{"id":12304,"date":"2019-06-27T08:22:35","date_gmt":"2019-06-27T06:22:35","guid":{"rendered":"http:\/\/172.30.141.17\/2019\/06\/27\/demandas-de-expectativas-legitimas-de-inversores-contra-italia-desestimadas-por-falta-de-compromisos-especificos\/"},"modified":"2024-08-16T20:07:21","modified_gmt":"2024-08-16T18:07:21","slug":"demandas-de-expectativas-legitimas-de-inversores-contra-italia-desestimadas-por-falta-de-compromisos-especificos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iisd.org\/itn\/es\/2019\/06\/27\/demandas-de-expectativas-legitimas-de-inversores-contra-italia-desestimadas-por-falta-de-compromisos-especificos\/","title":{"rendered":"Demandas de expectativas leg\u00edtimas de inversores contra Italia desestimadas por falta de compromisos espec\u00edficos"},"content":{"rendered":"

Blusun S.A., Jean-Pierre Lecorcier y Michael Stein vs. la Rep\u00fablica de Italia, Caso del CIADI<\/span> No. ARB\/14\/3<\/h2>\n

El 27 de diciembre de 2016, un tribunal del CIADI constituido bajo el TCE<\/span> emiti\u00f3 su laudo, desestimando todas las demandas de los inversores. Notablemente, este fue el primer laudo de arbitraje de inversi\u00f3n presentado contra Italia a ra\u00edz de la reforma italiana del sector de energ\u00eda solar.<\/p>\n

Antecedentes y demandas<\/h3>\n

Los demandantes fueron Blusun S.A., una empresa tenedora de acciones constituida en B\u00e9lgica, y sus accionistas, Jean-Pierre Lecorcier, ciudadano franc\u00e9s y Michael Stein, nacional alem\u00e1n. Blusun fue constituida en 2009 para emprender un proyecto de energ\u00eda de 120 MW en Puglia, Italia, a trav\u00e9s de dos filiales italianas, Eskosol y SIB. Una de las principales fuentes legislativas cuando los demandantes invirtieron en el proyecto era el Decreto Legislativo 387\/2003 promulgado en enero de 2004, el cual establec\u00eda un procedimiento de autorizaci\u00f3n simplificado para la construcci\u00f3n de las plantas operadas con energ\u00edas renovables.<\/p>\n

Los inversores disputaron una serie de medidas tomadas por las autoridades italianas entre 2010 y 2012, incluyendo la decisi\u00f3n del Tribunal Constitucional de 2010, que declar\u00f3 inconstitucionales las disposiciones del Decreto Legislativo 387\/2003; el Decreto Romani de marzo de 2011, que limit\u00f3 la aplicaci\u00f3n de las tarifas reguladas durante ese per\u00edodo de tiempo; y la Cuarta Cuenta de Energ\u00eda de abril de 2011, que introdujo m\u00e1s cambios al programa de tarifas reguladas. Los demandantes afirmaron que las medidas regulatorias y decisiones judiciales de Italia violaron el est\u00e1ndar de TJE<\/span> bajo el Art\u00edculo 10(1) del TCE lo cual tuvo un efecto equivalente a una nacionalizaci\u00f3n o expropiaci\u00f3n conforme al Art\u00edculo\u00a0 13(1) del TCE.<\/p>\n

Tribunal desestima objeci\u00f3n jurisdiccional<\/h3>\n

Italia objet\u00f3 la jurisdicci\u00f3n del tribunal, negando que los demandantes poseyeran una inversi\u00f3n protegida dado que el proyecto no constitu\u00eda una inversi\u00f3n sino que \u00fanicamente pod\u00eda ser caracterizado como una actividad previa a la inversi\u00f3n.<\/p>\n

Adem\u00e1s de remarcar que la construcci\u00f3n de las plantas solares hab\u00eda comenzado, el tribunal especific\u00f3 que no se trataba de un mero proyecto en papel de car\u00e1cter especulativo una vez que se tomaron \u201cmedidas sustanciales de implementaci\u00f3n, incluyendo la asunci\u00f3n del riesgo financiero\u201d (p\u00e1rrafo 269).<\/p>\n

Italia tambi\u00e9n argument\u00f3 que las demandas eran inadmisibles ya que los demandantes carec\u00edan de \u201cmanos limpias\u201d al planear el proyecto porque no condujeron un estudio de impacto ambiental (EIA). El tribunal deneg\u00f3 esta objeci\u00f3n dado que el TCE no requiere que los inversores lleven a cabo un EIA para ning\u00fan proyecto propuesto. Tambi\u00e9n observ\u00f3 que si bien el derecho italiano requiere que las plantas de energ\u00eda solar de gran magnitud completen un proceso de inspecci\u00f3n como resultado del cual puede exigirse un EIA, no requiere un procedimiento de EIA para las plantas de peque\u00f1a envergadura. Seg\u00fan la opini\u00f3n del tribunal, dado el car\u00e1cter \u201cagregativo\u201d del proyecto, exist\u00eda poca certeza con respecto a la aplicabilidad del procedimiento de inspecci\u00f3n (p\u00e1rrafo 276). El tribunal remarc\u00f3 que no parec\u00eda haberse requerido ninguna inspecci\u00f3n de las plantas individuales y que el tiempo para realizar un EIA ya hab\u00eda pasado cuando Eskosol adquiri\u00f3 las 12 empresas de desarrollo.<\/p>\n

La Comisi\u00f3n Europea present\u00f3 un escritoamicus curiae<\/em>, objetando la jurisdicci\u00f3n del tribunal sobre la controversia intra-UE<\/span>. Primero, el tribunal se\u00f1al\u00f3 que el texto del TCE no excluye asuntos surgidos entre los Estados miembros de la UE, y que dichos Estados no carecen de competencia para asumir obligaciones entre ellos en el tratado. Bas\u00e1ndose en una serie de laudos arbitrales donde se rechazaron las objeciones jurisdiccionales intra-UE de manera un\u00e1nime, el tribunal concluy\u00f3 que no exist\u00eda una incompatibilidad entre el TFUE<\/span> y el TCE, porque las obligaciones entre los Estados miembros de la UE bajo el TCE no hab\u00edan sido modificadas o sustituidas por el ulterior derecho de la UE.<\/p>\n

Tribunal desaprueba demanda de inestabilidad jur\u00eddica<\/h3>\n

El tribunal primero interpret\u00f3 el compromiso establecido en la primera y segunda oraci\u00f3n del Art\u00edculo 10(1) del TCE. Sugiri\u00f3 que la obligaci\u00f3n de crear condiciones estables contenida en la primera oraci\u00f3n forma parte del est\u00e1ndar de TJE, el cual, tal como se\u00f1alaron anteriormente varios tribunales, es el compromiso principal del Art\u00edculo 10(1) en virtud de la segunda oraci\u00f3n. El tribunal no estuvo de acuerdo con los criterios sugeridos en el caso Charanne vs. Espa\u00f1a<\/em><\/a>, es decir, el \u201cinter\u00e9s p\u00fablico\u201d y la \u201cirrazonabilidad\u201d, porque eran muy indefinidos; sin embargo, el tribunal adhiri\u00f3 al concepto de \u201cdesproporcionalidad\u201d ya que conlleva limitaciones en s\u00ed mismo y es m\u00e1s definido.<\/p>\n

Al analizar las medidas que seg\u00fan se alega causaron la inestabilidad, los tribunales evaluaron cada uno de los actos estatales impugnados por los demandantes y concluy\u00f3 que ninguno de los mismos eran violatorios del Art\u00edculo 10(1). Primero, con respecto a la decisi\u00f3n del Tribunal Constitucional en 2010, el tribunal sostuvo que si bien esta decisi\u00f3n podr\u00eda haber contribuido a una incertidumbre inicial relativa al mercado, nunca gener\u00f3 dudas sobre el r\u00e9gimen jur\u00eddico aplicable. Seg\u00fan el tribunal, al proceder con sus inversiones, pese a que la impugnaci\u00f3n constitucional estaba pendiente, los demandantes tomaron el riesgo a cuenta propia.<\/p>\n

Segundo, el tribunal concluy\u00f3 que si bien la reducci\u00f3n de las tarifas reguladas introducida por el Decreto Romani y la Cuarta Cuenta de Energ\u00eda fue sustancial, se aplic\u00f3 en respuesta a una necesidad fiscal genuina y no era en s\u00ed paralizante o inhabilitante . Por lo tanto, dictamin\u00f3 que las medidas no eran desproporcionadas.<\/p>\n

Finalmente, con respecto a la orden de interrupci\u00f3n de obra que fue \u201cla estocada final al proyecto\u201d, seg\u00fan alegaron los demandantes (p\u00e1rrafo 351), el tribunal sostuvo que el episodio de interrupci\u00f3n de obra no cre\u00f3 una inestabilidad jur\u00eddica ya que fue temporaria, estaba motivada jur\u00eddicamente, y de conformidad con un proceso debido de derecho. Adem\u00e1s, la orden no fue arbitraria o discriminatoria, pero s\u00ed reca\u00eda \u201cdentro del rango o riesgo jur\u00eddico de una empresa industrial, en particular un riesgo fundado en bases regulatorias discutibles\u201d (p\u00e1rrafo 360).<\/p>\n

Demanda de expectativas leg\u00edtimas rechazada por falta de compromisos espec\u00edficos<\/h3>\n

Los inversores alegaron que varias representaciones realizadas por Italia dieron lugar a expectativas leg\u00edtimas, y que su inversi\u00f3n, basada en tales representaciones, se vio frustrada debido a la \u00faltima legislaci\u00f3n de Italia (p\u00e1rrafos 165\u2013168). El principal argumento de Italia se bas\u00f3 en la falta de v\u00ednculo causal entre la conducta del Estado y el fracaso del proyecto.<\/p>\n

El tribunal coincidi\u00f3 con la opini\u00f3n expresada en los casos Charanne vs. Espa\u00f1a<\/em>, El Paso vs. Argentina<\/em>y Philip Morris vs. Uruguay<\/em>, donde los tribunales hicieron una distinci\u00f3n entre una ley y una promesa o compromiso contractual y se rehus\u00f3 a \u201cconsagrar leyes como promesas\u201d (p\u00e1rrafos 367\u2013371). El tribunal subray\u00f3 que en ausencia de un compromiso espec\u00edfico, el Estado no ten\u00eda obligaci\u00f3n de otorgar subsidios tales como las tarifas reguladas, o mantenerlos inmutables una vez que fueron otorgados. El tribunal, sin embargo, agreg\u00f3 una excepci\u00f3n a esta regla remarcando que la modificaci\u00f3n debe ser hecha de manera que \u201cno sea desproporcionada a los fines de la enmienda legislativa, y que deb\u00eda considerar debidamente intereses razonables de confianza de los receptores que pueden haber comprometido recursos sustanciales bas\u00e1ndose en el r\u00e9gimen anterior\u201d (p\u00e1rrafos 319, 372).<\/p>\n

El tribunal opin\u00f3 que las expectativas en este caso ten\u00edan menos fuerza. Seg\u00fan su opini\u00f3n, Italia no realiz\u00f3 un compromiso especial con respecto a la extensi\u00f3n y operaci\u00f3n de las tarifas reguladas, ni garantiz\u00f3 espec\u00edficamente que las leyes pertinentes quedar\u00edan inmutables.<\/p>\n

Tribunal rechaza demanda de expropiaci\u00f3n<\/h3>\n

Los demandantes argumentaron que las medidas promulgadas por Italia tuvieron un efecto equivalente a una nacionalizaci\u00f3n o expropiaci\u00f3n, provocando la p\u00e9rdida total del valor de la inversi\u00f3n. Alegaron que la tierra ya no pod\u00eda ser utilizada a los fines del proyecto y que las subestaciones estaban desconectadas y no serv\u00edan m\u00e1s.<\/p>\n

El tribunal remarc\u00f3 que las leyes promulgadas por Italia hab\u00edan cambiado significativamente los t\u00e9rminos establecidos en la anterior legislaci\u00f3n sobre el sector de energ\u00edas verdes de manera no discriminatoria. El proyecto de los demandantes, tal como observ\u00f3 el tribunal, estaba \u201cradicalmente incompleto\u201d y, por lo tanto, nunca \u201ccalific\u00f3 para beneficiarse de una tarifa regulada\u201d (p\u00e1rrafo 401). Por consiguiente, el tribunal sostuvo que el valor original de la tierra hab\u00eda sido conservado despu\u00e9s del fracaso del proyecto y que el argumento del inversor \u00fanicamente habr\u00eda sido valido si hubiera habido un proyecto completado ya facultado para recibir el beneficio de la tarifa regulada.<\/p>\n

Por las razones antes mencionadas, el tribunal desestim\u00f3 todas las demandas de los demandantes en base al fondo de la controversia. Orden\u00f3 a Italia el pago de USD 29.410,69 a los demandantes como parte de los costos del procedimiento.<\/p>\n

Notas<\/em>: El tribunal estuvo compuesto por James Crawford (presidente designado por las partes, nacional australiano), Stanimir Alexandrov (designado por los demandantes, nacional b\u00falgaro) y Pierre-Marie Dupuy (designado por la demandada, nacional franc\u00e9s). El laudo est\u00e1 disponible en https:\/\/www.italaw.com\/sites\/default\/files\/case-documents\/italaw8967.pdf<\/a><\/p>\n

Xiaoxia Lin<\/strong>es alumna becaria del IFD de la Universidad de Nueva York en el Programa de Inversiones para el Desarrollo Sostenible del IISD<\/span>.<\/p>\n