{"id":11974,"date":"2018-10-17T08:26:51","date_gmt":"2018-10-17T06:26:51","guid":{"rendered":"http:\/\/172.30.141.17\/2018\/10\/17\/la-republica-checa-elude-otra-demanda-en-relacion-con-su-programa-de-energias-renovables\/"},"modified":"2024-08-16T20:10:05","modified_gmt":"2024-08-16T18:10:05","slug":"la-republica-checa-elude-otra-demanda-en-relacion-con-su-programa-de-energias-renovables","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iisd.org\/itn\/es\/2018\/10\/17\/la-republica-checa-elude-otra-demanda-en-relacion-con-su-programa-de-energias-renovables\/","title":{"rendered":"La Rep\u00fablica Checa elude otra demanda en relaci\u00f3n con su programa de energ\u00edas renovables"},"content":{"rendered":"

Antaris Solar GmbH y el Dr. Michael G\u00f6de vs. La Rep\u00fablica Checa, Caso de la CPA<\/span> No. 2014-01<\/h2>\n

En un laudo del 2 de mayo de 2018, un tribunal constituido bajo la CPA desestim\u00f3 las demandas entabladas por inversores alemanes en energ\u00edas renovables por la violaci\u00f3n de las cl\u00e1usulas de protecci\u00f3n y seguridad plenas (PSP) y de TJE<\/span> bajo el TCE<\/span> y el TBI<\/span> entre Alemania y Checoslovaquia de 1992.<\/p>\n

Antecedentes y demandas<\/h3>\n

La Ley 180\/2005 (Ley de Promoci\u00f3n) de Checoslovaquia entr\u00f3 en vigencia el 1 de agosto de 2005 y estaba destinada a promover el uso de sistemas de energ\u00eda renovable y aumentar la cuota de electricidad generada de fuentes de energ\u00eda renovable. Conforme a la Secci\u00f3n 6 de la Ley, Checoslovaquia brind\u00f3 a los inversores una tarifa m\u00ednima sostenida en el marco del programa de tarifas de alimentaci\u00f3n garantizadas (feed-in tariff<\/em>, FIT) para las fuentes de energ\u00eda renovable por 15 a\u00f1os desde la fecha de puesta en marcha de tales fuentes. Posteriormente, la Oficina Reguladora de la Energ\u00eda checa (Energy Regulatory Office<\/em>, ERO) extendi\u00f3 este per\u00edodo a 20 a\u00f1os.<\/p>\n

Despu\u00e9s de esta legislaci\u00f3n, la ERO hizo presentaciones tanto en el extranjero como en la Rep\u00fablica Checa garantizando el precio m\u00ednimo prescripto legalmente por 15 (posteriormente 20) a\u00f1os.<\/p>\n

En los a\u00f1os siguientes, la popularidad del programa junto con una baja en los costos de producci\u00f3n fotovoltaica (FV) gener\u00f3 entre los funcionarios checos un temor por el aumento del precio de la electricidad para consumidores dom\u00e9sticos e industriales. En respuesta a esto, el 14 de diciembre de 2010, Checoslovaquia promulg\u00f3 la Ley 402\/2010, por medio de la cual se aplic\u00f3 efectivamente un impuesto solar del 26 por ciento en las FITs y un 28 por ciento en bonos verdes. El 1 de enero de 2011, la Ley 330\/2010 aboli\u00f3 todos los incentivos relativos a las plantas FV con una potencia instalada superior a los 30 kW, y que fueron puestas en servicio despu\u00e9s del 1 de marzo de 2011.<\/p>\n

El 8 de mayo de 2013, Antaris Solar GmbH y el Dr. Michael G\u00f6de, junto con ocho demandantes m\u00e1s, iniciaron un arbitraje contra Checoslovaquia. Alegaron que Checoslovaquia hab\u00eda violado sus obligaciones tanto bajo el TCE como el TBI al incumplir con los acuerdos de incentivos econ\u00f3micos que originalmente pretend\u00edan atraer a inversores en la generaci\u00f3n de energ\u00eda FV.<\/p>\n

Tribunal rechaza objeci\u00f3n jurisdiccional en base a exclusi\u00f3n fiscal del TCE<\/h3>\n

Checoslovaquia aleg\u00f3 que el tribunal no ten\u00eda jurisdicci\u00f3n sobre las demandas de los demandantes bajo el TCE ya que el impuesto a la energ\u00eda solar y las posteriores modificaciones de la Ley de Promoci\u00f3n constitu\u00edan medidas impositivas bajo el derecho checo y, como tales, estaban eximidas por medio de la exclusi\u00f3n fiscal contenida en el Art\u00edculo 21 del TCE.<\/p>\n

En respuesta, los demandantes invocaron el Art\u00edculo 31(1) de la VCLT<\/span> al solicitar al tribunal que leyera las modificaciones de la Ley de Promoci\u00f3n de buena fe y en el contexto del TCE. De acuerdo con este razonamiento, afirmaron que el impuesto sobre la energ\u00eda solar era caracterizado m\u00e1s adecuadamente como una deducci\u00f3n del FIT en vez de ser un impuesto, cuyo objeto y prop\u00f3sito es la compensaci\u00f3n de pagos realizados desde el presupuesto estatal al FIT.<\/p>\n

Al rechazar la afirmaci\u00f3n de Checoslovaquia, el tribunal consider\u00f3 pertinente que el Tribunal Supremo Administrativo, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Finanzas de Checoslovaquia concluyeran que el impuesto a la energ\u00eda solar fuera en esencia una reducci\u00f3n de la FITs. El tribunal afirm\u00f3 que el Art\u00edculo 21 del TCE \u00fanicamente puede ser invocado por medidas impositivas cuyo principal objetivo sea la recaudaci\u00f3n estatal, y no reducir FITs pagaderas.<\/p>\n

Checoslovaquia no actu\u00f3 de manera arbitraria ni injustificada, y no frustr\u00f3 expectativas leg\u00edtimas<\/h3>\n

Reconociendo el objeto y prop\u00f3sito del TCE, Checoslovaquia aleg\u00f3 que el tratado no estaba destinado a brindar un marco jur\u00eddico exento de cambios futuros. Dicho pa\u00eds argument\u00f3 que la continuidad de la FITs durante el tiempo de vida de los proyectos, la existencia de una tasa de retorno razonable y las medidas de inter\u00e9s p\u00fablico por las cuales fueron realizadas las modificaciones, demuestran que las medidas tomadas por Checoslovaquia no pod\u00edan ser tildadas de irrazonables o desproporcionadas.<\/p>\n

En respuesta, los demandantes afirmaron que la Ley de Promoci\u00f3n conten\u00eda una promesa intr\u00ednseca de estabilidad regulatoria y que las inversiones fueron realizadas a consecuencia de la premisa de estabilidad y a una tarifa m\u00ednima de FITs pagadera a lo largo de 15 (posteriormente 20) a\u00f1os. Aplicando la prueba de tres partes del caso Micula<\/em> vs. Rumania<\/em><\/a>, <\/em>la frustraci\u00f3n de las expectativas leg\u00edtimas de los demandantes ocurrieron porque (i) hab\u00eda una promesa espec\u00edfica de estabilidad, (ii) la promesa era fundamental para la inversi\u00f3n de los demandantes y (iii) que dicha confianza era razonable.<\/p>\n

Reflejando el reciente llamado de los tribunales del TCE a desarrollar un enfoque equilibrado, el tribunal sostuvo que el TCE no establece una obligaci\u00f3n permanente de brindar un marco jur\u00eddico estable y previsible. El tribunal tampoco acept\u00f3 lo que se propuso en el caso Charanne vs. Espa\u00f1a<\/em><\/a> en torno a que no pueden surgir expectativas leg\u00edtimas en ausencia de un compromiso espec\u00edfico. El tribunal consider\u00f3 suficiente que una promesa expresa o impl\u00edcita puede dar lugar a una expectativa leg\u00edtima.<\/p>\n

El tribunal no dud\u00f3 en afirmar que el principal objetivo de la Ley de Promoci\u00f3n era el de establecer un r\u00e9gimen seguro, estable y previsible. La promesa clara de ERO de garantizar una tarifa m\u00ednima de FITs, junto con las declaraciones de los funcionarios p\u00fablicos, reforzaron este asunto recurrente.<\/p>\n

Sin embargo, el tribunal critic\u00f3 a los demandantes por ser un \u201cinversor oportunista\u201d (p\u00e1rrafo 431) que deber\u00eda haber sabido que los cambios en el r\u00e9gimen existente eran inminentes. El tribunal reiter\u00f3 las declaraciones del Primer Ministro, el Ministro de Industria y Comercio y del Ministro de Ambiente de Checoslovaquia, junto con los comunicados de prensa, donde se anunciaban cambios inminentes a los incentivos regulatorios y la controversia pol\u00edtica alrededor del programa de energ\u00edas renovables de dicho pa\u00eds. Por lo tanto, seg\u00fan el tribunal, la falta de diligencia debida exclu\u00eda la demanda de impedimento de los demandantes por conducta arbitraria y desproporcionada.<\/p>\n

Algo que resulta importante mencionar una vez m\u00e1s es que, al confirmar la existencia de expectativas leg\u00edtimas, el tribunal declar\u00f3 que \u201cno acept[\u00f3] que\u2026haya una obligaci\u00f3n permanente de brindar un marco de inversi\u00f3n estable y previsible\u201d (p\u00e1rrafo 365). Tampoco acept\u00f3 la afirmaci\u00f3n de Checoslovaquia exigiendo un acuerdo de estabilizaci\u00f3n espec\u00edfico para que surjan expectativas leg\u00edtimas (p\u00e1rrafo 365). Sin embargo, debido al inter\u00e9s p\u00fablico de las medidas para combatir la suba de los precios para el consumidor y de beneficios imprevistos para el inversor, junto con la propia falta de diligencia debida de los inversores, la mayor\u00eda desestim\u00f3 las demandas de TJE y de impedimento.<\/p>\n

Costos<\/h3>\n

Si bien Checoslovaquia gan\u00f3 en relaci\u00f3n a los m\u00e9ritos, el tribunal decidi\u00f3 que los demandantes deb\u00edan pagar solo tres cuartos de los costos del arbitraje ya que triunfaron en la cuesti\u00f3n de la exclusi\u00f3n fiscal.<\/p>\n

Opini\u00f3n disidente del \u00e1rbitro Gary Born<\/h3>\n

Manteniendo su opini\u00f3n disidente en el caso Wirtgen vs. Checoslovaquia<\/em><\/a>, <\/em>Born no consider\u00f3 la diligencia debida como una condici\u00f3n para la protecci\u00f3n que brinda el tratado bajo el derecho internacional. De acuerdo con Born, la diligencia debida entrar\u00eda en juego si contradijera la comprensi\u00f3n inicial de la inversi\u00f3n por parte de los demandantes desde un comienzo. A este respecto, Born consider\u00f3 que el lenguaje de la Secci\u00f3n 6 de la Ley de Promoci\u00f3n era claro al otorgar una garant\u00eda a largo plazo de una tarifa m\u00ednima espec\u00edfica del FIT y que una mayor diligencia debida no hubiera llevado a los demandantes a pensar lo contrario.<\/p>\n

Adem\u00e1s, Born critic\u00f3 a la mayor\u00eda por no dar efecto a las expectativas leg\u00edtimas que surgieron del marco regulatorio general. Reiteradamente subray\u00f3 la importancia de la naturaleza vinculante de la legislaci\u00f3n. Seg\u00fan Born, la legislaci\u00f3n es un medio tanto pragm\u00e1tico como apropiado para la regulaci\u00f3n de la conducta de un sistema econ\u00f3mico; denegar a \u201clos Estados el poder de asumir compromisos vinculantes con partes privadas, incluyendo a inversores, por v\u00eda de garant\u00edas legislativas (o regulatorias)\u201d constituir\u00eda una afronta al imperio de la ley (opini\u00f3n disidente, p\u00e1rrafo 37).<\/p>\n

Similarmente al caso Micula<\/em>, un tema de importancia singular para Born es \u201csi las declaraciones y acciones del Estado brindan un compromiso suficientemente claro en cuanto al trato futuro para dar lugar a derechos legales o expectativas leg\u00edtimas por parte del inversor\u201d (opini\u00f3n disidente, p\u00e1rrafo 35). Debido a la existencia de un marco regulatorio que establec\u00eda expl\u00edcitamente la estabilidad econ\u00f3mica, en la opini\u00f3n disidente se respondi\u00f3 a este interrogante de manera afirmativa.<\/p>\n

Notas<\/em>: El tribunal estuvo compuesto por Lawrence Antony Collins (presidente designado por los co-\u00e1rbitros, nacional brit\u00e1nico), Gary Born (designado por los demandantes, nacional norteamericano) y Peter Tomka (designado por la demandada, nacional eslovaco). El laudo est\u00e1 disponible en ingl\u00e9s en https:\/\/www.italaw.com\/sites\/default\/files\/case-documents\/italaw9809.pdf<\/a> y la opini\u00f3n disidente de Gary Born tambi\u00e9n est\u00e1 disponible en ingl\u00e9s en https:\/\/www.italaw.com\/sites\/default\/files\/case-documents\/italaw9810.pdf<\/a><\/p>\n

Joseph Paguio<\/strong> es abogado canadiense y trabaja en el Centro de Arbitraje Internacional de Asia en Kuala Lumpur, Malasia. Posee un LL.M. (Master en Leyes) en Derecho Internacional de la Universidad de Edinburgh.<\/p>\n