{"id":11848,"date":"2018-04-24T08:40:29","date_gmt":"2018-04-24T06:40:29","guid":{"rendered":"http:\/\/172.30.141.17\/2018\/04\/24\/tribunal-del-ciadi-concluye-que-letonia-violo-el-tje-bajo-el-tbi-entre-letonia-y-lituania\/"},"modified":"2024-08-16T20:11:12","modified_gmt":"2024-08-16T18:11:12","slug":"tribunal-del-ciadi-concluye-que-letonia-violo-el-tje-bajo-el-tbi-entre-letonia-y-lituania","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iisd.org\/itn\/es\/2018\/04\/24\/tribunal-del-ciadi-concluye-que-letonia-violo-el-tje-bajo-el-tbi-entre-letonia-y-lituania\/","title":{"rendered":"Tribunal del CIADI concluye que Letonia viol\u00f3 el TJE bajo el TBI entre Letonia y Lituania"},"content":{"rendered":"

UAB E Ener\u0123ija v. Rep\u00fablica de Letonia, Caso del CIADI<\/span> No. ARB\/12\/33<\/h2>\n

En un procedimiento iniciado por UAB E Ener\u0123ija (UAB), una empresa de energ\u00eda con sede en Lituania, un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) afirm\u00f3 que la conducta de Letonia viol\u00f3 el est\u00e1ndar de trato justo y equitativo (TJE<\/span>) del tratado bilateral de inversi\u00f3n (TBI<\/span>) entre Letonia y Lituania. En particular, el tribunal sostuvo que la conducta de Letonia hacia la empresa parec\u00eda \u201cfundada en un perjuicio o preferencia m\u00e1s que en una raz\u00f3n o hecho\u201d, esto resultaba igualmente arbitrario bajo el significado del TBI (p\u00e1rrafo 887).<\/p>\n

Antecedentes y demandas<\/h3>\n

UAB celebr\u00f3 un contrato de arrendamiento por 30 a\u00f1os con AS R\u0113zeknes Siltumt\u012bkli (el regulador), una empresa de total propiedad de la Municipalidad de R\u0113zekne (la municipalidad), para operar un sistema de calefacci\u00f3n de distrito para la Ciudad de R\u0113zeknes, Letonia. UAB estableci\u00f3 una entidad separada, Latgales Ener\u0123ija (LE), para invertir en este proyecto.<\/p>\n

En septiembre de 2007, el regulador demand\u00f3 a LE ante el Tribunal Regional de Latgales procurando el pago de determinadas sumas y obtuvo el embargo de los fondos. En un mes, la municipalidad declar\u00f3 una crisis energ\u00e9tica y design\u00f3 a R\u0113zeknes Ener\u0123ija (RE) para proveer energ\u00eda termal a la ciudad. Despu\u00e9s de las elecciones locales, los pol\u00edticos reci\u00e9n electos objetaron la privatizaci\u00f3n del servicio y rescindieron el contrato en 2008, confiscando todos los bienes de la empresa y las inversiones sin compensaci\u00f3n.<\/p>\n

Despu\u00e9s de cuatro a\u00f1os de negociaciones fallidas, UAB inici\u00f3 un arbitraje reclamando que Letonia hab\u00eda violado sus obligaciones de TBI, particularmente el TJE y la protecci\u00f3n y seguridad plenas bajo el Art\u00edculo 3(1) del TBI.<\/p>\n

Objeciones preliminares de Letonia a la jurisdicci\u00f3n<\/h3>\n

Letonia present\u00f3 varias objeciones a la jurisdicci\u00f3n del tribunal. Primero, argument\u00f3 que los documentos internos de UAB que autorizaban la solicitud de arbitraje no cumpl\u00edan con las condiciones precedentes, es decir, recurrir a una mediaci\u00f3n antes del arbitraje, y obtener la aprobaci\u00f3n del Banco Europeo para la Reconstrucci\u00f3n y el Desarrollo (BERD) como accionista. Segundo, afirm\u00f3 que no hab\u00eda una controversia en virtud de lo dispuesto en el Art\u00edculo 25 del Convenio del CIADI. Letonia aleg\u00f3 que la prolongada demora en la presentaci\u00f3n de la solicitud de arbitraje de UAB, 42 meses despu\u00e9s el per\u00edodo autorizado en el TBI, demuestra la mala fe de UAB y provoc\u00f3 que Letonia entendiera que los reclamos no seguir\u00edan m\u00e1s all\u00e1 de las negociaciones.<\/p>\n

El tribunal desestim\u00f3 estas objeciones, se\u00f1alando que el contenido de los documentos internos de UAB no era suficiente para demostrar que la aprobaci\u00f3n del BERD era una condici\u00f3n precedente al arbitraje. Adem\u00e1s, concluy\u00f3 que el trato de Letonia a la inversi\u00f3n de UAB calificaba como \u201cuna diferencia jur\u00eddica surgida de la inversi\u00f3n\u201d conforme al Art\u00edculo 25(1) del Convenio del CIADI.<\/p>\n

Solicitud de cancelaci\u00f3n o suspensi\u00f3n del proceso por Letonia<\/h3>\n

Bas\u00e1ndose en el caso Impregilo v. Argentina<\/em>, Letonia expuso que el arbitraje deb\u00eda ser suspendido o cancelado al estar pendiente la sentencia final del procedimiento judicial en los tribunales de Letonia. El tribunal no acept\u00f3 esta afirmaci\u00f3n ya que las partes del procedimiento en Letonia (regulador y LE) y las partes del procedimiento de arbitraje (UAB y Letonia) no eran las mismas. Asimismo, pese a que el procedimiento en los tribunales se relacionaba con la solicitud de suspensi\u00f3n bajo el contrato de arrendamiento, no versaba sobre los est\u00e1ndares de protecci\u00f3n del TBI. El tribunal explic\u00f3 que una superposici\u00f3n entre las demandas del contrato y del tratado no era suficiente para garantizar la suspensi\u00f3n de un procedimiento. Por ende, concluy\u00f3 que no hab\u00eda una raz\u00f3n convincente para ordenar la suspensi\u00f3n del proceso de arbitraje o su cancelaci\u00f3n.<\/p>\n

Violaci\u00f3n del est\u00e1ndar TJE bajo el Art\u00edculo 3(1) del TBI<\/h3>\n

UAB argument\u00f3 que la demora de la municipalidad para adoptar un plan de desarrollo para el suministro de calefacci\u00f3n constituy\u00f3 una violaci\u00f3n del est\u00e1ndar TJE. Afirm\u00f3 que la inexistencia de un plan como tal provoc\u00f3 que el regulador denegara las solicitudes de LE de una nueva tarifa en 2006 y 2007. Adem\u00e1s, UAB expuso que la conducta de la municipalidad exhib\u00eda mala fe y que la crisis energ\u00e9tica fue utilizada para forzar a LE a renunciar a parte o todo el sistema de calefacci\u00f3n.<\/p>\n

El tribunal rechaz\u00f3 este argumento, se\u00f1alando que, si bien el deber de la municipalidad de actuar durante la crisis energ\u00e9tica no pod\u00eda ser negado, deb\u00eda considerar si la crisis fue declarada en buena fe y si la municipalidad hab\u00eda cumplido con el Art\u00edculo 3(1) del TBI. Al decidir sobre esta cuesti\u00f3n, el tribunal tom\u00f3 nota de la reuni\u00f3n del Comit\u00e9 de Energ\u00eda del 9 de octubre de 2007, donde LE fue instada a brindar calefacci\u00f3n dentro de las 24 horas, aun cuando la municipalidad sab\u00eda que su cuenta bancaria hab\u00eda sido embargada en los procedimientos iniciados por el regulador. El tribunal destac\u00f3 que la municipalidad, solo una semana antes de declarar la crisis energ\u00e9tica, hab\u00eda constituido RE y conferido un capital de LVL 4 millones (aproximadamente USD 7 millones) y la hab\u00eda designado como \u201cla persona a cargo\u201d de la prestaci\u00f3n de servicios de calefacci\u00f3n a R\u0113zekne. Por lo tanto, el tribunal declar\u00f3 la conducta de la municipalidad en violaci\u00f3n con el Art\u00edculo 3(1) del TBI.<\/p>\n

Revocaci\u00f3n de licencias no constituye expropiaci\u00f3n<\/h3>\n

Con respecto a la expropiaci\u00f3n, UAB aleg\u00f3 que la municipalidad actu\u00f3 de mala fe, conspirando con el regulador y RE para generar una crisis energ\u00e9tica. UAB afirm\u00f3 que el regulador y la municipalidad sancionaron a LE por un a\u00f1o revocando las licencias de UAB, recuperando a la fuerza sus bienes y finalmente rescindiendo su contrato a largo plazo. Seg\u00fan el tribunal, sin embargo, el regulador estaba facultado para revocar las licencias debido a la falta de pago del gas natural provisto a LE. Afirm\u00f3 que la decisi\u00f3n del regulador de revocar la licencia no constitu\u00eda una violaci\u00f3n del Art\u00edculo 4(1) del TBI sobre expropiaci\u00f3n.<\/p>\n

\u201cPermisos necesarios\u201d otorgados de acuerdo con las leyes y regulaciones nacionales \u00fanicamente<\/h3>\n

UAB invoc\u00f3 la cl\u00e1usula de trato de naci\u00f3n m\u00e1s favorecida (NMF<\/span>) contenida en el Art\u00edculo 3(2) del TBI para alegar que Letonia viol\u00f3 las obligaciones bajo los Art\u00edculos 2(2) y 3(1) del TBI entre Letonia y Rumania. Conforme a estas obligaciones, cuando el Estado receptor ha admitido una inversi\u00f3n en su territorio de conformidad con sus leyes, debe \u201cotorgarle los permisos necesarios relacionados con dicha inversi\u00f3n\u201d (p\u00e1rrafo 1104). UAB afirm\u00f3 que la municipalidad no hab\u00eda emitido el plan de desarrollo para el suministro de calefacci\u00f3n requerido y, consecuentemente, el regulador no autoriz\u00f3 a LE a cobrar las tarifas revisadas de calefacci\u00f3n.<\/p>\n

El tribunal opt\u00f3 por no tratar la cuesti\u00f3n de c\u00f3mo los beneficios procesales podr\u00edan ser importados a trav\u00e9s de una cl\u00e1usula de NMF. Aun as\u00ed, afirm\u00f3 que era dudoso si la obligaci\u00f3n del Estado receptor de otorgar trato de NMF \u201csujeta a sus leyes y acuerdos internacionales\u201d podr\u00eda ser utilizada para importar est\u00e1ndares contenidos en otros tratados, dado que podr\u00eda limitarse al tratado de facto bajo el derecho nacional. Adem\u00e1s, el tribunal no estaba seguro de si el concepto de \u201cpermisos necesarios\u201d \u201crelacionados con la inversi\u00f3n\u201d incluir\u00eda el suministro de calefacci\u00f3n y el plan de desarrollo para la Ciudad de R\u0113zekne. Asimismo, tampoco ten\u00eda certeza si las decisiones del regulador aprobando la nueva tarifa propuesta por LE reca\u00edan dentro de la categor\u00eda de permisos contemplados en las disposiciones referidas por UAB. En todo caso, el tribunal concluy\u00f3 que ning\u00fan permiso necesario deb\u00eda ser otorgado por el Estado receptor \u201csiempre que esto se encuentre en concordancia con su legislaci\u00f3n nacional\u201d (p\u00e1rrafo 1109).<\/p>\n

Da\u00f1os y costos<\/h3>\n

El tribunal otorg\u00f3 a UAB la suma de EUR 1.585.000 m\u00e1s intereses pre- y post-laudo, compuesto anualmente por las p\u00e9rdidas sufridas como consecuencia de la violaci\u00f3n del Art\u00edculo 3(1) del TBI por parte de Letonia. La mayor\u00eda orden\u00f3 a Letonia el pago del 50 por ciento de los costos incurridos por UAB. El \u00e1rbitro Reinisch disinti\u00f3 en este punto, consider\u00f3 que como las demandas no eran fr\u00edvolas y que no fueron realizadas en buena fe, cada parte deb\u00eda asumir sus propios gastos.<\/p>\n

Notas<\/em>: El tribunal estuvo compuesto por Paolo Michelle Patocchi (Presidente designado por el Presidente del Consejo Administrativo del CIADI, nacional suizo), Samuel Wordsworth (nominado por UAB, nacional brit\u00e1nico) y August Reinisch (designado por el Presidente del Consejo Administrativo del CIADI, nacional austr\u00edaco). El laudo del 22 de diciembre de 2017 est\u00e1 disponible en https:\/\/www.italaw.com\/sites\/default\/files\/case-documents\/italaw9481.pdf<\/a> y la opini\u00f3n disidente de August Reinisch en https:\/\/www.italaw.com\/sites\/default\/files\/case-documents\/italaw9482.pdf<\/a>.<\/p>\n

Gladwin Issac<\/strong> est\u00e1 en el \u00faltimo a\u00f1o de la carrera de Derecho y Trabajo Social en la Universidad Nacional de Derecho de Gujarat, India.<\/p>\n