{"id":11755,"date":"2017-12-21T08:32:32","date_gmt":"2017-12-21T07:32:32","guid":{"rendered":"http:\/\/172.30.141.17\/2017\/12\/21\/tribunal-del-ciadi-confirma-jurisdiccion-en-controversia-entre-empresa-constructora-china-y-yemen\/"},"modified":"2024-08-16T20:12:18","modified_gmt":"2024-08-16T18:12:18","slug":"tribunal-del-ciadi-confirma-jurisdiccion-en-controversia-entre-empresa-constructora-china-y-yemen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iisd.org\/itn\/es\/2017\/12\/21\/tribunal-del-ciadi-confirma-jurisdiccion-en-controversia-entre-empresa-constructora-china-y-yemen\/","title":{"rendered":"Tribunal del CIADI confirma jurisdicci\u00f3n en controversia entre empresa constructora china y Yemen"},"content":{"rendered":"

Beijing Urban Construction Group Co. Ltd. c. la Rep\u00fablica de Yemen,\u00a0Caso del CIADI<\/span> No. ARB\/14\/30<\/h2>\n

Un tribunal arbitral constituido bajo el tratado bilateral de inversi\u00f3n (TBI<\/span>) entre China\u00ad y Yemen ha emitido su decisi\u00f3n sobre jurisdicci\u00f3n, aceptando que la empresa de propiedad estatal (EPE) de la demandante pod\u00eda presentar un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).<\/p>\n

Antecedentes y demandas<\/h3>\n

La demandante, Beijing Urban Construction Group Co. Ltd. (BUCG), es una empresa estatal establecida bajo las leyes chinas.<\/p>\n

Yemen, junto con donantes internacionales, ha participado en la mejora de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Sana\u2019a durante varias d\u00e9cadas. En 2006, BUCG celebr\u00f3 un contrato con la Autoridad Civil de Aviaci\u00f3n y Meteorolog\u00eda de Yemen (CAMA) para construir una nueva terminal en el aeropuerto de la capital de dicho pa\u00eds.<\/p>\n

BUCG alega que, en julio de 2009, Yemen emple\u00f3 sus fuerzas militares y aparato de seguridad para agredir y detener a los empleados de BUCG para impedir forzosamente el ingreso de BUCG al recinto de construcci\u00f3n. Luego, nuevamente seg\u00fan BUCG, Yemen utiliz\u00f3 este incidente como una excusa para que CAMA cancelara su contrato con BUCG.<\/p>\n

En su solicitud de arbitraje de 2014 y las posteriores presentaciones ante el tribunal, BUCG reclam\u00f3 que fue expropiada en violaci\u00f3n del Art\u00edculo 4 del TBI.<\/p>\n

Las partes no concuerdan sobre si la empresa estatal califica como inversor<\/h3>\n

El Convenio del CIADI brinda un foro para la soluci\u00f3n de controversias relativas a inversi\u00f3n presentadas por inversores extranjeros contra Estados anfitriones, pero excluye las controversias entre Estados. El Convenio, sin embargo, no aborda espec\u00edficamente el estatus de las empresas de propiedad estatal (EPEs), tales como BUCG.<\/p>\n

Yemen aleg\u00f3 que el Art\u00edculo 25(1) del Convenio de CIADI que establece \u201cel nacional de otro Estado Contratante\u201d excluye a BUCG por dos razones principales: BUCG estaba bajo la direcci\u00f3n y el control del gobierno chino al llevar a cabo sus actividades, y BUCG estaba facultada para ejercer elementos de autoridad gubernamental en China.<\/p>\n

Yemen adem\u00e1s argument\u00f3 que, bajo el derecho chino, las EPEs act\u00faan efectivamente bajo la direcci\u00f3n y el control del gobierno chino y el Partido Comunista Chino (PCC), y que esto significa que el gobierno chino es el que toma las decisiones finales sobre las operaciones, administraci\u00f3n y decisiones estrat\u00e9gicas de BUCG. Para apoyar esta postura, Yemen invoc\u00f3 algunas caracter\u00edsticas del derecho chino aplicables a las EPEs generalmente, y a BUCG espec\u00edficamente.<\/p>\n

BUCG refut\u00f3 que la cuesti\u00f3n de si calificaba o no como inversor bajo el Art\u00edculo 25(1) deb\u00eda ser considerada en el contexto espec\u00edfico de la inversi\u00f3n que hab\u00eda dado origen a la controversia. Argument\u00f3 que su inversi\u00f3n en Yemen fue realizada mientras actuaba como una empresa comercial, despu\u00e9s de participar en una licitaci\u00f3n competitiva, y no involucraba el ejercicio de poderes gubernamentales o p\u00fablicos. Seg\u00fan BUCG, los v\u00ednculos estructurales con el gobierno chino y las funciones p\u00fablicas dentro de China eran irrelevantes para establecer su estatus como inversor en el CIADI.<\/p>\n

Tribunal confirma su jurisdicci\u00f3n sobre empresa de propiedad estatal china<\/h3>\n

El tribunal coincidi\u00f3 con BUCG en que la cuesti\u00f3n jur\u00eddica pertinente era si BUCG \u201cact\u00faa como un agente del Estado en el contexto espec\u00edfico a los hechos\u201d (p\u00e1rrafo 39). Para el tribunal, la evidencia del actual caso no establec\u00eda que, \u201cal construir una terminal aeroportuaria en Yemen, BUCG estaba actuando como un agente del Estado chino en cualquier sentido pertinente de la palabra \u2018agente\u2019\u201d (p\u00e1rrafo 39).<\/p>\n

A este respecto, el tribunal consider\u00f3 particularmente para notar que \u201cBUCG particip\u00f3 en el proyecto aeroportuario como un contratista general despu\u00e9s de una licitaci\u00f3n p\u00fablica en competencia con otros contratistas. Su oferta fue seleccionada en base a sus m\u00e9ritos comerciales. Su contrato fue cancelado, refuta Yemen, no por ninguna raz\u00f3n asociada con las decisiones o pol\u00edticas de PRC sino debido a que BUCG no desempe\u00f1\u00f3 sus servicios comerciales en el recinto aeroportuario a un nivel comercialmente aceptable\u201d (p\u00e1rrafo 40).<\/p>\n

El tribunal adem\u00e1s concluy\u00f3 que \u201cla afirmaci\u00f3n de que \u2018el Estado chino es el que toma las decisiones finales\u2019 de BUCG es demasiado remoto para que los hechos del proyecto del Aeropuerto Internacional de Sana\u2019a sean pertinentes\u201d (p\u00e1rrafo 43).<\/p>\n

Tribunal acepta jurisdicci\u00f3n sobre demandas de expropiaci\u00f3n en cuanto a la responsabilidad y a la compensaci\u00f3n<\/h3>\n

Similarmente a otros tratados negociados por China antes de 1998<\/a>, el TBI, en su Art\u00edculo 10, contempla el arbitraje ante el CIADI por \u201ctoda controversia relacionada con el monto de compensaci\u00f3n por la expropiaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n

Yemen aleg\u00f3 que la jurisdicci\u00f3n del tribunal se limitaba a las controversias concernientes al c\u00e1lculo del \u201cmonto de compensaci\u00f3n\u201d donde hay una responsabilidad admitida por el Estado anfitri\u00f3n. En contraste, BUCG defendi\u00f3 una interpretaci\u00f3n amplia para incluir la evaluaci\u00f3n tanto de la responsabilidad como de la compensaci\u00f3n. BUCG argument\u00f3 que si no se determina el asunto de la responsabilidad no podr\u00eda realizarse una consideraci\u00f3n del quantum.<\/p>\n

El tribunal acept\u00f3 la postura de BUCG y concluy\u00f3 que el Art\u00edculo 10 permite al inversor presentar demandas de expropiaci\u00f3n relacionadas con los asuntos tanto de responsabilidad como del quantum. A este respecto, el tribunal determin\u00f3 que el significado com\u00fan de las palabras \u201cmonto de compensaci\u00f3n\u201d no era concluyente en favor de la postura de ninguna de las partes. Dado que el significado ordinario del TBI no era concluyente, la interpretaci\u00f3n del tribunal procedi\u00f3 a considerar el contexto, objeto y prop\u00f3sito del TBI.<\/p>\n

Se rechaza objeci\u00f3n de Yemen de que las demandas son puramente contractuales<\/h3>\n

Como un asunto final, el tribunal consider\u00f3 la objeci\u00f3n de Yemen de que la demanda de BUCG era puramente contractual, y por lo tanto, estaba sujeta a la jurisdicci\u00f3n exclusiva de su contrato con CAMA. Por consiguiente, Yemen aleg\u00f3 que el tribunal carec\u00eda de jurisdicci\u00f3n.<\/p>\n

BUCG respondi\u00f3 que sus demandas surgieron en virtud del TBI y que no eran meramente contractuales. Seg\u00fan la demandante, el tribunal deber\u00eda aplicar una prueba prima facie<\/em> a los hechos presentados en el memorial de la demandante y que estos hechos demostraban que sus demandas pod\u00edan ser capaces de constituir violaciones de TBI.<\/p>\n

El tribunal concluy\u00f3 que, de hecho, no pose\u00eda jurisdicci\u00f3n para resolver las demandas y contrademandas alegadas por las partes en base a sus obligaciones contractuales. Se limit\u00f3 a considerar la reparaci\u00f3n a la cual la demandante puede o no puede estar facultada a recibir en virtud del TBI. El tribunal luego determin\u00f3 que pose\u00eda jurisdicci\u00f3n para atender las demandas de BUCG en la medida en que hayan surgido de conformidad con el TBI, lo cual ser\u00eda considerado en la etapa de los m\u00e9ritos del arbitraje.<\/p>\n

Notas<\/em>: El tribunal estuvo compuesto por Ian Binnie (Presidente designado por las partes, nacional canadiense), John Townsend (nominado por la demandante, nacional estadounidense) y Zachary Douglas (designado por la demandada, ciudadano australiano). La Decisi\u00f3n sobre Jurisdicci\u00f3n del 31 de mayo de 2017 est\u00e1 disponible en http:\/\/www.italaw.com\/sites\/default\/files\/case-documents\/italaw8968.pdf<\/a>.<\/p>\n

Matthew Levine <\/strong>es un abogado canadiense y contribuyente del Programa de Inversiones para el Desarrollo Sostenible del IISD<\/span>.<\/p>\n