{"id":12343,"date":"2019-06-27T08:48:10","date_gmt":"2019-06-27T06:48:10","guid":{"rendered":"http:\/\/172.30.141.17\/2019\/06\/27\/diligencia-debida-del-inversor-y-el-tratado-sobre-la-carta-de-la-energia\/"},"modified":"2024-08-16T20:07:01","modified_gmt":"2024-08-16T18:07:01","slug":"diligencia-debida-del-inversor-y-el-tratado-sobre-la-carta-de-la-energia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iisd.org\/itn\/es\/2019\/06\/27\/diligencia-debida-del-inversor-y-el-tratado-sobre-la-carta-de-la-energia\/","title":{"rendered":"Diligencia Debida del Inversor y el Tratado sobre la Carta de la Energ\u00eda"},"content":{"rendered":"

A fines de 2018, el Subgrupo sobre Modernizaci\u00f3n de la Conferencia de la Carta de la Energ\u00eda acord\u00f3 una lista de temas a ser considerados en el proceso de modernizaci\u00f3n del TCE<\/span><\/span>[1]<\/a>. Posteriormente, el subgrupo identificar\u00e1 las opciones de pol\u00edticas de cada tema, en base a las cuales se iniciar\u00e1n las negociaciones en alg\u00fan momento del 2019. Entre los temas identificados para la modernizaci\u00f3n se encuentran la definici\u00f3n del TJE<\/span><\/span> y el derecho a regular.<\/p>\n

En este art\u00edculo se discuten las implicancias de la actual formulaci\u00f3n del TJE en el TCE sobre la interpretaci\u00f3n de este est\u00e1ndar por parte de los tribunales en los casos de energ\u00edas renovables. Se enfoca en la evaluaci\u00f3n del requisito de estabilidad contenido en el Art\u00edculo 10(1) del TCE, por un lado, y la flexibilidad regulatoria del Estado, por el otro. En particular, observa si el requisito de diligencia debida para el inversor, como una de las opciones de reforma del est\u00e1ndar de TJE bajo el TCE, podr\u00eda ayudar a reequilibrar el derecho de los inversores a la \u201cestabilidad\u201d y el derecho de los Estados a cambiar sus leyes.<\/p>\n

1. El requisito de estabilidad bajo el TCE: Casos contra Espa\u00f1a<\/h2>\n

El est\u00e1ndar de TJE bajo el TCE es una de las disposiciones m\u00e1s com\u00fanmente invocadas, y el TCE en s\u00ed mismo es el AII<\/span><\/span> m\u00e1s frecuentemente invocado en los arbitrajes de inversi\u00f3n[2]<\/a>. Actualmente, el Art\u00edculo 10(1) del TCE est\u00e1 formulado de manera incondicional y abierta, disponiendo el compromiso de los Estados receptores de conceder TJE \u201cen todo momento a las inversiones de los inversores\u201d.[3]<\/a> Esta formulaci\u00f3n es habitual en los AIIs de antigua generaci\u00f3n. El Art\u00edculo 10(1) del TCE tambi\u00e9n incluye la obligaci\u00f3n de estabilidad, disponiendo que los Estados deben \u201cfomentar y crear condiciones estables, equitativas, favorables y transparentes para los inversores\u201d.3<\/p>\n

La ola de arbitrajes de inversi\u00f3n en el sector de las energ\u00edas renovables ejemplifica la dependencia de los inversores extranjeros en las disposiciones de TJE y estabilidad bajo el TCE[4]<\/a>. Espa\u00f1a es el Estado m\u00e1s frecuentemente demandado en las controversias relativas a energ\u00edas renovables y actualmente enfrenta 36 arbitrajes[5]<\/a>. En los casos contra Espa\u00f1a, los inversores argumentaron que cambios dr\u00e1sticos en el marco regulatorio espa\u00f1ol para las energ\u00edas renovables frustraron las expectativas leg\u00edtimas derivadas de la obligaci\u00f3n de estabilidad del TCE.<\/p>\n

Los cambios en el r\u00e9gimen regulatorio fueron motivados por un creciente d\u00e9ficit en la tarifa el\u00e9ctrica. El mismo fue resultado de la diferencia entre los subsidios (tarifas reguladas) otorgados por Espa\u00f1a a los productores de energ\u00eda renovable y las tarifas pagadas por los usuarios. La situaci\u00f3n empeor\u00f3 debido a la crisis econ\u00f3mica mundial entre 2008 y 2014[6]<\/a>. En respuesta al d\u00e9ficit tarifario y a la crisis, Espa\u00f1a adopt\u00f3 varias medidas regulatorias entre 2010 y 2014, alterando el r\u00e9gimen de subsidios para los productores de energ\u00edas renovables. Varios inversores afectados entablaron demandas en base al TCE[7]<\/a>.<\/p>\n

2. Derecho del Estado a cambiar sus leyes versus la obligaci\u00f3n de brindar estabilidad<\/h2>\n

El tema central de los casos presentados contra Espa\u00f1a \u2014Charanne vs. Espa\u00f1a<\/em>, Eiser vs. Espa\u00f1a<\/a><\/u><\/em>[8]<\/a>,<\/em> Isolux vs. Espa\u00f1a<\/a><\/u>[9]<\/strong><\/a><\/em> y Antin vs. Espa\u00f1a<\/a><\/u>[10]<\/strong><\/a><\/em>\u2014 era el grado en que los Estados receptores pueden ejercer su derecho a regular cambiando sus leyes sin violar el TJE[11]<\/a>. Los tribunales evaluaron este tema considerando el balance entre la obligaci\u00f3n de estabilidad bajo el Art\u00edculo 10(1) del TCE frente al derecho del Estado para cambiar sus leyes.<\/p>\n

En los cuatro casos, los tribunales confirmaron el derecho leg\u00edtimo del Estado a regular para remediar el problema del d\u00e9ficit tarifario, enfatizando que Espa\u00f1a ten\u00eda el derecho de cambiar sus leyes para superar las dificultades financieras[12]<\/a>. Uno de los principales criterios de la evaluaci\u00f3n de los tribunales sobre la estabilidad regulatoria se centr\u00f3 en determinar si el cambio fue desproporcionado con respecto a su impacto en las inversiones. Los tribunales indicaron que los cambios deben ser compatibles con \u201ccon un criterio de razonabilidad econ\u00f3mica, con el inter\u00e9s p\u00fablico y con el principio proporcionalidad\u201d[13]<\/a>. Especificaron que la medida regulatoria de un Estado es considerada desproporcionada cuando llega a \u201csuprimir de manera imprevisible y repentina las caracter\u00edsticas esenciales del marco regulatorio existente\u201d[14]<\/a>. Sin embargo, los tribunales expresaron opiniones diferentes sobre lo que constituye una supresi\u00f3n como tal.<\/p>\n

En Eiser <\/em>y Antin,<\/em> los tribunales adoptaron una amplia interpretaci\u00f3n del requisito de estabilidad, subrayando que la \u201cobligaci\u00f3n de otorgar [TJE] necesariamente conlleva una obligaci\u00f3n de proporcionar estabilidad fundamental en las caracter\u00edsticas esenciales del r\u00e9gimen legal en el que se basaron los inversores al realizar inversiones a largo plazo\u201d[15]<\/a>. Observando a trav\u00e9s de este prisma, los tribunales se enfocaron primordialmente en el impacto del cambio regulatorio sobre los inversores[16]<\/a>.<\/p>\n

Para los tribunales de Charanne <\/em>e Isolux<\/em>, sin embargo, los temas abordados se centraron en determinar si la presencia de un compromiso espec\u00edfico hab\u00eda llevado a expectativas leg\u00edtimas por parte de los inversores en cuanto a la estabilidad regulatoria[17]<\/a>. En una interpretaci\u00f3n m\u00e1s restrictiva de la obligaci\u00f3n del Estado de garantizar la estabilidad del marco regulatorio, los tribunales enfatizaron que los inversores deben cumplir con la obligaci\u00f3n de diligencia debida a fin de poder reclamar la protecci\u00f3n de sus expectativas (leg\u00edtimas).<\/p>\n

3. Implicancias de interpretaciones divergentes del requisito de estabilidad bajo el TJE<\/h2>\n

La discrepancia entre los casos entablados contra Espa\u00f1a en torno a la interpretaci\u00f3n del est\u00e1ndar de TJE y espec\u00edficamente de la noci\u00f3n de estabilidad resulta problem\u00e1tica en diferentes aspectos.<\/p>\n

Primero, hay una falta de previsibilidad y consistencia sobre c\u00f3mo el derecho del Estado a regular es sopesado con respecto a la noci\u00f3n de estabilidad. No se entiende claramente c\u00f3mo los tribunales valoran las consideraciones pertinentes al evaluar el est\u00e1ndar de TJE. Por ejemplo, tal como se ilustr\u00f3 en los casos discutidos anteriormente, al sopesar las circunstancias econ\u00f3micas en torno a la impugnaci\u00f3n del d\u00e9ficit tarifario frente a los derechos de los inversores bajo el est\u00e1ndar de TJE, los tribunales han adoptado diferentes opiniones sobre el papel de estas circunstancias al evaluar la cuesti\u00f3n de si podr\u00edan justificar las medidas estatales disputadas.<\/p>\n

El tribunal del caso Charanne<\/em>, al evaluar si las reformas de 2010 se realizaron en pos del inter\u00e9s p\u00fablico, concluy\u00f3 que las medidas de las autoridades espa\u00f1olas constitu\u00edan pol\u00edticas p\u00fablicas leg\u00edtimas y que fueron adoptadas para \u201climitar el d\u00e9ficit y la evoluci\u00f3n del precio\u201d[18]<\/a>. Las circunstancias especiales en el Estado receptor fueron una de las principales consideraciones para apoyar la decisi\u00f3n del tribunal de que el Estado receptor no hab\u00eda violado el est\u00e1ndar de TJE.<\/p>\n

El tribunal de Eiser <\/em>reconoci\u00f3 al d\u00e9ficit tarifario como un problema de pol\u00edtica p\u00fablica leg\u00edtimo. Sin embargo, el tribunal rest\u00f3 importancia a este factor, expresando su opini\u00f3n de que Espa\u00f1a, al tratar la impugnaci\u00f3n del d\u00e9ficit tarifario, ten\u00eda que actuar de modo tal que observara las obligaciones de TJE que asumi\u00f3 en el TCE[19]<\/a>. Para equilibrar el derecho del Estado a cambiar sus leyes con su obligaci\u00f3n de conceder cierto grado de estabilidad, un tribunal deber\u00eda comparar el impacto del cambio regulatorio sobre un inversor con otros factores, tales como las circunstancias econ\u00f3micas y socio-pol\u00edticas del cambio y la diligencia debida del inversor.<\/p>\n

Segundo, la noci\u00f3n de estabilidad en el Articulo 10(1) del TCE no refleja la actual evoluci\u00f3n del escenario de las pol\u00edticas de inversi\u00f3n. Muchos Estados han emprendido esfuerzos para reformar el est\u00e1ndar de TJE en sus AIIs. Los enfoques al TJE adoptados en los AIIs recientes var\u00edan significativamente. Estos incluyen: (1) una omisi\u00f3n del est\u00e1ndar de TJE en el tratado en su conjunto[20]<\/a>; (2) aclaraci\u00f3n del contenido del est\u00e1ndar de TJE, con una lista de obligaciones estatales y una exclusi\u00f3n de la obligaci\u00f3n de estabilidad del alcance del tratado[21]<\/a>; y (3) una supresi\u00f3n de la protecci\u00f3n de expectativas leg\u00edtimas.[22]<\/a><\/p>\n

Asimismo, podr\u00edan considerarse diferentes v\u00edas para reequilibrar la estabilidad y la flexibilidad regulatoria del est\u00e1ndar de TJE en un TCE modernizado. Este art\u00edculo se centra en los enfoques recientemente adoptados por la UE<\/span><\/span>, dado que la UE y todos sus Estados miembros (con excepci\u00f3n de Italia) conforman la mayor\u00eda de los Estados partes del TCE. Por lo tanto, es m\u00e1s probable que la modernizaci\u00f3n del TCE siga el enfoque adoptado en los tratados de la UE.<\/p>\n

Los AIIs recientes de la UE siguen incluyendo el est\u00e1ndar de TJE, pero intentan restringirlo al excluir el requisito de estabilidad del alcance del tratado. El AECG<\/span><\/span>, el TLC<\/span> entre la UE y Singapur y el TLC entre la UE y Vietnam, por ejemplo, disponen el derecho del Estado a regular y especifican que el \u201cmero hecho\u201d de una modificaci\u00f3n de su legislaci\u00f3n, \u201cde tal forma que afecte negativamente a las inversiones o que interfiera con las expectativas de un inversor\u201d no constituye un incumplimiento de las obligaciones establecidas en el acuerdo[23]<\/a>. Sin embargo, esta formulaci\u00f3n no excluye la posibilidad de que, en combinaci\u00f3n con otros hechos \u2014por ejemplo, una arbitrariedad manifiesta, uno de los posibles fundamentos para la violaci\u00f3n del TJE bajo el Art. 8.10(2)(c) del AECG)\u2014 una modificaci\u00f3n del marco regulatorio podr\u00eda jugar un papel en la evaluaci\u00f3n de un tribunal para determinar si las expectativas leg\u00edtimas de un inversor fueron frustradas o no.<\/p>\n

Por lo tanto, el lenguaje de los AIIs recientes de la UE reduce en cierto grado el riesgo del Estado receptor de incurrir en responsabilidad bajo el est\u00e1ndar de TJE, cuando modifique su marco regulatorio. Sin embargo, no establece criterios claros para determinar el alcance del cambio regulatorio que podr\u00eda generar responsabilidad. Un criterio como tal podr\u00eda ser la inclusi\u00f3n de la obligaci\u00f3n de diligencia debida en el tratado.<\/p>\n

4. Diligencia debida del inversor como vara para evaluar el requisito de estabilidad<\/h2>\n

Si el lenguaje sobre TJE y estabilidad fueran conservados en el TCE modernizado, agregar una obligaci\u00f3n de diligencia debida del inversor como una condici\u00f3n para la protecci\u00f3n de sus expectativas leg\u00edtimas podr\u00eda ayudar a equilibrar los derechos y obligaciones de los Estados y de los inversores bajo el est\u00e1ndar de TJE. Muchos tribunales han subrayado que un inversor tiene la responsabilidad de evaluar la realidad y el contexto del Estado donde la inversi\u00f3n es realizada al emprender su debida diligencia y evaluaciones de riesgo[24]<\/a>. El inversor debe conocer y tener en cuenta las pol\u00edticas y regulaciones que conciernen a su inversi\u00f3n a fin de anticiparse a los posibles riesgos.[25]<\/a><\/p>\n

Esto es especialmente pertinente en los casos donde el reclamo de expectativas leg\u00edtimas est\u00e1 basado en cambios realizados a un marco regulatorio en general. El alcance de una investigaci\u00f3n de diligencia debida de un inversor puede emplearse como una vara para juzgar si los cambios impugnados podr\u00edan haber sido previsibles por un inversor. \u00danicamente si los cambios no fueran previsibles por un inversor prudente[26]<\/a>, pese a esfuerzos visibles para recabar informaci\u00f3n sobre el futuro marco regulatorio, las expectativas leg\u00edtimas del inversor estar\u00edan protegidas bajo el tratado.<\/p>\n

Si bien la inclusi\u00f3n de un est\u00e1ndar de TJE que deja la puerta abierta a las expectativas leg\u00edtimas sigue siendo inherentemente imprevisible debido a la subjetividad del concepto, la inclusi\u00f3n de un requisito de que los inversores emprendan diligencia debida a fin de beneficiarse del TJE, al menos brindar\u00eda mayor claridad: \u00fanicamente un inversor diligente, que realice una evaluaci\u00f3n apropiada de las leyes y regulaciones de un Estado receptor y de posibles cambios, podr\u00eda confiar en compromisos espec\u00edficos bajo el est\u00e1ndar de TJE. Desde la perspectiva de equilibrar los derechos del inversor y el derecho del Estado a regular, una referencia como tal tambi\u00e9n podr\u00eda fortalecer la importancia de las responsabilidades de los inversores en el derecho internacional de las inversiones.<\/p>\n

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Autora<\/h3>\n

Dra. Yulia Levashova<\/strong> es Profesora Adjunta de la Universidad de Nyenrode e Investigadora Asociada de la Universidad de Utrecht. Es consultora en derecho de las inversiones de la UNCTAD<\/span><\/span> en Ginebra. Las opiniones expresadas en este art\u00edculo \u00fanicamente pertenecen a la autora y no reflejan la opini\u00f3n de las organizaciones a las cuales es afiliada.<\/p>\n

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Notas<\/h3>\n

[1]<\/a> Carta Internacional de la Energ\u00eda. (2018). Approved topics for the modernisation of the Energy Charter Treaty<\/em>. Extra\u00eddo de https:\/\/energycharter.org\/media\/news\/article\/approved-topics-for-the-modernisation-of-the-energy-charter-treaty<\/a><\/u>; v\u00e9ase tambi\u00e9n la Declaraci\u00f3n de la Carta de la Energ\u00eda de Bucharest, firmada el 28 de noviembre de 2018. Extra\u00eddo de https:\/\/energycharter.org\/media\/news\/article\/energy-charter-conference-adopts-the-bucharest-declaration<\/a><\/u><\/p>\n

[2]<\/a> Carta Internacional de la Energ\u00eda. (2019, 11 de enero). The Energy Charter Treaty (<\/em>ECT<\/span>) remains the most frequently invoked IIA<\/span><\/em>. Extra\u00eddo de https:\/\/energycharter.org\/media\/news\/article\/the-energy-charter-treaty-ect-remains-the-most-frequently-invoked-iia<\/a><\/u><\/p>\n

[3]<\/a> Tratado sobre la Carta de la Energ\u00eda, 16 de abril de 1998, 2080 UNTS 95, p. 109. Extra\u00eddo de https:\/\/treaties.un.org\/Pages\/showDetails.aspx?objid=080000028009ac15<\/a><\/u><\/p>\n

[4]<\/a> Espa\u00f1a, Italia y la Rep\u00fablica Checa que reformaron sus pol\u00edticas de energ\u00edas renovables actualmente est\u00e1n enfrentando m\u00faltiples demandas bajo el TCE y algunos casos bajo los TBIs. Draguiev, D. (2018). Investment Treaty arbitration in the renewable energy sector: Overview of arbitral case law on legitimate expectations in the light of policy. Oil, Gas & Energy Law Journal (OGEL)<\/em>, 16<\/em>(5).<\/p>\n

[5]<\/a> Al momento de elaboraci\u00f3n de este art\u00edculo, 36 arbitrajes hacen referencia a casos de energ\u00edas renovables pendientes contra Espa\u00f1a. V\u00e9ase https:\/\/investmentpolicy.unctad.org\/investment-dispute-settlement\/country\/197\/spain<\/a><\/u><\/p>\n

[6]<\/a> Banco de Espa\u00f1a. (2017). Informe sobre la crisis financiera y bancaria en Espa\u00f1a, 2008-2014<\/em>. Madrid: Banco de Espa\u00f1a. Extra\u00eddo de https:\/\/www.bde.es\/f\/webbde\/Secciones\/Publicaciones\/OtrasPublicaciones\/Fich\/InformeCrisis_Completo_web.pdf<\/a><\/u><\/p>\n

[7]<\/a> En de Braekt, M., y Geldhof, W. (2017, 19 de julio). Mixed results in recent arbitral awards concerning Spain\u2019s renewable energy policy. Stibbe Blog, Lexology<\/em>. Extraido de https:\/\/www.lexology.com\/library\/detail.aspx?g=d384a0ee-31cf-4411-8898-adc714c414b6<\/a><\/u>; Power, R., y Baker, P. (2018, 10 de abril). The European arbitration review 2018 \u2013 Energy arbitrations. Clyde&Co<\/em>. Extra\u00eddo de https:\/\/www.clydeco.com\/insight\/article\/the-european-arbitration-review-2018-energy-arbitrations<\/a><\/u><\/p>\n

[8]<\/a> Schacherer, S. (2018, 18 de octubre). Eiser vs. Espa\u00f1a. En N. Bernasconi-Osterwalder & M. D. Brauch. (Eds.) International investment law and sustainable development: Key cases from the 2010s. <\/em>Extra\u00eddo de https:\/\/www.IISD<\/span><\/span><\/span>.org\/ITN<\/span>\/2018\/10\/18\/eiser-v-spain<\/a><\/u>; Issac, G. (2017, 26 de septiembre). Inversores triunfan sobre Espa\u00f1a en una demanda por reparaci\u00f3n regulatoria para energ\u00edas limpias. Investment Treaty News<\/em>, 8<\/em>(3), 17\u201318.<\/em> Extra\u00eddo de https:\/\/www.iisd.org\/itn\/2017\/09\/26\/investors-triumph-over-spain-claim-concerning-spains-regulatory-overhaul-for-clean-energy-gladwin-issac\/<\/a><\/u><\/p>\n

[9]<\/a> Arietti L\u00f3pez, C. M. (2017, 26 de septiembre). Todas las demandas presentadas por Isolux Infrastructure Netherlands contra Espa\u00f1a son desestimadas. Investment Treaty News<\/em>, 8<\/em>(3), 13\u201314. Extra\u00eddo de https:\/\/www.iisd.org\/itn\/2017\/09\/26\/all-claims-by-isolux-infrastructure-netherlands-against-spain-are-dismissed-isolux-infrastructure-netherlands-v-spain-SCC<\/span><\/span>-case-v2013-153-claudia-maria-arietti-lopez\/<\/a><\/u><\/p>\n

[10]<\/a> Menon, T. (2018, 17 de octubre), Tribunal del CIADI<\/span> emite laudo determinando que Espa\u00f1a viol\u00f3 Tratado sobre la Carta de la Energ\u00eda. Investment Treaty News<\/em>, 9<\/em>(3), 23\u201324. Extra\u00eddo de https:\/\/www.iisd.org\/itn\/2018\/10\/17\/spain-found-to-have-breached-the-energy-charter-treaty-in-award-by-ICSID<\/span>-tribunal-trishna-menon\/<\/a><\/u><\/p>\n

[11]<\/a> Matteoti, S. y Payosova, T. (2017). The role of fair and equitable treatment standard: Regulatory coherence for trade and investment in renewable energy. En T. Cottier y I. Espa (Eds.). International trade in sustainable electricity<\/em>. Cambridge: Cambridge University Press.<\/p>\n

[12]<\/a> Antin Infrastructure Services Luxembourg S.\u00e0.r.l. y Antin Energ\u00eda Termosolar B.V. vs. el Reino de Espa\u00f1a<\/em>, Caso del CIADI No. ARB\/13\/31, Laudo, 15 de junio de 2018, p\u00e1rrafo 555. Extra\u00eddo de https:\/\/www.italaw.com\/sites\/default\/files\/case-documents\/italaw9875.pdf<\/a><\/u>; Eiser Infrastructure Ltd. Y Energia Solar Luxembourg vs. Espa\u00f1a<\/em>, Caso del CIADI No. ARB\/13\/36, Laudo, 4 de mayo de 2017, p\u00e1rrafo 371. Extra\u00eddo de https:\/\/www.italaw.com\/sites\/default\/files\/case-documents\/italaw8798_0.pdf; Isolux Netherlands, BV vs. el Reino de Espa\u00f1a<\/em>, Caso de la CCE V2013\/153, Laudo Final, 17 de julio de 2016. Extra\u00eddo de https:\/\/www.italaw.com\/sites\/default\/files\/case-documents\/italaw9219.pdf<\/a><\/u>; Charanne Construction vs. Espa\u00f1a<\/em>, Caso de la CCE No. 062\/2012, Laudo, 21 de enero de 2016, p\u00e1rrafos 500 y 536. Extra\u00eddo de https:\/\/www.italaw.com\/sites\/default\/files\/case-documents\/italaw7047.pdf<\/a><\/u><\/p>\n

[13]<\/a> Charanne Construction vs. Espa\u00f1a<\/em>, nota 11 supra<\/em>, p\u00e1rrafo 514; Eiser vs. Espa\u00f1a<\/em>, nota 11 supra<\/em>, p\u00e1rrafo 370.<\/p>\n

[14]<\/a> Charanne Construction vs. Espa\u00f1a<\/em>, nota 11 supra<\/em>, p\u00e1rrafo 517.<\/p>\n

[15]<\/a> Eiser vs. Espa\u00f1a<\/em>, nota 11 supra<\/em>, p\u00e1rrafo 382. Antin vs. Espa\u00f1a<\/em>, nota 11 supra<\/em>, p\u00e1rrafo 532.<\/p>\n

[16]<\/a> Eiser vs. Espa\u00f1a<\/em>, nota 11 supra<\/em>, p\u00e1rrafos 362 y 365; Antin vs. Espa\u00f1a<\/em>, nota 11 supra<\/em>, p\u00e1rrafo 532.<\/p>\n

[17]<\/a> Charanne Construction vs. Espa\u00f1a<\/em>, nota 11 supra<\/em>, p\u00e1rrafos 499 y 504; Isolux Netherlands, BV vs. el Reino de Espa\u00f1a<\/em>, nota 11 supra<\/em>, p\u00e1rrafos 764 y 775.<\/p>\n

[18]<\/a> Charanne Construction vs. Espa\u00f1a<\/em>, nota 11 supra<\/em>, p\u00e1rrafo 514; Eiser vs. Espa\u00f1a<\/em>, nota 11 supra<\/em>, p\u00e1rrafo 536.<\/p>\n

[19]<\/a> Eiser vs. Espa\u00f1a<\/em>, nota 11 supra<\/em>, p\u00e1rrafo 371.<\/p>\n

[20]<\/a> Gobierno de India. (2015). Model text for the Indian bilateral investment treaty<\/em>. Extra\u00eddo de http:\/\/indiainbusiness.nic.in\/newdesign\/upload\/Model_BIT<\/span>.pdf<\/a><\/u>; v\u00e9ase Treaty Between the Republic of Belarus and the Republic of India on Investments, 24 de septiembre de 2018. Extra\u00eddo de https:\/\/investmentpolicy.unctad.org\/international-investment-agreements\/treaties\/bilateral-investment-treaties\/3839\/belarus—india-bit-2018-<\/a><\/u>; v\u00e9ase tambi\u00e9n los Acuerdos de Cooperaci\u00f3n y Facilitaci\u00f3n de Inversiones (ACFI) concluidos por Brasil desde 2015, disponibles en https:\/\/investmentpolicy.unctad.org\/international-investment-agreements\/countries\/27\/brazil<\/a><\/u><\/p>\n

[21]<\/a> Los AIIs de la UE m\u00e1s recientes han adoptado este enfoque hacia TJE. V\u00e9ase: Acuerdo Econ\u00f3mico y Comercial Global entre Canad\u00e1 y la Uni\u00f3n Europea, 30 de octubre, 2016. Extra\u00eddo de https:\/\/eur-lex.europa.EU<\/span>\/legal-content\/ES\/TXT\/?uri=CELEX:22017A0114(01)<\/a><\/u> [en adelante \u201cAECG\u201d]; Tratado de Libre Comercio entre la Uni\u00f3n Europea y la Rep\u00fablica de Singapur, 15 de octubre, 2018. Extra\u00eddo de https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/ES\/ALL\/?uri=COM%3A2018%3A0196%3AFIN<\/a><\/u> [en adelante \u201cTLC entre la UE y Singaput\u201d]; Borrador del Tratado de Libre Comercio entre la Uni\u00f3n Europea y la Rep\u00fablica Socialista de Viet Nam. Extra\u00eddo de https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/ES\/TXT\/?qid=1551257348905&uri=CELEX:52018PC0691<\/a><\/u> [en adelante \u201cTLC entre la UE y Viet Nam\u201d].<\/p>\n

[22]<\/a> En algunos tratados recientes, los Estados aclararon que la \u201cmera\u201d violaci\u00f3n de las expectativas leg\u00edtimas no infringir\u00e1n dicho tratado. V\u00e9ase: Acuerdo entre los Estados Unidos de Am\u00e9rica, los Estados Unidos Mexicanos y Canad\u00e1, 30 de noviembre de 2018, Art\u00edculo 14.6. Extra\u00eddo de https:\/\/www.gob.mx\/T-MEC<\/span>\/acciones-y-programas\/textos-finales-del-tratado-entre-mexico-estados-unidos-y-canada-t-mec-202730?state=published<\/a><\/u> y el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y la Rep\u00fablica de Corea, 30 de junio, 2007, revisado el 1 de enero, 2019, Art\u00edculo 11.5(4). Extra\u00eddo de https:\/\/ustr.gov\/sites\/default\/files\/uploads\/agreements\/FTA<\/span>\/korus\/Chapter_Eleven_Investment.pdf<\/a><\/u><\/p>\n

[23]<\/a> AECG, nota 20 supra<\/em>, Art\u00edculo 8.9 (2); TLC entre la UE y Singapur, nota 20 supra<\/em>, Art\u00edculo 2.2(2); v\u00e9ase tambi\u00e9n, con una formulaci\u00f3n ligeramente diferente, TLC entre la UE y Viet Nam, nota 20 supra<\/em>, Art\u00edculo 13 bis (2).<\/p>\n

[24]<\/a> Mamidoil Jetoil Greek Petroleum Products Soci\u00e9t\u00e9 S.A. vs. la Rep\u00fablica de Albania<\/em>, Caso del CIADI No. ARB\/11\/24 Laudo, 30 de marzo, 2015. Extra\u00eddo de https:\/\/www.italaw.com\/sites\/default\/files\/case-documents\/italaw4228.pdf<\/a><\/u>; Charanne Construction vs. Espa\u00f1a<\/em>, nota 11 supra<\/em>.<\/p>\n

[25]<\/a> Charanne Construction vs. Espa\u00f1a<\/em>, nota 11 supra<\/em>, p\u00e1rrafo 505.<\/p>\n

[26]<\/a> Isolux Netherlands, BV vs. el Reino de Espa\u00f1a<\/em>, nota 11 supra<\/em>, p\u00e1rrafo 781.<\/p>\n