{"id":11980,"date":"2018-10-17T08:30:42","date_gmt":"2018-10-17T06:30:42","guid":{"rendered":"http:\/\/172.30.141.17\/2018\/10\/17\/tribunal-del-ciadi-emite-laudo-determinando-que-espana-violo-tratado-sobre-la-carta-de-la-energia\/"},"modified":"2024-08-16T20:09:57","modified_gmt":"2024-08-16T18:09:57","slug":"tribunal-del-ciadi-emite-laudo-determinando-que-espana-violo-tratado-sobre-la-carta-de-la-energia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iisd.org\/itn\/es\/2018\/10\/17\/tribunal-del-ciadi-emite-laudo-determinando-que-espana-violo-tratado-sobre-la-carta-de-la-energia\/","title":{"rendered":"Tribunal del CIADI emite laudo determinando que Espa\u00f1a viol\u00f3 Tratado sobre la Carta de la Energ\u00eda"},"content":{"rendered":"

Antin Infrastructure Services Luxembourg S.\u00e0.r.l. y Antin Energia Termosolar B.V. vs. El Reino de Espa\u00f1a, Caso del CIADI<\/span> No. ARB\/13\/31<\/h2>\n

En un laudo final del 15 de junio de 2018, un tribunal del CIADI concluy\u00f3 que Espa\u00f1a viol\u00f3 el est\u00e1ndar de TJE<\/span> bajo el Art\u00edculo 10(1) del TCE<\/span>, en un caso iniciado por Antin Infrastructure Services Luxembourg S.\u00e0.r.l. y Antin Energia Termosolar B.V. (conjuntamente, Antin), empresas constituidas en Luxemburgo y en los Pa\u00edses Bajos, respectivamente.<\/p>\n

Antecedentes y demandas<\/h3>\n

Una de las pol\u00edticas adoptadas por Espa\u00f1a para estimular la inversi\u00f3n en el sector de energ\u00edas renovables fue el Real Decreto 661 de 2007 (RD661\/2007), bajo el cual los generadores de energ\u00eda renovable se beneficiar\u00edan de una prima establecida por el Gobierno espa\u00f1ol superior al precio de mercado mayorista. La base de la remuneraci\u00f3n para los generadores era una tarifa de alimentaci\u00f3n garantizada (FIT) durante la vida de la instalaci\u00f3n.<\/p>\n

Las inversiones de Antin basadas en el RD661\/2007 consistieron en la adquisici\u00f3n de una participaci\u00f3n accionaria en dos plantas operativas de energ\u00eda solar de concentraci\u00f3n (CSP, por sus siglas en ingl\u00e9s) (las Empresas Andasol) localizadas en Granada, al sur de Espa\u00f1a, en 2011. Antin reclam\u00f3 que el r\u00e9gimen regulatorio cambi\u00f3 considerablemente desde que realiz\u00f3 su inversi\u00f3n \u2013particularmente un nuevo r\u00e9gimen, creado por la Ley 15\/2012 del 28 de diciembre de 2012, el cual exclu\u00eda a las Empresas Andasol de la aplicaci\u00f3n del RD661\/2007, particularmente del derecho a recibir la tarifa FIT, y cre\u00f3 un impuesto sobre el valor de la energ\u00eda el\u00e9ctrica producida (TVPEE)\u2013.<\/p>\n

Las demandantes argumentaron que estos cambios tuvieron efectos muy perjudiciales para las Empresas Andasol, y por ende, para sus inversiones. Seg\u00fan el informe de expertos presentado por las demandantes, los pagos de la prima esperados conforme al RD661\/2007 superaban considerablemente a los pagos especiales estipulados por el nuevo r\u00e9gimen. Adem\u00e1s, seg\u00fan las demandantes, su libertad de flujo de efectivo y flujo de efectivo de capital tambi\u00e9n se redujo considerablemente.<\/p>\n

Antin inici\u00f3 el arbitraje solicitando que se declare que Espa\u00f1a viol\u00f3 el est\u00e1ndar de TJE bajo el Art\u00edculo 10(1) del TCE y la plena restituci\u00f3n a las demandantes por el restablecimiento de la situaci\u00f3n que exist\u00eda antes de las presuntas violaciones del TCE por Espa\u00f1a, junto con una compensaci\u00f3n por todas las p\u00e9rdidas sufridas antes de la restituci\u00f3n como resultado de las presuntas violaciones de tratado por Espa\u00f1a.<\/p>\n

Tribunal acepta jurisdicci\u00f3n sobre las controversias<\/h3>\n

Espa\u00f1a objet\u00f3 la jurisdicci\u00f3n personal del tribunal (ratione personae<\/em>) bas\u00e1ndose en que, dado que las demandantes son nacionales de los estados miembros de la UE<\/span> y que el demandado tambi\u00e9n es estado miembro de la UE, las demandantes no son inversores \u201cde otra Parte Contratante\u201d conforme al Art\u00edculo 26(1) del TCE. Espa\u00f1a consider\u00f3 que el contexto del TCE debe promover la exclusi\u00f3n de controversias entre inversionistas y Estados intra-UE basadas en el TCE. El tribunal, sin embargo, remarc\u00f3 que esta objeci\u00f3n ya hab\u00eda sido presentada por Espa\u00f1a como demandado en Charanne<\/em><\/a>, Isolux<\/em><\/a> y Eiser<\/em><\/a> y fue rechazada en todos los casos.<\/p>\n

Espa\u00f1a tambi\u00e9n aleg\u00f3 que el tribunal carec\u00eda de jurisdicci\u00f3n relativa al objeto de la demanda (ratione materiae<\/em>) ya que las demandantes no pose\u00edan o controlaban, directa o indirectamente, los activos identificados por las empresas como su inversi\u00f3n, y por lo tanto, no ten\u00edan inversiones protegidas bajo el Art\u00edculo 1(6) del TCE. El tribunal consider\u00f3 que los t\u00e9rminos del Art\u00edculo 1(6) del TCE implican que la inversi\u00f3n deben ser de propiedad o controlada por el inversor, directa o indirectamente, pero que en ninguna parte del texto o el contexto del TCE exist\u00eda un requisito de que solo el propietario o beneficiario real y final puede presentar demandas a arbitraje, tal como argument\u00f3 Espa\u00f1a. Por ende, el tribunal tambi\u00e9n rechaz\u00f3 esta objeci\u00f3n.<\/p>\n

La tercera objeci\u00f3n fue que el tribunal carec\u00eda de jurisdicci\u00f3n (ratione materiae<\/em>) para tratar una demanda relacionada con el impuesto sobre el valor de la producci\u00f3n de electricidad, promulgado por la Ley 15\/2012 (TVPEE), dado que Espa\u00f1a no consinti\u00f3 arbitrar las controversias relativas a presuntas violaciones del Art\u00edculo 10(1) del TCE surgidas de medidas impositivas, por medio de la exclusi\u00f3n contenida en el Art\u00edculo 21 del TCE. El tribunal concluy\u00f3 que el TVPEE fue dise\u00f1ado para servir un inter\u00e9s p\u00fablico general, no con el fin de destruir las inversiones de Antin. En consecuencia, admiti\u00f3 la objeci\u00f3n jurisdiccional de Espa\u00f1a para decidir sobre el TVPEE.<\/p>\n

Trato justo y equitativo bajo el Art\u00edculo 10(1) del TCE<\/h3>\n

Antin aleg\u00f3 que invirti\u00f3 en Espa\u00f1a confiando en el r\u00e9gimen del RD661\/2007, una medida dise\u00f1ada para atraer la inversi\u00f3n extranjera. Espec\u00edficamente, las demandantes argumentaron que esperaban leg\u00edtimamente que, dado que sus plantas cumpl\u00edan con todos los requisitos de registro, estar\u00edan sujetas al r\u00e9gimen FIT durante toda su vida operativa, ya que se basaban en una oferta de Espa\u00f1a bajo un decreto real.<\/p>\n

En particular, Antin aleg\u00f3 que Espa\u00f1a frustr\u00f3 esta expectativa leg\u00edtima, entre otras: retirando la FIT para la producci\u00f3n el\u00e9ctrica que utiliza gas natural, incorporando el TVPEE como un recorte disfrazado o injustificado de la tarifa FIT, eliminando el r\u00e9gimen econ\u00f3mico bajo el RD661\/2007 por completo e introduciendo un r\u00e9gimen considerablemente menos favorable sin FIT.<\/p>\n

El tribunal concluy\u00f3 que la obligaci\u00f3n de TJE bajo el Art\u00edculo 10(1) del TCE comprende una obligaci\u00f3n de brindar estabilidad fundamental en las principales caracter\u00edsticas del r\u00e9gimen jur\u00eddico en el cual se basaron los inversores para realizar sus inversiones a largo plazo. Sin embargo, coincidi\u00f3 con Espa\u00f1a en que esto no implicaba que un inversor podr\u00eda tener una expectativa leg\u00edtima de que el marco jur\u00eddico no podr\u00eda evolucionar o que un Estado parte del TCE no podr\u00eda ejercer sus poderes regulatorios para adaptar el r\u00e9gimen a las circunstancias cambiantes a favor del inter\u00e9s p\u00fablico. En cambio, seg\u00fan el tribunal, implicaba que las expectativas leg\u00edtimas del inversor pueden verse frustradas si el Estado receptor elimina las principales caracter\u00edsticas del marco regulatorio en el cual se bas\u00f3 el inversor para realizar una inversi\u00f3n a largo plazo.<\/p>\n

En conclusi\u00f3n, el tribunal sostuvo que el d\u00e9ficit tarifario que enfrentaba Espa\u00f1a no justificaba la eliminaci\u00f3n de las principales caracter\u00edsticas del r\u00e9gimen de RD661\/2007 y su reemplazo por un r\u00e9gimen totalmente nuevo, que no se basara en criterios identificables. Esto, seg\u00fan el tribunal, constitu\u00eda una violaci\u00f3n de las expectativas leg\u00edtimas del inversor y del est\u00e1ndar de TJE.<\/p>\n

Decisi\u00f3n y costos<\/h3>\n

El tribunal decidi\u00f3 que Espa\u00f1a viol\u00f3 el est\u00e1ndar de TJE bajo el Art\u00edculo 10(1) del TCE. Espa\u00f1a prefiri\u00f3 el m\u00e9todo basado en los activos y se opuso al de flujo de caja descontado (FCD) propuesto por Antin, que, seg\u00fan Espa\u00f1a era especulativo. El tribunal no coincidi\u00f3 con esto, considerando que la presunta imprevisibilidad del m\u00e9todo de FCD estaba fundamentalmente ligado a la imprevisibilidad del r\u00e9gimen jur\u00eddico espa\u00f1ol, y decidi\u00f3 aplicar el m\u00e9todo de FCD. Espa\u00f1a tuvo que pagar a Antin EUR 112 millones en compensaci\u00f3n por la violaci\u00f3n del TJE, con un inter\u00e9s del 2,07 por ciento pre y post laudo, compuesto mensualmente.<\/p>\n

Notas<\/em>: El tribunal estuvo compuesto por Eduardo Zuleta Jaramillo (presidente, designado por el Presidente del Consejo Administrativo del CIADI, nacional colombiano), Francisco Orrego Vicu\u00f1a (designado por las demandantes, ciudadano chileno) y J. Christopher Thomas (designado por el demandado, nacional canadiense). El laudo est\u00e1 disponible en https:\/\/www.italaw.com\/sites\/default\/files\/case-documents\/italaw9875.pdf<\/a>.<\/p>\n

Trishna Menon<\/strong> es Asociada de Clarus Law Associates, Nueva Delhi, India.<\/p>\n