{"id":12019,"date":"2018-10-17T08:56:24","date_gmt":"2018-10-17T06:56:24","guid":{"rendered":"http:\/\/172.30.141.17\/2018\/10\/17\/reformar-los-tratados-de-inversion-importa-el-diseno-de-los-tratados\/"},"modified":"2024-08-16T20:09:37","modified_gmt":"2024-08-16T18:09:37","slug":"reformar-los-tratados-de-inversion-importa-el-diseno-de-los-tratados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iisd.org\/itn\/es\/2018\/10\/17\/reformar-los-tratados-de-inversion-importa-el-diseno-de-los-tratados\/","title":{"rendered":"Reformar los Tratados de Inversi\u00f3n: \u00bfImporta el dise\u00f1o de los tratados?"},"content":{"rendered":"

En la d\u00e9cada de 1990, la pol\u00edtica mundial se ha visto transformada por una ola de legalizaciones \u2014un traspaso hacia sistemas de gobernanza jur\u00eddica en esferas previamente regidas por la pol\u00edtica\u2014[1]<\/a>. En el caso de las pol\u00edticas de inversi\u00f3n internacional no fue diferente. M\u00e1s de 200 TBIs con acceso a la ISDS<\/span> fueron firmados en 1994, 1995 y 1996 respectivamente.<\/p>\n

Durante la \u00faltima d\u00e9cada, sin embargo, el arbitraje de inversi\u00f3n ha experimentado efectos colaterales. Actualmente se est\u00e1 desarrollando un debate sobre el dise\u00f1o de los tratados de inversi\u00f3n. Organizaciones internacionales tales como la UNCTAD<\/span>[2]<\/a> est\u00e1n abogando por paquetes de reforma. Adem\u00e1s, una amplia variedad de actores estatales \u2014desde India hasta Canad\u00e1 y la Comisi\u00f3n Europea\u2014 est\u00e1n reflejando esto abiertamente en sus pol\u00edticas de inversi\u00f3n.<\/p>\n

Esta reorientaci\u00f3n se ha manifestado emp\u00edricamente. Hemos observado Estados que han agregado nuevas obligaciones a sus tratados, incluyendo las relacionadas con la conducta de los inversores. Hemos observado aclaraciones de disciplinas y procedimientos existentes para resolver controversias relativas a tratados. Adem\u00e1s, estamos siendo testigos de una mayor conciencia sobre la importancia del espacio de pol\u00edticas en los tratados de inversi\u00f3n.<\/p>\n

Parte de lo que impuls\u00f3 este cambio es la ola de demandas de arbitraje que sigui\u00f3 al boom de la firma de tratados de inversi\u00f3n en 1990s (Figura 1). Sin embargo, poco se sabe si hay un v\u00ednculo entre el dise\u00f1o de tratados y el riesgo de atraer demandas de arbitraje \u2014o hasta qu\u00e9 punto las nuevas cl\u00e1usulas de tratado, tales como las cl\u00e1usulas de excepci\u00f3n de pol\u00edticas p\u00fablicas, inciden en el litigio\u2014[3]<\/a>.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

\u00bfControversias dise\u00f1adas?[4]<\/a><\/h2>\n

Si bien el debate p\u00fablico en torno al derecho internacional de las inversiones se ha enfocado en los mecanismos de ISDS[5]<\/a>, una idea se ha extendido entre los actores interesados de que los anteriores tratados de inversi\u00f3n fueron redactados demasiado amplia y vagamente. Como parte de su paquete de reformas, la UNCTAD recomienda que los Estados consideren omitir o reformular disposiciones en sus futuros tratados de inversi\u00f3n para aumentar la claridad y previsibilidad[6]<\/a>.<\/p>\n

Algunos Estados, tales como Canad\u00e1 y Estados Unidos, tomaron medidas tempranas a estos efectos. Despu\u00e9s de ser demandados por m\u00faltiples inversores bajo el TLCAN<\/span>, comenzaron a incluir un lenguaje m\u00e1s expl\u00edcito y aclaratorio en sus modelos de tratados de inversi\u00f3n de 2004[7]<\/a>. Otros Estados, tales como India, Indonesia y los Pa\u00edses Bajos, han se\u00f1alado p\u00fablicamente que muchos de los tratados de inversi\u00f3n que firmaron en el pasado son demasiado vagos y poco sensibles al equilibrio que debe haber entre los derechos y obligaciones de los inversores[8]<\/a>.<\/p>\n

A ra\u00edz de una lectura detallada, hay cinco temas de inter\u00e9s comunes e interconectados a lo largo de las diferentes narrativas de la reforma de tratados. Los Estados, organizaciones internacionales y otros actores interesados muestran preocupaci\u00f3n por el hecho de que los antiguos tratados de inversi\u00f3n:<\/p>\n

    \n
  1. Incluyan una gran cantidad de obligaciones sustantivas<\/strong>.<\/li>\n
  2. Brinden muy poca flexibilidad <\/strong>de pol\u00edticas.<\/li>\n
  3. Establezcan una amplia variedad de definiciones<\/strong> de inversi\u00f3n e inversor.<\/li>\n
  4. Adopten lenguaje que, seg\u00fan se percibe, carecen de precisi\u00f3n<\/strong>.<\/li>\n
  5. Contengan cl\u00e1usulas de ISDS que otorgan altos niveles de discreci\u00f3n o delegaci\u00f3n<\/strong> jur\u00eddica a los \u00e1rbitros.<\/li>\n<\/ol>\n

    Las suposiciones generales son que m\u00e1s obligaciones sustantivas, menos flexibilidad, definiciones de alcance m\u00e1s amplio, menos precisi\u00f3n y m\u00e1s delegaci\u00f3n jur\u00eddica pueden aumentar el riesgo de demandas de arbitrajes de inversi\u00f3n. El mapeo detallado de la UNCTAD sobre el contenido jur\u00eddico de m\u00e1s de 2.500 TBIs puede ser utilizado para evaluar estas suposiciones emp\u00edricamente[9]<\/a>. Uno de los autores ha creado cinco \u00edndices que miden c\u00f3mo los tratados se clasifican en estas cinco dimensiones[10]<\/a>.<\/p>\n

    Cada \u00edndice var\u00eda del 0 al 1, donde los valores m\u00e1s altos indican m\u00e1s obligaciones, una utilizaci\u00f3n m\u00e1s extensiva de mecanismos de flexibilidad, un mayor alcance de cobertura de la inversi\u00f3n, mayor precisi\u00f3n y m\u00e1s delegaci\u00f3n jur\u00eddica en t\u00e9rminos de soluci\u00f3n de controversias. En la Figura 2 se muestra c\u00f3mo la pr\u00e1ctica de tratados a lo largo de estas cinco dimensiones ha evolucionado a trav\u00e9s del tiempo, presentando un promedio de los \u00edndices de todos los tratados firmados en un a\u00f1o determinado entre 1959 y 2017.<\/p>\n

    Generalmente, observamos evidencia de cambios significativos en la pr\u00e1ctica de tratados a lo largo de tiempo. Los niveles de obligaciones sustantivas han aumentado gradualmente. Ha habido un marcado incremento en el uso de mecanismos de flexibilidad tales como excepciones generales de pol\u00edticas p\u00fablicas. El alcance de las inversiones cubiertas por los tratados de inversi\u00f3n ha sido reducido significativamente a lo largo del tiempo. La utilizaci\u00f3n de elementos de precisi\u00f3n tales como los est\u00e1ndares externos con respecto a los cuales deber\u00edan interpretarse las obligaciones sustantivas ha aumentado notablemente en los \u00faltimos a\u00f1os. Por \u00faltimo, la delegaci\u00f3n jur\u00eddica en los tratados de inversi\u00f3n lleg\u00f3 a su pico a mediados de 1990s, pero ha estado en declive desde entonces.<\/p>\n

    \"\"<\/p>\n

    Al utilizar la puntuaci\u00f3n de tratados para determinar econom\u00e9tricamente si el contenido de los tratados realmente influye en el riesgo de recibir demandas, concluimos que, a nivel general, las diferencias en el dise\u00f1o de los tratados de hecho est\u00e1n asociadas con diferentes riesgos de demandas de arbitrajes de inversi\u00f3n. Sin embargo, no todas las suposiciones de los Estados y las organizaciones internacionales parecen ser ciertas.<\/p>\n

    En base a nuestro an\u00e1lisis estad\u00edstico, las \u00fanicas dos dimensiones que est\u00e1n fuerte y sistem\u00e1ticamente asociadas con un mayor riesgo sustancial de demandas de arbitrajes de inversi\u00f3n son la presencia de extensas obligaciones sustantivas y definiciones de amplio alcance de inversi\u00f3n e inversor. El uso de la precisi\u00f3n o limitaciones sobre la discreci\u00f3n interpretativa de los \u00e1rbitros no parece reducir el riesgo de recibir demandas. Fundamentalmente, el riesgo impuesto por las obligaciones sustantivas y las definiciones de amplio alcance en los tratados no<\/em> parece compensarse por una mayor flexibilidad o altos niveles de precisi\u00f3n.<\/p>\n

    Una explicaci\u00f3n de esta conclusi\u00f3n podr\u00eda ser que algunos cambios en el dise\u00f1o de los tratados tienen mayor incidencia que otros en el arbitraje de inversi\u00f3n. Por lo tanto, vale preguntarse cu\u00e1n receptivos son los litigantes y los \u00e1rbitros de inversi\u00f3n a las innovaciones espec\u00edficas en el dise\u00f1o de los tratados de inversi\u00f3n y chequear si las diferencias en el contenido de los tratados realmente se traducen en diferencias en las interpretaciones arbitrales.<\/p>\n

    \u00bfCambian los tratados, cambian los resultados?[11]<\/a><\/h2>\n

    De todos los cambios introducidos a tratados recientes, la incorporaci\u00f3n de excepciones generales de pol\u00edticas p\u00fablicas es uno de los m\u00e1s radicales. Si una medida recae bajo estas excepciones, un Estado tambi\u00e9n quedar\u00eda exento de toda responsabilidad. Por lo tanto, se trata del m\u00e1ximo mecanismo de flexibilidad o cl\u00e1usula de escape[12]<\/a>.<\/p>\n

    Las excepciones generales de pol\u00edticas p\u00fablicas, pese a ser nuevas en los tratados de inversi\u00f3n, est\u00e1n en auge. Al menos 100 tratados contienen una cl\u00e1usula como tal, de los cuales dos tercios est\u00e1n inspirados en el Art\u00edculo XX del GATT<\/span> y un tercio sigue el modelo de incluir cl\u00e1usulas de prohibici\u00f3n y restricci\u00f3n como se hizo por primera vez en el Art\u00edculo 11 del TBI<\/span> entre Singapur y China en 1985. Sin embargo, pese a su popularidad en la redacci\u00f3n de tratados, las excepciones generales de pol\u00edticas p\u00fablicas no repercuten demasiado en lo que se refiere a la soluci\u00f3n de controversias.<\/p>\n

    Para investigar c\u00f3mo estas cl\u00e1usulas se desempe\u00f1an en la pr\u00e1ctica, hemos analizado laudos recientemente dictados bajo acuerdos que contienen este tipo de excepciones. Para nuestra sorpresa, encontramos que los Estados demandados no invocan estas cl\u00e1usulas y los tribunales no las consideran por iniciativa propia. Adem\u00e1s, aun cuando estas excepciones son aplicadas, los tribunales habitualmente les otorgan poco peso. En suma, las excepciones generales de pol\u00edticas p\u00fablicas est\u00e1n desaparecidas en acci\u00f3n. Copper Mesa vs. Ecuador<\/em>[13]<\/a> y Beer Creek vs. Per\u00fa<\/em>[14]<\/a> son buenos ejemplos.<\/p>\n

    En Copper Mesa<\/em>, el primer arbitraje de inversi\u00f3n donde se trat\u00f3 una cl\u00e1usula de este tipo, el tribunal concluy\u00f3 que la arbitrariedad y falta de proceso debido cuando Ecuador retir\u00f3 una licencia minera no s\u00f3lo violaba las cl\u00e1usulas de expropiaci\u00f3n y TJE<\/span> del TBI entre Canad\u00e1 y Ecuador de 1996, sino que tambi\u00e9n tornaba inaplicable el Art\u00edculo XVII (la cl\u00e1usula de excepciones generales del tratado), ya que \u00fanicamente exim\u00eda de responsabilidad aquellas medidas \u201cno aplicadas de manera arbitraria o injustificada\u201d[15]<\/a>.<\/p>\n

    El tribunal del caso Beer Creek <\/em>lleg\u00f3 a una conclusi\u00f3n similar, pero adem\u00e1s concluy\u00f3 que la excepci\u00f3n general de pol\u00edticas p\u00fablicas del TLC<\/span> de 2009 entre Canad\u00e1 y Per\u00fa aplicaba como lex specialis<\/em> para la exclusi\u00f3n de los alegatos de derecho consuetudinario internacional[16]<\/a>.<\/p>\n

    En ambos casos, los tribunales, sin brindar demasiada explicaci\u00f3n, adoptaron una interpretaci\u00f3n que limita dr\u00e1sticamente el efecto de estas cl\u00e1usulas en la pr\u00e1ctica. Si las excepciones generales no son aplicables por los mismos motivos que dieron lugar a una violaci\u00f3n de las obligaciones primarias en primer lugar, raramente eximir\u00e1n a los Estados demandados de responsabilidad. Similarmente, si act\u00faan como reemplazos en lugar de ser complementos a la flexibilidad ya brindada bajo el derecho consuetudinario internacional, tal como la doctrina del poder de polic\u00eda, se otorgar\u00e1 poco espacio adicional de pol\u00edticas o incluso este espacio se ver\u00e1 menoscabado[17]<\/a>.<\/p>\n

    En otros casos, los demandados ni siquiera plantearon las excepciones generales de pol\u00edticas p\u00fablicas aplicables. En una ola de casos que involucran la expropiaci\u00f3n de empresas mineras de oro en Venezuela, la demandada argument\u00f3 haber revocado las concesiones mineras de varias compa\u00f1\u00edas canadienses por razones ambientales, pero no invoc\u00f3 la excepci\u00f3n general de pol\u00edticas p\u00fablicas presente en el Art\u00edculo II(10)(b) del Anexo del TBI entre Canad\u00e1 y Venezuela de 1996 para respaldar su argumento, y perdi\u00f3 cada una de sus controversias[18]<\/a>.<\/p>\n

    En otro caso, Costa Rica busc\u00f3 justificar la revocaci\u00f3n de una licencia minera por un inter\u00e9s de protecci\u00f3n ambiental. Pero en lugar de invocar la excepci\u00f3n general presente en el TBI entre Canad\u00e1  y Costa Rica en 1998 que podr\u00eda absolverlo de su responsabilidad, plante\u00f3 la cl\u00e1usula del derecho a regular contenida en el tratado, la cual se reflejaba en el Art\u00edculo 1114 del TLCAN al permitir medidas ambientales que sean \u201cpor lo dem\u00e1s consistentes\u201d con el tratado[19]<\/a>.<\/p>\n

    En resumen, tanto los Estados demandados como los tribunales son culpables por el hecho de que consideremos que las excepciones generales de pol\u00edticas p\u00fablicas est\u00e9n desaparecidas en acci\u00f3n. Deber\u00edan observar el caso CC\/Devas vs. India<\/em> como un buen ejemplo de una defensa eficaz por parte de la demandada y una evaluaci\u00f3n seria de una excepci\u00f3n general de pol\u00edticas p\u00fablicas por parte del tribunal, aunque se trate de un caso que involucra una excepci\u00f3n de seguridad nacional[20]<\/a>. Al presentarse muchas m\u00e1s controversias bajo los tratados de segunda generaci\u00f3n con excepciones generales en curso, los demandantes y los tribunales en un futuro tendr\u00e1n muchas oportunidades para trabajar en las excepciones generales de pol\u00edticas p\u00fablicas y los asuntos interpretativos aun no resueltos que estas excepciones plantean.<\/p>\n

    Conclusiones<\/h2>\n

    \u00bfQu\u00e9 conclusiones generales podemos sacar de estas observaciones? Primero, si estamos preocupados por el riesgo de demandas de arbitraje de inversi\u00f3n, aclarar el lenguaje de las cl\u00e1usulas sustantivas, dar nueva flexibilidad o regir la discreci\u00f3n de los \u00e1rbitros no necesariamente es la panacea<\/em>. Lo que parece importar es la presencia actual de obligaciones sustantivas y a cu\u00e1ntos inversores cubren estas obligaciones. Yendo m\u00e1s all\u00e1, los Estados deber\u00edan enfocarse m\u00e1s en qu\u00e9 <\/em>protecciones otorgan a qui\u00e9n <\/em>en sus tratados de inversi\u00f3n en vez de c\u00f3mo <\/em>est\u00e1n redactadas estas protecciones.<\/p>\n

    Segundo, estas conclusiones podr\u00edan reflejar que pocos tratados de segunda generaci\u00f3n han sido puestos a prueba de interpretaci\u00f3n arbitral hasta el momento. De hecho, los inversores se basan cada vez m\u00e1s en antiguos tratados para entablar sus demandas. A mediados de 1990s, la edad promedio de un tratado utilizado como base jur\u00eddica para las demandas era de seis a\u00f1os. Hoy, la edad promedio est\u00e1 cerca de 20 a\u00f1os (Figura 3). Para tal fin, seguir actualizando los antiguos tratados de inversi\u00f3n resulta importante.<\/p>\n

    \"\"<\/p>\n

    Tercero, cambiar el dise\u00f1o de los acuerdos de inversi\u00f3n poco importa, a menos que los Estados en su papel de demandados hagan uso de novedosas disposiciones y los tribunales se comprometan activamente con la nueva arquitectura de tratados en sus razonamientos. La falta de impacto de las excepciones generales de pol\u00edticas p\u00fablicas en la pr\u00e1ctica es un buen ejemplo. La reforma del dise\u00f1o de tratados por lo tanto no termina en la mesa donde se realiza la firma, sino que se trata de un proceso que contin\u00faa durante la aplicaci\u00f3n de un tratado y el litigio.<\/p>\n

    \n

    Autores<\/h3>\n

    Tarald Laudal Berge<\/strong> es Candidato a PhD, Departamento de Ciencias Pol\u00edticas y PluriCourts<\/em>, Universidad de Oslo. Wolfgang Alschner<\/strong> es Profesor Adjunto, Secci\u00f3n de Common Law<\/em>, Universidad de Ottawa.<\/p>\n

    \n

    Notas<\/h3>\n

    [1]<\/a> Goldstein, J. et al. (2000). Introduction: Legalization and world politics. International Organization<\/em>, 54<\/em>(3), 238\u2013399.<\/p>\n

    [2]<\/a> UNCTAD. (2012). Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2015: Reforma de la Gobernanza Internacional en materia de Inversiones<\/em>. Extra\u00eddo de http:\/\/UNCTAD<\/span>.org\/es\/PublicationsLibrary\/wir2015overview_es.pdf<\/a>; UNCTAD. (2015). Marco pol\u00edtico de inversi\u00f3n para el desarrollo sostenible<\/em>. Extra\u00eddo de http:\/\/unctad.org\/en\/PublicationsLibrary\/diaepcb2015d5_en.pdf<\/a><\/p>\n

    [3]<\/a> Este art\u00edculo est\u00e1 basado en dos documentos de trabajo: Berge, T.L. (2018). Dispute by design? Legalisation, backlash and the drafting of investment agreements<\/em>. Presentado en la Conferencia Anual 2018 de la Asociaci\u00f3n del Medio Oeste sobre Ciencias Pol\u00edticas (Midwestern Political Science Association<\/em>). Extra\u00eddo de https:\/\/papers.ssrn.com\/sol3\/papers.cfm?abstract_id=3201306<\/a>; y Alschner, W. & Hui, K. (2018). Missing in action: General public policy exceptions in investment treaties<\/em>. Presentado en la Conferencia 2018 de la Sociedad de Derecho Econ\u00f3mico Internacional (Society of International Economic Law<\/em>), Washington D.C. Extra\u00eddo de https:\/\/papers.ssrn.com\/sol3\/papers.cfm?abstract_id=3237053<\/a><\/p>\n

    [4]<\/a> Esta parte est\u00e1 basada en Berge (2018), nota 3 supra<\/em>.<\/p>\n

    [5]<\/a> Waibel, M. Kaushal, A., Chuung, K.-H., & Balchin, C. (2010). The backlash against international investment arbitration: Perceptions and reality<\/em>. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International; and Behn, D. & Langford, M. (2018). Managing backlash: The evolving investment treaty arbitrator? The European Journal of International Law<\/em>, 29<\/em>(2), 551\u2013580. doi: 10.1093\/ejil\/chy030.<\/p>\n

    [6]<\/a> UNCTAD (2015), nota 2 supra<\/em>, pp. 132\u2013133.<\/p>\n

    [7]<\/a> Gagn\u00e9, G. & Morin, J.-F. (2006). The evolving American policy on investment protection: Evidence from recent FTAs and the 2004 model BIT<\/span>. Journal of International Economic Law, 9<\/em>(2), 357\u2013382. doi:10.1093\/jiel\/jgl006.<\/p>\n

    [8]<\/a> Para los Pa\u00edses Bajos, v\u00e9ase: Verbeek & Knotterus (2018). El borrador del modelo de TBI holand\u00e9s de 2018: Una evaluaci\u00f3n cr\u00edtica. Investment Treaty News,<\/em> 9<\/em>(2), 3\u20136. Extra\u00eddo de https:\/\/www.IISD<\/span>.org\/ITN<\/span>\/2018\/07\/30\/the-2018-draft-dutch-model-bit-a-critical-assessment-bart-jaap-verbeek-and-roeline-knottnerus\/<\/a>. Para India, v\u00e9ase: Ranjan, P. (2016). India\u2019s bilateral investment treaty programme \u2013 Past, present and future. In K. Singh & B. Ilge (Eds.), Rethinking bilateral investment treaties: Critical issues and policy choices<\/em>. Amsterdam: Both ENDS; New Dehli: Madhyam; Amsterdam: SOMO. Para Indonesia, v\u00e9ase: Jailani, A. (2016). Indonesia\u2019s perspective on review of international investment agreements. In K. Singh & B. Ilge (Eds.), Rethinking bilateral investment treaties: Critical issues and policy choices<\/em>. Amsterdam: Both ENDS; New Dehli: Madhyam; Amsterdam: SOMO.<\/p>\n

    [9]<\/a> UNCTAD. (n.d.). Investment Policy Hub. Extra\u00eddo de http:\/\/investmentpolicyhub.unctad.org\/IIA<\/span><\/a><\/p>\n

    [10]<\/a> V\u00e9ase Berge (2018), nota 3 supra<\/em>, pp. 13\u201315 para una descripci\u00f3n m\u00e1s detallada sobre c\u00f3mo se elaboran estos \u00edndices.<\/p>\n

    [11]<\/a> Esta parte est\u00e1 basada en Alschner & Hui (2018), nota 3 supra<\/em>.<\/p>\n

    [12]<\/a> Sobre una evaluaci\u00f3n jur\u00eddica de estas cl\u00e1usulas, v\u00e9ase Sabanogullari, L. (2015, May 21). Los m\u00e9ritos y limitaciones de las cl\u00e1usulas de excepci\u00f3n en la pr\u00e1ctica contempor\u00e1nea de los tratados de inversi\u00f3n. Investment Treaty News<\/em>, 6<\/em>(2), 3\u20135. Extra\u00eddo de https:\/\/www.IISD<\/span>.org\/sites\/default\/files\/publications\/IISD<\/span>-itn-may-2015-sp.pdf<\/a><\/p>\n

    [13]<\/a> Copper Mesa Mining Corporation vs. La Rep\u00fablica de Ecuador<\/em>, CPA<\/span> No. 2012-2, Laudo, 15 de marzo de 2016. Extra\u00eddo de https:\/\/www.italaw.com\/sites\/default\/files\/case-documents\/italaw7443.pdf<\/a><\/p>\n

    [14]<\/a> Bear Creek Mining Corporation vs. La Rep\u00fablica de Per\u00fa<\/em>, Caso del CIADI<\/span> No. ARB\/14\/2, Laudo, 30 de noviembre de 2017. Extra\u00eddo de https:\/\/www.italaw.com\/sites\/default\/files\/case-documents\/italaw9382.pdf<\/a><\/p>\n

    [15]<\/a> Copper Mesa vs. Ecuador<\/em>, nota 13 supra<\/em>, p\u00e1rrafos 6.58\u20136.67.<\/p>\n

    [16]<\/a> Bear Creek vs. Per\u00fa<\/em>, nota 14 supra<\/em>, p\u00e1rrafos 4.73\u20134.74.<\/p>\n

    [17]<\/a> Sobre este punto, v\u00e9ase Legum, B. & Petculescu, I. (2013). GATT Article XX and international investment law. In Roberto Echandi & Pierre Sauve (Eds.), Prospects in international investment law and policy: World Trade Forum, <\/em>(340\u2013362). Cambridge: Cambridge University Press; y Levesque, C. (2013). The inclusion of GATT Article XX exceptions in IIAs: A potentially risky policy. In Roberto Echandi & Pierre Sauve (Eds.), Prospects in international investment law and policy: World Trade Forum, <\/em>(363\u2013370). Cambridge: Cambridge University Press.<\/p>\n

    [18]<\/a> Gold Reserve Inc. vs. La Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela<\/em> (Caso del CIADI No. ARB(AF)\/09\/1); Crystallex International Corporation vs. La Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela <\/em>(Caso del CIADI No. ARB(AF)\/11\/2; Rusoro Mining Ltd. vs. La Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela <\/em>(Caso del CIADI No. ARB(AF)\/12\/5).<\/p>\n

    [19]<\/a> Infinito Gold Ltd. vs. La Rep\u00fablica de Costa Rica <\/em>(Caso del CIADI No. ARB\/14\/5).<\/p>\n

    [20]<\/a> CC\/Devas v. La Rep\u00fablica de India <\/em>(Caso de la CPA No. 2013-09), Laudo sobre Jurisdicci\u00f3n y M\u00e9ritos, 25 de julio de 2016. Extra\u00eddo de https:\/\/www.italaw.com\/sites\/default\/files\/case-documents\/italaw9750.pdf<\/a><\/p>\n