{"id":12535,"date":"2020-03-10T08:30:20","date_gmt":"2020-03-10T07:30:20","guid":{"rendered":"http:\/\/172.30.141.17\/2020\/03\/10\/hungria-declarada-responsable-por-expropiar-inversion-de-inversor-britanico-y-se-le-ordena-el-pago-de-eur-7-millones-en-compensacion-por-danos\/"},"modified":"2024-08-16T20:05:26","modified_gmt":"2024-08-16T18:05:26","slug":"hungria-declarada-responsable-por-expropiar-inversion-de-inversor-britanico-y-se-le-ordena-el-pago-de-eur-7-millones-en-compensacion-por-danos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iisd.org\/itn\/es\/2020\/03\/10\/hungria-declarada-responsable-por-expropiar-inversion-de-inversor-britanico-y-se-le-ordena-el-pago-de-eur-7-millones-en-compensacion-por-danos\/","title":{"rendered":"Hungr\u00eda declarada responsable por expropiar inversi\u00f3n de inversor brit\u00e1nico y se le ordena el pago de EUR 7 millones en compensaci\u00f3n por da\u00f1os"},"content":{"rendered":"

Magyar Farming Company Ltd., Kintyre KFT e Inicia ZRT vs. Hungr\u00eda, Caso del CIADI<\/span> No. ARB\/17\/27<\/h2>\n

El 13 de noviembre de 2019, un tribunal del CIADI orden\u00f3 a Hungr\u00eda que pague los da\u00f1os ocasionados a un inversor brit\u00e1nico en compensaci\u00f3n por su incumplimiento del TBI<\/span><\/span> entre Hungr\u00eda y el Reino Unido,\u00a0 as\u00ed como la mitad de las costas legales del inversor. El tribunal otorg\u00f3 aproximadamente EUR 7 millones por da\u00f1os.<\/p>\n

Antecedentes y demandas<\/h3>\n

Entre 1990 y 1994, Hungr\u00eda llev\u00f3 a cabo una profunda transformaci\u00f3n de su industria agr\u00edcola privatizando m\u00e1s del 85 por ciento de sus tierras cultivables. Para regular la adquisici\u00f3n y propiedad de tierras agr\u00edcolas, Hungr\u00eda promulg\u00f3 la Ley de Tierras Cultivables, la cual establece que \u00fanicamente los h\u00fangaros podr\u00edan adquirir dichas tierras. Los extranjeros solo podr\u00edan arrendarlas ya sea del Estado o de nacionales h\u00fangaros por un plazo de diez a\u00f1os y en un \u00e1rea m\u00e1xima de 300 hect\u00e1reas (p\u00e1rrafo 110).<\/p>\n

En este marco, en 1997, un grupo de productores agr\u00edcolas brit\u00e1nicos procuraron invertir en el sector agr\u00edcola de Hungr\u00eda. Constituyeron Magyar Farming Company Ltd. como una sociedad holding<\/em> en el Reino Unido, y Kintyre Agricultural Trade and Services Ktf como su filial h\u00fangara (colectivamente, Magyar). En 1998, Kintyre adquiri\u00f3 el 95,13% de Inicia ZRT, una empresa h\u00fangara que ten\u00eda la propiedad de tierras agr\u00edcolas privatizadas. Al momento de la inversi\u00f3n, el inversor se bas\u00f3 en el contrato de arrendamiento de Inicia, un arrendamiento por diez a\u00f1os bajo La Ley de Tierras Cultivables que establec\u00eda un derecho estatutario pre-arrendamiento.<\/p>\n

En 1999, el arrendamiento de Inicia fue extendido por un plazo de diez a\u00f1os comenzando en julio de 1999. Posteriormente, en 2002, la Ley de Tierras Cultivables fue modificada, extendiendo los plazos de arrendamiento agr\u00edcola de 10 a 20 a\u00f1os. Por consiguiente, Inicia solicit\u00f3 la modificaci\u00f3n de su contrato, y como resultado, en 2006, el contrato de Inicia fue extendido hasta 2014. Las autoridades consideraron que el plazo de 20 a\u00f1os comenzar\u00eda desde la fecha en que el contrato de arrendamiento fue celebrado.<\/p>\n

En 2010, Hungr\u00eda procur\u00f3 reformar el sector agr\u00edcola, redistribuyendo las tierras agr\u00edcolas del Estado para promover las granjas familiares por sobre las empresas agr\u00edcolas. Bajo la Ley sobre la Agencia Nacional de Agricultura (la Ley de 2010), los derechos pre-arrendamiento fueron conservados pero luego fueron eliminados en 2011 (La Enmienda de 2011). Por ende, el arrendamiento de Inicia fue dividido en varias parcelas y se le otorgaron a los productores locales por medio de una licitaci\u00f3n p\u00fablica. En respuesta, Magyar e Inicia presentaron un arbitraje contra Hungr\u00eda reclamando la expropiaci\u00f3n de sus derechos de arrendamiento a las tierras en incumplimiento del Art\u00edculo 6(1) del TBI entre Hungr\u00eda y el Reino Unido.<\/p>\n

Tribunal desestima objeciones jurisdiccionales intra-UE<\/span> y sobre objeto de la demanda presentadas por Hungr\u00eda<\/h3>\n

En su primera objeci\u00f3n jurisdiccional, Hungr\u00eda aleg\u00f3 que la cl\u00e1usula de soluci\u00f3n de controversias (Art\u00edculo 8) del TBI era incompatible con los Tratados de la UE, haciendo referencia a la decisi\u00f3n del caso Achmea<\/em> (p\u00e1rrafo 172\u2013173), y que dicha incompatibilidad entre el TBI y los tratados de la UE deb\u00eda ser dirimida en favor del derecho de la UE.<\/p>\n

El tribunal explic\u00f3 que el Convenio del CIADI no est\u00e1 sujeto a un sistema jur\u00eddico nacional. Como resultado, la validez del acuerdo de arbitraje o la capacidad de someter la controversia a arbitraje no puede estar regida por una lex arbitri<\/em>. Por lo tanto, a los fines de este arbitraje, el tribunal decidi\u00f3 que no deb\u00eda considerar las consecuencias, si hubiere alguna, de la aplicaci\u00f3n de una lex arbitri<\/em> en particular \u2014el derecho de la UE, en este caso\u2014 a la controversia o al acuerdo de arbitraje (p\u00e1rrafo 203).<\/p>\n

Asimismo, Hungr\u00eda respondi\u00f3 que la controversia no reca\u00eda dentro del alcance de la disposici\u00f3n de soluci\u00f3n de controversias del TBI, y por consiguiente, el tribunal no podr\u00eda decidir sobre la conducta de Hungr\u00eda porque ninguna de las acciones constitu\u00eda una expropiaci\u00f3n. El tribunal rechaz\u00f3 este argumento, bas\u00e1ndose en jurisprudencia bien consolidada (Inmaris vs. Ucrania, CSOB vs. Rep\u00fablica Eslovaca <\/em>y Holiday Inn vs. Marruecos<\/em>) y afirmando que, a los fines de la jurisdicci\u00f3n en materia del objeto de la demanda, la existencia de una inversi\u00f3n debe ser evaluada como un todo (p\u00e1rrafo 274\u2013275).<\/p>\n

La enmienda la Ley de 2010 de Hungr\u00eda constituy\u00f3 expropiaci\u00f3n il\u00edcita ya que no se pag\u00f3 compensaci\u00f3n<\/h3>\n

Hungr\u00eda argument\u00f3 que el derecho estatutario pre-arrendamiento estaba establecido en la legislaci\u00f3n general, que el Estado podr\u00eda modificar por razones de pol\u00edticas, y por consiguiente, este derecho no era susceptible de ser expropiado (p\u00e1rrafos 340, 346).<\/p>\n

El tribunal, sin embargo, concluy\u00f3 que pese a que el Estado tiene el derecho a regular, su poder no debe ser ejercido retroactivamente (p\u00e1rrafo 347). El tribunal adem\u00e1s explic\u00f3 que el est\u00e1ndar contenido en el Art\u00edculo 6 del TBI entre Hungr\u00eda y el Reino Unido dispone la protecci\u00f3n de los derechos adquiridos. Por ende, \u201csi un estatuto general otorga a las partes privadas la posibilidad de adquirir derechos de valor econ\u00f3mico, los cambios a dicha legislaci\u00f3n no deber\u00edan afectar los derechos que ya hab\u00edan sido adquiridos bajo el estatuto. En este sentido, la doctrina de derechos adquiridos est\u00e1 \u00edntimamente relacionada con los principios de no retroactividad y certeza jur\u00eddica\u201d (p\u00e1rrafo 347).<\/p>\n

Hungr\u00eda tambi\u00e9n aleg\u00f3 que un ejercicio bona fide<\/em> del derecho a regular del Estado se encuentra exento de la obligaci\u00f3n de pagar compensaci\u00f3n. El tribunal no coincidi\u00f3 con este argumento y explic\u00f3, haciendo referencia al caso Pope & Talbot vs. Canad\u00e1,<\/em>\u00a0que no podr\u00eda crear una excepci\u00f3n incondicional de la obligaci\u00f3n de compensar por todas las medidas regulatorias, ya que ser\u00eda incompatible con el lenguaje est\u00e1ndar de las disposiciones que proh\u00edben la expropiaci\u00f3n en los tratados de inversi\u00f3n, tales como el Art\u00edculo 6 del TBI, el cual requiere compensaci\u00f3n por la expropiaci\u00f3n directa e indirecta aun cuando las medidas sean con un fin p\u00fablicos, no discriminatorias y compatibles con el debido proceso legal (p\u00e1rrafo 364).<\/p>\n

El tribunal agreg\u00f3 que, al adherir al enfoque adoptado en Saluka vs. Rep\u00fablica Checa, <\/em>no hay una prueba cabal para distinguir la expropiaci\u00f3n regulatoria, por la cual se requiere compensaci\u00f3n, de un ejercicio del poder de polic\u00eda o regulatorio, el cual no da lugar a una obligaci\u00f3n de compensaci\u00f3n (p\u00e1rrafo 365).<\/p>\n

Da\u00f1os y costos<\/h3>\n

Hungr\u00eda se bas\u00f3 en un informe pericial donde se calcul\u00f3 el rango estimado de p\u00e9rdida de las demandantes entre EUR 3,4 millones y EUR 5,6 millones. Seg\u00fan Hungr\u00eda, el est\u00e1ndar de compensaci\u00f3n deber\u00eda ser \u201cel valor justo de mercado de la inversi\u00f3n expropiada\u201d, tal como lo dispone el Art\u00edculo 6(1) del TBI. A su vez, el perito de las demandantes present\u00f3 tres valuaciones diferentes al tribunal utilizando datos de distintas fechas.<\/p>\n

El tribunal rechaz\u00f3 la metodolog\u00eda de valuaci\u00f3n de Hungr\u00eda, aceptando como punto de partida la segunda valuaci\u00f3n de las demandantes, la cual se bas\u00f3 en una valuaci\u00f3n de FCD a partir de julio de 2015, utilizando datos disponibles en ese momento (p\u00e1rrafo 404-407). Sin embargo, el perito de las demandantes aplic\u00f3 un descuento del 25 por ciento sobre el valor real de la granja, el cual seg\u00fan el tribunal era injustificadamente elevado considerando que cualquier descuento por liquidez ser\u00eda insignificante. Consecuentemente, el tribunal aplic\u00f3 un 5 por ciento de descuento por liquidez concluyendo que este porcentaje resultaba una medida m\u00e1s apropiada (p\u00e1rrafo 413).<\/p>\n

En conclusi\u00f3n, el tribunal otorg\u00f3 EUR 7,1 millones en compensaci\u00f3n por la expropiaci\u00f3n de la inversi\u00f3n de las demandantes, de los EUR 17,9 millones reclamados inicialmente. El tribunal tambi\u00e9n orden\u00f3 a Hungr\u00eda que reembolse a las demandantes los costos del tribunal por la suma de USD 282.224,40 y costas legales por la suma de GBP\u00a0296.456, EUR 19.473 y HUF 26.495.585,50.<\/p>\n

Notas<\/em>: El tribunal estuvo compuesto por Gabrielle Kaufmann-Kohler (presidente designada por las partes, nacional suiza), Stanimir A. Alexandrov (designado por las demandantes, nacional b\u00falgaro), Inka Hanefeld (designada por el demandado, nacional alemana). El laudo del 13 de noviembre de 2019 est\u00e1 disponible en https:\/\/www.italaw.com\/sites\/default\/files\/case-documents\/italaw10914.pdf<\/a><\/p>\n

Maria Bisila Torao<\/strong>\u00a0es abogada internacional en Londres. Posee un LL.M. en arbitraje de tratados de inversi\u00f3n de la Universidad de Uppsala, un LL.M. en arbitraje comercial internacional de la Universidad de Estocolmo y una licenciatura en derecho de la Universidad de M\u00e1laga.<\/p>\n