{"id":11668,"date":"2017-09-26T05:30:01","date_gmt":"2017-09-26T03:30:01","guid":{"rendered":"http:\/\/172.30.141.17\/2017\/09\/26\/inversores-triunfan-sobre-espana-en-una-demanda-por-reparacion-regulatoria-para-energias-limpias\/"},"modified":"2024-08-16T20:13:09","modified_gmt":"2024-08-16T18:13:09","slug":"inversores-triunfan-sobre-espana-en-una-demanda-por-reparacion-regulatoria-para-energias-limpias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iisd.org\/itn\/es\/2017\/09\/26\/inversores-triunfan-sobre-espana-en-una-demanda-por-reparacion-regulatoria-para-energias-limpias\/","title":{"rendered":"Inversores triunfan sobre Espa\u00f1a en una demanda por reparaci\u00f3n regulatoria para energ\u00edas limpias"},"content":{"rendered":"

Eiser Infrastructure Limited y Energ\u00eda Solar Luxembourg S.\u00e0 r.l. vs. el Reino de Espa\u00f1a, Caso del CIADI<\/span> No. ARB\/13\/36<\/h2>\n

En un laudo dictado el 4 de mayo de 2017, un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) determin\u00f3 que el nuevo r\u00e9gimen regulatorio de energ\u00edas renovables, adoptado por Espa\u00f1a en el comienzo del colapso econ\u00f3mico, viol\u00f3 sus obligaciones bajo el Tratado sobre la Carta de la Energ\u00eda (TCE<\/span><\/span>) de otorgar trato justo y equitativo (TJE<\/span><\/span>) a las inversiones extranjeras. En particular, el tribunal sostuvo que Espa\u00f1a \u201ccruz\u00f3 la l\u00ednea\u201d y viol\u00f3 su obligaci\u00f3n de TJE al reemplazar su r\u00e9gimen regulatorio por uno completamente nuevo (p\u00e1rrafo 458).<\/p>\n

Antecedentes y demandas<\/h3>\n

Con el objetivo de consagrarse como l\u00edder mundial en energ\u00edas limpias, Espa\u00f1a otorg\u00f3 subvenciones, incentivos fiscales, pr\u00e9stamos bonificados y garant\u00edas de pr\u00e9stamo para subsidiar nuevas inversiones en energ\u00edas renovables. Entre 2007 y 2011, el fondo de inversi\u00f3n en capital privado (private equity<\/em>) con sede en Londres, Eiser Infrastructure Limited (Eiser), y su filial con sede en Luxemburgo, Energ\u00eda Solar Luxembourg S.\u00e0.r.l., realizaron las primeras inversiones de alrededor de \u20ac126 millones en la construcci\u00f3n y operaci\u00f3n de tres plantas de energ\u00eda termo-solar en Espa\u00f1a.<\/p>\n

Sin embargo, a principios de 2008, Espa\u00f1a comenz\u00f3 a reducir los incentivos para atender un gran d\u00e9ficit tarifario ya que los ingresos de los precios subsidiados por el Estado no pod\u00edan cubrir los costos, llevando a una total eliminaci\u00f3n de estos incentivos al sector de la energ\u00eda solar. Posteriormente, adopt\u00f3 una nueva metodolog\u00eda para establecer la remuneraci\u00f3n en base a la cantidad invertida. Con la aplicaci\u00f3n de este nuevo r\u00e9gimen a las inversiones existentes, los ingresos de Eiser cayeron por debajo del valor necesario para cubrir los costes financieros y operativos, o para proporcionar rentabilidad alguna sobre la inversi\u00f3n. El 9 de diciembre de 2013, Eiser y su filial iniciaron un arbitraje contra Espa\u00f1a reclamando que este pa\u00eds viol\u00f3 varias de sus obligaciones del TCE, incluyendo los art\u00edculos sobre expropiaci\u00f3n y TJE.<\/p>\n

La objeci\u00f3n intra-UE<\/span><\/span><\/h3>\n

Espa\u00f1a afirm\u00f3 que el TCE no se aplica a controversias relacionadas con inversiones realizadas dentro de la UE por inversores de otros pa\u00edses de la UE y que, por lo tanto, el tribunal carec\u00eda de jurisdicci\u00f3n ratione personae<\/em>. Asimismo, se\u00f1al\u00f3 que el Art\u00edculo 26 del TCE sobre arbitraje abarca las controversias entre \u201cuna Parte Contratante\u201d y \u201cun Inversor de Otra Parte Contratante\u201d, y aleg\u00f3 que tanto Espa\u00f1a como la Uni\u00f3n Europea son partes del TCE, esto \u201csupone inevitablemente la exclusi\u00f3n de dicho art\u00edculo\u201d de las controversias intra-UE. Bas\u00e1ndose en el fallo jurisdiccional del caso RREEF vs. Espa\u00f1a<\/em>, las demandantes sostuvieron que el sentido corriente del Art\u00edculo 26 del TCE demuestra claramente que Espa\u00f1a ha consentido al arbitraje de sus demandas y que las mismas caben dentro del lenguaje claro del tratado, el cual no contiene ninguna excepci\u00f3n para las controversias intra-UE.<\/p>\n

El tribunal se bas\u00f3 en el caso RREEF<\/em> y concluy\u00f3 que si hubiera una excepci\u00f3n impl\u00edcita para las controversias intra-UE, esto se habr\u00eda dejado claro en el texto, y \u201cque no establece trampas para los incautos\u201d (p\u00e1rrafo 186). Por lo tanto, concluy\u00f3 que el sentido corriente de las disposiciones pertinentes del TCE, elaborado de conformidad con las reglas de la Convenci\u00f3n de Viena sobre el Derecho de los Tratados, apoya la capacidad de las demandantes para presentar sus demandas, y de esta manera, desestim\u00f3 la objeci\u00f3n.<\/p>\n

Demanda por da\u00f1os de los accionistas<\/h3>\n

Otra objeci\u00f3n fue que el tribunal carec\u00eda de jurisdicci\u00f3n para tratar las demandas de las demandantes por los supuestos da\u00f1os directamente incurridos por las compa\u00f1\u00edas operadoras en las que ten\u00edan participaci\u00f3n minoritaria. Espa\u00f1a argument\u00f3 que las demandas de los accionistas por los supuestos da\u00f1os sufridos por las compa\u00f1\u00edas en las cuales han invertido est\u00e1n prohibidas por el derecho internacional p\u00fablico y por los sistemas nacionales avanzados de Derecho Mercantil. En respuesta a esto, las demandantes, bas\u00e1ndose en las decisiones de los tribunales de inversi\u00f3n en casos tales como Azurix vs. Argentina<\/em>, objetaron que la definici\u00f3n de inversiones bajo el TCE abarque tanto sus derechos de propiedad sobre sus acciones, como sus derechos indirectos sobre los activos de las compa\u00f1\u00edas operadoras espa\u00f1olas. Aceptando el argumento de las demandantes, el tribunal remarc\u00f3 que har\u00eda una valoraci\u00f3n del valor de las sociedades en las cuales las demandantes pose\u00edan intereses a la hora de evaluar los da\u00f1os.<\/p>\n

Falta de jurisdicci\u00f3n sobre las medidas impositivas<\/h3>\n

En diciembre de 2012, Espa\u00f1a adopt\u00f3 una ley que impon\u00eda un impuesto del 7% (IVPEE) sobre el valor total de toda la energ\u00eda alimentada a la Red El\u00e9ctrica Nacional por los productores de energ\u00eda. Espa\u00f1a aleg\u00f3 que el IVPEE era una medida impositiva y que bajo el Art\u00edculo 21(1) del TCE, el tribunal carec\u00eda de jurisdicci\u00f3n para tratar las demandas de TJE supuestamente surgidas a ra\u00edz de las medidas impositivas.<\/p>\n

El tribunal remarc\u00f3 que el poder fiscal es un poder soberano fundamental y que el Art\u00edculo 21(1) del TCE y las disposiciones correspondientes en muchos otros tratados de inversi\u00f3n, reflejan la determinaci\u00f3n de los Estados de que las cuestiones fiscales no se conviertan en objeto de arbitraje, salvo en circunstancias cuidadosamente limitadas. Por lo tanto, el tribunal concluy\u00f3 que los da\u00f1os que, seg\u00fan se alega, resultan del IVPEE no pueden ser tenidos en cuenta en cualquier posible adjudicaci\u00f3n de da\u00f1os.<\/p>\n

El tribunal tambi\u00e9n admiti\u00f3 la objeci\u00f3n de Espa\u00f1a de que las demandantes no remitieron sus demandas de expropiaci\u00f3n relacionadas con la ley IVPEE a la autoridad fiscal competente tal como lo exige el Art\u00edculo 21(5)(b)(i) del TCE.<\/p>\n

Tribunal concluye que Espa\u00f1a viol\u00f3 TJE<\/h3>\n

Teniendo en cuenta consideraciones de econom\u00eda judicial y bas\u00e1ndose en el caso SGS Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale vs. Paraguay<\/em>, el tribunal concluy\u00f3 que la demanda de TJE brindaba el contexto jur\u00eddico m\u00e1s apropiado para evaluar la compleja situaci\u00f3n f\u00e1ctica y las m\u00faltiples violaciones alegadas.<\/p>\n

Sosteniendo que el TJE al amparo del CTE constituye un est\u00e1ndar aut\u00f3nomo que debe interpretarse a la luz del objeto y fin del TCE, las demandantes alegaron que las modificaciones dr\u00e1sticas adoptadas por Espa\u00f1a frustraron sus expectativas leg\u00edtimas de la estabilidad del antiguo r\u00e9gimen y de sus caracter\u00edsticas y ventajas prometidas. En respuesta, Espa\u00f1a sostuvo que las demandantes no pod\u00edan esperar razonablemente el congelamiento del r\u00e9gimen durante 40 a\u00f1os, y que no llevaron a cabo un \u201cdue diligence<\/em> apropiado\u201d por medio del cual podr\u00edan haber tenido conocimiento de que el r\u00e9gimen pod\u00eda ser modificado.<\/p>\n

En su an\u00e1lisis, el tribunal reconoci\u00f3 que el est\u00e1ndar de trato justo y equitativo no otorga un derecho de estabilidad regulatoria per se. <\/em>Sin embargo, aclar\u00f3 que la pregunta que se plantea aqu\u00ed es en qu\u00e9 medida la obligaci\u00f3n de TJE conforme al TCE, se pueden invocar y dar lugar a un derecho de compensaci\u00f3n como resultado del ejercicio del reconocido derecho a regular de un Estado.<\/p>\n

Para determinar el alcance del TJE bajo el TCE, el tribunal hizo una distinci\u00f3n entre el presente caso y el de Charanne BV vs. Espa\u00f1a<\/em>, donde el tribunal rechaz\u00f3 la demanda de los inversores de que otros cambios en el r\u00e9gimen regulatorio de Espa\u00f1a eran violatorios del TCE. Afirm\u00f3 que la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica de los dos casos es fundamentalmente distinta, ya que las medidas recusadas en el caso Charanne<\/em> redujeron la rentabilidad de las inversiones solo marginalmente mientras que las medidas tomadas en el presente caso adoptaron \u201cun enfoque regulatorio completamente nuevo\u201d y implementadas de manera tal que se \u201celiminaron las bases financieras\u201d de las inversiones existentes (p\u00e1rrafo 389).<\/p>\n

Luego, el tribunal estuvo de acuerdo con las demandantes en que al interpretar la obligaci\u00f3n de TJE en virtud del TCE, los int\u00e9rpretes deben tener presente el contexto, objeto y fines acordados de estabilidad legal y transparencia del TCE. Bas\u00e1ndose en varias decisiones de tribunales de inversi\u00f3n, remarcablemente la decisi\u00f3n del caso CMS vs. Argentina<\/em>, el tribunal afirm\u00f3 que la obligaci\u00f3n de TJE implica que \u201clos reg\u00edmenes regulatorios aplicables a las inversiones existentes no se pueden alterar radicalmente de manera tal que se prive a los inversores que invirtieron en base a dichos reg\u00edmenes del valor de su inversi\u00f3n\u201d (p\u00e1rrafo 382). El tribunal observ\u00f3 que las demandantes ten\u00edan derecho a esperar que Espa\u00f1a no modificara, de manera dr\u00e1stica y abrupta, el r\u00e9gimen del que depend\u00eda su inversi\u00f3n, de una forma que destruyera su valor completamente.<\/p>\n

Da\u00f1os y costos<\/h3>\n

El tribunal estuvo de acuerdo con la solicitud de las demandantes de utilizar el c\u00e1lculo del valor presente del flujo de caja descontado (FCD). De esta manera, concedi\u00f3 \u20ac128 millones por p\u00e9rdidas en cuanto al c\u00e1lculo de las demandantes, otorgando intereses a una tasa de 2,07 por ciento, compuesta mensualmente a partir de la fecha de la violaci\u00f3n (junio de 2014). Asimismo, el tribunal otorg\u00f3 intereses desde la fecha del Laudo hasta la fecha de pago a una tasa de 2,50 por ciento, tambi\u00e9n compuesta mensualmente.<\/p>\n

Notas<\/em>: El tribunal estuvo compuesto por John Crook (Presidente designado por la Presidencia del Consejo Administrativo del CIADI, ciudadano de Estados Unidos), Stanimir Alexandrov (nominado por las demandantes, ciudadano b\u00falgaro) y Campbell McLachlan (designado por el demandado, nacional de Nueva Zelanda). El laudo est\u00e1 disponible en ingl\u00e9s y espa\u00f1ol en https:\/\/www.italaw.com\/cases\/5721<\/a>.<\/p>\n

Gladwin Issac<\/strong> se encuentra en su \u00faltimo a\u00f1o de estudios de Derecho y Trabajo Social en la Universidad Nacional de Derecho de Gujarat, India.<\/p>\n