{"id":12538,"date":"2020-03-10T08:32:18","date_gmt":"2020-03-10T07:32:18","guid":{"rendered":"http:\/\/172.30.141.17\/2020\/03\/10\/en-un-nuevo-laudo-del-ciadi-se-determina-que-las-reformas-del-sector-energetico-de-espana-no-infringen-el-tce\/"},"modified":"2024-08-16T20:05:25","modified_gmt":"2024-08-16T18:05:25","slug":"en-un-nuevo-laudo-del-ciadi-se-determina-que-las-reformas-del-sector-energetico-de-espana-no-infringen-el-tce","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iisd.org\/itn\/es\/2020\/03\/10\/en-un-nuevo-laudo-del-ciadi-se-determina-que-las-reformas-del-sector-energetico-de-espana-no-infringen-el-tce\/","title":{"rendered":"En un nuevo laudo del CIADI se determina que las reformas del sector energ\u00e9tico de Espa\u00f1a no infringen el TCE"},"content":{"rendered":"

Stadtwerke M\u00fcnchen GmbH, Rwe Innogy GmbH y otros vs. El Reino de Espa\u00f1a, Caso del CIADI<\/span> No. ARB\/15\/1<\/h2>\n

El 2 de diciembre de 2019, un tribunal del CIADI dictamin\u00f3 que Espa\u00f1a cumpli\u00f3 con sus obligaciones del TCE<\/span><\/span> y que las demandas entabladas por los inversores alemanes eran infundadas. Por lo tanto, el tribunal orden\u00f3 a las demandantes que pagasen EUR 2,3 millones por las costas legales de Espa\u00f1a y USD 362.237 por los costos de arbitraje incurridos por Espa\u00f1a.<\/p>\n

Antecedentes y demandas<\/h3>\n

En 2009, la planta de generaci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica Andasol 3 fue construida en Andaluc\u00eda, al sur de Espa\u00f1a, por Marquesado Solar S.L. (Marquesado), una empresa espa\u00f1ola cuya titularidad total directa o indirecta pertenec\u00eda a la empresa alemana, Stadtwerke M\u00fcnchen GmbH (SWM), <\/strong>junto con un grupo de otras empresas alemanas. SWM y otras empresas alegaron que su decisi\u00f3n de construir y operar la planta se bas\u00f3 en las garant\u00edas otorgadas por el sistema regulatorio de incentivos a las inversiones en el sector de energ\u00edas renovables espa\u00f1ol \u2014espec\u00edficamente, el Real Decreto (RD) 661\/2007\u2014.<\/p>\n

En 2012, Espa\u00f1a reform\u00f3 su r\u00e9gimen de energ\u00edas renovables al establecer m\u00e1s impuestos, alterando la remuneraci\u00f3n del programa de tarifas reguladas a los productores y limitando los requisitos de elegibilidad para recibir los incentivos. En respuesta, las demandantes y Marquesado iniciaron un arbitraje en el CIADI contra Espa\u00f1a el 29 de diciembre de 2014, reclamando el incumplimiento del Art\u00edculo 10(1) del TCE, incluyendo el TJE<\/span><\/span>, la cl\u00e1usula paraguas y de no perjuicio.<\/p>\n

Tribunal desestima objeciones jurisdiccionales de Espa\u00f1a relativas a la nacionalidad UE<\/span><\/span> de las demandantes y el derecho de la UE<\/h3>\n

El tribunal desestim\u00f3 la objeci\u00f3n de Espa\u00f1a de que Marquesado no estaba cubierta como un inversor, considerando que se encontraba controlada por inversores de otro Estado contratante. Adem\u00e1s, consider\u00f3 que el Art\u00edculo 26(1) del TCE no hace una distinci\u00f3n entre los diferentes tipos de partes contratantes, y por consiguiente, rige las controversias entre un inversor de un Estado de la UE y otro Estado miembro de la UE (p\u00e1rrafo 129).<\/p>\n

El tribunal concluy\u00f3 que el acceso de la UE al TCE no invalida la competencia de los tribunales del TCE sobre controversias intra-UE. Espec\u00edficamente, el tribunal deneg\u00f3 el argumento de Espa\u00f1a de que el Art\u00edculo 1(2) del TCE establec\u00eda la transferencia de la competencia del TCE a una Organizaci\u00f3n Regional de Integraci\u00f3n Econ\u00f3mica (ORIE) \u2014tal como la UE\u2014 cuando esta \u00faltima se uni\u00f3 al TCE (p\u00e1rrafo 131). Adem\u00e1s, el tribunal se rehus\u00f3 a reconocer la preeminencia del derecho de la UE sobre el Art\u00edculo 25 del TCE, dado que este \u00faltimo simplemente proh\u00edbe a los Estados miembros no pertenecientes a la UE que son partes contratantes del TCE obtener el beneficio de trato entre los Estados miembros de la UE (p\u00e1rrafo 132).<\/p>\n

Espa\u00f1a argument\u00f3 que no exist\u00eda jurisdicci\u00f3n sobre la controversia ya que SWM, al ser una empresa de propiedad p\u00fablica, deber\u00eda ser equiparada con Alemania y que las controversias entre los Estados miembros de la UE recaen bajo la jurisdicci\u00f3n del TJUE. Sin embargo, el tribunal rechaz\u00f3 este argumento, dado que SWM fue constituida como una empresa bajo el derecho alem\u00e1n y, por consiguiente, recae dentro de la definici\u00f3n de \u201cinversor\u201d bajo el Art\u00edculo 1(7) del TCE, no obstante su estatus como accionista (p\u00e1rrafo 134).<\/p>\n

Por \u00faltimo, el tribunal se neg\u00f3 a desestimar el caso por una incompatibilidad del TCE con el derecho de la UE despu\u00e9s del caso Achmea<\/em>. Concluy\u00f3 que, aunque se admitan las opiniones de Espa\u00f1a y Achmea <\/em>sobre el conflicto jur\u00eddico, el TCE deber\u00eda prevalecer, dado que el Art\u00edculo 16 del TCE estipula que en instancias de conflicto debe aplicarse la norma m\u00e1s favorable. Seg\u00fan el tribunal, el TCE es la norma m\u00e1s favorable en el presente caso, dado que el sistema de la UE no permite que un inversor recurra a un tribunal arbitral (p\u00e1rrafos 145\u2013146).<\/p>\n

Se acepta objeci\u00f3n jurisdiccional de Espa\u00f1a relativa a medidas impositivas<\/h3>\n

El tribunal acept\u00f3 el argumento de Espa\u00f1a de que el impuesto del 7 % establecido por la Ley 15\/2012 sobre el valor de la electricidad generada fue eximido de su competencia bajo la exenci\u00f3n impositiva contenida en el Art\u00edculo 21 del TCE. Al interpretar los t\u00e9rminos del Art\u00edculo 21 considerando su significado com\u00fan (p\u00e1rrafos 163\u2013168) y los travaux preparatoires, <\/em>el tribunal analiz\u00f3 la imposici\u00f3n de una \u201cmedida impositiva\u201d, declinando su jurisdicci\u00f3n sobre dicha ley (p\u00e1rrafos 172\u2013176).<\/p>\n

El TCE no dispone un derecho exigible a un marco jur\u00eddico estable<\/h3>\n

En cuanto al fondo, el tribunal rechaz\u00f3 la demanda de que el Art\u00edculo 10(1) del TCE impone una obligaci\u00f3n aut\u00f3noma exigible a las partes contratantes de brindar condiciones estables y equitativas a los inversores. De hecho, afirm\u00f3 que el Art\u00edculo 10(1) es \u201cdemasiado general\u201d para imponer directivas y obligaciones espec\u00edficas, y para que informe otras obligaciones tales como el est\u00e1ndar de TJE contenido en el Art\u00edculo 10(1) (p\u00e1rrafos 196\u2013198).<\/p>\n

La medida de Espa\u00f1a no infringi\u00f3 su obligaci\u00f3n de brindar TJE a las demandantes<\/h3>\n

El tribunal desestim\u00f3 las acusaciones de las demandantes de que Espa\u00f1a no brind\u00f3 un r\u00e9gimen regulatorio estable, que frustr\u00f3 sus expectativas leg\u00edtimas, que no actu\u00f3 de manera transparente y que adopt\u00f3 medidas irrazonables o desproporcionadas.<\/p>\n

Primero, el tribunal concluy\u00f3 que la reforma regulatoria de Espa\u00f1a no se llev\u00f3 a cabo con la intenci\u00f3n de alterar dr\u00e1sticamente el marco regulatorio luego de que se realizara la inversi\u00f3n deseada, como estrategia de enga\u00f1o utilizando un se\u00f1uelo y cambiando luego las condiciones. Seg\u00fan la opini\u00f3n del tribunal, las medidas fueron tomadas leg\u00edtimamente para proteger las pol\u00edticas p\u00fablicas y la sostenibilidad del sistema de energ\u00eda el\u00e9ctrica espa\u00f1ol (p\u00e1rrafos 257\u2013261).<\/p>\n

Segundo, determin\u00f3 que las demandantes no pudieron probar que el marco regulatorio o las acciones u omisiones de las autoridades espa\u00f1olas hayan garantizado una remuneraci\u00f3n estable por la electricidad generada. En cambio, concluy\u00f3 que cualquier inversor prudente que haya tomado la adecuada diligencia debida no tendr\u00eda expectativas leg\u00edtimas de recibir un flujo de ingresos estable por su inversi\u00f3n (p\u00e1rrafo 308).<\/p>\n

Por \u00faltimo, el tribunal rechaz\u00f3 los argumentos de las demandantes sobre transparencia, irracionabilidad y desproporcionalidad. Determin\u00f3 que las medidas adoptadas bajo la reforma regulatoria eran transparentes e involucraron consultas previas e informes preliminares (p\u00e1rrafo 315). M\u00e1s aun, las medidas guardaban una relaci\u00f3n razonable con el objetivo de alcanzar la sostenibilidad del sistema el\u00e9ctrico y reducir el d\u00e9ficit tarifario, mientras que la carga impuesta a las demandantes era proporcional al objeto y prop\u00f3sito de las medidas impugnadas (p\u00e1rrafos 320\u2013322 y 354-355).<\/p>\n

Tribunal confirma la razonabilidad de las medidas impugnadas y deniega operaci\u00f3n de cl\u00e1usula paraguas<\/h3>\n

El tribunal confirm\u00f3 que las medidas de Espa\u00f1a eran razonables y, por lo tanto, no infringi\u00f3 la obligaci\u00f3n contenida en el Art\u00edculo 10(1) del TCE de no perjudicar las inversiones mediante medidas irracionales (p\u00e1rrafo 364). Adem\u00e1s, dictamin\u00f3 que Espa\u00f1a no asumi\u00f3 ninguna obligaci\u00f3n contractual o similar con las demandantes. Tambi\u00e9n afirm\u00f3 que el presunto acuerdo de las demandantes de julio de 2010 (un comunicado de prensa emitido por Espa\u00f1a) y una resoluci\u00f3n de 2011 de la Direcci\u00f3n General\u00a0de Pol\u00edtica Energ\u00e9tica y\u00a0Minas de Espa\u00f1a no tuvo un efecto legal vinculante como tal (p\u00e1rrafo 383\u2013384).<\/p>\n

Asignaci\u00f3n de costas y gastos<\/h3>\n

El tribunal tom\u00f3 en cuenta la falta de indicaciones del TCE sobre la asignaci\u00f3n de costas y gastos pero decidi\u00f3 evaluar las circunstancias para llegar a un resultado justo. Considerando la legalidad de las medidas impugnadas, el fracaso de las objeciones jurisdiccionales de Espa\u00f1a y el elevado monto de los costos, orden\u00f3 a las demandantes que pagasen el 83,3 % de las costas y gastos de Espa\u00f1a (p\u00e1rrafo 403\u2013405).<\/p>\n

Disidencia de Kaj Hob\u00e9r: no hay expectativas de estabilidad en inversiones h\u00eddricas<\/h3>\n

En su disidencia sobre el fondo, Kaj Hob\u00e9r consider\u00f3 que al introducir cambios radicales y esenciales a su r\u00e9gimen regulatorio, Espa\u00f1a incumpli\u00f3 sus obligaciones bajo el Art\u00edculo 10(1) del TCE ya que eran incompatibles con las expectativas leg\u00edtimas de los inversores. El \u00e1rbitro disidente destac\u00f3 que las expectativas leg\u00edtimas no deber\u00edan equipararse con una garant\u00eda o promesa (p\u00e1rrafo 10) pero consider\u00f3 que se crearon expectativas en base al marco regulatorio espa\u00f1ol, y las manifestaciones y declaraciones realizadas por funcionarios espa\u00f1oles en referencia a la certeza y estabilidad regulatoria (p\u00e1rrafo 16).<\/p>\n

Notas<\/em>: El tribunal estuvo compuesto por Jeswald W. Salacuse (presidente designado por la Secretar\u00eda General del CIADI, nacional de Estados Unidos), Kaj Hob\u00e9r (designado por las demandantes, nacional sueco) y Zachary Douglas (designado por el demandado, nacional australiano). El laudo del 2 de diciembre de 2019, incluyendo la disidencia, est\u00e1 disponible en\u00a0https:\/\/www.italaw.com\/cases\/7791<\/a><\/p>\n

Marios Tokas<\/strong>\u00a0es abogado internacional en Ginebra. Es candidato a un Master en derecho internacional en el Graduate Institute of International and Development Studies. Posee un LL.M. en derecho internacional p\u00fablico y un LL.B. de la Universidad de Atenas. Actualmente se desempe\u00f1a como pasante en la Oficina de Ginebra del IISD<\/span>.<\/p>\n