En un laudo del 11 de febrero de 2017, un tribunal de la CCE rechaz\u00f3 las demandas de expropiaci\u00f3n presentadas contra Chipre por dos inversores polacos en relaci\u00f3n con varias medidas tomadas por Chipre en 2013 para recapitalizar su industria bancaria. En particular, el tribunal no se mostr\u00f3 convencido, por la evidencia que se present\u00f3 ante el mismo, de que el \u201cvalor de la inversi\u00f3n de los demandantes se viera afectada de manera tan significativa que llegara a un nivel de expropiaci\u00f3n\u201d (p\u00e1rrafo 221).<\/p>\n
Los demandantes, Tomasz Cz\u0119\u015bcik y Robert Aleksandrowicz, <\/em>son nacionales polacos y los \u00fanicos accionistas de una sociedad limitada chipriota cuyo nombre no fue revelado. En marzo de 2013, el Banco Central de Chipre emiti\u00f3 un decreto para tomar algunas medidas legislativas y regulatorias a fin de reestructurar su sistema bancario (medidas de rescate interno), en particular los dos principales bancos de Chipre \u2014el Banco de Chipre (BoC) y el Banco Laiki\u2014. Teniendo en cuenta los riesgos de la ejecuci\u00f3n de este decreto, el Ministerio de Finanzas chipriota declar\u00f3 un feriado bancario el 19 y 20 de marzo de 2013.<\/p>\n Alrededor de dicha fecha, los demandantes instruyeron al BoC que realizara dos pagos por la compra de acciones en un nuevo emprendimiento polaco. Mientras el BoC ejecut\u00f3 la primera transacci\u00f3n, bloque\u00f3 la segunda ya que cay\u00f3 en el feriado bancario. Cuando dicho feriado termin\u00f3, Chipre hab\u00eda decidido rescatar al BoC, congelando y convirtiendo en acciones los dep\u00f3sitos superiores a EUR 100.000.<\/p>\n El 5 de diciembre de 2014, los demandantes iniciaron un arbitraje en la CCE bajo el TBI<\/span> entre Polonia y Chipre (el TBI), reclamando que \u201clos actos legislativos del Estado (Chipre) y las medidas restrictivas tomadas por los \u00f3rganos estatales chipriotas y sus dependencias, los cuales limitaron y parcialmente bloquearon la transferencia del capital de la empresa depositado en el BoC constitu\u00edan una expropiaci\u00f3n del negocio de la empresa de los Demandantes\u201d (p\u00e1rrafo 120).<\/p>\n Adem\u00e1s de reclamar da\u00f1os por el valor de los fondos perdidos (PLN 1,3 millones, aproximadamente USD 340.000), los demandantes pidieron m\u00e1s de PLN 16 millones (aproximadamente USD\u00a04,1 millones) en compensaci\u00f3n por las ganancias perdidas, alegando que la conducta de Chipre les impidi\u00f3 consolidar su posici\u00f3n en el emprendimiento polaco y, por ende, proteger a su inversi\u00f3n de ser tomada por partes externas hostiles.<\/p>\n Chipre objet\u00f3 la jurisdicci\u00f3n del tribunal por varias razones y solicit\u00f3 la bifurcaci\u00f3n del procedimiento para discutir su objeci\u00f3n en base a un alcance limitado de la cl\u00e1usula de soluci\u00f3n de controversias del BIT<\/span>. Chipre aleg\u00f3 que el Art\u00edculo 9 del TBI \u00fanicamente dispone el arbitraje en caso de \u201ccontroversias \u2026 que conciernen la expropiaci\u00f3n de una inversi\u00f3n\u201d y que los demandantes no podr\u00edan invocar la cl\u00e1usula de NMF<\/span> bajo el Art\u00edculo 7 del TBI para ampliar la jurisdicci\u00f3n del tribunal para que atienda demandas por la violaci\u00f3n del est\u00e1ndar de TJE<\/span> contenido en el Art\u00edculo 3 del TBI. El tribunal concedi\u00f3 a Chipre la bifurcaci\u00f3n del procedimiento. En un laudo parcial del 4 de marzo de 2016, favoreci\u00f3 a Chipre, dictaminando que no pose\u00eda jurisdicci\u00f3n para atender la demanda de TJE de los inversores en base a la cl\u00e1usula de NMF (p\u00e1rrafo 165).<\/p>\n La segunda objeci\u00f3n jurisdiccional de Chipre se bas\u00f3 en la supuesta incompatibilidad entre las demandas de expropiaci\u00f3n basadas en el tratado y el derecho de la UE<\/span>. Primero, se remiti\u00f3 al Art\u00edculo 59 de la VCLT<\/span>, para argumentar que, al acceder a la UE a trav\u00e9s del Tratado de Lisboa el 1 de mayo de 2014, tanto Chipre como Polonia acordaron transferir determinadas competencias a la UE, es decir el efecto directo del derecho de la UE y la primac\u00eda del derecho de la UE. Por lo tanto, seg\u00fan Chipre, aquellos TBI celebrados entre Estados Miembros de la UE antes de su acceso a la UE, que cubren \u00e1reas regidas por el derecho de la UE, eran sustituidos por el derecho de la UE. Posteriormente, argument\u00f3 que la demanda de expropiaci\u00f3n bajo el TBI entra en conflicto con el derecho de la UE sobre la regulaci\u00f3n bancaria y las transferencias de capital (Art\u00edculos 63 y 65 del TFUE<\/span>).<\/p>\n El tribunal rechaz\u00f3 las objeciones de Chipre afirmando que, dado que ni Chipre ni Polonia hab\u00edan tomado medidas para cancelar el TBI, el mismo se encontraba en vigencia prima facie<\/em> y que pose\u00eda jurisdicci\u00f3n prima facie<\/em> sobre las demandas. Sin embargo, remarc\u00f3 que \u201cesta conclusi\u00f3n prima facie <\/em>podr\u00eda ser revertida\u201d si se confirmara, por medio del fallo del TJUE en el caso Rep\u00fablica Eslovaca vs. Achmea BV<\/a>, que los TBIs intra-UE son incompatibles con el derecho de la UE\u201d (p\u00e1rrafo 170).<\/p>\n Una cuesti\u00f3n preliminar a determinar para hacer lugar a la demanda de expropiaci\u00f3n era si los fondos supuestamente expropiados en el BoC, que pertenec\u00edan a la filial chipriota, podr\u00edan calificar como una inversi\u00f3n bajo el TBI. Los demandantes se basaron en el alcance extensivo del Art\u00edculo 1(3) del TBI para argumentar que los fondos transferidos a la cuenta bancaria del BoC pueden ser caracterizados como una inversi\u00f3n protegida por el TBI. Alternativamente, alegaron que las acciones en la entidad chipriota eran su inversi\u00f3n, cuyo valor hab\u00eda sido afectado por la expropiaci\u00f3n del fondo en el BoC.<\/p>\n En cuanto a la postura inicial de los demandantes, el tribunal concluy\u00f3 que los fondos sometidos a las medidas de rescate interno no iban a ser invertidos \u201cen Chipre\u201d y, por lo tanto, no eran una inversi\u00f3n bajo el TBI, el cual se aplicaba a \u201cinversiones realizadas en el territorio de Chipre\u201d. Sin embargo, el tribunal acept\u00f3 que las acciones de los demandantes en la entidad chipriota constituir\u00edan una inversi\u00f3n de conformidad con nociones tanto subjetivas como objetivas de inversi\u00f3n.<\/p>\n Los demandantes alegaron que su inversi\u00f3n fue indirectamente expropiada por las acciones de Chipre, comenzando con la imposici\u00f3n de un feriado bancario extraordinario combinado con la emisi\u00f3n de los decretos que autorizaron las medidas de rescate interno.<\/p>\n Dada la ausencia de una definici\u00f3n de expropiaci\u00f3n en el TBI, el tribunal revis\u00f3 la jurisprudencia arbitral sobre expropiaci\u00f3n, particularmente en los casos LG&E vs. Argentina<\/a> y Azurix vs. Argentina<\/a>,<\/em> y concluy\u00f3 que la prueba de expropiaci\u00f3n se centraba en determinar si hubo una privaci\u00f3n permanente y sustancial del valor de la inversi\u00f3n. El tribunal, sin embargo, destac\u00f3 que los demandantes no intentaron probar que fueron privados totalmente de sus acciones ni demostraron que ocurriera una privaci\u00f3n sustancial del valor de las acciones. Por el contrario, el tribunal encontr\u00f3 evidencia durante la audiencia que menoscababa los alegatos de los demandantes de que el valor de las acciones en la entidad chipriota se vio afectado sustancialmente por las medidas disputadas. Por lo tanto, concluy\u00f3 que las medidas de rescate interno no constitu\u00edan una expropiaci\u00f3n de su inversi\u00f3n bajo el Art\u00edculo 4 del TBI.<\/p>\n El tribunal remarc\u00f3 en primer lugar que, dado que los demandantes fracasaron en todas sus demandas, incluyendo las objeciones jurisdiccionales de Chipre, deber\u00e1n asumir los costos del arbitraje, y reembolsar a Chipre la suma pagada a la CCE como anticipo de los costos. Al mismo tiempo, destac\u00f3 la \u201cenorme diferencia\u201d entre las costas legales de Chipre y de los demandantes (las \u00faltimas por s\u00f3lo EUR 170.000). Seg\u00fan el tribunal, los costos de Chipre han sido desproporcionados, notablemente considerando las sumas en cuesti\u00f3n y, por lo tanto, orden\u00f3 a los demandantes el reembolso del 70 por ciento de las costas legales de Chipre.<\/p>\n Notas<\/em>: El tribunal estuvo compuesto por Yves Derains (presidente, designado por la Junta de la CCE, nacional franc\u00e9s). Sophie Nappert (designada por los demandantes, nacional canadiense) y Andrea Giardina (designada por la demandada, ciudadana italiana). El laudo est\u00e1 disponible en https:\/\/www.italaw.com\/sites\/default\/files\/case-documents\/italaw10243_0.pdf<\/a><\/p>\n Gladwin Issac<\/strong> es graduado de la Universidad Nacional de Derecho de Gujarat, India.<\/p>\nTribunal se abstiene de expandir jurisdicci\u00f3n m\u00e1s all\u00e1 de demanda de expropiaci\u00f3n<\/h3>\n
Tribunal posee jurisdicci\u00f3n prima facie; demanda de expropiaci\u00f3n declarada admisible<\/h3>\n
No hay expropiaci\u00f3n por falta de \u201cprivaci\u00f3n sustancial\u201d de la inversi\u00f3n<\/h3>\n
Costos<\/h3>\n