"content":{"rendered":"

Liderc\u00f3n, S. L. vs. La Rep\u00fablica de Per\u00fa, Caso del CIADI<\/span> No. ARB\/17\/9<\/h2>\n

Liderc\u00f3n, una empresa espa\u00f1ola que opera centros de inspecci\u00f3n vehicular en la Municipalidad Metropolitana de Lima, perdi\u00f3 todas sus demandas contra Per\u00fa en un arbitraje del CIADI.\u00a0 Si bien con frecuencia los inversores extranjeros han reclamado discriminaci\u00f3n, se trata de un caso inusual donde una empresa alega que se encuentra facultada para excluir a competidores, tanto extranjeros como nacionales, en base a una cl\u00e1usula contenida en un Contrato de Concesi\u00f3n. La empresa reclam\u00f3 que los cambios en el marco regulatorio, decisiones de autoridades y tribunales estatales en torno a la cl\u00e1usula de exclusividad y la competencia de las autoridades para supervisar a Liderc\u00f3n, dieron como resultado la violaci\u00f3n del est\u00e1ndar de trato justo y equitativo.<\/p>\n

Liderc\u00f3n fue ordenada a reembolsar a Per\u00fa el 60 por ciento\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 de su contribuci\u00f3n a los costos del arbitraje, as\u00ed como el 60 por ciento\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 de sus costas legales, alcanzando un total de m\u00e1s de USD 4 millones.<\/p>\n

Antecedentes y demandas<\/h3>\n

Liderc\u00f3n celebr\u00f3 un contrato de concesi\u00f3n con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) en 2004 para construir y operar centros de inspecci\u00f3n vehicular dentro del territorio de MML. La supervisi\u00f3n del \u00e1rea por la autoridad local fue an\u00f3mala, ya que en el resto del pa\u00eds la inspecci\u00f3n se encontraba bajo el control del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (\u2018el Ministerio\u2019). Sin embargo, el marco legislativo estaba siendo sometido a varios cambios durante el per\u00edodo posterior al gobierno de Presidente Alberto Fujimori cuando Liderc\u00f3n y MML firmaron el Contrato de Concesi\u00f3n. Las cambiantes regulaciones culminaron en la Ley Nacional de Inspecci\u00f3n T\u00e9cnica Vehicular (\u2018Ley ITV\u2019) de 2008, la cual otorgaba al Ministerio competencia exclusiva para la aprobaci\u00f3n y supervisi\u00f3n de inspecciones vehiculares, sustituyendo todas las normas contrarias.<\/p>\n

El Contrato de Concesi\u00f3n conten\u00eda una cl\u00e1usula que otorgaba exclusividad a Liderc\u00f3n en la prestaci\u00f3n de servicios de inspecci\u00f3n. Si bien reportes iniciales del Ministerio y de INDECOPI, la autoridad peruana que rige la competencia, se\u00f1alaron que la exclusividad ser\u00eda mantenida, posteriormente INDECOPI hall\u00f3 que se trataba de una barrera burocr\u00e1tica ilegal. En 2017, Liderc\u00f3n impugn\u00f3 la decisi\u00f3n ante la Corte Superior de Justicia de Lima, pero la resoluci\u00f3n de INDECOPI fue ratificada.<\/p>\n

Liderc\u00f3n y MML estuvieron involucradas en varios procedimientos de arbitraje nacionales antes del caso de 2017. Esto culmin\u00f3 con un laudo de 2011 manteniendo el Contrato de Concesi\u00f3n de las partes. La Corte Superior declar\u00f3 que el Laudo de 2011 no era ejecutable en tanto que inst\u00f3 a MML que actuase m\u00e1s all\u00e1 de su competencia para supervisar el trabajo de Liderc\u00f3n.<\/p>\n

Liderc\u00f3n sostiene que Per\u00fa viol\u00f3 el TBI<\/span> entre Espa\u00f1a y Per\u00fa (el \u2018Tratado\u2019) al no conferirle trato justo y equitativo (TJE<\/span>) bajo la forma de denegaci\u00f3n de justicia, actos no transparentes de mala fe que frustraron sus expectativas leg\u00edtimas. Tambi\u00e9n reclam\u00f3 que Per\u00fa impuso medidas injustificadas y discriminatorias y viol\u00f3 el Contrato de Concesi\u00f3n. El incumplimiento contractual fue rechazado por el Tribunal en base a la ausencia de una cl\u00e1usula paraguas en el Tratado. El razonamiento sobre las otras demandas se discute a continuaci\u00f3n.<\/p>\n

Otorgamiento de recursos para cambio regulatorio en el contrato es relevante para expectativas leg\u00edtimas y trato discriminatorio<\/h3>\n

El tribunal rechaz\u00f3 la demanda de que Per\u00fa viol\u00f3 el est\u00e1ndar TJE al denegar a Liderc\u00f3n el derecho a la exclusividad en la prestaci\u00f3n de servicios, frustrando sus expectativas leg\u00edtimas. Defini\u00f3 la expectativa leg\u00edtima como una expectativa cuya naturaleza induce a una confianza razonable, y concluy\u00f3 que Liderc\u00f3n no podr\u00eda tener la expectativa de que el Contrato de Concesi\u00f3n no se ver\u00eda alcanzado por cambios regulatorios. La raz\u00f3n principal fue que el Contrato de Concesi\u00f3n conten\u00eda cl\u00e1usulas que se refer\u00edan a la posibilidad de un cambio regulatorio que alterar\u00eda las condiciones de la Concesi\u00f3n y establec\u00eda v\u00edas de recurso (p\u00e1rrafos 197-206). La inclusi\u00f3n de estas cl\u00e1usulas en la Concesi\u00f3n implicaba que las partes contemplaban expl\u00edcitamente la posibilidad de un cambio regulatorio y aceptaban las v\u00edas de recurso. Similarmente, la inclusi\u00f3n de estas cl\u00e1usulas tambi\u00e9n contradice al reclamo de Liderc\u00f3n de que hab\u00eda sido tratado de manera discriminatoria.<\/p>\n

\u2018Funcionamiento normal\u2019 de sistema de toma de decisiones no viola est\u00e1ndar TJE<\/h3>\n

La demandante aleg\u00f3 que la postura contradictoria adoptada por INDECOPI, que inicialmente acept\u00f3 la cl\u00e1usula de exclusividad pero luego la rechaz\u00f3, viol\u00f3 el est\u00e1ndar TJE. El tribunal no estuvo de acuerdo, concluyendo que este cambio no demostraba una incoherencia, sino que constitu\u00eda el \u2018funcionamiento normal\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 de toma de decisiones relativas a diferentes circunstancias en diferentes momentos\u2019 (p\u00e1rrafo 248). INDECOPI se encontraba tomando decisiones en el contexto de cambios en el marco regulatorio, y sus resoluciones posteriores a la Ley ITV (que otorgaba al Ministerio competencia exclusiva sobre la inspecci\u00f3n vehicular), necesariamente iban a ser diferentes que las adoptadas anteriormente.<\/p>\n

Violaci\u00f3n de tratado por conducta judicial: Tribunal rechaza interpretaci\u00f3n expansiva de la Demandante y confirma visi\u00f3n estrecha en base a Alghanim vs. Jordania<\/h3>\n

La demandante argument\u00f3 que la decisi\u00f3n judicial que confirmaba la conclusi\u00f3n de INDECOPI y rechazaba la disposici\u00f3n de exclusividad constitu\u00eda una violaci\u00f3n de TBI. Aleg\u00f3 que \u2018si la medida original lleg\u00f3 tan cerca como para constituir una violaci\u00f3n de tratado, que solamente la disponibilidad de recursos locales descalificar\u00eda como tal, el Estado receptor efectivamente tendr\u00eda la obligaci\u00f3n de otorgar reparaci\u00f3n a trav\u00e9s de sus tribunales nacionales para evitar dicha consecuencia<\/em>. Al no hacer esto la consecuencia podr\u00eda ser que la medida original finalmente se cristalizara en una violaci\u00f3n, incluso en circunstancias donde los procedimientos judiciales no den lugar a una denegaci\u00f3n de justicia\u2019 (p\u00e1rrafo 271, citando el art\u00edculo de Hanno Wehland, cursiva en el original).<\/p>\n

El tribunal concluy\u00f3 que este enfoque no fue aceptado en decisiones anteriores y coincidi\u00f3 con el argumento de Per\u00fa de que el tribunal de Alghanim vs. Jordania <\/em>lo rechaz\u00f3 de manera expl\u00edcita. Tal como se se\u00f1al\u00f3 en ese caso, el papel del tribunal no es determinar la rectitud de los tribunales nacionales, sino solamente determinar si su fallo es inexcusable (es decir, una decisi\u00f3n que ning\u00fan tribunal razonablemente competente podr\u00eda tomar), y por lo tanto, que constituya una denegaci\u00f3n de justicia. De esa manera, el tribunal de Liderc\u00f3n vs. Per\u00fa <\/em>adopt\u00f3 una visi\u00f3n estrecha sobre cu\u00e1ndo la conducta judicial constituye una violaci\u00f3n de tratado. Confirm\u00f3 que la denegaci\u00f3n de justicia puede tomar la forma de (a) una falla en el proceso debido (que no fue alegada en el caso) y (b) decisiones que carezcan de tal seriedad como para indicar una actitud tendenciosa (lo cual no fue demostrado con hechos) (p\u00e1rrafo 270). Adem\u00e1s, el tribunal afirm\u00f3 que no existe un est\u00e1ndar aut\u00f3nomo en el derecho internacional, que est\u00e9 por encima y m\u00e1s all\u00e1 del derecho interno, que los tribunales peruanos podr\u00edan haber violado, y por lo tanto, no hay forma de que la evaluaci\u00f3n del tribunal pueda sobrepasar el derecho peruano (p\u00e1rrafo 273).<\/p>\n

Ausencia de discriminaci\u00f3n no implica que Gobiernos est\u00e9n obligados a proteger a inversores extranjeros de la oposici\u00f3n de competidores comerciales o legisladores<\/h3>\n

Por \u00faltimo, en respuesta al argumento de Liderc\u00f3n de que recibi\u00f3 una actitud hostil de los legisladores, y que las resoluciones de INDECOPI hab\u00edan sido fomentadas por sus competidores, el Tribunal concluy\u00f3 que la mera oposici\u00f3n de competidores comerciales o de legisladores contra la empresa no puede en s\u00ed misma constituir una discriminaci\u00f3n bajo el Tratado (p\u00e1rrafo 244).<\/p>\n

Notas: <\/em><\/strong>El tribunal estuvo compuesto por el Profesor Jan Paulsson (presidente designado por ambas partes, nacional franc\u00e9s y suizo), el Dr. Francisco Gonz\u00e1lez de Coss\u00edo (designado por la demandante, nacional mexicano) y el Profesor Hugo Perezcano (designado por la demandada, nacional mexicano). El laudo del 6 de marzo del 2020 est\u00e1 disponible en https:\/\/www.italaw.com\/sites\/default\/files\/case-documents\/italaw11419.pdf<\/a>.<\/p>\n

Anna Sands <\/strong>actualmente est\u00e1 terminando su MPhil en Estudios del Desarrollo de la Universidad de Oxford. Su investigaci\u00f3n de MPhil se enfoca en los efectos emp\u00edricos del arbitraje de inversi\u00f3n sobre decisiones de pol\u00edticas gubernamentales. Posee un t\u00edtulo de grado en Derecho con Derecho Franc\u00e9s de la Universidad de Oxford.<\/p>\n