En un arbitraje iniciado por la empresa chipriota Olin Holdings Limited (Olin), un tribunal de la CPI concluy\u00f3 que Libia incumpli\u00f3 sus obligaciones de otorgar al inversor TJE<\/span> y de brindar a las inversiones de Olin un trato no menos favorable que el otorgado a las inversiones nacionales de Libia. Adem\u00e1s, el tribunal dictamin\u00f3 que Libia expropi\u00f3 il\u00edcitamente las inversiones de Olin. El laudo fue dictado el 25 de mayo de 2018.<\/p>\n Durante la d\u00e9cada de 1990, Libia inici\u00f3 una serie de reformas para fomentar la inversi\u00f3n extranjera. En este contexto, Olin decidi\u00f3 invertir en una f\u00e1brica de l\u00e1cteos y jugos en Tr\u00edpoli. A finales de 2006, cuando la f\u00e1brica de Olin fue construida y estaba lista para operar, recibi\u00f3 una orden de desalojo (la Orden de Expropiaci\u00f3n) informando el desalojo de la f\u00e1brica y solicitando que en tres d\u00edas desalojara la propiedad.<\/p>\n El ej\u00e9rcito libio, poco despu\u00e9s de la emisi\u00f3n de la Orden de Desalojo y conforme a \u00e9sta, destruy\u00f3 varias instalaciones alrededor de la f\u00e1brica. Pese a que dos competidores libios en el mismo sector comercial fueron eximidos de la Orden, el gobierno libio se neg\u00f3 a eximir a Olin de la misma. Olin inici\u00f3 el procedimiento judicial en Libia, y la Orden fue anulada en 2010. Sin embargo, en febrero de 2011 comenz\u00f3 un per\u00edodo de revoluci\u00f3n, y el tribunal libio decidi\u00f3 reabrir el procedimiento. En 2014, dictamin\u00f3 que Olin no pudo probar el da\u00f1o sufrido. Olin interrumpi\u00f3 todas las operaciones en la f\u00e1brica en octubre de 2015.<\/p>\n Olin inici\u00f3 el arbitraje ante la CCI<\/span> en julio de 2014, solicitando al tribunal que declare que Libia viol\u00f3 el Art\u00edculo 7 del TBI<\/span> entre Chipre y Libia (el TBI), relacionado con la expropiaci\u00f3n; la cl\u00e1usula de trato nacional (Art\u00edculo 3 del TBI) y los est\u00e1ndares de TJE y protecci\u00f3n y seguridad plenas (PSP) (Art\u00edculo 2(2)). Olin solicit\u00f3 compensaci\u00f3n por p\u00e9rdidas pasadas y futuras.<\/p>\n Primero, los \u00e1rbitros analizaron el Art\u00edculo 7(1) y el Art\u00edculo 23 de la Ley de Inversiones libia, la cual establece est\u00e1ndares de expropiaci\u00f3n l\u00edcita: (i<\/em>) inter\u00e9s p\u00fablico; (ii<\/em>) de conformidad con un proceso debido de derecho; (iii<\/em>) sobre una base no discriminatoria (iv<\/em>) compensaci\u00f3n oportuna, adecuada y efectiva. El tribunal concluy\u00f3 que la Orden de Expropiaci\u00f3n no cumpl\u00eda con estos requisitos.<\/p>\n Inicialmente, el tribunal evalu\u00f3 qui\u00e9n se vio afectado por la Orden de Expropiaci\u00f3n. Pese a que la tierra donde se localizaba la f\u00e1brica de Olin pertenec\u00eda a un ciudadano libio, \u201cla Orden de Expropiaci\u00f3n necesariamente abarcaba a todas las instalaciones en la tierra en cuesti\u00f3n\u201d (p\u00e1rrafo 156). En referencia al caso Sd Myers v. Canad\u00e1<\/a>, el tribunal consider\u00f3 que las medidas estatales tuvieron un efecto equivalente a una expropiaci\u00f3n.<\/p>\n En cuanto al requisito del inter\u00e9s p\u00fablico, los \u00e1rbitros dictaminaron que las partes contendientes \u201cno presentaron pruebas lo suficientemente convincentes para sacar una conclusi\u00f3n definitiva\u201d (p\u00e1rrafo 169). Aun as\u00ed, consider\u00f3 que la Orden de Expropiaci\u00f3n era il\u00edcita ya que el proceso debido fue ignorado. Dado que se trat\u00f3 de una resoluci\u00f3n administrativa, el tribunal sostuvo que no cumpl\u00eda con el requisito de ser una ley o una decisi\u00f3n judicial. Adem\u00e1s, el tribunal concluy\u00f3 que la Orden era discriminatoria, y sostuvo que Libia no brind\u00f3 compensaci\u00f3n oportuna o efectiva.<\/p>\n Olin aleg\u00f3 que Libia le otorg\u00f3 un trato menos favorable que el conferido a los inversores libios, violando as\u00ed el Art\u00edculo 3 del TBI. El tribunal, observando los est\u00e1ndares del caso Total v. Argentina<\/a>, estableci\u00f3 que \u201cse puede demostrar un trato discriminatorio si el inversor prueba que el Estado ha tratado a las personas que se encuentran situadas en lugares similares de manera diferente\u201d (p\u00e1rrafo 202). A fin de determinar este umbral, el tribunal analiz\u00f3 si: (a) Olin y los inversores nacionales estaban localizados en lugares similares; (b) Libia trat\u00f3 a Olin de manera menos favorable que a los inversores nacionales; y (c) la discriminaci\u00f3n alegada estaba justificada.<\/p>\n Primero, los \u00e1rbitros determinaron que Olin y los inversores nacionales estaban situados similarmente, dado que las empresas operaban en el mismo sector comercial y se encontraban ubicados en la misma zona industrial. Segundo, Libia eximi\u00f3 expresamente a los inversores nacionales de las demoliciones y les permiti\u00f3 permanecer en el sitio de forma permanente, mientras que Olin enfrent\u00f3 4 a\u00f1os y medio de incertidumbre hasta que los tribunales libios derogaron la Orden de Expropiaci\u00f3n. Tercero, sostuvieron que Libia no pudo probar que la diferencia en el trato estaba justificada. Similarmente, el tribunal acept\u00f3 la demanda de trato nacional presentada por Olin.<\/p>\n El tribunal determin\u00f3 que la obligaci\u00f3n de TJE comprend\u00eda \u201cel respeto por la capacidad del inversor de operar su inversi\u00f3n con un m\u00ednimo nivel de certeza en cuanto a su destino y a su capacidad de tomar decisiones de negocios b\u00e1sicas sin restricciones\u201d (p\u00e1rrafo 311). Dictamin\u00f3 que la emisi\u00f3n de la Orden de Expropiaci\u00f3n frustr\u00f3 las expectativas leg\u00edtimas de Olin, ya que Libia impidi\u00f3 a Olin que operara su planta bajo condiciones comerciales normales.<\/p>\n Seg\u00fan el tribunal, Libia viol\u00f3 su obligaci\u00f3n de TJE debido a la falta de transparencia en la expropiaci\u00f3n de la tierra donde se ubicaba la planta de Olin, as\u00ed como al tomar una serie de medidas relacionadas con la importaci\u00f3n de una nueva l\u00ednea de producci\u00f3n y la repatriaci\u00f3n de los beneficios de Olin. Sin embargo, el tribunal sostuvo que Olin no cumpli\u00f3 con la carga de la prueba y con el \u201cumbral relativamente alto\u201d (p\u00e1rrafo 353) para demostrar una denegaci\u00f3n de justicia.<\/p>\n Adem\u00e1s, los \u00e1rbitros consideraron que la cl\u00e1usula de impedimento contenida en el Art\u00edculo 2(2) del TBI habr\u00eda sido violada si Libia \u201chubiera impedido la gesti\u00f3n, mantenimiento, uso, ejercicio y expansi\u00f3n de la inversi\u00f3n de la Demandante\u201d (p\u00e1rrafo 374) mediante medidas desproporcionadas o discriminatorias. Por lo tanto, el tribunal dictamin\u00f3 que las acciones de Libia tuvieron un impacto negativo en la inversi\u00f3n de Olin, violando la cl\u00e1usula de impedimento.<\/p>\n En relacion al Art\u00edculo 2(2) del TBI, el tribunal arbitral tambi\u00e9n concluy\u00f3 que Libia ten\u00eda la obligaci\u00f3n de \u201cgarantizar un clima de protecci\u00f3n y seguridad\u201d (p\u00e1rrafo 362). El tribunal hizo referencia al caso Saluka v. La Rep\u00fablica Checa<\/a> y dictamin\u00f3 que no hubo uso de la fuerza ni ataque a la integridad f\u00edsica. Por lo tanto, pese a que la f\u00e1brica de Olin tuvo que reducir su ritmo de producci\u00f3n, los \u00e1rbitros afirmaron que no hab\u00eda evidencia para concluir que Libia viol\u00f3 el est\u00e1ndar de protecci\u00f3n y seguridad plenas.<\/p>\n El tribunal decidi\u00f3 que Olin estaba facultada para recibir compensaci\u00f3n plena por las p\u00e9rdidas sufridas. Considerando que Olin no cumpli\u00f3 con la carga de la prueba en cuanto al monto de sus p\u00e9rdidas futuras, los \u00e1rbitros dictaminaron que deb\u00eda recibir compensaci\u00f3n \u00fanicamente por p\u00e9rdidas pasadas. Los da\u00f1os fueron evaluados a trav\u00e9s del m\u00e9todo de flujo de caja descontado (FCD).<\/p>\n El tribunal concluy\u00f3 que Libia viol\u00f3 los Art\u00edculos 2(2), 3 y 7 del TBI y orden\u00f3 al Estado libio el pago de EUR 18.225.000 a Olin en compensaci\u00f3n por sus p\u00e9rdidas pasadas, m\u00e1s un inter\u00e9s simple del 5 por ciento anual. En cuanto a los costos y gastos, el tribunal decidi\u00f3 que Libia deb\u00eda reembolsar el 75 por ciento de los costos de Olin, alcanzando una suma de EUR 1.069.687. Asimismo, se orden\u00f3 a Libia el pago de USD 773.000 por gastos de arbitraje.<\/p>\n Notas<\/em>: El tribunal arbitral estuvo compuesto por Nayla Comair-Obeid (\u00e1rbitra presidente nominada por la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI, ciudadana libanesa y francesa), Roland Ziad\u00e9 (designado por la demandante, nacional liban\u00e9s, franc\u00e9s y ecuatoriano) e Ibrahim Fadlallah (nominado por el demandado, ciudadano liban\u00e9s y franc\u00e9s). El laudo final del 25 de mayo de 2018 est\u00e1 disponible en https:\/\/www.italaw.com\/sites\/default\/files\/case-documents\/italaw9766_0.pdf<\/a><\/p>\n Pietro Benedetti Teixeira Webber<\/strong> est\u00e1 cursando el \u00faltimo a\u00f1o de estudio en la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de R\u00edo Grande do Sul, Brasil.<\/p>\nAntecedentes y demandas<\/h3>\n
Libia incumpli\u00f3 los est\u00e1ndares de expropiaci\u00f3n l\u00edcita<\/h3>\n
Libia viol\u00f3 su obligaci\u00f3n de trato nacional<\/h3>\n
Libia no otorg\u00f3 TJE a Olin y viol\u00f3 la cl\u00e1usula de impedimento<\/h3>\n
Libia no viol\u00f3 el est\u00e1ndar de protecci\u00f3n y seguridad plenas<\/h3>\n
Se otorgan EUR 18 millones a la demandante en compensaci\u00f3n por p\u00e9rdidas pasadas<\/h3>\n
Decisi\u00f3n y costos<\/h3>\n