{"id":12094,"date":"2018-12-21T08:40:56","date_gmt":"2018-12-21T07:40:56","guid":{"rendered":"http:\/\/172.30.141.17\/2018\/12\/21\/se-analiza-fallo-del-caso-achmea-y-se-otorga-demanda-de-tje-en-caso-del-tce-contra-espana\/"},"modified":"2024-08-16T20:09:15","modified_gmt":"2024-08-16T18:09:15","slug":"se-analiza-fallo-del-caso-achmea-y-se-otorga-demanda-de-tje-en-caso-del-tce-contra-espana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iisd.org\/itn\/es\/2018\/12\/21\/se-analiza-fallo-del-caso-achmea-y-se-otorga-demanda-de-tje-en-caso-del-tce-contra-espana\/","title":{"rendered":"Se analiza fallo del caso Achmea y se otorga demanda de TJE en caso del TCE contra Espa\u00f1a"},"content":{"rendered":"

Foresight Luxembourg Solar 1 S.\u00e0.r.l., Foresight Luxembourg Solar 2 S.\u00e0.r.l., Greentech Energy Systems A\/S, GWM Renewable Energy I S.P.A. y GWM Renewable Energy II S.P.A. vs. El Reino de Espa\u00f1a, Arbitraje V (2015\/150) SCC<\/span><\/h2>\n

En un laudo del 14 de noviembre de 2018, un tribunal de SCC consider\u00f3 las demandas entabladas en virtud del TCE<\/span> contra Espa\u00f1a. Dichas demandas fueron presentadas por dos empresas de Luxemburgo, Foresight Luxembourg Solar 1 S.\u00e0.r.l. y Foresight Luxembourg Solar 2 S.\u00e0.r.l.; por dos empresas italianas, GWM Renewable Energy I S.p.A. y GWM Renewable Energy II S.r.l.; y por una danesa, Greentech Energy Systems A\/S, luego de la promulgaci\u00f3n de medidas legislativas y regulatorias por parte de Espa\u00f1a para afrontar un creciente d\u00e9ficit tarifario. El tribunal confirm\u00f3 su jurisdicci\u00f3n sobre la controversia y acept\u00f3 la demanda de TJE<\/span> entablada en virtud del Art\u00edculo 10(1) del TCE, otorgando a las demandantes EUR 39 millones por da\u00f1os.<\/p>\n

Antecedentes y demandas<\/h3>\n

En 2007, Espa\u00f1a promulg\u00f3 el Real Decreto (RD) 661\/2007 para atraer inversiones en generaci\u00f3n de electricidad a trav\u00e9s de energ\u00edas renovables y cumplir con las metas en materia de energ\u00edas renovables conforme al derecho de la UE<\/span>. El RD 661\/2007 establec\u00eda tarifas reguladas (feed-in tariffs<\/em> \u2013 FiTs) a ser pagadas a las plantas fotovoltaicas calificadas durante toda la vida de las plantas y les otorgaba prioridad de acceso a la red el\u00e9ctrica. Entre mayo de 2009 y mayo de 2010, las demandantes adquirieron empresas espa\u00f1olas que operaban tres plantas fotovoltaicas, las cuales hab\u00edan sido registradas bajo el RD 661\/2007.<\/p>\n

Si bien el RD 661\/2007 demostr\u00f3 ser exitoso para atraer inversiones en energ\u00edas renovables en Espa\u00f1a, y que se lleg\u00f3 a cumplir con el 85 por ciento de las metas establecidas bajo el RD 661\/2007 en cuatro meses, Espa\u00f1a sufri\u00f3 un aumento de su d\u00e9ficit tarifario. Para frenar este d\u00e9ficit, entre 2010 y 2013 promulg\u00f3 varias medidas (incluyendo el RD 1565\/2010, el RDL 14\/2010, la Ley 15\/2010 y el RDL 2\/2013) que modificaron los incentivos otorgados a las plantas fotovoltaicas registradas en virtud del RD 661\/2007. Desde 2013 hasta 2014, Espa\u00f1a derog\u00f3 el RD 661\/2007 y estableci\u00f3 un nuevo r\u00e9gimen regulatorio (que inclu\u00eda el RDL 9\/2013, la Ley 24\/2013, el RD 413\/2014 y la MO 1045\/2014), el cual cre\u00f3 un nuevo marco jur\u00eddico para la producci\u00f3n de energ\u00edas renovables.<\/p>\n

En respuesta a estas medidas, las demandantes entablaron varias demandas contra Espa\u00f1a al amparo del TCE, incluyendo la violaci\u00f3n de las cl\u00e1usulas de TJE, perjuicio por las medidas adoptadas y la cl\u00e1usula paraguas en virtud del Art\u00edculo 10(1) del TCE y una demanda por violaci\u00f3n de la cl\u00e1usula de expropiaci\u00f3n bajo el Art\u00edculo 13 del TCE.<\/p>\n

Se analiza caso Achmea para establecer jurisdicci\u00f3n de tribunal en controversia intra-UE<\/h3>\n

Antes de considerar las demandas, el tribunal trat\u00f3 la objeci\u00f3n presentada por Espa\u00f1a a su jurisdicci\u00f3n argumentando que el TCE no se aplica a controversias intra-UE que involucran a demandantes que son nacionales de Estados miembros de la UE y el demandado es un Estado miembro de la UE y parte contratante del TCE. Espa\u00f1a por \u00faltimo aleg\u00f3 que la cl\u00e1usula de soluci\u00f3n de controversias bajo el Art\u00edculo 26 del TCE excluye el arbitraje de controversias intra-UE, ya que esto se encuentra prohibido bajo el derecho de la UE.<\/p>\n

Considerando la objeci\u00f3n de Espa\u00f1a, el tribunal comenz\u00f3 su an\u00e1lisis evaluando el lenguaje llano del Art\u00edculo 26 del TC y no encontr\u00f3 ninguna exclusi\u00f3n de controversias intra-UE en las cl\u00e1usulas de protecci\u00f3n del TCE. El tribunal tambi\u00e9n consider\u00f3 el argumento de Espa\u00f1a de que carec\u00eda de jurisdicci\u00f3n sobre la controversia en virtud de la primac\u00eda del derecho de la UE, pero concluy\u00f3 que el mismo no resulta pertinente a la cuesti\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n del tribunal.<\/p>\n

De particular importancia, el an\u00e1lisis del tribunal, en su consideraci\u00f3n de la objeci\u00f3n jurisdiccional presentada por Espa\u00f1a, se bas\u00f3 en el fallo del caso Rep\u00fablica Eslovaca vs. Achmea<\/em>. En Achmea<\/a>, decidido en marzo de 2018, el Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea dictamin\u00f3 que una cl\u00e1usula contenida en un acuerdo de inversi\u00f3n entre dos Estados miembros de la UE es incompatible con el derecho de la UE.<\/p>\n

Al momento de determinar si Achmea <\/em>se aplicaba a este arbitraje contra Espa\u00f1a, el tribunal concord\u00f3 con el tribunal del caso Masdar Solar vs. Espa\u00f1a<\/a> y concluy\u00f3 que el fallo en el caso Achmea<\/em> ten\u00eda una aplicaci\u00f3n limitada y no se aplicaba a tratados multilaterales como el TCE. Sin embargo, el tribunal coincidi\u00f3 con la opini\u00f3n del Abogado General Wathelet del caso Achmea<\/em>, concluyendo que las protecciones conferidas a las inversiones en el TCE, y el mecanismo de ISDS<\/span>, se aplican a los Estados miembros de la UE.<\/p>\n

Tribunal carece de jurisdicci\u00f3n sobre demanda IVPEE<\/h3>\n

Si bien el tribunal concluy\u00f3 que ten\u00eda jurisdicci\u00f3n para resolver la controversia, deneg\u00f3 su jurisdicci\u00f3n sobre la demanda de que Espa\u00f1a hab\u00eda violado el Art\u00edculo 10(1) del TCE al introducir un Impuesto del 7 por ciento sobre el Valor de la Producci\u00f3n de Energ\u00eda El\u00e9ctrica (IVPEE) bajo la Ley 15\/2012. Habiendo analizado el Art\u00edculo 21 del TCE, el tribunal concluy\u00f3 que las medidas impositivas, tal como la que est\u00e1 en cuesti\u00f3n, han sido excluidas de la aplicaci\u00f3n de las protecciones del TCE para los inversores y, por lo tanto, no recae bajo la jurisdicci\u00f3n del tribunal.<\/p>\n

Espa\u00f1a viola TJE<\/h3>\n

Al abordar la demanda de que Espa\u00f1a viol\u00f3 la obligaci\u00f3n de TJE al amparo del Art\u00edculo 10(1) del TCE, el tribunal concluy\u00f3 que las demandantes no pose\u00edan una expectativa leg\u00edtima de que el r\u00e9gimen regulatorio bajo el RD 661\/2007 no ser\u00eda modificado. Al mismo tiempo, sin embargo, el tribunal concluy\u00f3 que s\u00ed exist\u00eda una expectativa leg\u00edtima de que el r\u00e9gimen tarifario, en virtud del RD 661\/2007, no ser\u00eda modificado de una forma tan radical que finalmente privar\u00eda a los inversores de una parte significativa de la rentabilidad proyectada.<\/p>\n

Al aplicar estas conclusiones, el tribunal dictamin\u00f3 que dado que las regulaciones promulgadas por Espa\u00f1a desde 2010 hasta 2013 meramente modificaban pero no cambiaban de manera fundamental el RD 661\/2007, este pa\u00eds no viol\u00f3 el est\u00e1ndar de TJE. No obstante, s\u00ed concluy\u00f3 que el nuevo r\u00e9gimen regulatorio promulgado por Espa\u00f1a desde 2013 hasta 2014 infringi\u00f3 el TJE. Seg\u00fan el tribunal, el nuevo r\u00e9gimen regulatorio cambi\u00f3 fundamentalmente el marco regulatorio del RD 661\/2007 al derogarlo y reemplazarlo por una nueva estructura regulatoria. De esta manera, la promulgaci\u00f3n de las regulaciones por Espa\u00f1a constitu\u00edan una violaci\u00f3n sujeta a compensaci\u00f3n del est\u00e1ndar de TJE bajo el Art\u00edculo 10(1) del TCE.<\/p>\n

Cl\u00e1usulas de perjuicio y paraguas desestimadas<\/h3>\n

Las demandantes argumentaron que Espa\u00f1a viol\u00f3 la protecci\u00f3n de la cl\u00e1usula de deterioro o perjuicio del Art\u00edculo 10(1) del TCE; sin embargo, el tribunal concluy\u00f3 que esta demanda estaba conectada con el mismo est\u00e1ndar de la cl\u00e1usula de TJE y el mismo fundamento f\u00e1ctico de la demanda de TJE, y por lo tanto, no era necesario decidir sobre la misma.<\/p>\n

Tambi\u00e9n desestim\u00f3 la demanda entablada en virtud de la cl\u00e1usula paraguas del Art\u00edculo 10(1) del TCE, dado que la misma se refiere a la obligaci\u00f3n del Estado de cumplir con las obligaciones que haya contra\u00eddo con los inversores o las inversiones. Asimismo, explic\u00f3 que tales obligaciones mencionadas en la cl\u00e1usula paraguas se refieren a compromisos espec\u00edficos, no a regulaciones generales promulgadas por un Estado. Por consiguiente, el tribunal concluy\u00f3 que Espa\u00f1a no asumi\u00f3 ning\u00fan compromiso como tal frente a las demandantes y desestim\u00f3 la demanda a este respecto.<\/p>\n

Demanda de expropiaci\u00f3n desestimada<\/h3>\n

Al presentar su reclamo de expropiaci\u00f3n, las demandantes argumentaron que el 83 por ciento del valor de su inversi\u00f3n de capital hab\u00eda sido destruido debido a las medidas regulatorias de Espa\u00f1a, resultando en una privaci\u00f3n sustancial del derecho a recibir el valor total de la tarifa regulada bajo el RD 661\/2007. Espa\u00f1a refut\u00f3 que la expropiaci\u00f3n no ocurri\u00f3 ya que las demandantes aun eran propietarias de las plantas fotovoltaicas. Finalmente, el tribunal concluy\u00f3 que, pese a que las demandantes efectivamente sufrieron graves p\u00e9rdidas financieras como resultado de las medidas disputadas, las mismas no privaron sustancialmente a las demandantes del valor o uso y goce de sus inversiones.<\/p>\n

Da\u00f1os<\/h3>\n

Habiendo determinado que Espa\u00f1a incumpli\u00f3 su obligaci\u00f3n de TJE bajo el Art\u00edculo 10(1) del TCE, el tribunal otorg\u00f3 a las demandantes EUR 39 millones por da\u00f1os m\u00e1s un inter\u00e9s compuesto. Espa\u00f1a tambi\u00e9n deber\u00e1 pagar las costas del arbitraje y dem\u00e1s gastos razonables por una suma de EUR 3.900.374,73 y USD 2.997.596,33.<\/p>\n

Opini\u00f3n disidente parcial de Vinuesa: Derecho de la UE es pertinente y se aplica a los m\u00e9ritos<\/h3>\n

En una opini\u00f3n disidente parcial presentada por Ra\u00fal Emilio Vinuesa, este \u00e1rbitro no coincidi\u00f3 con la mayor\u00eda del tribunal sobre la cuesti\u00f3n del derecho aplicable, afirmando que el derecho de la UE forma parte del derecho internacional y que deber\u00eda aplicarse a los m\u00e9ritos de la controversia. Vinuesa tampoco estuvo de acuerdo con la conclusi\u00f3n de la mayor\u00eda sobre la diligencia debida por parte de las demandantes al momento en que la inversi\u00f3n fue realizada y la consecuente responsabilidad de las mismas.<\/p>\n

Notas<\/em>: El tribunal estuvo compuesto por Michael Moser (presidente designado por SCC), Klaus Sachs (designado por las demandantes) y Ra\u00fal Emilio Vinuesa (designado por el demandado). El laudo y la opini\u00f3n disidente de Ra\u00fal Emilio Vinuesa est\u00e1n disponibles en https:\/\/www.italaw.com\/sites\/default\/files\/case-documents\/italaw10142.pdf<\/a><\/p>\n

Kirrin Hough<\/strong> es abogada estadounidense radicada en Washington, D.C., Estados Unidos.<\/p>\n