{"id":12469,"date":"2019-12-17T00:29:34","date_gmt":"2019-12-16T23:29:34","guid":{"rendered":"http:\/\/172.30.141.17\/2019\/12\/17\/en-otro-caso-de-energias-renovables-espana-declarada-culpable-por-violacion-de-tje-al-frustrar-expectativas-legitimas-de-inversores-de-francia-y-luxemburgo-bajo-el-tce\/"},"modified":"2024-08-16T20:05:59","modified_gmt":"2024-08-16T18:05:59","slug":"en-otro-caso-de-energias-renovables-espana-declarada-culpable-por-violacion-de-tje-al-frustrar-expectativas-legitimas-de-inversores-de-francia-y-luxemburgo-bajo-el-tce","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iisd.org\/itn\/es\/2019\/12\/17\/en-otro-caso-de-energias-renovables-espana-declarada-culpable-por-violacion-de-tje-al-frustrar-expectativas-legitimas-de-inversores-de-francia-y-luxemburgo-bajo-el-tce\/","title":{"rendered":"En otro caso de energ\u00edas renovables, Espa\u00f1a declarada culpable por violaci\u00f3n de TJE al frustrar expectativas leg\u00edtimas de inversores de Francia y Luxemburgo bajo el TCE"},"content":{"rendered":"

Cube Infrastructure Fund SICAV y Otros vs. El Reino de Espa\u00f1a, Caso del CIADI<\/span> No. ARB\/15\/20<\/h2>\n

El 19 de febrero de 2019, un tribunal del CIADI orden\u00f3 a Espa\u00f1a que pague compensaci\u00f3n por los da\u00f1os ocasionados a inversores de Francia y Luxemburgo a ra\u00edz de la violaci\u00f3n del est\u00e1ndar de TJE<\/span> bajo el Art\u00edculo 10(1) del TCE<\/span>, as\u00ed como la mitad de las costas legales de los inversores. El tribunal dict\u00f3 un laudo de alrededor de EUR 30 millones por da\u00f1os.<\/p>\n

Antecedentes y demandas<\/h3>\n

Entre 2008 y 2012, Cube Infrastructure Fund SICAV, Cube Energy SCA y Cube Infrastructure Managers SA (conjuntamente, Cube), y Demeter 2 FPCI y Demeter Partners SA (conjuntamente, Demeter) realizaron inversiones en el sector h\u00eddrico y fotovoltaico (FV) de Espa\u00f1a. Los inversores, alegaron que se basaron en las garant\u00edas otorgadas en el Real Decreto (RD) 661\/2007 para realizar la inversi\u00f3n, el cual formaba parte del r\u00e9gimen de incentivos a las inversiones en el sector energ\u00e9tico de Espa\u00f1a.<\/p>\n

En 2010 y 2013-2014, Espa\u00f1a efectu\u00f3 modificaciones a dicho r\u00e9gimen, incluyendo un ajuste de tarifas y l\u00edmites de elegibilidad para los incentivos. En respuesta, Cube y Demeter presentaron un arbitraje contra Espa\u00f1a el 16 de abril de 2015, reclamando la violaci\u00f3n del Art\u00edculo 10 del TCE (Promoci\u00f3n, Protecci\u00f3n y Trato de las Inversiones) y del 13 (Expropiaci\u00f3n). En particular, argumentaron que los cambios regulatorios de Espa\u00f1a violaron sus expectativas leg\u00edtimas en torno a las inversiones FV e hidroel\u00e9ctricas.<\/p>\n

Tribunal desestima las objeciones de Espa\u00f1a sobre el derecho de la UE<\/span> y personer\u00eda jur\u00eddica, pero admite objeci\u00f3n a la jurisdicci\u00f3n para tratar medidas impositivas<\/h3>\n

En su primera objeci\u00f3n jurisdiccional, Espa\u00f1a aleg\u00f3 que las demandantes no pertenec\u00edan al territorio de otra Parte Contratante del TCE dado que Espa\u00f1a, Francia y Luxemburgo son Estados miembros de la UE.<\/p>\n

El tribunal explic\u00f3 que el Art\u00edculo 26(1) del TCE no hace una distinci\u00f3n entre las diferentes clases de partes contratantes, y por lo tanto, el TCE tambi\u00e9n rige controversias que involucran a la UE y a sus Estados miembros (p\u00e1rrafo 124). Asimismo, indic\u00f3 que el Art\u00edculo 16 del TCE establece que las partes contratantes, incluyendo a Espa\u00f1a y la UE, no acordaron que el derecho de la UE tendr\u00eda preponderancia sobre otras fuentes de derecho. Ni tampoco acordaron que la cl\u00e1usula sobre jurisdicci\u00f3n del TCE no ser\u00eda aplicable en caso de encontrarse alguna incompatibilidad.<\/p>\n

El tribunal tambi\u00e9n evalu\u00f3 el efecto de la sentencia del caso Achmea<\/em><\/a> dictada por el TJUE, sobre este caso. Para el tribunal, Achmea<\/em> no puede aplicarse a un arbitraje entablado bajo el TCE y el Convenio del CIADI porque se trata de tratados multilaterales, cuyo \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n se extiende m\u00e1s all\u00e1 de las fronteras de la UE. El tribunal se\u00f1al\u00f3 que la legitimidad se origina en el consentimiento de todos los signatarios y que un solo Estado parte no puede imponer un requisito espec\u00edfico con respecto a un tribunal del TCE o el CIADI. En consecuencia, desestim\u00f3 la objeci\u00f3n jurisdiccional de Espa\u00f1a en base al derecho de la UE.<\/p>\n

Adem\u00e1s, Espa\u00f1a invoc\u00f3 el principio de falta de \u201cp\u00e9rdidas reflejas\u201d, argumentando que las demandantes no ten\u00edan la propiedad de las plantas y, por lo tanto, no pose\u00edan legitimidad para entablar una demanda por da\u00f1os. Sin embargo, el tribunal rechaz\u00f3 esta objeci\u00f3n, explicando que se trataba de una cuesti\u00f3n de cuantificaci\u00f3n m\u00e1s que de jurisdicci\u00f3n (p\u00e1rrafos 162\u2013164).<\/p>\n

Espa\u00f1a tambi\u00e9n argument\u00f3 que debido a la excepci\u00f3n impositiva contenida en el Art\u00edculo 21 del TCE, no brind\u00f3 su consentimiento a arbitrar temas relativos al impuesto sobre el valor de la producci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica (el IVPEE) y al impuesto sobre la utilizaci\u00f3n de aguas continentales para producir energ\u00eda el\u00e9ctrica (el Impuesto sobre el Agua). El tribunal coincidi\u00f3 y no admiti\u00f3 su jurisdicci\u00f3n, interpretando el significado del t\u00e9rmino \u201cmedidas impositivas\u201d bajo el Art\u00edculo 21 del TCE en base a principios del derecho internacional.<\/p>\n

Espa\u00f1a cre\u00f3 y, posteriormente, frustr\u00f3 expectativas leg\u00edtimas de estabilidad, seg\u00fan el tribunal<\/h3>\n

El tribunal determin\u00f3 que Espa\u00f1a cre\u00f3 expectativas leg\u00edtimas promulgando legislaci\u00f3n por medio de la cual gener\u00f3 un r\u00e9gimen especial de beneficios e incentivos. Declar\u00f3 que no hay necesidad que haya un compromiso espec\u00edfico para que surja una expectativa leg\u00edtima, especialmente cuando se trata de industrias altamente reguladas. Para el tribunal, las expectativas son creadas intencionalmente cuando se establece un r\u00e9gimen regulatorio con la clara intenci\u00f3n de atraer inversiones a trav\u00e9s de un programa y pol\u00edticas regulatorias ventajosas. Y agreg\u00f3 que, \u201chasta tanto aquellas expectativas sean objetivamente razonables, dan lugar a expectativas leg\u00edtimas cuando las inversiones, de hecho, son realizadas bas\u00e1ndose en las mismas\u201d (p\u00e1rrafos 388). <\/p>\n

Asimismo, el tribunal explic\u00f3 que bajo el RD 661\/2007, Espa\u00f1a se comprometi\u00f3 a aplicar un r\u00e9gimen especial a las plantas generadoras de energ\u00eda. Seg\u00fan los \u00e1rbitros, si bien las modificaciones de 2010 meramente fueron ajustes al r\u00e9gimen especial, los cambios de 2013 y 2014 constituyeron una violaci\u00f3n de las expectativas del inversor dado que los beneficios fueron retirados por completo, eliminando caracter\u00edsticas esenciales del r\u00e9gimen especial (p\u00e1rrafo 476). <\/p>\n

Todo el tribunal concluy\u00f3 que Espa\u00f1a viol\u00f3 las expectativas leg\u00edtimas sobre las inversiones FV, y la mayor\u00eda consider\u00f3 que las medidas de 2013 y 2014 vulneraron las expectativas leg\u00edtimas con respecto a las inversiones hidroel\u00e9ctricas. <\/p>\n

Se desestiman demandas de expropiaci\u00f3n y cl\u00e1usula paraguas<\/h3>\n

Cube y Demeter reclamaron que las modificaciones introducidas por Espa\u00f1a al RD 661\/2007 expropiaron sus inversiones, violando el Art\u00edculo 13 del TCE (p\u00e1rrafo 456). El tribunal rechaz\u00f3 esta demanda ya que concluy\u00f3 que los cambios regulatorios no fueron discriminatorios ni injustificados sino que se trat\u00f3 de una medida de pol\u00edtica p\u00fablica razonable. Tambi\u00e9n dictamin\u00f3 que los medios para su implementaci\u00f3n no fueron discriminatorios contra las demandantes (p\u00e1rrafo 450). De esta manera, el tribunal concluy\u00f3 que \u201csiendo que cada interferencia alegada con respecto al derecho de propiedad particular ya ha sido considerada en el contexto de una demanda basada en la violaci\u00f3n del Art\u00edculo 10 del TCE, resulta dif\u00edcil entender que tenga alg\u00fan prop\u00f3sito realizar otra determinaci\u00f3n sobre la cuesti\u00f3n de si tambi\u00e9n constituye una expropiaci\u00f3n en violaci\u00f3n del Art\u00edculo 13 del TCE\u201d (p\u00e1rrafo 456).<\/p>\n

El tribunal no encontr\u00f3 una violaci\u00f3n de la cl\u00e1usula paraguas del TCE, dado que no hubo un compromiso t\u00e1cito entre Espa\u00f1a y las demandantes o sus inversiones. Asimismo explic\u00f3 que \u201cno considera que las medidas legislativas fueran un compromiso de este tipo\u201d (p\u00e1rrafo 452) coincidiendo con el enfoque adoptado por el tribunal en Charanne v. Spain<\/em><\/a>, donde el concluy\u00f3 que las medidas, al estar dirigidas a un grupo limitado de inversores no constituyen compromisos espec\u00edficos con cada uno de aquellos inversores.<\/p>\n

Da\u00f1os y costos<\/h3>\n

Las demandantes argumentaron que el m\u00e9todo de flujo de caja descontado (FCD) deb\u00eda utilizarse para calcular la p\u00e9rdida del valor de sus inversiones. Por su parte, Espa\u00f1a sostuvo que deb\u00eda emplearse el m\u00e9todo basado en los costos para determinar la tasa interna de retorno de las plantas, dado que Espa\u00f1a constantemente intent\u00f3 garantizar una tasa razonable de retorno para los inversores (p\u00e1rrafos 469\u2013471).<\/p>\n

El tribunal coincidi\u00f3 con las demandantes, otorg\u00e1ndoles EUR 2,89 millones con respecto a las p\u00e9rdidas provocadas a las inversiones FV y alrededor de EUR 30 millones por da\u00f1os. Tambi\u00e9n orden\u00f3 a Espa\u00f1a que cubra la mitad de las costas legales de las demandantes y parte de los costos del arbitraje.<\/p>\n

Disidencia de Tomuschat: no hay expectativas de estabilidad sobre inversiones hidroel\u00e9ctricas<\/h3>\n

En una disidencia parcial, el \u00e1rbitro Tomuschat explic\u00f3 que cuando los inversores adquirieron las plantas hidroel\u00e9ctricas, el marco jur\u00eddico original fue alterado, cambiando \u201csignificativamente las condiciones del r\u00e9gimen\u201d (disidencia, p\u00e1rrafo 7). Destac\u00f3 c\u00f3mo, en 2009, el d\u00e9ficit del sistema el\u00e9ctrico \u201calcanz\u00f3 una dimensi\u00f3n cr\u00edtica\u2026lo cual deber\u00eda haber puesto en alerta a cada inversor\u201d (disidencia, p\u00e1rrafos 8 y 14). Concluy\u00f3 que, cuando las demandantes realizaron la inversi\u00f3n, la estabilidad de las inversiones hidroel\u00e9ctricas no estaba garantizada. Por lo tanto, el r\u00e9gimen no podr\u00eda haber creado expectativas leg\u00edtimas a cualquier inversor profesional.<\/p>\n

Notas<\/em>: El tribunal estuvo compuesto por Vaughan Lowe (presidente designado por las partes, nacional brit\u00e1nico), James Jacob Spigelman (designado por las demandantes, nacional australiano), Christian Tomuschat (designado por el demandado, nacional alem\u00e1n). El laudo del 19 de febrero de 2019, incluyendo la opini\u00f3n disidente, est\u00e1 disponible en https:\/\/www.italaw.com\/cases\/7477<\/a><\/p>\n

Maria Bisila Torao<\/strong> es abogada internacional radicada en Londres. Posee un LL.M. en arbitraje de tratados de inversi\u00f3n de la Universidad de Uppsala, un LL.M. en arbitraje comercial internacional de la Universidad de Estocolmo y un t\u00edtulo de Licenciada en Derecho de la Universidad de M\u00e1laga.<\/p>\n