{"id":12424,"date":"2019-09-19T00:58:06","date_gmt":"2019-09-18T22:58:06","guid":{"rendered":"http:\/\/172.30.141.17\/2019\/09\/19\/sentencia-c-252-del-2019-de-la-corte-constitucional-de-colombia-cambio-de-precedente-en-el-control-a-los-tbi\/"},"modified":"2024-08-16T20:06:21","modified_gmt":"2024-08-16T18:06:21","slug":"sentencia-c-252-del-2019-de-la-corte-constitucional-de-colombia-cambio-de-precedente-en-el-control-a-los-tbi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iisd.org\/itn\/es\/2019\/09\/19\/sentencia-c-252-del-2019-de-la-corte-constitucional-de-colombia-cambio-de-precedente-en-el-control-a-los-tbi\/","title":{"rendered":"Sentencia C-252 del 2019 de la Corte Constitucional de Colombia: Cambio de precedente en el control a los TBI"},"content":{"rendered":"\r\n

La sentencia C-252 de la Corte Constitucional de Colombia[1]<\/a>, por medio de la cual se realiz\u00f3 el control de constitucionalidad del TBI<\/span> entre Colombia y Francia[2]<\/a>, ha suscitado inter\u00e9s[3]<\/a> por tratarse de la respuesta del juez constitucional a la forma como se incorporan las cl\u00e1usulas sustanciales de protecci\u00f3n a la inversi\u00f3n extranjera en el derecho interno. A continuaci\u00f3n, se explicar\u00e1n algunos elementos del contexto en el que se tom\u00f3 dicha decisi\u00f3n, los principales puntos que se abordan en la sentencia y las razones que la sustentan. Finalmente, se formular\u00e1n algunas conclusiones orientadas a resaltar los l\u00edmites que estableci\u00f3 la Corte para negociar este tipo de tratados, aunque se hace la salvedad de que una aut\u00e9ntica protecci\u00f3n del inter\u00e9s nacional en este \u00e1mbito implica hacer modificaciones m\u00e1s profundas en el manejo de la pol\u00edtica exterior en materia econ\u00f3mica.<\/p>\r\n

Contexto de la decisi\u00f3n<\/h2>\r\n

Un primer aspecto a mencionar es el contexto jur\u00eddico en el que cual se adopt\u00f3 esta sentencia. Debido a los m\u00e1s de 24 TBI, TLC<\/span> y otros tratados relativos a inversiones que ha ratificado el Estado colombiano[4]<\/a> al momento de proferirse la providencia se acreditaban 20 demandas interpuestas por multinacionales contra Colombia en el r\u00e9gimen ISDS<\/span>, 9 de las cuales estaban en fase de arreglo directo y 11 ten\u00edan constituido un proceso formal. Con la gravedad de que el total de las pretensiones de estas demandas suman USD 9.525 millones, valor superior al 10 por ciento del total del presupuesto nacional para 2019, cifra que se puede incrementar sumando los intereses, los gastos de defensa judicial y del mismo ISDS[5]<\/a>. Adem\u00e1s, 9 de las 11 demandas que tienen un proceso arbitral constituido sustentan sus pretensiones en la presunta causaci\u00f3n de un hecho il\u00edcito internacional a partir de sentencias emitidas por la propia Corte Constitucional bien sea en proceso de tutela o en proceso de constitucionalidad.<\/p>\r\n

Tales elementos se suman a ciertas caracter\u00edsticas del contexto global que incrementan el alto grado de vulnerabilidad y de riesgo que tiene un Estado como el colombiano frente al ISDS. A 2018 los Estados han firmado 3.322 tratados de protecci\u00f3n a las inversiones. Si bien ha disminuido marginalmente la cantidad de tratados ratificados, se han incrementado el n\u00famero de demandas de los inversionistas extranjeros, llegando a 942 en el mundo. De los casos conocidos 61 por ciento se deciden a favor de los inversionistas[6]<\/a>.<\/p>\r\n

La evidencia emp\u00edrica sobre la materia indica que los pa\u00edses en desarrollo son perdedores netos en el ISDS, y por lo general, los grandes ganadores son las empresas multinacionales o individuos billonarios provenientes de los pa\u00edses exportadores de capital, as\u00ed como los \u00e1rbitros quienes reciben considerables honorarios por solucionar las controversias sometidas a su consideraci\u00f3n[7]<\/a>.<\/p>\r\n

M\u00e9todo interpretativo: situaci\u00f3n anterior y el cambio del precedente de la decisi\u00f3n adoptada<\/h2>\r\n

El control de constitucionalidad de los tratados internacionales en Colombia se ejerce sobre dos aspectos: el relativo al tr\u00e1mite de aprobaci\u00f3n del instrumento y a la compatibilidad sustancial del tratado con la Carta Pol\u00edtica. Por diversas particularidades del control de constitucionalidad, el tipo de control que ven\u00eda realizando la Corte sobre las cl\u00e1usulas sustanciales de los tratados de inversiones se circunscrib\u00eda a contrastar dichos enunciados con lo prescrito en la Constituci\u00f3n sin aludir al alcance que tales cl\u00e1usulas podr\u00edan tener en la soluci\u00f3n de controversias por parte de los \u00e1rbitros[8]<\/a>.<\/p>\r\n

La Corte reiter\u00f3 inicialmente, que los tratados de inversi\u00f3n son compatibles con la Constituci\u00f3n de acuerdo a los criterios de conveniencia nacional, reciprocidad, as\u00ed como a la internacionalizaci\u00f3n de sus relaciones pol\u00edticas, econ\u00f3micas y sociales[9]<\/a>. El cambio de precedente que realiz\u00f3 la Corte en la C-252 del 2019 fue en el estudio de la compatibilidad sustancial de las cl\u00e1usulas de protecci\u00f3n a las inversiones con la Carta Pol\u00edtica. La Corte desglos\u00f3 los mandatos que se derivar\u00edan de cada enunciado normativo del tratado, contrast\u00f3 su alcance con pautas relevantes que hab\u00edan fijado los laudos arbitrales sobre las cl\u00e1usulas materiales de control, y determin\u00f3 cu\u00e1les eran admisibles e inadmisibles a partir de la interpretaci\u00f3n del texto constitucional. Tal ejercicio lo complement\u00f3 con una revisi\u00f3n del debate global vigente sobre el derecho de las inversiones, contrastando lo pactado entre Colombia y Francia con recientes desarrollos que ten\u00eda el \u00e1rea como el T-MEC<\/span>, el CPTPP<\/span>, el tratado de inversiones modelo de la India, el AECG<\/span>; as\u00ed como con decisiones de derecho interno como las adoptadas por el Consejo Constitucional Franc\u00e9s para el AECG, o el trade promotion authority <\/em>(TPA) del 2015 de los Estados Unidos. Varios de tales par\u00e1metros compromet\u00edan a Francia, tanto interna como externamente, y conten\u00edan elementos diferentes a los que este pa\u00eds hab\u00eda acordado con Colombia.<\/p>\r\n

Decisi\u00f3n adoptada<\/h2>\r\n

La Corte Constitucional le advirti\u00f3 al Presidente de la Rep\u00fablica que si decid\u00eda culminar el proceso de ratificaci\u00f3n del tratado deb\u00eda hacer una declaraci\u00f3n interpretativa conjunta con Francia para precisar los t\u00e9rminos indicados por la sentencia[10]<\/a>. La Corte estableci\u00f3 siete condicionamientos:<\/p>\r\n

    \r\n
  1. Los derechos sustantivos conferidos a los extranjeros no podr\u00edan derivar en tratos \u201cm\u00e1s favorables injustificados con respecto a los nacionales\u201d[11]<\/a>.<\/li>\r\n<\/ol>\r\n

    Para mejor comprensi\u00f3n de las condiciones establecidas por la Corte con respecto al est\u00e1ndar de proveer TJE<\/span>[12]<\/a> a los inversionistas extranjeros, v\u00e9ase la parte relevante del art\u00edculo del tratado sobre TJE[13]<\/a>:<\/p>\r\n

    \r\n

    Cada una de las Partes Contratantes deber\u00e1 otorgar un trato justo y equitativo de conformidad con el derecho internacional aplicable a los inversionistas de la otra Parte Contratante y a sus inversiones, en su territorio<\/strong>. Para mayor certeza, la obligaci\u00f3n de otorgar un trato justo y equitativo, incluye, inter alia<\/em><\/strong>:<\/p>\r\n

    a) La obligaci\u00f3n de no denegar justicia en procedimientos civiles, penales o administrativos de conformidad con el principio del debido proceso.<\/p>\r\n

    b) La obligaci\u00f3n de actuar de una manera transparente, no discriminatoria y no arbitraria respecto a los inversionistas de la otra Parte Contratante y sus Inversiones.<\/p>\r\n

    Este trato es consistente con los principios de previsibilidad y la consideraci\u00f3n de las expectativas leg\u00edtimas<\/strong> de los inversionistas. [\u2026] [el \u00e9nfasis nos pertenece]\r\n<\/blockquote>\r\n

    Con respecto al est\u00e1ndar de TJE, la Corte estableci\u00f3 tres condiciones:<\/p>\r\n

      \r\n
    1. La expresi\u00f3n \u201cinter alia<\/em>\u201d deber\u00e1 interpretarse de manera restrictiva, en un sentido anal\u00f3gico, y no aditivo, es decir que se proh\u00edbe comprometer al Estado en forma ilimitada con obligaciones no acordadas entre las partes[14]<\/a>.<\/li>\r\n
    2. La expresi\u00f3n \u201cde conformidad con el derecho internacional aplicable a los inversionistas de la otra Parte Contratante y a sus inversiones, en su territorio\u201d se supedita a que su contenido se determinara por las partes (por medio de una interpretaci\u00f3n conjunta) para tener certeza jur\u00eddica sobre lo que los Estados se compromet\u00edan[15]<\/a>.<\/li>\r\n
    3. La expresi\u00f3n \u201cexpectativas leg\u00edtimas\u201d, prevista tambi\u00e9n en la cl\u00e1usula de expropiaciones como uno de los factores a considerarse en la determinaci\u00f3n de una expropiaci\u00f3n indirecta[16]<\/a>, deber\u00e1 entenderse \u201cteniendo en cuenta que solo habr\u00e1 lugar a estas siempre que se deriven de actos espec\u00edficos y reiterados llevados a cabo por la Parte Contratante que induzcan al inversionista de buena fe a realizar o mantener la inversi\u00f3n y que se trate de cambios abruptos e inesperados efectuados por las autoridades p\u00fablicas y que afecten su inversi\u00f3n\u201d[17]<\/a>.<\/li>\r\n<\/ol>\r\n

      La Corte tambi\u00e9n estableci\u00f3 condiciones con relaci\u00f3n al est\u00e1ndar del trato nacional y de NMF<\/span>. V\u00e9ase la parte relevante del texto de la cl\u00e1usula, para mejor comprensi\u00f3n[18]<\/a>:<\/p>\r\n

      \r\n

      Cada Parte Contratante le aplicar\u00e1 en su territorio a los inversionistas de la otra Parte Contratante, respecto de sus inversiones y actividades relacionadas con sus inversiones un trato<\/strong> no menos favorable que el concedido en situaciones similares<\/strong> a sus inversionistas o el trato concedido a los inversionistas de la naci\u00f3n mas favorecida si este ultimo es mas favorable [el \u00e9nfasis nos pertenece].<\/p>\r\n<\/blockquote>\r\n

      Los dos condicionamientos establecidos por la Corte son los siguientes:<\/p>\r\n

        \r\n
      1. La expresi\u00f3n \u201csituaciones similares\u201d tambi\u00e9n deber\u00eda precisarse de tal manera que sea acorde a la seguridad jur\u00eddica[19]<\/a>.<\/li>\r\n
      2. Si bien el Congreso preserva la competencia en la fase de ratificaci\u00f3n del tratado, la Corte indico que la palabra \u201ctrato\u201d deber\u00e1 entenderse para preservar \u201cla competencia del Presidente de la Rep\u00fablica relativa a la direcci\u00f3n de las relaciones internacionales y la celebraci\u00f3n de tratados, prevista por el art\u00edculo 189.2 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u201d[20]<\/a>.<\/li>\r\n<\/ol>\r\n

        Por \u00faltimo, la Corte estableci\u00f3 una condici\u00f3n con respecto al art\u00edculo de expropiaci\u00f3n e indemnizaci\u00f3n. V\u00e9ase el texto relevante de la cl\u00e1usula, para mejor comprensi\u00f3n[21]<\/a>:<\/p>\r\n

        \r\n

        Las medidas adoptadas por una Parte Contratante que son dise\u00f1adas para proteger objetivos leg\u00edtimos de pol\u00edtica p\u00fablica, tales como la salud p\u00fablica, la seguridad y la protecci\u00f3n del medio ambiente, no constituyen expropiaci\u00f3n indirecta, cuando sean necesarias y proporcionales<\/strong> a la luz de estos objetivos y se apliquen de tal de forma que respondan efectivamente a los objetivos de pol\u00edtica p\u00fablica para los que fueron dise\u00f1adas [el \u00e9nfasis nos pertenece].<\/p>\r\n<\/blockquote>\r\n

          \r\n
        1. En este contexto, la Corte estableci\u00f3 la condici\u00f3n de que la expresi\u00f3n \u201cnecesarias y proporcionales\u201d deb\u00eda entenderse de tal manera que se \u201crespete la libertad de configuraci\u00f3n y la autonom\u00eda de las autoridades nacionales para efectos de, respectivamente, garantizar el orden p\u00fablico y proteger los objetivos leg\u00edtimos de pol\u00edtica p\u00fablica\u201d[22]<\/a>.<\/li>\r\n<\/ol>\r\n

          Sin embargo, el m\u00e9todo interpretativo y los condicionamientos planteados con respecto a las cl\u00e1usulas sustanciales de protecci\u00f3n no fueron semejantes al analizar el ISDS. Los intervinientes \u00c1lvarez[23]<\/a>, Urue\u00f1a[24]<\/a> y Correa[25]<\/a> y la aclaraci\u00f3n de voto del magistrado Carlos Bernal advirtieron los riesgos de lo all\u00ed acordado como la falta de interpretaci\u00f3n conforme con los derechos humanos de ciertas decisiones arbitrales, la tendencia a que los Estados pierdan los casos en esas instancias, la eventual revisi\u00f3n de las sentencias de la Corte Constitucional por parte de los \u00e1rbitros y el monto de las demandas que puede afectar sustancialmente las finanzas del Estado. A pesar de tales advertencias, la Corte declar\u00f3 la exequibilidad, o sea, la constitucionalidad y aplicabilidad pura y simple de lo acordado[26]<\/a>.<\/p>\r\n

          Comentarios adicionales a la decisi\u00f3n<\/h2>\r\n

          El ISDS, el dise\u00f1o de las cl\u00e1usulas sustanciales de los tratados de inversi\u00f3n, as\u00ed como el contenido de varios laudos arbitrales desarrollan y contienen una limitaci\u00f3n injustificada e inapropiada de la capacidad regulatoria del Estado y de sus prerrogativas ambientales, administrativas y econ\u00f3micas. Tal limitaci\u00f3n significa un favorecimiento desmedido a la inversi\u00f3n extranjera directa, y en \u00faltimas, dicho tratamiento se convierte en una grave afectaci\u00f3n a la soberan\u00eda econ\u00f3mica y pol\u00edtica de los Estados, en particular si estos est\u00e1n en v\u00edas de desarrollo.<\/p>\r\n

          Es in\u00e9dito e igualmente importante que la Corte Constitucional haya establecido l\u00edmites y condicionamientos con respecto a la interpretaci\u00f3n tradicional de las cl\u00e1usulas de protecci\u00f3n a las inversiones del TJE, del trato nacional y del trato de NMF, as\u00ed como a las expropiaciones. Sin embargo, si la Corte ten\u00eda objeciones serias con respecto a la constitucionalidad de ciertas expresiones, como en efecto las ten\u00eda, habr\u00eda sido m\u00e1s pr\u00e1ctico, para la aplicaci\u00f3n del tratado, la declaratoria de inexequibilidad o inconstitucionalidad parcial de los apartes que contrariaban la Carta Pol\u00edtica. M\u00e1s a\u00fan cuando la declaraci\u00f3n interpretativa deber\u00e1 ser acordada con Francia y porque esta no estar\u00e1 sometida a consideraci\u00f3n del Congreso, de la opini\u00f3n p\u00fablica ni de la propia Corte.<\/p>\r\n

          Esta sentencia tambi\u00e9n refleja la necesidad de replantear la pol\u00edtica exterior en materia de derecho econ\u00f3mico internacional para Colombia y para los pa\u00edses en desarrollo. La decisi\u00f3n de la Corte establece nuevos criterios, y a su vez, sirve para que el pa\u00eds revise su agenda en materia de derecho econ\u00f3mico internacional tanto en inversiones, como en comercio, doble tributaci\u00f3n y propiedad intelectual[27]<\/a>, debido a que varios de los supuestos comentados tienen implicaciones en esas \u00e1reas.<\/p>\r\n

          La importancia de revisar la pol\u00edtica del Estado colombiano en los temas mencionados es apremiante teniendo en cuenta que a finales del mes de agosto de 2019 se emiti\u00f3 la primera condena en contra del Estado Colombiano en el marco del ISDS. El laudo obliga a Colombia a pagarle a Glencore USD 19 millones m\u00e1s intereses y los gastos procesales. El contenido de esta decisi\u00f3n tiene graves consecuencias en las elementales atribuciones del Estado para sancionar las infracciones fiscales o administrativas en que incurran las compa\u00f1\u00edas multinacionales[28]<\/a>.<\/p>\r\n

          De igual manera, dada la naturaleza de la sentencia de la Corte Constitucional, dicha decisi\u00f3n no implica una revisi\u00f3n inmediata de los tratados de comercio, de inversi\u00f3n o de propiedad intelectual que son los temas que est\u00e1n generando buena parte de las demandas internacionales que los inversionistas extranjeros han interpuesto ante el ISDS y que ponen en riesgo la capacidad y autonom\u00eda regulatorias del Estado colombiano. Por lo tanto, una aut\u00e9ntica e integral defensa de los intereses de Colombia requiere una revisi\u00f3n de la direcci\u00f3n de las relaciones internacionales del Estado, lo cual est\u00e1 en cabeza de la Rama Ejecutiva. Adem\u00e1s, se deben incrementar los niveles de control y de deliberaci\u00f3n que han de tener la Rama Legislativa y la sociedad civil en el proceso de incorporaci\u00f3n de instrumentos como los acuerdos internacionales de inversi\u00f3n y de comercio.<\/p>\r\n

          \r\n

          Autor<\/h3>\r\n

          Federico Su\u00e1rez Ricaurte<\/strong> es abogado, profesor e investigador de la Facultad de Derecho Universidad Externado de Colombia en derecho internacional econ\u00f3mico y derecho constitucional. Se desempe\u00f1\u00f3 como investigador visitante en el Instituto de Derecho Transnacional del King\u2019s College de Londres (2016).<\/p>\r\n

          \r\n

          Notas<\/h3>\r\n

          [1]<\/a> Corte Constitucional de Colombia (CCC), Sentencia C-252 del 2019. Extra\u00eddo de http:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/relatoria\/2019\/c-252-19.htm<\/a><\/u> [Sentencia].<\/p>\r\n

          [2]<\/a> Acuerdo entre el Gobierno de la Rep\u00fablica de Colombia y el Gobierno de la Rep\u00fablica Francesa sobre el fomento y protecci\u00f3n rec\u00edprocos de inversiones, 10 de julio de 2014. Extra\u00eddo de https:\/\/investmentpolicy.UNCTAD<\/span>.org\/international-investment-agreements\/treaties\/bilateral-investment-treaties\/3488\/colombia—france-BIT<\/span>-2014-<\/a><\/u> [TBI Colombia-Francia].<\/p>\r\n

          [3]<\/a> V\u00e9anse, por ejemplo, Zuleta, E. y Rinc\u00f3n, M. C. (2019, 4 de julio). Colombia\u2019s Constitutional Court conditions ratification of the Colombia\u2013France BIT to the interpretation of several provisions of the treaty. Kluwer Arbitration Blog<\/em>. Extra\u00eddo de http:\/\/arbitrationblog.kluwerarbitration.com\/2019\/07\/04\/colombias-constitutional-court-conditions-ratification-of-the-colombia-france-bit-to-the-interpretation-of-several-provisions-of-the-treaty<\/a><\/u>; Prieto, G. (2019, 29 de julio). The Colombian Constitutional Court judgment C-252\/19: A new frontier for reform in international investment law. EJIL Talk<\/em>. Extra\u00eddo de https:\/\/www.ejiltalk.org\/the-colombian-constitutional-court-judgment-c-252-19-a-new-frontier-for-reform-in-international-investment-law\/#more-17376<\/a><\/u><\/p>\r\n

          [4]<\/a> Sentencia, nota 1 supra<\/em>, Fundamento 50.<\/p>\r\n

          [5]<\/a> Sentencia, nota 1 supra<\/em>, Fundamento 60.<\/p>\r\n

          [6]<\/a> UNCTAD. (2018). World investment report: Investment and new industrial policies. <\/em>UNCTAD: Geneva. Extra\u00eddo de https:\/\/UNCTAD<\/span>.org\/en\/PublicationsLibrary\/wir2018_en.pdf<\/a><\/u> (en ingl\u00e9s); mensajes clave y panorama general disponibles en espa\u00f1ol en https:\/\/unctad.org\/es\/PublicationsLibrary\/wir2018_overview_es.pdf<\/a><\/u><\/p>\r\n

          [7]<\/a> Schultz, T., & Dupont, C. (2014). Investment arbitration: promoting the rule of law or over-empowering investors? A quantitative empirical study. European Journal of International Law<\/em>, 25<\/em>(4), 1147\u20131168. Retrieved from http:\/\/www.ejil.org\/pdfs\/25\/4\/2551.pdf<\/a><\/u>; Van Harten, G., & Malysheuski, P. (2016). Who has benefited financially from investment treaty arbitration? An evaluation of the size and wealth of claimants. Osgoode Legal Studies Research Paper Series<\/em>, 12<\/em>(3), No. 14. Extra\u00eddo de https:\/\/digitalcommons.osgoode.yorku.ca\/olsrps\/135<\/a><\/u>; Comisi\u00f3n para la Auditor\u00eda Integral Ciudadana de los Tratados de Protecci\u00f3n Rec\u00edproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje en Materia de Inversiones (CAITISA). (2017). Auditor\u00eda integral ciudadana de los tratados de protecci\u00f3n rec\u00edproca de inversiones y del sistema de arbitraje en materia de inversiones en Ecuador. Informe ejecutivo<\/em>. Extra\u00eddo de http:\/\/caitisa.org\/index.php\/home\/enlaces-de-interes<\/a><\/u>; Olivet, C., M\u00fcller, B. & Ghiotto, L. (2019, abril). ISDS en n\u00fameros: impactos de las demandas de arbitraje de inversores contra Estados de Am\u00e9rica Latina y el Caribe<\/em>. Transnational Institute: Amsterdam. Extra\u00eddo de https:\/\/www.tni.org\/es\/publicacion\/ISDS<\/span>-en-numeros<\/a><\/u><\/p>\r\n

          [8]<\/a> Ver CCC, Sentencia C-750 del 2008 (TLC Colombia y Estados Unidos). Extra\u00eddo de http:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/RELATORIA\/2008\/C-750-08.htm<\/a><\/u>; CCC, Sentencia C-608 del 2010 (TLC Colombia y Canad\u00e1). Extra\u00eddo de http:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/relatoria\/2010\/C-608-10.htm<\/a><\/u>, entre otras.<\/p>\r\n

          [9]<\/a> Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, 1991, Art. 226. Extra\u00eddo de http:\/\/www.suin-juriscol.gov.co\/viewDocument.asp?ruta=Constitucion\/1687988<\/a><\/u><\/p>\r\n

          [10]<\/a> Sentencia, nota 1 supra<\/em>, Fundamento 68.<\/p>\r\n

          [11]<\/a> Sentencia, nota 1 supra<\/em>, Fundamento 112.<\/p>\r\n

          [12]<\/a> Sentencia, nota 1 supra<\/em>, Fundamento 174.<\/p>\r\n

          [13]<\/a> TBI Colombia-Francia, nota 2 supra<\/em>, Art. 4(1), parte inicial.<\/p>\r\n

          [14]<\/a> Sentencia, nota 1 supra<\/em>, Fundamento 208.<\/p>\r\n

          [15]<\/a> Sentencia, nota 1 supra<\/em>, Fundamento 204.<\/p>\r\n

          [16]<\/a> TBI Colombia-Francia, nota 2 supra<\/em>, Art. 6(2)(c): \u201c[\u2026] Para determinar si una medida o una serie de medidas de una Parte Contratante constituyen una expropiaci\u00f3n indirecta, se debe realizar un an\u00e1lisis caso a caso, considerando entre otros factores: \u2026 c) las consecuencias de la medida o serie de medidas en las expectativas leg\u00edtimas<\/strong> del inversionista\u201d [el \u00e9nfasis nos pertenece].<\/p>\r\n

          [17]<\/a> Sentencia, nota 1 supra<\/em>, Fundamento 212.<\/p>\r\n

          [18]<\/a> TBI Colombia-Francia, nota 2 supra<\/em>, Art. 5(1).<\/p>\r\n

          [19]<\/a> Sentencia, nota 1 supra<\/em>, Fundamento 256.<\/p>\r\n

          [20]<\/a> Sentencia, nota 1 supra<\/em>, Fundamento 256.<\/p>\r\n

          [21]<\/a> TBI Colombia-Francia, nota 2 supra<\/em>, Art. 6(2), parte final.<\/p>\r\n

          [22]<\/a> Sentencia, nota 1 supra<\/em>, Fundamentos 247, 248 y 250.<\/p>\r\n

          [23]<\/a> Sentencia, nota 1 supra<\/em>, Fundamento 360.<\/p>\r\n

          [24]<\/a> Sentencia, nota 1 supra<\/em>, Fundamentos 361\u2013363.<\/p>\r\n

          [25]<\/a> Sentencia, nota 1 supra<\/em>, Fundamento 364.<\/p>\r\n

          [26]<\/a> Sentencia, nota 1 supra<\/em>, Fundamento 373.<\/p>\r\n

          [27]<\/a> Externado Radio. (2019). El control constitucional en el tratado de libre inversi\u00f3n entre Colombia y Francia. Derecho a la Carta<\/em>, 331<\/em> [podcast de audio]. Extra\u00eddo de https:\/\/www.spreaker.com\/user\/externadoradio\/331-el-control-constiticional-en-el-TBI<\/span>-<\/a><\/u><\/p>\r\n

          [28]<\/a> Glencore International A.G. and C.I. Prodeco S.A. vs. Rep\u00fablica de Colombia, Caso del CIADI<\/span> No. ARB\/16\/6, Award, 27 de agosto de 2019. Extra\u00eddo de https:\/\/www.italaw.com\/sites\/default\/files\/case-documents\/italaw10767_0.pdf<\/a><\/u><\/p>