En el Caso C-284\/16 Achmea<\/em>, el Tribunal de Justicia Europeo (TJE<\/span>) declar\u00f3 una cl\u00e1usula de arbitraje de un acuerdo internacional de inversi\u00f3n (AII<\/span>) celebrado por los Estados miembros de la Uni\u00f3n Europea (UE<\/span>) incompatible con el derecho de la UE[1]<\/a>. Este fallo sin precedentes probablemente tenga profundas consecuencias en las cl\u00e1usulas de arbitraje de inversi\u00f3n de los actuales y futuros tratados y cap\u00edtulos de inversi\u00f3n celebrados por los Estados miembros de la UE o por la misma Uni\u00f3n. En este art\u00edculo, discuto el fallo desde un punto de vista del derecho constitucional de la UE y posteriormente analizo las posibles consecuencias del mismo.<\/p>\n La clave para entender el fallo de Achmea <\/em>es la estructura judicial \u00fanica de la Uni\u00f3n Europea y c\u00f3mo se puede ver afectada por la ISDS<\/span>. Bajo los Tratados de la UE, los tribunales de los Estados miembros y el TJE colaboran y entran en un di\u00e1logo para resolver las controversias que de alguna manera involucran al derecho de la UE. A trav\u00e9s del procedimiento de remisi\u00f3n prejudicial establecidos en el Art\u00edculo 267 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Uni\u00f3n Europea (TFUE<\/span>), los Estados miembros de la UE fundamentalmente preguntan al TJE sobre c\u00f3mo opera el derecho europeo y posteriormente se requiere que los mismos respeten las respuestas dadas por el Tribunal. El TJE otorga suma importancia a este di\u00e1logo (se refiere al mecanismo como la \u201cpiedra angular\u201d del sistema judicial de la Uni\u00f3n y el Tribunal de Justicia y los tribunales de los El sistema de remisiones prejudiciales es vital porque garantiza que el derecho de la UE funcione eficaz y uniformemente en toda la Uni\u00f3n y preserve las caracter\u00edsticas esenciales del ordenamiento jur\u00eddico de la UE. Estas caracter\u00edsticas esenciales son que el derecho de la UE se basa en una fuente de derecho independiente \u2014los Tratados de la UE\u2014 que opera completamente independiente del derecho internacional y interno de los Estados miembros (es \u201caut\u00f3noma\u201d) y posee \u201cprimac\u00eda\u201d sobre estas fuentes[3]<\/a>. Para que el TJE pueda garantizar la plena eficacia del derecho de la UE, resulta crucial preservar la facultad de los tribunales de los Estados miembros de la UE para pronunciarse sobre cuestiones prejudiciales. Dado que los tribunales de ISDS esencialmente eximen las controversias de la jurisdicci\u00f3n de los tribunales de los Estados miembros de la UE, y por ende, del sistema judicial de la Uni\u00f3n, el fallo del caso Achmea <\/em>no fue una sorpresa para los conocedores del derecho de la UE[4]<\/a>.<\/p>\n El caso Achmea<\/em> principalmente trata sobre una cuesti\u00f3n prejudicial del Tribunal Federal de Justicia Alem\u00e1n en cuanto a si el derecho de la UE excluye la aplicaci\u00f3n de una cl\u00e1usula de arbitraje en un AII entre Estados miembros de la UE. Eslovaquia hab\u00eda impugnado ante los tribunales alemanes la jurisdicci\u00f3n de un tribunal de inversi\u00f3n constituido bajo el tratado bilateral de inversi\u00f3n (TBI<\/span>) entre los Pa\u00edses Bajos y Eslovaquia. Un inversor holand\u00e9s (Achmea) recurri\u00f3 a dicho tribunal de inversi\u00f3n por una revocaci\u00f3n parcial de una decisi\u00f3n del gobierno eslovaco de 2004 que privatiz\u00f3 el mercado de los seguros de salud. En 2007, Eslovaquia prohibi\u00f3 la distribuci\u00f3n de los beneficios derivados de las actividades de seguro de salud privado. El tribunal de inversi\u00f3n consider\u00f3 esto como una violaci\u00f3n del TBI y otorg\u00f3 a Achmea un laudo por da\u00f1os de EUR 22,1 millones.<\/p>\n Sin embargo, tambi\u00e9n existe una dimensi\u00f3n del derecho de la UE en la controversia entre Achmea y Eslovaquia ya que los compromisos establecidos en la Uni\u00f3n pueden valerse de las libertades fundamentales del mercado interno de la UE, incluyendo la libre circulaci\u00f3n de capitales y la libertad de establecimiento. Estos derechos se encuentran garantizados por los tribunales de los Estados miembros de la UE. Asimismo, la Comisi\u00f3n Europea, como \u201cgarante de los Tratados de la UE\u201d, est\u00e1 facultada para presentar un procedimiento por incumplimiento de los Estados miembros de la UE en cuanto a dichas libertades. Sin embargo, la Comisi\u00f3n no se pronunci\u00f3 sobre este procedimiento en contra de Eslovaquia siguiendo un fallo del Tribunal Constitucional de Eslovaquia y la posterior enmienda jur\u00eddica que una vez m\u00e1s permiti\u00f3 la distribuci\u00f3n de beneficios. De la misma manera, Achmea podr\u00eda haber solicitado da\u00f1os contra Eslovaquia ante los tribunales eslovacos por su responsabilidad no contractual de incumplir con el derecho de la UE. En cambio, present\u00f3 una demanda ante un tribunal de inversi\u00f3n bajo el TBI, probablemente esperando un resultado m\u00e1s favorable. Esto no sorprende, ya que el r\u00e9gimen del derecho de inversiones tiende a considerar menos los intereses estatales que el poder judicial de la UE[5]<\/a>.<\/p>\n El fallo del TJE fue tan directo como constitucional, abordando tres caracter\u00edsticas clave de la cl\u00e1usula de arbitraje contenida en el TBI que la tornaban incompatible con el sistema judicial de la Uni\u00f3n Europea y la autonom\u00eda del derecho de la UE.<\/p>\n Despu\u00e9s de referirse a las caracter\u00edsticas esenciales de la autonom\u00eda del ordenamiento jur\u00eddico de la UE (p\u00e1rrafos 32\u201338), el tribunal afirm\u00f3 que las controversias que puede conocer un tribunal arbitral \u201cpueden tener relaci\u00f3n con la interpretaci\u00f3n o la aplicaci\u00f3n del derecho de la UE\u201d (p\u00e1rrafo 39). Para el TJE, el mero hecho de que un tribunal pudiera \u201ctener en cuenta el derecho vigente de la parte contratante afectada y otros tratados pertinentes entre las partes contratantes\u201d resultaba suficiente para llegar a dicha conclusi\u00f3n (p\u00e1rrafos 40\u201342).<\/p>\n Habiendo establecido el punto importante de que los tribunales de inversi\u00f3n podr\u00edan potencialmente interpretar el derecho de la UE, el TJE prosigui\u00f3 a determinar si dichos tribunales eran parte del sistema judicial de la Uni\u00f3n. Si este era el caso, estos tribunales estar\u00edan sujetos al Art\u00edculo 267 del TFEU<\/span> y, por lo tanto, la plena eficacia del derecho de la UE podr\u00eda ser preservada, porque, entre otras razones, aquellos tribunales podr\u00edan pronunciarse sobre cuestiones prejudiciales. Sobre este punto en particular, el Abogado General Wathelet hab\u00eda argumentado que los tribunales de inversi\u00f3n establecidos bajo los AIIs entre los Estados miembros de la UE podr\u00edan ser considerados como una corte o tribunal \u201ccom\u00fan a dos Estados miembros de la [UE]\u201d similar al tribunal de Benelux[6]<\/a>. En otras palabras, el argumento era que los tribunales de inversi\u00f3n no eran una alternativa independiente internacionalmente al poder judicial interno, sino parte del mismo. El TJE, sin embargo, simplemente concluy\u00f3 que \u201cel tribunal arbitral no constituye un elemento del sistema judicial de los Pa\u00edses Bajos o de Eslovaquia\u201d. Remarc\u00f3 que \u201ces precisamente la naturaleza excepcional de la jurisdicci\u00f3n de este tribunal arbitral comparado con la de los \u00f3rganos judiciales de esos dos Estados miembros [de la UE] lo que constituye una de las principales razones de ser\u201d de la cl\u00e1usula de arbitraje en cuesti\u00f3n (p\u00e1rrafo 45).<\/p>\n Dado que el tribunal de inversi\u00f3n podr\u00eda interpretar o aplicar el derecho de la UE, pero que no era parte del sistema judicial de la Uni\u00f3n, la tercera y \u00faltima consideraci\u00f3n que deb\u00eda hacer el TJE era si el laudo emitido por un tribunal arbitral estaba sujeto a la revisi\u00f3n de un tribunal de un Estado miembro de la UE. Para el TJE esto era necesario para garantizar \u201cque las cuestiones relativas al derecho de la Uni\u00f3n que pudiera tener que tratar ese tribunal arbitral puedan ser sometidas, en su caso, al Tribunal de Justicia en el marco de un procedimiento prejudicial\u201d (p\u00e1rrafo 50). En otras palabras, para el TJE era fundamental que el sistema judicial de la Uni\u00f3n siguiera en pleno control de la posible interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del derecho de la UE.<\/p>\n Sobre esto, el Tribunal arroj\u00f3 dos conclusiones importantes. Primero, remarc\u00f3 la libertad del tribunal de inversi\u00f3n para elegir su foro y consecuentemente el derecho aplicable en cuanto a la revisi\u00f3n de los laudos. Segundo, subray\u00f3 que la revisi\u00f3n judicial de los laudos es muy limitada bajo el derecho alem\u00e1n. Seg\u00fan el TJE, pese a que esto puede ser aceptable en el contexto del arbitraje comercial, el arbitraje de inversi\u00f3n es fundamentalmente diferente. El arbitraje de inversi\u00f3n \u201cresulta de un tratado mediante el cual los Estados miembros [UE] se comprometen a sustraer de la competencia de sus propios tribunales, y, por tanto, del sistema de v\u00edas de recurso judicial que [el derecho de la UE] les impone establecer en los \u00e1mbitos cubiertos por el derecho de la UE, los litigios que puedan referirse a la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de ese derecho\u201d (p\u00e1rrafo 55).<\/p>\n Estas tres caracter\u00edsticas clave del arbitraje de inversi\u00f3n (la posibilidad de interpretar el derecho de la UE, sin ser parte del sistema judicial de la UE y los medios limitados de revisi\u00f3n de los laudos) llevaron al TJE a concluir que los Estados miembros de la UE \u201chan establecido un mecanismo de resoluci\u00f3n de litigios entre un inversor y un Estado miembro [UE] que puede impedir que dichos litigios sean dirimidos en una manera que garantice la plena eficacia del derecho de la UE, a pesar de que pudieran tratarse de la interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n del Derecho de la Uni\u00f3n\u201d (p\u00e1rrafo 56). El TJE agreg\u00f3 que la cl\u00e1usula de arbitraje \u201cpuede poner en peligro no solo el principio de confianza mutua entre los Estados miembros [UE] sino la preservaci\u00f3n de la naturaleza particular del derecho establecido por los Tratados, garantizado por el procedimiento de remisi\u00f3n prejudicial previsto en el art\u00edculo 267 TFUE, por lo que no es compatible con el principio de cooperaci\u00f3n legal\u201d (p\u00e1rrafo 58).<\/p>\n El fallo del caso Achmea<\/em> requiere algunos comentarios sobre el enfoque del TJE hacia los tribunales de inversi\u00f3n y sobre las consecuencias del fallo en la soluci\u00f3n de controversias entre inversionista y Estado (ISDS) en Europa.<\/p>\n Primero, el fallo no solo confirma la fuerte adhesi\u00f3n del TJE a la preservaci\u00f3n de las facultades de los tribunales nacionales de la UE, sino que tambi\u00e9n muestra c\u00f3mo el TJE ve a los tribunales de inversi\u00f3n. No los considera parte del sistema judicial interno de la UE, ni como un complemento del sistema judicial interno a nivel internacional. En cambio, considera a los tribunales de inversi\u00f3n como rivales y amenazas al sistema judicial de la Uni\u00f3n. Esto tambi\u00e9n torna a la ISDS diferente de los mecanismos entre Estados bajo el derecho internacional. Para el TJE, a trav\u00e9s de las cl\u00e1usulas de arbitraje, los Estados miembros de la UE sustraen las controversias de la competencia de sus propios tribunales y, por ende, del sistema de v\u00edas de recurso judicial que el derecho de la UE requiere establecer en aquellos \u00e1mbitos cubiertos por el derecho de la UE.<\/p>\n El TJE no est\u00e1 muy interesado en el conflicto presente entre el derecho de la UE y el derecho internacional de las inversiones. Le preocupa que una controversia que posiblemente <\/em>podr\u00eda involucrar cuestiones de derecho de la UE sea sustra\u00edda de los tribunales de la UE. Para el TJE, esto es problem\u00e1tico, porque bajo el Art\u00edculo 19 del TFUE se requiere que los Estados miembros de la UE garanticen que sus propios tribunales sean capaces de brindar recurso judicial en los \u00e1mbitos cubiertos por el derecho de la UE. Se trata de una doctrina que posiblemente tenga alto alcance basada en prevenir que cualquier controversia que pueda ser resuelta por el sistema judicial de la Uni\u00f3n recaiga en manos de tribunales de inversi\u00f3n, en lugar de evitar un conflicto directo presente entre el derecho de la UE y el derecho de las inversiones[7]<\/a>.<\/p>\n \u00bfDe cuan alto alcance son las consecuencias del fallo Achmea <\/em>en el arbitraje de inversiones? Sin duda, los TBIs intra-UE se ver\u00e1n afectados (actualmente hay alrededor de 200 de estos TBIs). Si bien el TJE no puede invalidar el TBI entre los Pa\u00edses Bajos y Eslovaquia, el derecho de la UE exige que los tribunales nacionales dejen de lado y excluyan la aplicaci\u00f3n de legislaci\u00f3n nacional e internacional que no sea compatible[8]<\/a>. Esto pr\u00e1cticamente significa que la ejecuci\u00f3n de laudos emitidos por este tipo de tribunales ante los tribunales de los Estados miembros de la UE se ha tornado jur\u00eddicamente imposible. Adem\u00e1s, estos laudos pueden ser recusados ante los tribunales de la UE. Este tambi\u00e9n es el caso de los laudos dictados por tribunales del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI<\/span>), ya que el derecho de la UE traba toda obligaci\u00f3n de derecho internacional que sea incompatible entre los Estados miembros de la UE[9]<\/a>. Asimismo, la Comisi\u00f3n puede reiniciar su procedimiento de incumplimiento contra Estados miembros de la UE por no terminar sus TBIs intra-UE[10]<\/a>. Bajo los Tratados de la UE, la Comisi\u00f3n puede entablar una demanda en contra de los Estados miembros de la UE por violar el derecho de la UE ante tribunales de la Uni\u00f3n. Finalmente, esto puede resultar en sanciones financieras para los Estados miembros. Por \u00faltimo, solicitantes particulares, tales como organizaciones no gubernamentales, pueden impugnar la validez de estos TBIs intra-UE ante los tribunales de los Estados miembros de la UE.<\/p>\n La cuesti\u00f3n de los futuros TBIs extra-UE \u2014aquellos celebrados entre Estados miembros de la UE y Estados que no son miembros\u2014 es a\u00fan m\u00e1s compleja. El eje principal del razonamiento del TJE deja claro que las cl\u00e1usulas de arbitraje contenidas en tales acuerdos no est\u00e1n inmunes a ser impugnadas. De hecho, los tribunales bajo tales tratados bien pueden potencialmente sustraer controversias que traten cuestiones de derecho de la UE o recurso judicial de la UE de los tribunales de sus Estados miembros. Como resultado, puede exigirse a los Estados miembros de la UE que terminen estos acuerdos, y la ejecuci\u00f3n de los laudos ante los tribunales de los estados miembro puede ser puesta en duda. Aun as\u00ed, deberemos esperar una decisi\u00f3n definitiva del TJE sobre este asunto en el futuro. En todo caso, los Estados miembros de la UE a\u00fan pueden desempe\u00f1ar sus obligaciones bajo los TBIs celebrados antes de su membres\u00eda a la UE bajo las condiciones establecidas bajo el Art\u00edculo 351 del TFUE. Este art\u00edculo permite a los Estados miembros honrar sus compromisos internacionales con terceros Estados asumidos antes de convertirse en miembros de la UE. Sin embargo, el texto del art\u00edculo sugiere que esto s\u00f3lo se trata de obligaciones de los Estados miembros hacia terceros Estados, no particulares[11]<\/a>. Adem\u00e1s, impone obligaciones sobre los Estados miembros de la UE de que adopten todas las medidas apropiadas para eliminar incompatibilidades, incluyendo la denuncia de acuerdos internacionales[12]<\/a>. Asimismo, las obligaciones asumidas bajo el Convenio del CIADI y la ejecuci\u00f3n de laudos del CIADI pueden resultar en planteamientos jur\u00eddicos similares.<\/p>\n Por \u00faltimo, Achmea <\/em>arroja nubes negras sobre el futuro de los AIIs que contengan alguna forma de ISDS negociados por la Uni\u00f3n Europea en s\u00ed misma. La Comisi\u00f3n ha tomado algunas precauciones en acuerdos recientemente negociados como el Acuerdo Econ\u00f3mico y Comercial Global (AECG<\/span>) con Canad\u00e1[13]<\/a>. Si estas precauciones son suficientes quedar\u00e1 claro cuando el TJE emita su Dictamen 1\/17 sobre el AECG[14]<\/a>.Ya en su Dictamen 2\/15, el TJE concluy\u00f3 que un mecanismo de ISDS similar al contenido en el AECG en el tratado de libre comercio (TLC<\/span>) entre la UE y Singapur elimin\u00f3 las controversias de la competencia de los Estados miembros de la UE[15]<\/a>. Y estas controversias pueden muy bien, al menos potencialmente, recaer dentro de las \u00e1reas cubiertas por el derecho de la UE.<\/p>\n Laurens Ankersmit<\/strong> es abogado de ClientEarth, una organizaci\u00f3n de derecho ambiental sin fines de lucro con sede en Londres, Bruselas y Varsovia. Traducido al espa\u00f1ol por Mar\u00eda Candela Conforti.<\/em><\/p>\n [1]<\/a> Caso 284\/16 Rep\u00fablica Eslovaca v Achmea EU<\/span>:C:2018:158, extra\u00eddo de http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/ES\/TXT\/?uri=CELEX:62016CJ0284<\/a>.<\/p>\n [2]<\/a> Dictamen 2\/13 Adhesi\u00f3n al CEDH EU:C:2014:2454, p\u00e1rrafo 176, extra\u00eddo de http:\/\/curia.europa.eu\/juris\/document\/document.jsf?docid=160882&doclang=ES<\/a>; Dictamen 1\/09 Tribunal Europeo y Comunitario de Patentes [2011] ecr i-1137, p\u00e1rrafo 66, extra\u00eddo de http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/ES\/TXT\/?uri=CELEX:62009CV0001<\/a>.<\/p>\n [3]<\/a> Caso 284\/16 Rep\u00fablica Eslovaca v Achmea, nota 1 supra<\/em>, p\u00e1rrafos 32\u201338.<\/p>\n [4]<\/a> V\u00e9ase lista de entradas de blog: Schepel, H. (23 de marzo, 2018). From conflicts-rules to field preemption: Achmea and the relationship between EU law and international investment law and arbitration. European Law Blog<\/em>. Extra\u00eddo de http:\/\/europeanlawblog.eu\/2018\/03\/23\/from-conflicts-rules-to-field-preemption-achmea-and-the-relationship-between-eu-law-and-international-investment-law-and-arbitration<\/a>;\u00a0Niemel\u00e4, P. (18 de marzo, 2018). Achmea<\/em> \u2013 A perspective from international (investment) law. European Law Blog<\/em>. Extra\u00eddo de http:\/\/europeanlawblog.eu\/2018\/03\/15\/achmea-a-perspective-from-international-investment-law\/<\/a>;\u00a0 Thym, V.D. (9 de marzo, 2018). The CJEU<\/span> ruling in Achmea: Death sentence for autonomous investment protection tribunals. EU Law Analysis<\/em>. Extra\u00eddo de http:\/\/eulawanalysis.blogspot.be\/2018\/03\/the-cjeu-ruling-in-achmea-death.html<\/a>; Hindelang, S. (9 de marzo, 2018). The limited immediate effects of CJEU\u2019s Achmea Judgement. Verfassungsblog<\/em>. Extra\u00eddo de https:\/\/verfassungsblog.de\/the-limited-immediate-effects-of-cjeus-achmea-judgement\/<\/a>; Szil\u00e1gyi, S.G. (2018, March 7). The CJEU Strikes Again in Achmea. Is this the end of investor-State arbitration under intra-EU BITs? International Economic Law and Policy Blog<\/em>. Extra\u00eddo de http:\/\/worldtradelaw.typepad.com\/ielpblog\/2018\/03\/guest-post-the-cjeu-strikes-again-in-achmea-is-this-the-end-of-investor-state-arbitration-under-intr.html<\/a>; Requejo, M. (2018, March 8). A European law reading of Achmea. Conflict of Laws.net<\/em>. Extra\u00eddo de http:\/\/conflictoflaws.net\/2018\/a-european-law-reading-of-achmea\/<\/a><\/p>\n [5]<\/a> V\u00e9ase Niemel\u00e4, nota 4 supra<\/em>.<\/p>\n [6]<\/a> Caso C-284\/16 Achmea, nota 1 supra<\/em>, p\u00e1rrafos 84\u2013131.<\/p>\n [7]<\/a> Schepel (2018), nota 4 supra<\/em>.<\/p>\n [8]<\/a> Caso 106\/77 Simmenthal II EU:C:1978:49, p\u00e1rrafo 17, extra\u00eddo de https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/ES\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:61977CJ0106&from=ES<\/a>; Caso 121\/85 Conegate Limited v. HM Customs\u00a0& Excise, EU:C:1986:114, p\u00e1rrafo 26, extra\u00eddo de https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/ES\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:61985CJ0121&from=ES<\/a>.<\/p>\n [9]<\/a> El Art\u00edculo 351 del TFEU no puede ser invocado en el contexto intra-UE. V\u00e9ase Caso C\u2013301\/08 Bogiatzi v. Deutscher Luftpool and Others [2009] ECR I\u201310185, p\u00e1rrafos 16\u201320, extra\u00eddo de http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/ES\/TXT\/?uri=CELEX:62008CC0301<\/a>.<\/p>\n [10]<\/a> Este procedimiento ya hab\u00eda sido iniciado, pero fue temporamente suspendido debido al entonces pendiente fallo del caso Achmea<\/em>. V\u00e9ase http:\/\/europa.eu\/rapid\/press-release_MEMO-16-3125_es.htm?locale=EN<\/a> bajo 6.<\/p>\n [11]<\/a> Caso 812\/79 Abogado General v. Burgoa [1980] ECR 2787, extra\u00eddo de http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/ES\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:61979CJ0812&from=ES<\/a>.<\/p>\n [12]<\/a> Vease por ejemplo, Caso C-249\/06 Comisi\u00f3n v Suecia EU:C:2009:119, extra\u00eddo de http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/ES\/TXT\/?uri=CELEX:62006CJ0249<\/a>.<\/p>\n [13]<\/a> El Art\u00edculo 8.31 contiene varias disposiciones tendientes a garantizar que los tribunales de inversion bajo el AECG no interpreten el derecho de la UE. Para una evaluaci\u00f3n detallada de estas salvaguardias, v\u00e9ase Ankersmit, L. (2016). The compatibility of investment arbitration in EU trade agreements with the EU judicial system. Journal for European Environmental and Planning Law<\/em>, 13<\/em>(1), 46\u201363.<\/p>\n [14]<\/a> Este Dictamen fue solicitado por B\u00e9lgica despu\u00e9s de la crisis por la firma del AECG en octubre de 2016. Para m\u00e1s informaci\u00f3n de antecedentes, v\u00e9ase Ankersmit, L. (2016, diciembre). Belgium requests an opinion on Investment Court System in CETA<\/span>. elni Review<\/em>, 2<\/em>, 54\u201358.<\/p>\n [15]<\/a> Dictamen 2\/15 TLC entre la UE y Singapur U:C:2017:376, p\u00e1rrafo 292, extra\u00eddo de\u00a0http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/EN\/ALL\/?uri=CELEX:62015CV0002(01)<\/a>.<\/p>\n
\nEstados miembros como sus \u201cguardianes\u201d[2]<\/a>) y \u2014 bajo ninguna circunstancia\u2014 permitir\u00e1 que la facultad de los tribunales de los Estados miembros para realizar remisiones prejudiciales se vea afectada.<\/p>\n2. El caso Achmea<\/h2>\n
3. Comentario y an\u00e1lisis<\/h2>\n
\nAutor<\/h3>\n
\nNotas<\/h3>\n