{"id":12388,"date":"2019-09-19T00:34:28","date_gmt":"2019-09-18T22:34:28","guid":{"rendered":"http:\/\/172.30.141.17\/2019\/09\/19\/demanda-de-clorox-contra-venezuela-es-desestimada-en-la-fase-jurisdiccional-por-falta-de-accion-de-invertir\/"},"modified":"2024-08-16T20:06:39","modified_gmt":"2024-08-16T18:06:39","slug":"demanda-de-clorox-contra-venezuela-es-desestimada-en-la-fase-jurisdiccional-por-falta-de-accion-de-invertir","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iisd.org\/itn\/es\/2019\/09\/19\/demanda-de-clorox-contra-venezuela-es-desestimada-en-la-fase-jurisdiccional-por-falta-de-accion-de-invertir\/","title":{"rendered":"Demanda de Clorox contra Venezuela es desestimada en la fase jurisdiccional por falta de \u201cacci\u00f3n de invertir\u201d"},"content":{"rendered":"\r\n

Clorox Espa\u00f1a S.L. vs. Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, Caso de la CPA<\/span> No. 2015-30<\/h2>\r\n

El tribunal de un arbitraje administrado por la CPA en Espa\u00f1a bajo el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI<\/span> de 2010, emiti\u00f3 su laudo final el 10 de mayo de 2019 sobre un caso basado en el TBI<\/span> entre Espa\u00f1a y Venezuela. Por motivos jurisdiccionales, el tribunal desestim\u00f3 el caso iniciado contra Venezuela por la empresa espa\u00f1ola Clorox Spain S.L. (Clorox) en mayo de 2015.<\/p>\r\n

La controversia subyacente y la transferencia de acciones de Clorox International a Clorox Espa\u00f1a<\/h3>\r\n

En el laudo se resumen todos los argumentos sobre el fondo de la controversia (p\u00e1rrafos 437\u2013781), a pesar de que el tribunal no se expidi\u00f3 sobre los mismos. La empresa constituida localmente por la demandante, Clorox Venezuela, fabricaba productos de limpieza. Clorox reclam\u00f3 contra las medidas legislativas y administrativas adoptadas por Venezuela desde noviembre de 2011 que imped\u00edan la capacidad de Clorox para fijar precios y conducir sus operaciones comerciales. Seg\u00fan Clorox, las medidas violaban las cl\u00e1usulas del TBI sobre TJE<\/span>, protecci\u00f3n y seguridad plenas y expropiaci\u00f3n.<\/p>\r\n

La empresa estadounidense, Clorox International, fue la \u00fanica accionista de Clorox Venezuela desde la d\u00e9cada de 1990s, cuando fue establecida, hasta abril de 2011, cuando Clorox Spain (la demandante) fue constituida e inmediatamente se asignaron todas las acciones de Clorox International a Clorox Venezuela.<\/p>\r\n

Objeciones jurisdiccionales de Venezuela<\/h3>\r\n

Venezuela present\u00f3 varias objeciones a la jurisdicci\u00f3n: (i) falta de un inversor calificado, (ii) falta de una inversi\u00f3n protegida, (iii) abuso de proceso, y (iv) treaty shopping. El tribunal analiz\u00f3 s\u00f3lo las primeras dos, estableciendo que Clorox era un inversor prima facie, pero que sus acciones no eran una inversi\u00f3n protegida debido a la falta de una \u201cacci\u00f3n de invertir\u201d.\u00a0 La objeci\u00f3n presentada por Venezuela alegaba que Clorox Spain no calificaba como inversor por no poseer una inversi\u00f3n protegida.<\/h3>\r\n

Asimismo, Venezuela argument\u00f3 que Clorox International era la verdadera inversionista (p\u00e1rrafo 210) y que Clorox Spain, una sociedad c\u00e1scara sin v\u00ednculos sustantivos con su lugar de constituci\u00f3n (p\u00e1rrafos 213\u2013216), no hab\u00eda realizado la inversi\u00f3n.<\/p>\r\n

Venezuela remarc\u00f3 lo establecido en el Art\u00edculo 1(2) del TBI, el cual define las inversiones como activos \u201cinvertidos por inversores\u201d (p\u00e1rrafo 230).<\/em> Seg\u00fan la interpretaci\u00f3n de la demandada, la palabra en espa\u00f1ol \u201cpor\u201d (en ingl\u00e9s, \u201cby\u201d) exigir\u00eda un v\u00ednculo entre el inversor y la inversi\u00f3n, generalmente de causa\u2013consecuencia (p\u00e1rrafo 226). Invocando el caso Quiborax vs. Bolivia<\/a><\/u><\/em>, Venezuela argument\u00f3 que la mera tenencia de acciones no era suficiente para definir una inversi\u00f3n, sino que se necesita una \u201cacci\u00f3n de invertir\u201d (p\u00e1rrafo 229).<\/p>\r\n

La demandada tambi\u00e9n se apoy\u00f3 en el test Salini <\/em>de la jurisprudencia del CIADI<\/span>, argumentando que no se cumpl\u00eda porque Clorox no asumi\u00f3 un riesgo ni efectu\u00f3 una contribuci\u00f3n en dinero, bienes o know-how<\/em>.<\/p>\r\n

Por el contrario, Clorox aleg\u00f3 que calificaba como inversor de conformidad con el TBI, el cual \u00fanicamente requer\u00eda que la misma deb\u00eda estar constituida en una de las Partes Contratantes (p\u00e1rrafo 334). Clorox aleg\u00f3 que el intento de Venezuela de a\u00f1adir requisitos adicionales al TBI \u2014actividades comerciales sustanciales en el pa\u00eds de su constituci\u00f3n, por ejemplo\u2014 no deb\u00eda ser admitido, debido a que dichos requisitos deber\u00edan ser expl\u00edcitos en el texto del tratado (p\u00e1rrafo 335). Solicit\u00f3 al tribunal que reconociera que su tenencia accionaria en Clorox Venezuela calificaba de por s\u00ed como una inversi\u00f3n protegida.<\/p>\r\n

An\u00e1lisis de dos pasos del tribunal<\/h3>\r\n

Dado que las partes debatieron mucho sobre la carga de la prueba relativa a las objeciones jurisdiccionales, el tribunal destac\u00f3 que (i) Clorox deb\u00eda justificar la competencia personal, de objeto y temporal (competencia ratione personae<\/em>, ratione materiae <\/em>y ratione temporis, <\/em>respectivamente), pero que (ii) Venezuela ten\u00eda la carga de demostrar sus defensas afirmativas, abuso de proceso y treaty shopping<\/em> (p\u00e1rrafo 785). En cuanto al argumento del test Salini<\/em>, el tribunal mencion\u00f3 brevemente que consideraba que este debate no era pertinente en este caso (p\u00e1rrafo 819).<\/p>\r\n

Pese a considerar las objeciones de Venezuela como \u201cdos caras de la misma moneda\u201d, empleando el Art\u00edculo 1(2) del TBI como punto de partida com\u00fan (p\u00e1rrafos 786\u2013787), el tribunal trat\u00f3 las mismas una por vez.<\/p>\r\n

Primero, analiz\u00f3 la definici\u00f3n de inversor. Coincidi\u00f3 con Clorox y concluy\u00f3 que el TBI \u00fanicamente exig\u00eda la constituci\u00f3n, no actividades comerciales sustantivas u otros criterios (p\u00e1rrafo 769). Por lo tanto, sostuvo que Clorox prima facie <\/em>cumpli\u00f3 con el requisito ratione personae <\/em>para reclamar la protecci\u00f3n del TBI (p\u00e1rrafo 797). Sin embargo, agreg\u00f3 que una persona jur\u00eddica debidamente constituida s\u00f3lo adquiere la calidad de inversor protegido \u201csi ha realizado una inversi\u00f3n que cumple con la definici\u00f3n de inversi\u00f3n protegida\u201d (p\u00e1rrafo 798).<\/p>\r\n

Segundo, el tribunal concluy\u00f3 que, siendo la \u00fanica accionista de la empresa constituida localmente, Clorox prima facie <\/em>pose\u00eda una inversi\u00f3n protegida (p\u00e1rrafo 800). Sin embargo, bas\u00e1ndose en la redacci\u00f3n del Art\u00edculo 1(2), agreg\u00f3 que la dicha protecci\u00f3n se limitaba a activos \u201cinvertidos por un inversor\u201d. Confirm\u00f3 esta interpretaci\u00f3n mencionando otros art\u00edculos del TBI, los cuales se refieren a \u201cinversiones efectuadas\u201d e \u201cinversiones realizadas\u201d por un inversor. Por consiguiente, el tribunal sostuvo que el TBI requer\u00eda una \u201cacci\u00f3n de invertir\u201d (p\u00e1rrafo 802).<\/p>\r\n

Dado que nada en el texto del TBI impide las inversiones indirectas (p\u00e1rrafo 803; p\u00e1rrafo 816), el tribunal se avoc\u00f3 a determinar si Clorox hab\u00eda realizado una \u201cacci\u00f3n de invertir\u201d (p\u00e1rrafo 805). Remarc\u00f3 que la posici\u00f3n de Clorox equiparaba el hecho de tener una acci\u00f3n con realizar una inversi\u00f3n, y si no hab\u00eda diferencia entre ambos conceptos (p\u00e1rrafo 808; p\u00e1rrafo 821), y afirm\u00f3 que el argumento de Venezuela sobre este tema hab\u00eda cambiado en el transcurso del arbitraje (para. 809).<\/p>\r\n

Para el tribunal, hab\u00eda pruebas de una inversi\u00f3n en Venezuela, pero no de una \u201cacci\u00f3n de invertir\u201d por parte de Clorox tal como lo exige el TBI (p\u00e1rrafo 815). Considerando que Clorox Espa\u00f1a fue constituida el 25 de abril de 2011, con un capital social conformado por acciones transferidas a la misma por Clorox International<\/em>, el tribunal remarc\u00f3 que no hubo un intercambio real en esa transacci\u00f3n (p\u00e1rrafo 830) y que, sin la transferencia de las acciones, Clorox ni siquiera hubiera existido (p\u00e1rrafo 831). El tribunal concluy\u00f3 que, dado que no hubo una \u201cacci\u00f3n de invertir\u201d de su parte, Clorox no ten\u00eda una inversi\u00f3n protegida.\u00a0<\/p>\r\n

Asignaci\u00f3n de costos<\/h3>\r\n

Considerando el Art\u00edculo 42(1) del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, el cual prev\u00e9 el principio seg\u00fan el cual la parte vencida paga, el tribunal decidi\u00f3 que Clorox deb\u00eda pagar todos los costos del arbitraje y reembolsar las costas legales de la defensa de Venezuela (aproximadamente USD 4,5 millones) (p\u00e1rrafos 845\u2013847).<\/p>\r\n

Notas: <\/em>El tribunal estuvo compuesto por Yves Derains (presidente designado por la CPA, nacional franc\u00e9s), Bernard Hanotiau (designado por la demandante, nacional belga) y Ra\u00fal E. Vinuesa (designado por la demandada, nacional argentino). El laudo del 10 de mayo de 2019 est\u00e1 disponible, \u00fanicamente en espa\u00f1ol, en https:\/\/www.italaw.com\/sites\/default\/files\/case-documents\/italaw10549.pdf<\/a><\/u>.\u00a0<\/p>\r\n

Ina\u00ea Siqueira de Oliveira<\/strong> es candidata a un Master en Derecho Privado en la Universidad de San Pablo.<\/p>\r\n