{"id":11842,"date":"2018-04-24T08:36:06","date_gmt":"2018-04-24T06:36:06","guid":{"rendered":"http:\/\/172.30.141.17\/2018\/04\/24\/tribunal-del-ciadi-desestima-caso-de-expropiacion-contra-venezuela-por-razones-jurisdiccionales\/"},"modified":"2024-08-16T20:11:17","modified_gmt":"2024-08-16T18:11:17","slug":"tribunal-del-ciadi-desestima-caso-de-expropiacion-contra-venezuela-por-razones-jurisdiccionales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iisd.org\/itn\/es\/2018\/04\/24\/tribunal-del-ciadi-desestima-caso-de-expropiacion-contra-venezuela-por-razones-jurisdiccionales\/","title":{"rendered":"Tribunal del CIADI desestima caso de expropiaci\u00f3n contra Venezuela por razones jurisdiccionales"},"content":{"rendered":"

F\u00e1brica de Vidrios Los Andes, C.A. y Owens-Illinois de Venezuela, C.A. v. Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, Caso del CIADI<\/span> No. ARB\/12\/21<\/h2>\n

El 13 de noviembre de 2017, un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) declin\u00f3 ejercer su jurisdicci\u00f3n en un caso de USD 1,4 mil millones iniciado en 2012 por dos empresas fabricantes de vidrio en Venezuela de propiedad estadounidense, F\u00e1brica de Vidrios Los Andes, C.A. (Favianca) y Owens-Illinois de Venezuela, C.A. (OIdV), expropiadas en 2010 por el ex presidente venezolano Hugo Ch\u00e1vez Fr\u00edas.<\/p>\n

Antecedentes y demandas<\/h3>\n

Alegando un da\u00f1o ambiental y a\u00f1os de explotaci\u00f3n de trabajadores venezolanos, el 26 de octubre de 2010, el ex Presidente venezolano Hugo Ch\u00e1vez Fr\u00edas expropi\u00f3 las dos plantas m\u00e1s grandes de producci\u00f3n y distribuci\u00f3n de envases de vidrio en Venezuela, Favianca y OIdV, ambas de propiedad de la multinacional estadounidense Owens-Illinois. Seg\u00fan el decreto presidencial, la expropiaci\u00f3n era necesaria para el \u201cfortalecimiento de la capacidad industrial del sector p\u00fablico en la fabricaci\u00f3n de envases de vidrio para el pueblo venezolano\u201d (p\u00e1rrafo 139). En 2011, Favianca y OIdV fueron fusionadas para convertirse en la empresa estatal Venezolana del Vidrio, C.A. (Venvidrio).<\/p>\n

En 2012, despu\u00e9s de un intento fallido para acordar el monto que Venezuela deber\u00eda pagar en compensaci\u00f3n por las dos plantas, se iniciaron dos casos paralelos en contra del Estado. El primero en marzo por OI European Group B.V. (OIEG) (Caso del CIADI No. ARB\/11\/25) y el segundo en julio por Favianca y OIdV (Caso del CIADI No. ARB\/12\/21). En ambos casos, las demandantes alegaron la expropiaci\u00f3n ilegal y otras violaciones del tratado de inversi\u00f3n. Dado que la accionista mayoritaria de ambas plantas era una empresa holandesa, las demandantes invocaron el tratado bilateral de inversi\u00f3n entre Venezuela y los Pa\u00edses Bajos (TBI<\/span>).<\/p>\n

El primer caso fue resuelto en 2015 cuando el tribunal decidi\u00f3 de forma un\u00e1nime en favor del inversor y orden\u00f3 a Venezuela el pago de USD 372,4 millones m\u00e1s intereses, de los USD 929,5 millones que OIEG hab\u00eda reclamado originalmente. Un resumen del laudo<\/a> fue publicado en ITN<\/span> en mayo de 2015. El procedimiento de anulaci\u00f3n lanzado posteriormente por Venezuela a\u00fan se encuentra pendiente de resoluci\u00f3n. En el segundo caso, resumido a continuaci\u00f3n, el tribunal del CIADI desestim\u00f3 todas las demandas de Favianca y OIdV por razones jurisdiccionales.<\/p>\n

Antes de proceder a los detalles de la decisi\u00f3n del tribunal, es importante destacar que Venezuela denunci\u00f3 formalmente el Convenio del CIADI el 24 de enero de 2012. Seg\u00fan el Art\u00edculo 71 de dicho Convenio, la denuncia produce efecto seis meses despu\u00e9s del recibo de la notificaci\u00f3n oficial. Favianca y OIdV entablaron su demanda el 20 de julio de 2012, alegando que aun reca\u00eda bajo la jurisdicci\u00f3n del CIADI, interpretaci\u00f3n que Venezuela objet\u00f3. Asimismo, Venezuela hab\u00eda rescindido unilateralmente el TBI con los Pa\u00edses Bajos en 2008, pero la cl\u00e1usula de suspensi\u00f3n establece 15 a\u00f1os m\u00e1s de aplicabilidad a las inversiones realizadas antes de la fecha de denuncia.<\/p>\n

La jurisdicci\u00f3n del CIADI depende del consentimiento perfeccionado<\/h3>\n

Considerando la decisi\u00f3n de Venezuela de retirarse del CIADI, el debate clave en este caso es si el centro a\u00fan tiene jurisdicci\u00f3n o no sobre el caso. El tribunal crey\u00f3 pertinente interpretar el Art\u00edculo 9 del TBI en cuesti\u00f3n, en el cual se elige al CIADI como el foro para resolver las controversias entre el inversionista y el Estado bajo el tratado, as\u00ed como los Art\u00edculos 71 y 72 del Convenio del CIADI. El Art\u00edculo 71 establece los t\u00e9rminos de denuncia del Convenio, y el Art\u00edculo 72 dispone que la denuncia \u201cno afectar\u00e1 a los derechos y obligaciones, conforme a este Convenio, de dicho Estado\u2026nacidos del consentimiento a la jurisdicci\u00f3n del Centro dado por alguno de ellos con anterioridad al recibo de dicha notificaci\u00f3n por el depositario.\u201d<\/p>\n

Con respecto al Art\u00edculo 9 del TBI, Favianca y OIdV argumentaron que la denuncia de Venezuela al Convenio del CIADI no era pertinente, dado que el pa\u00eds dio su consentimiento \u201cincondicional\u201d a la jurisdicci\u00f3n del CIADI en virtud de los Art\u00edculos 9(1) y (4), el cual, gracias a la cl\u00e1usula de suspensi\u00f3n del TBI, ser\u00eda aplicable hasta el 2023 para todas las inversiones realizadas antes de la fecha de rescisi\u00f3n del TBI.<\/p>\n

Los \u00e1rbitros rechazaron este argumento, sosteniendo que el arbitraje ante el CIADI solo est\u00e1 disponible si se satisfacen las condiciones de acceso a dicho arbitraje tanto en el tratado de inversi\u00f3n como en el Convenio del CIADI (p\u00e1rrafo 261). El tribunal concluy\u00f3 que \u201csolo cuando se perfecciona el consentimiento a la jurisdicci\u00f3n del Centro de modo que se crean derechos y obligaciones en virtud del Convenio CIADI, que tales derechos y obligaciones subsisten tras la recepci\u00f3n de una notificaci\u00f3n de denuncia por un Estado Contratante conforme al Art\u00edculo 71\u201d (p\u00e1rrafo 282). Aclar\u00f3 que la denuncia al Convenio del CIADI no afectaba los procedimientos ya en curso o los acuerdos de arbitraje ya existentes en el CIADI.<\/p>\n

Por otro lado, el tribunal consider\u00f3 que, al analizar los Art\u00edculos 71 y 72 del Convenio del CIADI, deb\u00eda reconciliar dos objetivos diferentes: \u201cEl primero consiste en facilitar una salida ordenada del Estado Contratante del Convenio CIADI en caso de denuncia. El segundo es proteger las expectativas leg\u00edtimas de quienes contaban con el consentimiento del Estado Contratante con respecto al arbitraje CIADI\u201d (p\u00e1rrafo 289). En este caso, favoreci\u00f3 a Venezuela. Explicando su decisi\u00f3n, el tribunal aleg\u00f3 que el Art\u00edculo 72 del Convenio del CIADI no podr\u00eda ser extendido a otros acuerdos de arbitraje m\u00e1s que los existentes. De otro modo, el Estado denunciante podr\u00eda ser demandado en un n\u00famero ilimitado e impredecible de arbitrajes en el futuro mientras su consentimiento unilateral siguiera vincul\u00e1ndolo a tratados de inversi\u00f3n. Esto tambi\u00e9n dejar\u00eda sin efecto el Art\u00edculo 71.<\/p>\n

Por lo tanto, el tribunal concluy\u00f3 que \u00fanicamente habr\u00eda tenido jurisdicci\u00f3n sobre la controversia si Venezuela hubiera celebrado un acuerdo con los inversores de presentar las diferencias a arbitraje ante el CIADI antes de la notificaci\u00f3n de denuncia. Dado que este no fue el caso, y que Venezuela se hab\u00eda retirado del Convenio del CIADI antes de que Favianca y OIdV presentaran su caso, el consentimiento perfeccionado no fue dado, y el tribunal, consecuentemente, no pose\u00eda jurisdicci\u00f3n sobre la controversia.<\/p>\n

Costos<\/h3>\n

El tribunal orden\u00f3 a cada parte el pago de sus propias costas legales y gastos, y determin\u00f3 que Favianca y OIdV deb\u00edan asumir todos los costos del arbitraje, que alcanzaban m\u00e1s de USD 915.000.<\/p>\n

Anulaci\u00f3n pendiente<\/h3>\n

El 9 de marzo de 2018, Favianca y OIdV iniciaron un procedimiento de anulaci\u00f3n, impugnando la decisi\u00f3n del tribunal fundamentando que \u201cexcedi\u00f3 sus poderes…y malinterpret\u00f3 y aplic\u00f3 el TBI y el Convenio del CIADI de manera errada\u201d (p\u00e1rrafo 37 de la solicitud de anulaci\u00f3n). Asimismo, de acuerdo con las demandantes, el laudo de Favianca<\/em> \u201cbrindar\u00e1 un incentivo a los Estados sinverg\u00fcenzas para violar sus obligaciones bajo los tratados, seguros de saber que pueden evadir su responsabilidad con respecto a los inversores \u2026simplemente presentando una notificaci\u00f3n de denuncia al Convenio del CIADI\u201d (p\u00e1rrafo 88). [La traducci\u00f3n al espa\u00f1ol de estas citas nos pertenece]\n

Notas<\/em>: El tribunal estuvo compuesto por Hi-Taek Shin (\u00e1rbitro presidente, designado por el Consejo Administrativo del CIADI despu\u00e9s de considerar las observaciones de las partes), L. Yves Fortier (nominado por las demandantes, nacional canadiense) y Zachary Douglas (designado por la demandada, ciudadano australiano). El laudo est\u00e1 disponible en https:\/\/www.italaw.com\/sites\/default\/files\/case-documents\/italaw9383.pdf<\/a>. La solicitud de anulaci\u00f3n se encuentra disponible en https:\/\/pacer-documents.s3.amazonaws.com\/36\/180659\/04516475124.pdf<\/a>.<\/p>\n

Bettina M\u00fcller<\/strong> es miembro del Equipo de Comercio e Inversi\u00f3n del Transnational Institute<\/p>\n